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Javier Corral y su liga de la justicia contra Peña Nieto y las momias de Guanajuato

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Una vez más Javier Corral Jurado convierte la política en un teatro de burlesque.

Corral mal gobierna el estado de Chihuahua, entidad donde la violencia ha repuntado brutalmente en el año que lleva al frente del poder ejecutivo estatal.

En solo un año, el pasado 2017, se han cometido en Chihuahua mil 908 homicidios dolosos.

El diario La Jornada publicó el domingo pasado una nota en la que consigna que Chihuahua es la entidad donde se realizan más actividades de narcomenudeo en todo el país. Y a consecuencia de la disputa de territorios por los narcos, los crímenes se suceden día tras día con una brutalidad que de verdad conmociona a cualquiera.

Para desviar la atención de su pésimo desempeño Corral Jurado se vino a la CDMX y montó un show mediático de los que tiene muy bien ensayado.

Corral se lanzó contra el gobierno de Peña Nieto diciendo que el presidente estaba “estrangulando” al estado de Chihuahua porque  los ínclitos integrantes de la Liga de la Justicia capítulo Chihuahua, denunciaron el desvío de recursos que realizó el PRI en su entidad en los tiempos en que era mandatario el pillo y ahora fugitivo de César Duarte.

Ayer comentamos en este espacio que Corral durante su conferencia tenía una mirada delirante.

Parecía que estaba poseído por los demonios antipeñanieto que seguramente viven en su inestable mente. Nunca quiso responder a los cuestionamientos que le hicieron sobre los graves problemas de seguridad y pobreza que siguen existiendo en la entidad que cogobierna junto a Gustavo Madero.

El gobernador chihuahuense es un hábil para deshacerse de preguntas incómodas de los periodistas. Un ejemplo de ello ocurrió cuando cumplió seis meses de gobierno y fue a Ciudad Juárez a presumir sus “logros”.

El popular portal HUFFPOST lo describe así:

“Una imagen del gobernador de Chihuahua donde se ríe en medio de una protesta de reporteros del extinto Norte de Ciudad Juárez, al cumplirse un mes del homicidio de la periodista Miroslava Breach, ha provocado una nueva polémica en las redes sociales.

Durante su conferencia de resultados en Ciudad Juárez, por sus seis primeros meses de mandato, el gobernador panista habló de sus estrategias y de los retos que enfrenta la entidad, como la inseguridad que se ha ido incrementando a partir del inicio de su gestión, tema sensible para la población que ha atravesado uno de los peores escenarios de la llamada “guerra contra el narco”.

En su mitin de la CDMX Corral se hizo acompañar de los conocidos profesionales de la protesta como Agustín Basave, Santiago Creel, Mariclaere Acosta, Denise Dresser y una veintena más de connotados “odiadores” gratuitos de Peña Nieto.

El delirio antipeñista de ese grupo lo refleja una columna de la mencionada Denise Dresser en la que da como verdades sus imaginaciones:

“Enrique Peña Nieto está ansioso. Luis Videgaray está preocupado. José Antonio Meade está inquieto. José Antonio González Anaya no puede dormir. Porque lo que ocurre en Chihuahua toca un nervio principal del sistema político. Pone presión sobre un punto medular, neurálgico.

Al investigar y denunciar la triangulación de fondos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda a elecciones del PRI, Javier Corral corta con un bisturí el corazón de la corrupción. Expone cómo, cuándo, dónde y a través de quién los priistas han desviado dinero para perpetuarse en el poder. Exhibe el modus operandi de la manipulación electoral en México. En pocas palabras, desuella al PRI.”

Y sigue:

“La investigación se expande y amenaza con llegar a los niveles más altos del Gobierno de Peña Nieto, como lo expuso el reportaje de The New York Times, “El arresto de un aliado de Peña Nieto profundiza una investigación sobre corrupción”.

Involucra a Luis Videgaray. A Manlio Fabio Beltrones. A José Antonio Meade. Al actual Secretario de Hacienda, quien tapa lo que le piden y presiona a quien le digan. A decenas de priistas que crearon contratos con compañías falsas y usaron el dinero enviado ahí para canalizarlo a la elección del Estado de México.”

Otra vez se acusa sin probar.

No estamos diciendo que no exista la corrupción.

De que la hay, seguramente que la hay, tanto dentro los tres niveles de gobierno como en TODOS los partidos políticos.

Pero esa infamia que padece la sociedad mexicana, es decir la corrupción, no debe ser pretexto para realizar proselitismo político  truculento.

La verdad, a Corral Jurado cuando dijo que no lo doblegarían con ninguna cantidad de dinero, solamente le faltó vociferar que, además de Peña Nieto y su pandilla, le ganará también a las temibles momias de Guanajuato.

En eso han convertido a la política mexicana los ilustres actores que mandan en los espacios públicos y partidistas.

¡Házlos Dios de tu rebaño!

EN TIEMPO REAL

1.- En Chilpancingo el ex alcalde con licencia Marco Antonio Leyva quiere regresar al hueso que abandonó para irse de diputado. Leyva es rechazado por el Ayuntamiento y por la mayoría de los sectores económicos y sociales de la capital guerrerense. Ya lo investiga la Auditoría del Congreso estatal por los malos manejos del dinero público que hizo cuando estuvo en el cargo. Y se da el lujo de señalar a las autoridades estatales como las probables responsables de su “desaparición”. ¡Qué cosas están sucediendo en nuestro país!

2.- La llegada a la Secretaría de Gobernación de Alfonso Navarrete Prida es una garantía de conducción política para el presidente Enrique Peña Nieto. El casi ahora secretario del Trabajo ha sido compañero de viaje en el sector público desde que dejó una subprocuraduría en la PGR para irse como procurador estatal al Estado de México. Desde entonces Peña Nieto y Navarrete Prida han construido una sólida relación de amistad y trabajo.

3.- Lo más probable es que el PRI publique sus convocatorias para elegir candidatos a gobernador en las entidades que restan por definir. Puebla, Guanajuato, Tabasco, Chiapas son, entre otros, los que más interés han despertado. Se afirma que serán emitidas en la sede del comité nacional y con candidatos de unidad. Nada nuevo bajo el sol de los tricolores.

José Luis Camacho Acevedo*
*José Luis Camacho Acevedo es colaborador de SDPnoticias.com y analista político de “Por la mañana”, con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Radio Fórmula. 
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Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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