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Nuevo Sistema de Justicia Penal… ¿“Fuga” legal de 4 mil reos?

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| Magali Téllez


A más de un año de haber entrado en vigor, el funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal ha causado polémica entre actores políticos e incertidumbre entre los ciudadanos. Ahora, algunos delitos que eran considerados graves dejaron de serlo y ya no ameritan prisión preventiva oficiosa; de forma que miles de personas, delincuentes incluidos, podrían continuar su proceso en libertad.


En la Ciudad de México, en los últimos doce meses, 12 mil personas fueron puestas en libertad con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). En 2016, antes de que entrara en vigor dicho sistema, más de 42 mil reos habitaban las cárceles. Hoy, las personas privadas de su libertad en los centros de reclusión de la capital del país son cerca de 30 mil; un 30 por ciento menos que hace un año.
El 18 de junio de 2016, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un nuevo ordenamiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que las personas que se encuentran en prisión y no estén purgando una condena por delitos graves como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas y explosivos, o infracciones legales que atenten contra la seguridad nacional, puedan solicitar la revisión de su caso para modificar o sustituir la prisión preventiva.
Con esta determinación, en los próximos meses pueden “salir hasta cuatro mil personas, cuando menos, de prisión”, según refirió el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. El gobernante sostiene que la ciudadanía debe prepararse porque “México, hoy no tiene una policía consolidada. Tenemos municipios donde no existe policía siquiera, más de 400, y algunos donde hay policía; no hay armamento, no hay capacitación y no hay equipamiento”.
No obstante, el titular de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, declaró que no hay por qué alarmarse, pues esta fuerza de seguridad estará lista ante una posible liberación masiva de reos. “Es una difícil situación, (pero) los elementos estarán preparados para cualquier escenario”.

“No es una medida que se va aplicar de un plumazo”

No obstante, para algunos, la señal de alarma emitida por Miguel Ángel Mancera, que generó incertidumbre en la ciudadanía ante la posible salida de miles de reos, no tiene sustento. Cada juez o, en su caso, el personal administrativo determinará si en las sentencias la libertad es procedente o no. “No es una medida que se va aplicar de un plumazo”, afirma el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional de la Cámara de Diputados, el perredista Waldo Fernández González.
En entrevista con Reporte Nivel Uno, el legislador refirió que esta medida es aplicable a las personas que soliciten su preliberación o liberación ante un juez, y una vez que se revise el caso específico sea notificado que el imputado purga una sentencia por un delito no grave, como robo sin violencia, lesiones o daño a propiedad ajena. De esta manera podrá recibir una medida cautelar para llevar su proceso en libertad. “Este es un sistema mayor garantista que protege los derechos humanos de las personas”, indicó.
Los internos en las prisiones de la Ciudad de México, como en el resto del país, deben contar con el recurso económico para pagar un abogado que pueda solicitar la revisión del caso. De lo contrario, hacer efectivo este beneficio es poco probable ante la demanda que representa para los abogados de oficio. “La fobia al Nuevo Sistema de Justicia Penal es más bien cultural. Hay predisposición de las personas porque el país está molesto y enojado, y a veces confundimos justicia con venganza”.
“Ningún delincuente o criminal lee el código penal para delinquir. Ningún delincuente, cuando sale a las calles, está pensando si el Nuevo Sistema de Justicia Penal le favorece. El delincuente lo que quiere es que no lo atrapen”, asegura Fernández González.

Sobrepoblación carcelaria

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), revela que en el país existen 389 centros penitenciarios, de los cuales 372 son administrados por los estados y municipios, y 17 por la federación. Sin embargo, 10 de ellos rebasan su capacidad entre un 300 y un 600 por ciento.
Estas cárceles sobrepobladas se encuentran en Tepeaca y San Pedro Cholula, Puebla; Tizayuca, Atotonilco, Apan y Zacualtipán en Hidalgo; Huixtla, Chiapas; Tlapa, Guerrero; y en Chalco y Ecatepec, Estado de México.
De acuerdo con el informe, la población carcelaria del país es de más de 185 mil reos locales y cerca de 23 mil presos federales, una suma superior a 208 mil 500 personas privadas de su libertad por diversos delitos. Esta condición fue un factor determinante para la implementación en México de un nuevo sistema de justicia penal que ha sido probado con éxito en otras partes del mundo, como en Holanda, donde las cárceles han cerrado por falta de presos.
En el ámbito local, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México estima que cuatro de cada 10 reos que fueron liberados en 2016 volvieron a reincidir. Es decir, en el primer año de operación el nuevo modelo de justicia muestra una probabilidad de éxito del 60 por ciento.

