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El INE y la fiscalización siguen a prueba… y sin cumplir

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| Santiago I. Soriano Condado


El eco de las elecciones del pasado 4 de junio apunta hacia el deseo de nulidad, pero antes falta cuadrar los números de los gastos de campaña… Hasta ahora, los consejeros electorales no han podido (o querido) hacerlo, dejando más dudas que certezas rumbo al año que a todos los mexicanos importa: el 2018.


Tras las elecciones estatales del pasado 4 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) está “hecho bolas”, pero claro en una cosa: tendrán resoluciones finales hasta que vuelvan de sus vacaciones.

El INE está así debido a que la fiscalización de las campañas electorales les ha indigestado, al grado de no tener claridad sobre los gastos realizados por los partidos, especialmente en Coahuila, donde el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) siguen en el jaloneo sobre si se anula o no la votación.

La disputa de ambos organismos ha evidenciado al consejo que encabeza Lorenzo Córdova, junto con la legislación electoral, pues entre el intercambio de acusaciones tímidamente se asoma el INE, asegurando que hay rebases en los topes de campaña y haciendo hincapié una y otra vez en que la nulidad de los comicios le corresponde a los tribunales.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE llegó a la conclusión de que la coalición del PRI, “Por un Coahuila Seguro”, gastó 7.86 por ciento más de lo permitido, lo que equivale a 19.2 millones de pesos. Esto difiere con lo presentado por el consejero Ciro Murayama, donde también se decía que el PAN había gastado más del cinco por ciento de su tope, pero al final dijeron que solo lo hizo en un 4.56 por ciento.

Pese a esto, los porcentajes y cantidades relacionados con los candidatos, aclararon desde el propio instituto electoral, podrán modificarse una vez que se realicen las revisiones de los engroses.

En pocas palabras: hay números, que no coinciden entre una revisión y otra, pero que tienen posibilidad de cambiar una vez que se analicen de nuevo.

En ese sentido, partiendo de que el rebase de los gastos de campaña es un argumento elemental para una posible anulación por parte de los tribunales, deja en suspenso por más tiempo esta decisión.

Quítale, ponle, súmale, réstale…

En últimas semanas, el INE ha presentado cambios de criterios en la fiscalización de los recursos utilizados durante las campañas, mismos que se hicieron más evidentes durante la sesión del 14 de julio, teniendo incluso que suspender la sesión del Consejo General para hacer otra revisión a los dictámenes correspondientes. Esto dio comienzo al jaloneo de cantidades, el vaivén de porcentajes y el cambio de perspectivas.

Tras dicha suspensión, los gastos de campaña para el PRI y el PAN en Coahuila se vieron reducidos considerablemente; en el caso del hasta ahora ganador de la contienda, Miguel Riquelme, de 31 por ciento su rebase pasó al 26.5, lo que equivalía a unos 5.1 millones de pesos sobre su límite.

Para el abanderado blanquiazul, Guillermo Anaya Llamas, se fijó un rebase del 23 por ciento por encima de lo permitido, equivalente a 4.3 millones de pesos.

Luego de estas modificaciones se decidió aprobar la revisión (otra, sí) al presunto pago de los partidos a sus representantes de casilla, lo que provocó una extracción de los dictámenes de los montos que en un principio se habían sumado en dicho rubro.

Así, PRI y PAN redujeron sus gastos 3.2 y 2.5 millones de pesos, respectivamente.

Hay gastos inescrutables

El consejero electoral Marco Antonio Baños dijo, tras determinar que tanto PRI como PAN habían rebasado gastos en Coahuila, que existen gastos hechos por todos los partidos que son “imposibles” de fiscalizar.

Baños afirmó que “hay situaciones que no están al alcance de la autoridad”, puesto que “hay muchos flujos de dinero en efectivo, los cuales la autoridad no tiene manera de acceder a ellos”.

Así se vio en la sesión del INE, donde se generaron dos bandos de consejeros electorales a la hora de intentar una fiscalización a los gastos realizados en redes sociales, específicamente en Facebook, por parte de Riquelme.

Ciro Murayama aseguró que la empresa encargada de la campaña en dicha red por parte del priista admitió un gasto de 930 mil pesos en la misma, lo cual no se reportó en los gastos de “Por un Coahuila Seguro”; en ese sentido, Pamela San Martín y Benito Nacif lo apoyaron.

Del otro lado, Baños, Paola Ravel y Claudia Zavala argumentaron que Atelier Espora, la empresa encargada de la administración de las redes del candidato tricolor, había justificado ya 648 mil pesos.

Ahí volvió el cambio, pues Baños acusó a Murayama de estar incluyendo nuevos criterios, además de estar excediéndose desde la comisión de fiscalización. En respuesta, San Martín pidió que se leyera el reglamento, donde se establece que en caso de existir una subcontratación los partidos están obligados a presentar comprobantes de pago, lo cual no sucedió.

Otro “gasto que no se puede investigar” fue la comprobación de que la campaña del priista pretendió cargar eventos a las cuentas de candidatos a alcaldías, como fue el caso del cierre de campaña en la capital del estado.

Se dio a conocer que en ese caso específico se presentaron 30 facturas para el pago de una banda que estuvo en el mitin; una estaba a nombre del aspirante a gobernador y 29 más a los abanderados a las presidencias municipales. Por reglamento, estos cargos solamente pueden hacerse a los candidatos que territorialmente serán beneficiados del evento, el del municipio donde este se lleva a cabo y, desde luego, al gobierno estatal.

