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Opinión

La justicia mexicana: avances y retos

Diputado Carlos Iriarte |

México ha abierto nuevos horizontes en materia de justicia. Es consecuencia de un proceso de participación y diálogo entre autoridades, especialistas y organizaciones ciudadanas para replantear y mejorar nuestro sistema jurídico. Desde el gobierno de la República se han impulsado medidas sin precedentes que modifican la justicia mexicana en términos de impartición, lo cual incide directamente en la protección de las garantías constitucionales y los derechos humanos. Me refiero al nuevo Sistema de Justicia Penal que, desde mediados de junio, está rigiendo en todos los tribunales de nuestro país, así como a las iniciativas de reforma constitucional remitidas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, en abril pasado, como resultado de los Diálogos por la Justicia Cotidiana que organizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En las siguientes líneas doy tratamiento a ambas decisiones, las que tendrán, sin duda, un impacto de tipo generacional.

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En torno al nuevo Sistema de Justicia Penal es de destacar, además de las modificaciones profundas a la legislación, la inversión de más de 21 mil millones de pesos que se destinó para concretarla, y de la que 80 por ciento fue financiada por la presente administración federal. Lo que distingue a este sistema, tanto por lo paradigmático de su implementación, como por la nominación con la que se le ha difundido, es que los juicios y las audiencias serán públicas y orales con el fin de garantizar la transparencia y el debido proceso. Sobresalen, asimismo, las alternativas de solución que se presentan a las partes para alcanzar acuerdos, reparar el daño o sancionar sin prisión; todo esto, por supuesto, limitado a los casos de delitos menores. Entre otros procedimientos predomina el carácter científico de las investigaciones, junto con la intervención de uno a tres jueces con el propósito de dotar al proceso de objetividad e imparcialidad.

Este nuevo modelo aspira a abreviar los tiempos y reducir los costos de los juicios, asegurar que el culpable sea justamente sancionado, evitar que inocentes resulten consignados y recluidos, dignificar el rol de jueces y abogados, así como despresurizar al sistema penal. Si bien es prematuro ofrecer datos de las entidades federativas que implementaron recientemente el sistema acusatorio, se tienen registros en cuanto a que en todos los casos previos a la adopción generalizada las cifras fueron alentadoras. Por ejemplo, en Zacatecas, entre 2012 y 2014, la suspensión de procesos a prueba, esto es, la alternativa prevista para evitar condenas de prisión, aumentó de 16 a 193; mientras que en Durango, para el mismo periodo, las sentencias de procedimiento abreviado pasaron de 228 a 329. Evidentemente, este esfuerzo entre gobierno y ciudadanos multiplica los niveles de certidumbre y afianza nuestro Estado de derecho y de libertades públicas.

Captura de pantalla 2016-09-06 a las 16.59.13Respecto a lo segundo, la propuesta presidencial de las denominadas reformas sobre justicia cotidiana ha sido calificada, desde la comunidad científica, como “el cambio más profundo y amplio en materia de justicia desde 1994, cuando la Suprema Corte se convirtió en un tribunal constitucional”. ¿Qué es justicia cotidiana, en qué nos va a beneficiar y cuáles son los alcances de su futura aplicación? El término justicia cotidiana se concibió como resultado de las diferencias que se suscitan entre las personas por la convivencia habitual, y que suelen manifestarse en los ambientes escolar, familiar, laboral, vecinal, comercial y otros. En la medida que dichas controversias no constituyen delitos en sí mismos, su arreglo se sitúa fuera del ámbito penal, por lo que no pueden ser procesadas por el sistema ante la falta de instancias y procedimientos jurídicos de intervención específica. De ahí, entonces, la justificación del paquete de reformas que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, definió como una “transformación estructural” de la justicia orientada al ámbito de las personas en su quehacer diario. Entre otras notables e innovadoras propuestas resalta la creación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia como instrumento de coordinación y mediación; el fortalecimiento de los poderes judiciales locales con fines de autonomía; la publicación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a efecto de homologar reglas y lineamientos a nivel nacional; la aplicación de justicia oral en la esfera mercantil; así como la emisión de las leyes generales de Justicia Cívica para disminuir el tiempo en la solución de desacuerdos.

Estas sendas decisiones, el Nuevo Sistema de Justicia Penal y la propuesta de reforma constitucional en el rubro de Justicia Cotidiana reflejan una visión comprensiva de la realidad mexicana y una respuesta vanguardista para afrontar los retos. A partir de reformular nuestro Estado de derecho a través de dos iniciativas necesarias y con un alto grado de legitimidad, veremos incrementada la convicción de los ciudadanos en cuanto a la solidez de nuestras instituciones.

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Deportes

Comité Olímpico Mexicano ya no dará hospedaje ni comida a deportistas

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Foto: Cuartoscuro.

MÉXICO.- Debido a la falta de presupuesto, el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció que dejará de proveer hospedaje, alimentación y atención médica a los deportistas que integran sus distintas federaciones.

A través de una circular difundida de manera interna y que filtró el semanario Proceso, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, informó que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) cerrará de manera parcial a partir del 31 de julio de este año, por ende, los citados servicios quedarán suspendidos de manera infefinida .

Ya es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrecen. Dado lo anterior se ha tomado la difícil decisión de suspender por completo y en forma indefinida dichos servicios a partir del 31 de julio, agradeciendo sean tan amables en cancelar, suspender y/o retirar todas sus reservaciones a partir de esta fecha”.
Comité Olímpico Mexicano

De 2012 a la fecha, el Comité Olímpico Mexicano ha subsistido gracias a los recursos que el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en turno le ha asignado. Por ejemplo, en el cuatrienio que comenzó en 2008 la asociación civil recibió 80 millones a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Sin embargo, los actuales ajustes presupuestales derivaron en que la dirigente de la Conade, Ana Gabriela Guevara, todavía no haya asignado una partida presupuesta al COM; cabe señalar que la citada Comisión sufrió un recorte de 70 millones de pesos en el presente año.

Es por ello que Guevara reveló este martes que pediría una ampliación presupuestal por 500 millones de pesos en aras de concluir satisfactoriamente el 2019, toda vez que, según la funcionaria, no existe el suficiente dinero para operar el organismo.

Inclusive y como se dice en el documento referido en un inicio, Padilla Becerra ha sostenido negociaciones con la SEP y la Secretaría de Hacienda en aras de obtener los recursos necesarios, pero hasta ahora no ha existido ningún arreglo.

“Mantenemos la firme intención de encontrar soluciones para que esta situación pueda revertirse rápidamente y evitar así que afecte el desempeño de los atletas que nos representarán en diversas lides deportivas durante 2020, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio”, dijo el Comité Olímpico Mexicano.

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Reporte Nivel Uno No. 115

Política

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