Inocente, hasta que se demuestre lo contrario

El Nuevo Sistema de Justicia Penal establece la presunción de inocencia como principio básico. Es decir, la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. De acuerdo con la legislación, el acusado de cometer cualquier delito que no sea considerado grave podrá gozar de su libertad condicionada. A menos que en el proceso de la detención existan elementos que permitan acreditar a los operadores de justicia: policías, ministerios públicos o jueces, que este representa un riesgo para la ciudadanía.

El sistema es aplicable en todo el país, y para que un delito sea considerado grave tiene que ser doloso. La maestra en Derecho Procesal Martha Sofía Tamayo Morales explica a Reporte Nivel Uno que una de las ventajas del Nuevo Sistema de Justicia Penal es la oralidad, la celeridad del juicio y la presencia de los derechos de la víctima a la par que los del imputado. Esta es la reconfiguración de un sistema que ha sido poco eficiente, asegura.

“El sistema anterior era inquisitivo; los procesos y los juicios eran lentos, burocráticos, y ahora se asume que las audiencias sean públicas en presencia del juez y de las partes que quieran participar en el proceso. Anteriormente, el ministerio público tenía el monopolio absoluto del ejercicio de la acción penal. Ahora, solo se aplica la prisión preventiva oficiosa hasta que se comprueba la culpabilidad de la persona”.
La propuesta del NSJP es imponer medidas cautelares que los primeros delincuentes o reincidentes puedan cumplir en libertad. Además, obliga a la persona que cometió algún delito a reparar el daño a las víctimas bajo un esquema de conciliación en donde la víctima y el victimario lleguen a un común acuerdo, previo al desarrollo del juicio oral o durante el mismo.
El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece 14 medidas cautelares, como presentación periódica ante el juez, embargo de bienes, inmovilización de cuentas, prohibición de salir sin autorización del país, sometimiento a cuidado o vigilancia de una persona, separación inmediata del domicilio, colocación de localizadores electrónicos, arraigo y prohibición de acercamiento a ciertos lugares, entre otras.
La diputada federal sostiene que “quien paga este daño también lo resiente. Entiende que es por su delito cometido y se ha demostrado que es ejemplarizante para no cometer un daño similar”. Asegura que las cárceles, por el contrario, “no han comprobado que corrijan los delitos. Esto está hartamente probado que es ineficiente, caro y que provoca otro tipo de condiciones que degradan a la sociedad”.
“Ha habido muchas personas inocentes en la cárcel, hay personas que han cometido un error menor y salen convertidos en criminales. Esto ya no puede ser así. Ya tenemos demasiadas personas graduadas en la universidad del crimen y a muchos que no se han convertido en criminales les hemos violentado flagrantemente sus derechos”, sentenció.

