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Opinión

La fuerza de la sociedad contra la corrupción

 

Diputado Xavier Nava Palacios

Uno de los principales desafíos del país en la actualidad es lograr madurar hacia una correlación absolutamente abierta y transparente de la sociedad civil y los distintos actores de gobierno en todos los niveles. El gran lastre de nuestro sistema político, con la silenciosa anuencia y corresponsabilidad de algunos sectores de la sociedad, ha sido históricamente la corrupción, pero esta no sería tan gravosa para los saldos de México si no existiera la profunda impunidad en la que nos encontramos.

Cualquier estado del mundo tiene índices de corrupción, sí, pero la diferencia con nosotros es que las redes de complicidades nos han rebasado y nos hemos acostumbrado a vivir en una tolerancia pasmosa que nos ha condenado a la ausencia de una rendición de cuentas efectiva. La ciudadanía se había acostumbrado a vivir con pocas aspiraciones reales de ver que las posiciones y los presupuestos públicos cumplieran a cabalidad con su razón de ser, intactos en intereses, montos y alcances; pero afortunadamente ha despertado del letargo compartido y hoy somos millones de ciudadanos resueltos a que las cosas cambien de raíz.

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En el Congreso de la Unión, un nutrido grupo de legisladores, en su gran mayoría de oposición, hemos impulsado diferentes medidas que nos dan la certidumbre de que finalmente hay nuevos cimientos para una inédita y flamante estructura jurídica que pueda transportar nuestra realidad a un nuevo estatus. Hoy, tras la promulgación de las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales se trabajaron en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, persisten pendientes; sin embargo, existe una agenda clara que logrará impulsar y robustecer dicha normatividad en lo subsecuente.

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Hoy tenemos el reto de fortalecer las medidas conducentes para que en la implementación de esas leyes no nos quedemos cortos. Las reformas son muy importantes y cada paso dado hasta ahora es de suma trascendencia; no obstante, uno de los retos es que la ciudadanía siga participando y alzando la voz para forzar que haya una total voluntad para que los funcionarios públicos cambien la forma de hacer política, de administrar los recursos y de elaborar planes y políticas que permitan dar resultados sólidos y congruentes.

Uno de los puntos clave es apuntalar y revisar la Ley de Responsabilidades Administrativas, popularmente conocida como Ley 3 de 3, pues las observaciones del Ejecutivo Federal aprobadas por el Congreso de la Unión le restaron fuerza al no hacer obligatoria la máxima publicidad en la presentación de las tres declaraciones que exigía la ciudadanía: la patrimonial, la fiscal y la de intereses. Esa resistencia específica de los grupos aliados al poder del PRI y el Partido Verde debe eliminarse sistemáticamente con todas las herramientas de presión que sean posibles: movimientos ciudadanos, redes sociales digitales y reales, adhesión a iniciativas ciudadanas, firma de peticiones, un discurso articulado de los más reacios opositores y, finalmente, la claridad del electorado a la hora de votar por aquellos partidos y candidatos que promueven la transparencia y el combate a la corrupción como presupuestos elementales para buscar el respaldo ciudadano en elecciones subsecuentes. Es tiempo de que todos sepan que hay un punto de inflexión notable en estos temas, que no hay retorno y que sí es factible establecer nuevas reglas para que la clase política se transforme definitivamente.

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El próximo paso es seguir impulsando reformas a leyes que históricamente no han combatido la corrupción, tal es el caso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; la Ley de Obra Pública; y otras que fortalecerán la trasparencia, como la Ley General de Archivos. Aún falta reformar estos grandes sectores donde se ha anidado esta perversa correlación corrosiva y con márgenes de permisividad increíbles. Todavía no está completo el Sistema Nacional Anticorrupción y para su consecución y consumación tenemos que seguir en la ruta de la activación social de alta intensidad y la apertura de mayores espacios de intercambio con todos los actores de la sociedad.

Dentro de la agenda compartida, hoy es necesario redondear y robustecer los tres sistemas nacionales que son los cimientos del nuevo modelo de administración pública para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción: el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.

Adicionalmente, no hay que cesar en impulsar y promover decididamente las iniciativas ciudadanas, eso le da sentido a esta nueva correlación de fuerzas y propicia un espacio democrático de intereses compartidos. Las propuestas ciudadanas deben procesarse, analizarse y apuntalarse, pues van a ser definitivamente la base para una transformación profunda de nuestro sistema político: a todas luces caduco y rebasado por la exigencia de la sociedad.

Este es nuestro momento y no lo podemos desperdiciar. Levantemos todos la voz, abramos nuevos receptáculos de sensibilidad ciudadana y concienticemos a los políticos de siempre de que la realidad ha cambiado, y que en la lucha contra la corrupción y en la erradicación de la impunidad no hay marcha atrás. Esta sí es una verdadera reforma estructural, ¡quizá la más importante de las últimas décadas!

MEJOR

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Deportes

Comité Olímpico Mexicano ya no dará hospedaje ni comida a deportistas

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Foto: Cuartoscuro.

MÉXICO.- Debido a la falta de presupuesto, el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció que dejará de proveer hospedaje, alimentación y atención médica a los deportistas que integran sus distintas federaciones.

A través de una circular difundida de manera interna y que filtró el semanario Proceso, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, informó que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) cerrará de manera parcial a partir del 31 de julio de este año, por ende, los citados servicios quedarán suspendidos de manera infefinida .

Ya es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrecen. Dado lo anterior se ha tomado la difícil decisión de suspender por completo y en forma indefinida dichos servicios a partir del 31 de julio, agradeciendo sean tan amables en cancelar, suspender y/o retirar todas sus reservaciones a partir de esta fecha”.
Comité Olímpico Mexicano

De 2012 a la fecha, el Comité Olímpico Mexicano ha subsistido gracias a los recursos que el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en turno le ha asignado. Por ejemplo, en el cuatrienio que comenzó en 2008 la asociación civil recibió 80 millones a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Sin embargo, los actuales ajustes presupuestales derivaron en que la dirigente de la Conade, Ana Gabriela Guevara, todavía no haya asignado una partida presupuesta al COM; cabe señalar que la citada Comisión sufrió un recorte de 70 millones de pesos en el presente año.

Es por ello que Guevara reveló este martes que pediría una ampliación presupuestal por 500 millones de pesos en aras de concluir satisfactoriamente el 2019, toda vez que, según la funcionaria, no existe el suficiente dinero para operar el organismo.

Inclusive y como se dice en el documento referido en un inicio, Padilla Becerra ha sostenido negociaciones con la SEP y la Secretaría de Hacienda en aras de obtener los recursos necesarios, pero hasta ahora no ha existido ningún arreglo.

“Mantenemos la firme intención de encontrar soluciones para que esta situación pueda revertirse rápidamente y evitar así que afecte el desempeño de los atletas que nos representarán en diversas lides deportivas durante 2020, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio”, dijo el Comité Olímpico Mexicano.

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Reporte Nivel Uno No. 115

Política

CDMX

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