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Sociedad

Institutos de transparencia estatales: ¡Reprobados!

Publicado

Magali Téllez

La ignorancia de los funcionarios públicos en materia de transparencia, una falta de mecanismos adecuados, la heterogeneidad de criterios de desahogo de respuestas y la normatividad en las instituciones son algunas características que limitan e impiden a los ciudadanos ejercer su derecho a estar informados.

El panorama en México es poco claro para las organizaciones sociales, investigadores, periodistas y ciudadanos que buscan conocer el destino del recurso público y el funcionamiento de las instituciones de transparencia que regulan, vigilan y garantizan el acceso a la información en los estados de la República. De mil 800 solicitudes realizadas en las 32 entidades del país, solo el 30 por ciento obtuvo una calificación favorable, según lo establece la segunda edición del Índice Nacional de Evaluación de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI).

De acuerdo con el documento, la falta de capacitación juega un papel importante. Las instituciones encargadas de resolver las interrogantes y controversias entre las dependencias de gobierno y los ciudadanos que ingresan una solicitud, no operan con personal especializado en transparencia. A nivel nacional solo el 40 por ciento cumple con este requisito, mientras que el 60 por ciento posee conocimiento en administración pública y auditoría, característica que sesga la entrega de resultados ante el desconocimiento de la normatividad aplicable en la materia.

En Guerrero, de 56 interrogantes realizadas por las organizaciones México Infórmate y Article19 al Instituto de Transparencia de la entidad ninguna obtuvo respuesta. Aguascalientes y San Luis Potosí ocuparon el segundo y tercer puesto entre los peor calificados por no cumplir con la ley. Los organismos que obtuvieron el puntaje más elevado fueron Campeche, Durango y la Ciudad de México. Sin embargo, no superaron el 60 por ciento de la evaluación en rendición de cuentas.

El INOGDAI destaca las diferencias entre la normatividad de los organismos de transparencia en el país, donde su reglamentación no obliga a las instituciones públicas a sistematizar y archivar la información para poder clasificarla como pública, reservada o confidencial. Tal es el caso de Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

Solo la Ciudad de México, Michoacán, Veracruz y el Estado de México cuentan con un sistema de quejas que atiende las necesidades del peticionario, es decir, que recibe las impugnaciones ante la inconformidad por la respuesta emitida de los entes obligados (instituciones públicas), y el 88 por ciento de los estados restantes no consideran esta figura en su marco normativo. De acuerdo con el informe, esta condición revela que el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información (DAI) no es efectivo.

La evaluación, que integró cuatro ejes: transparencia y rendición de cuentas, promoción del derecho de acceso a la información, resolución de controversias y marco normativo, registró un retroceso considerable respecto a la primera evaluación del INOGDAI en 2014, pues de un promedio general del 50 por ciento las instituciones cayeron un 20 por ciento para este año (2016). Es decir, los entes obligados están por debajo del 70 por ciento con relación al cumplimiento de su función.

¡No es un asunto de corrupción!

En entrevista con Reporte Nivel Uno, Gabriela Morales Martínez, coordinadora nacional de la organización México Infórmate, aseguró que este problema se suscitó por un periodo de prueba y error, donde los estados de la República “empezaron a probar leyes de transparencia, por lo que los sujetos obligados comenzaron a dar resultados muy diferentes, como en Guerrero, que para poder ingresar una solicitud de información requería la credencial de elector del solicitante y además que la llevara en persona a las instalaciones de la autoridad a quien le iba a preguntar”, condiciones que no requieren los sujetos obligados de la capital del país, por ejemplo.

De acuerdo con la especialista, uno de los problemas en México es que los ciudadanos no saben que el acceso a la información es un derecho, “aunque en 2015 se registraron un millón de solicitudes de información en el país, desde 2002, no significa que hay un millón de personas preguntando. Lo que ha identificado el INAI, y en su tiempo el IFAI, es que son muy específicos los sectores de la población los que preguntan (académicos, sociedad civil y periodistas). Entonces, menos del cuatro por ciento de los ciudadanos está presentando solicitudes de información pública”.

Los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información tienen la responsabilidad de obligar a las instituciones públicas a entregar la documentación o archivos que las personas solicitan a través de las plataformas de transparencia en cada entidad federativa y, a su vez, ratificar la negativa cuando los sujetos obligados cierran la información, es decir, responden que lo solicitado no se puede entregar por inexistencia, confidencialidad o no ser de competencia de la institución a quién se presenta la interrogante; siempre y cuando se apegue a la norma y cumpla con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, vigente desde mayo de 2015.

La titular de México Infórmate aseguró que “estos organismos funcionan como jueces en lo administrativo para resolver estas controversias y determinar la publicidad o clasificación de la información. El INOGDAI nos señala que se ve una tendencia también a no favorecer a las personas que solicitan información” pues los sujetos obligados confirman o ratifican la respuesta de las instituciones de gobierno “cuando negaron la información, cuando la cerraron. Lo que pasa en muchos casos, no es que digan entregamos la información que se solicita, si no que buscan la mejor”.

Gabriela Morales Martínez reiteró que los resultados de este informe no corresponden a un asunto de corrupción, aseguró que a nivel nacional: “tenemos índices muy elevados y me parece que resolver el asunto de que la sociedad mexicana pueda tener acceso a la información es una llave para poder exigir más derechos. Combatir la corrupción desde esta esfera es una parte muy pequeña, pero la primera para el acceso a la información que es útil y necesaria para mejorar las condiciones del país”.

No obstante, aseguró que para conocer si hay un desvío de recursos no basta con enojarse. “Es necesario exigir que los organismos de transparencia cumplan con lo que manda la norma. Tenemos que tener autoridades que le den seguimiento a esas irregularidades para que no exista corrupción y después de establecer los mecanismos adecuados, que no exista impunidad. Lo que significa que no hay un castigo o una sanción por cometer un acto ilícito”, concluyó.

INFO

Infografía: Daniel Martínez

Seguridad y Justicia

Llega a México exfuncionario ligado a Duarte, acusado de delincuencia organizada

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México,50kb,ligado a Duarte
España extraditó a México a exfuncionario que laboró en la administración y el desvío de recursos, quién también es ligado a Duarte, exgobernador de Veracruz vinculado con el crimen organizado

MÉXICO.- Llega a México exfuncionario ligado a Duarte, acusado de delincuencia organizada. Autoridades españolas deportaron a México a Javier “N.”, exfuncionario del Gobierno del Estado de Veracruz acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

En un comunicado, la dependencia refirió que el inculpado fue detenido en Madrid por elementos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y puesto a disposición del Brigada Provincial de esa Comisaría, a fin de formalizar su expulsión a México.

Los trámites necesarios para la repatriación de esa persona estuvieron a cargo de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) y del Sistema de Agregadurías.

El exfuncionario del gobierno de Veracruz está ligado a Javier Duarte según las autoridades

En virtud de que el fugitivo permaneció de forma irregular en territorio español y de que contaba con una notificación roja de Interpol vigente, las autoridades españolas, en colaboración con la PGR, iniciaron las gestiones para su localización, detención con fines migratorios y deportación a México.

La dependencia agradeció al Ministerio del Interior del Gobierno del Reino de España por la colaboración a fin de evitar que el límite territorial entre ambos países sea benéfico para los fugitivos.

MT

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