El problema no es el sistema, sino los operadores de justicia

Homicidio culposo, lavado de dinero, portación de arma de fuego, allanamiento de morada, abuso sexual y lesiones son solo algunos de los delitos que dejaron de ser considerados graves y ya no ameritan prisión preventiva oficiosa. En el Congreso de la Unión, diputados de diferentes bancadas han solicitado devolver el delito de portación de arma de fuego y explosivos al catálogo de delitos graves.
De acuerdo con el diputado federal Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante de la Comisión de Justicia del Palacio Legislativo de San Lázaro, cada catálogo de delitos es muy diverso, pues dependía de los Códigos de Procedimientos Penales locales y hacía falta una homologación de los mismos. “Aquí es donde viene la falla, sobre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que tanto se está criticando”.
Un ejemplo de ello es que de los 80 mil presos que había en la Ciudad de México por robo calificado, en 2012, el 80 por ciento de ellos no rebasaba los cinco mil pesos del hurto, asegura el legislador. “Se critica que la persona traiga un cuerno de chivo, una AK-47. Dicen: ¿por qué esa persona puede salir si porta un arma que a todas luces está vinculada a la delincuencia organizada? Hay una ley contra delincuencia organizada”.
Sánchez Orozco afirma que las modificaciones al sistema de justicia penal no son una invitación la ciudadanía para cometer actos ilícitos. El problema no es el sistema; el sistema funciona, asegura. Hace falta capacitar a los operadores de justicia en materia de derechos humanos. Hay que apuntalar en la exigencia a las instituciones de administración y seguridad preventiva. Hay que obligar a que se implementen de manera adecuada todas las leyes.
En la mayoría de los estados no se le otorga asesor jurídico a la víctima, cuando es su derecho. Habría que obligar a que se les pague dignamente a los defensores de oficio e implementar debidamente las Umeca (Unidad de Medidas Cautelares), sentenció.
Los legisladores coinciden: la falta de capacitación en los operadores de justicia es la falla que existe en México, no el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
De acuerdo con una denuncia que circula en redes sociales, “el Nuevo Sistema de Justicia Penal no funciona”; y se presume la falta de capacitación de los impartidores de justicia que no presentan elementos suficientes para procesar al acusado frente a un juicio oral. Es el testimonio de María Trinidad Belaunzaran González de Cosío, subdirectora de Inventario e Información Inmobiliaria del Gobierno de la Ciudad de México, quien asegura que es un sistema en exceso garante de derechos para el inculpado y absolutamente aterrador para las víctimas. “Solo alguien que ha vivido un robo, que ha hecho una denuncia, que ha vivido el proceso de detención, que ha ampliado la denuncia, que ha recibido las ‘n’ mil notificaciones de la gente del reclusorio, y finalmente experimentado la ‘audiencia intermedia de hoy’ (que no se compara para nada con lo vivido anteriormente) puede decir: ‘No funciona el Nuevo Sistema de Justicia Penal’. Requiere de reformas urgentes”.
Así es el NSJP, que otorga una segunda oportunidad a las personas que han cometido algún tipo de delito. El modelo representó ocho años de trabajo, tuvo un costo de 21 mil millones de pesos; y ahora, habrá que darle más tiempo para evaluar realmente su eficacia y funcionamiento.

Elecciones 2018

INE, sin facultades para brindar seguridad a precandidatos Córdova

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México,77kb,Córdova
El titular del INE sostuvo que el Instituto Nacional Electoral no tiene la capacidad económica para brindar seguridad a los candidatos

MÉXICO.- La seguridad dentro y fuera de los procesos electorales compete a la autoridades del sector y no al Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova.

“El INE no es responsable de la seguridad, no podemos asumirlo, nosotros no tenemos ni las herramientas ni los mecanismos, ni siquiera las facultades constitucionales para tal efecto”, expuso en entrevista al término de la sesión extraordinaria del Consejo General de este miércoles.

En este tema, dijo, lo que existe es una colaboración cercana y estrecha con las dependencias, cada una en el ámbito de sus responsabilidades.

Indicó, sin embargo, que de cara a cada proceso electoral, el INE se encarga de afinar los mecanismos de coordinación y acentuar las vías de comunicación con las instancias de seguridad.

“Cuando el INE, y eso es lo que establece la ley, recibe el requerimiento de algún partido o algún candidato en materia de seguridad, lo que la ley establece es que lo hace del conocimiento, es decir, funge como intermediario con las instancias respectivas”, refirió.

Protección a candidatos no es posible desde el Instituto, asegura el titular del INE

Sobre los protocolos de seguridad a los aspirantes, aclaró que los esquemas que sean establecidos o proveídos durante los procesos electorales son responsabilidad de las instancias competentes, es decir, de la Secretaría de Gobernación.

Por otra parte, Lorenzo Córdova insistió sobre el convenio firmado con Facebook en días pasados, y aseguró que es público y tiene el propósito de “combatir la desinformación generando información”.

“En el INE no vamos a establecer mecanismos de censura, no está en la vocación del instituto, no es la intención”, dijo.

Córdova Vianello señaló que el objetivo de cualquier convenio con medios de comunicación es proveer de información oportuna, puntual y verificada para ir a la elección más libre de la historia.

Afirmó que el INE no desestima ningún riesgo para la buena conducción del proceso electoral y la llegada a buen puerto del proceso electoral, por lo que insistió en la importancia de dar información verificada.

MT

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