Pero, de acuerdo con Baños, “la autoridad tiene una probada capacidad solamente para todo lo fiscalizado, todo lo que tiene que ver con cuentas de candidatos y partidos que pasen por los bancos”. Todo lo que esté fuera, no puede identificarse.

Así, pese a que existen mecanismos “robustos” para la identificación de gastos no autorizados, “los candidatos en particular siempre buscan darle la vuelta” al INE.

El abuso partidista o la simulación

Los partidos políticos se empeñan en violar la ley. Así lo identifican expertos, quienes además puntualizan que el diseño institucional inadecuado deja en evidencia que las reformas electorales de últimos años no han dado los resultados esperados.

El exconsejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Jesús Cantú, asegura que esto es responsabilidad directa de los legisladores que aprobaron un diseño institucional ineficiente. En segunda instancia, las autoridades electorales no han sabido ser eficientes en la aplicación de normas; y en tercer sitio, los partidos que se empeñan en “violar la ley y tratar de no ser capturados”.

Por otra parte, el exconsejero del ahora Instituto Electoral de la Ciudad de México Eduardo Huchim ve la sensación de que hubo una fiscalización de recursos simulada, dado el “estira y afloja” que protagonizaron los consejeros, con el fin de beneficiar a los partidos.

La realidad, pese a todo, también corresponde a que los señalamientos contra el proceder del INE también están relacionado con las expectativas que se generaron a partir de las últimas reformas político electorales, donde se previó un poder capaz de dar certezas, lo cual no ha sido así.

La expectativa al crear el INE

¿Qué pasó cuando se cambió de IFE a INE? Se generó la creencia de una transformación sustancial que no ha terminado de completarse.

En ese momento, 2014, se creyó que con el cambio de los institutos electorales estatales y sus equivalentes a Organismo Público Local Electoral (OPLE) habría una homologación de criterios, así como un mejor control hacia estos. Lo último, a partir de que también se determinó que el Consejo General del INE tendría libertad de nombrar y remover a los consejeros y consejero presidente de dichos OPLE.

Paralelamente, se creó el Servicio Profesional Electoral Nacional, mismo que fijaría los criterios para cualquier movimiento de funcionarios dentro del INE y los organismos públicos locales.

¿Qué fue, sin embargo, lo que provocó mayor expectativa? Las nuevas causales de nulidad.

Los legisladores fijaron el cinco por ciento como el monto límite del rebase de gastos de campaña para anular elecciones, así como la compra de tiempos en radio y televisión fuera de norma, además del recibimiento y uso de recursos ilícitos en sus campañas.

Todo esto ha quedado en expectativas. Partiendo del monto máximo, el PRI y Riquelme habrían dado el argumento decisivo para que la elección en Coahuila se repita, donde se tendrá que determinar (pues aún no hay claridad al respecto) sobre si ambos candidatos punteros y quienes infringieron en los rebase podrán participar en la contienda.

Sin embargo, el INE se fue de vacaciones. Será hasta su regreso cuando, posiblemente, tengamos respuestas.

Política

Rosario Robles se presenta ante PGR por presunto desvío

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Foto: Cuartoscuro

MÉXICO.- Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), indicó que “es absolutamente falso” el señalamiento sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La funcionaria federal se presentó en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, para responder a los señalamientos en su contra, hechos en un medio de comunicación, ante los cuales pidió que se presenten pruebas.

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Robles Berlanga sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el ámbito de sus facultades, analiza las cuentas públicas y establece observaciones que se desahogan en tiempo y forma por las áreas correspondientes.

En ese sentido abundó que ella, en su carácter de titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en su momento, y a hora de la Sedatu, giró instrucciones para que las áreas observadas respondieran de manera puntual.

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“El patrimonio es público y mi única propiedad sigue siendo la casa que tengo desde hace 22 años en el Barrio de Los Reyes Coyoacán”, expresó Rosario Robles quien subrayó que su situación financiera, es absolutamente coherente con los ingresos que ha recibido.

Refirió que acudió a la PGR porque el día de ayer un periódico publicó que la Auditoría Superior de la Federación había documentado un supuesto desvío de recursos públicos hacia su persona, por lo que pidió a dicho medio que presente documentos sobre el particular.

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Aclaró que, “dado que no existe este documental y no hay absolutamente ninguna prueba que a mí en lo personal me vincule en un esquema de triangulación de recursos solicité derecho de réplica, que hasta el momento no ha sido atendido conforme a la ley”.

La titular de Sedatu dijo que se presentó ante la PGR “porque siempre he dado la cara ante este tipo de situaciones, porque siempre he sostenido que la que nada debe, nada teme” y sostuvo que a quienes piden que se le investigue, ella ya lo ha solicitado por escrito tanto de su situación financiera como de su evaluación patrimonial “porque no tengo nada que ocultar”.

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Robles Berlanga reiteró su absoluto compromiso con la libertad de expresión, al mismo tiempo que defiende otros principios fundamentales como el derecho a la honra y a la reputación, así como el principio de presunción de inocencia.

“Mi situación financiera es absolutamente coherente con los ingresos que he recibido y añado el hecho de que yo uso mi auto personal, mis celulares, pago mi gasolina, y todos los gastos derivados de comidas, aunque sean de trabajo, por mis propios medios”, subrayó.

Notimex/ssc

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