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Con miles de desaparecidos, aprueban finalmente ley de desaparición forzada

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Tras dos años de trabajo y trabas se logró finalmente la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada de Personas, de Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México. Al publicarse en el Diario Oficial de la Federación se convertirá en el documento constitucional, único en su tipo a nivel mundial, donde se reconoce la participación del Estado en la desaparición forzada de personas.

Con esta ley, los familiares de las víctimas logran comprometer al Estado mexicano a actuar de manera profesional en los protocolos de búsqueda y a crear una fiscalía especializada que atienda estos delitos. El documento establece que la desaparición forzada es cometida por dos tipos de agentes: funcionarios públicos o elementos del Estado, como son, policías, militares y marinos; y por particulares, cuando se trata de personas que son desaparecidas por miembros del crimen organizado.

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La diferencia entre la desaparición de personas cometida por particulares y el delito de secuestro es el modo de operar. En el secuestro de una persona existe comunicación con la familia y una serie de condiciones que exigen un pago económico u otra serie de demandas para devolver a la víctima; es decir, los plagiarios hacen saber a la familia que tienen privada de su libertad a la persona. Mientras que, en la desaparición la víctima es sustraída y jamás se vuelve a saber de ella por la ausencia de algún tipo de contacto.

En entrevista para esta casa editorial, Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, detalla que en la desaparición pueden participar elementos de las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad del país, así como miembros del crimen organizado, a través de una detención arbitraria o un denominado “levantón”. En algunos casos, la víctima es detenida arbitrariamente por policías y no es presentada ante el ministerio público. Cuando es “levantada” por el crimen organizado tampoco se tiene registro de ella.

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“El caso más reciente es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes fueron subidos a camionetas de policías municipales la con participación de diversas fuerzas policiacas”, explicó a Reporte Nivel Uno la responsable de dar seguimiento a las acciones del Estado mexicano en atención de víctimas, recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

Sin embargo, este no ha sido el único acontecimiento. En la denominada Guerra Sucia de los años 60 y 70, “el Estado mexicano, a través de las fuerzas armadas o de las policías, llegaba a eventos y manifestaciones a desaparecer personas”, sostuvo la legisladora.

Con esta ley se logran establecer penas de 30 a 60 años de cárcel para quien cometa este delito, sean funcionarios o particulares. También se establecen multas de 10 mil a 20 mil días de salario mínimo y la inhabilitación del cargo cuando se trate de servidores públicos. La ley aplica para los actores que participaron en la desaparición forzada pero no para los superiores jerárquicos. Es decir, para policías, militares y marinos, sin tocar a los tenientes, comandantes o altos mandos; aun cuando los ejecutores hayan actuado bajo su mandato.

Búsqueda de desaparecidos

“Son 32 mil familias que están buscando a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus nietos y de los cuales el Estado mexicano no ha podido dar respuesta (…) Las familias se han vuelto expertas en temas de desaparición, de búsqueda, de comisiones de la verdad y justicia. Llevan muchos meses, años, vidas completas buscando a sus desaparecidos”, expresó la diputada.

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Para poner en marcha la Fiscalía Especializada en Atención de Víctimas de Desaparición Forzada y de Tortura, en la Cámara de Diputados se estima un presupuesto de 422 millones de pesos. De acuerdo con la diputada Gaytán, este monto permitiría capacitar al personal responsable de llevar a cabo investigaciones, como peritos y forenses; dotar de instrumentos necesarios a la Procuraduría General de la República (PGR) y ministerios públicos; así como crear un banco de ADN.

“Es importante tomar muestras de ADN de las personas que están buscando a sus desaparecidos, y es necesario recoger el ADN en las fosas clandestinas en las que se han encontrado cuerpos a lo largo de estos años; lo que permitiría hacer cruces e identificar (los restos) cada que estos acontecimientos se repitan (…) La realidad nos lleva a tener que legislar en estos temas y a darles esta herramienta a las familias que siguen sufriendo”.

Evitarán que sea letra muerta

La legisladora entrevistada detalla que hacen faltan dos cosas: una, que el Estado mexicano quite los candados que tiene actualmente la ley para ratificar la competencia del comité de la ONU en materia de desaparición forzada y para que pueda estar pendiente de los casos en México; y dos, dotar el presupuesto de 2018 con los 422 millones de pesos para que esta área funcione y no sea solo una ley que se quede sin elementos para poderla poner en práctica.

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“Lo más importante es que tengamos un Estado que no proteja a sus funcionarios públicos; que haga sanciones ejemplares, pero que inhiba esa participación y esas prácticas. No puede ser que la tortura o la detención arbitraria, o posteriormente la desaparición, sean las herramientas que el Estado tenga para obtener verdades. Si así fuera no le serviría absolutamente de nada a la familia. Lo que necesitamos es esa estructura que nos permita seguir buscando a los 32 mil (desaparecidos) y garantizar esta transparencia”.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas se trabajó de la mano con organizaciones sociales y familiares de víctimas. Fue avalada por el Senado de la República, aprobada por la Cámara de Diputados y hoy se encuentra en el Poder Ejecutivo para su promulgación.

Magali Téllez

Política

SCJN da tres días a Chihuahua para llevar a Alejandro Gutiérrez ante juez federal

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MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso de revisión que promovió la Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua sobre la puesta a disposición de un juez federal de Antonio Enrique Tarín García, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Gerardo Villegas Madriles.

Ante ello, el gobierno estatal tiene tres días para poner a disposición de un juez federal con sede en Ciudad de México a dichas personas, quienes enfrentan un proceso penal por el desvío de más de 250 millones de pesos.

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El Alto Tribunal desechó por “notoriamente improcedente” dicho recurso de revisión promovido por el gobierno de Chihuahua para dejar sin efecto la decisión de un tribunal colegiado.

Este último ordenó, al resolver un conflicto competencial, que se pongan a disposición de un juez federal con sede en la capital del país a Antonio Enrique Tarín García, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y Gerardo Villegas Madriles.

Mediante un acuerdo que fue notificado este miércoles se dejó en claro que el recurso promovido por el gobierno de Chihuahua, es notoriamente improcedente porque “las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en ejercicio de la competencia delegada por este Alto Tribunal no admiten recurso alguno.

Por ello, deben ejecutarse a la brevedad, tomando en cuenta de que se trata de determinaciones que constitucionalmente son definitivas e inatacables.

Por tanto, también, “en virtud, dado el sentido del presente acuerdo, ante la notoria improcedencia del presente recurso, no ha lugar a pronunciarse sobre lo pedido en cuanto a reconocer al gobierno del Estado de Chihuahua la calidad de víctima”.

Dada la naturaleza del caso, se solicitó a la Consejería Jurídica de Chihuahua y a los juzgados y tribunales, locales y federales, involucrados para que dentro de los tres días hábiles informen a la Corte sobre el cumplimiento dado a la decisión emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

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