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Reporte Nivel Uno No. 39 – Nuevos gobernadores, nuevos desastres

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Reporte Nivel Uno No. 59 – Cárteles en la CDMX y por qué Mancera se niega a aceptarlo

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Foto: Cuartoscuro

Durante varias administraciones se ha negado, principalmente por la de Miguel Ángel Mancera, la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México.

En este 2018, en el contexto del proceso electoral, la teoría de la existencia de células del narcotráfico en la capital del país parece innegable.

Tras la más reciente aparición de “narcomantas” en la CDMX, anunciando supuestamente la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación para combatir al cártel de “El H”, la polémica sobre este tema nuevamente generó ámpula entre la clase gobernante de esta ciudad, teniendo como principal actor al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien se mantiene fiel a su postura de negación, pese a la irrefutable realidad.

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Los índices de violencia en la Ciudad de México están por las nubes, tanto los del fuero común como los delitos del orden federal. De enero a septiembre del 2017, las ejecuciones atribuidas al crimen organizado en la Ciudad de México se dispararon 130 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con Lantia Consultores, en los primeros ocho meses del 2017 se contabilizaron 186 ejecuciones, mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraron 81. Estas cifras refutan, evidentemente, lo dicho por el jefe de Gobierno y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en el sentido de que la delegación Tláhuac es el único punto de la Ciudad de México ligado con el narcotráfico.

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De acuerdo al estudio presentado por Lantia Consultores, replicado en diversos medios de comunicación del país, la delegación con mayor número de ejecuciones atribuibles al crimen organizado no es Tláhuac, sino Cuauhtémoc.

La ceguera política, aún más frecuente en periodos electorales, ha sido la moneda de cambio en un asunto que requiere más que la retórica de un gobernante. La ciudadanía exige que se tomen acciones urgentes para revertir la ola de violencia y restar espacios de influencia a los grupos organizados de delincuentes.

Por supuesto que reconocerlo trae consigo una pesada carga política, pero ello no debe ser factor que incida en la necesidad de trabajar; a final de cuentas, para ello se les paga.

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