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De elecciones, injerencia rusa y fake news

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Comisionada del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, exconsejera electoral IEEM.

A seis meses de las elecciones presidenciales en México, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el general H. R. McMaster, advirtió, a mediados de diciembre de 2017, que hay señales de injerencia rusa en las campañas por la presidencia. El general habló, incluso, de la utilización de herramientas cibernéticas avanzadas por parte de los rusos para generar desinformación y crisis de confianza.

Sin mostrar pruebas, los dichos del general McMaster recuerdan aquellas voces que afirmaron que los hackers rusos fueron quienes dieron la victoria de Donald Trump en 2016 y el Brexit de ese año, o los mismos que influyeron en el referéndum de independencia en Cataluña o las recientes elecciones en Francia. El Kremlin ha negado estas y otras acusaciones que apuntan una interferencia rusa en elecciones extranjeras.

Los cancilleres de México y Rusia han asegurado que no hay alerta o señal sobre la presunta presencia de hackers rusos o de otra nacionalidad en la elección de julio próximo, mientras que el INE también ha rechazado tener alguna evidencia de apoyo extranjero a algún aspirante, a la vez que asegura tener blindados sus sistemas informáticos ante cualquier intento de hackeo.

De acuerdo con un estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México (elaborado por la Asociación de Internet.mx), con 70 millones de internautas en 2016, seis de cada 10 usuarios consideran que internet los acerca a los procesos democráticos y 85 por ciento busca propuestas de campaña a través de internet, principalmente en las redes sociales. Ante tal panorama, resulta pertinente preguntarnos cuál podría ser el alcance de noticias como la supuesta “mano rusa” en las elecciones mexicanas en el ánimo de los electores y, más allá, qué tan determinantes serán los contenidos que se difunden en las redes sociales en el sentido del voto ciudadano.

Algunos expertos calculan que en la elección de Estados Unidos se detectaron 30 millones de noticias falsas a favor de Donald Trump y ocho millones a Hillary Clinton. Ante esta realidad, ¿cómo combatir el fenómeno de las noticias falsas? Google, Facebook, Twitter, entre otros, anunciaron recientemente nuevas políticas para ayudarles a las personas a evaluar si los artículos difundidos a través de sus plataformas son confiables o se trata de desinformación. Esto, a través de la implementación de indicadores de veracidad para los artículos periodísticos, con la idea de fomentar un periodismo de calidad basado en hechos.

Por otro lado, también destaca el reciente anuncio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de lanzar una ley en contra de las noticias falsas durante el periodo electoral, la cual, entre otras cosas, impone obligaciones de transparencia a las plataformas digitales, así como medidas para agilizar las decisiones judiciales para bloquear noticias falsas en periodo de campaña. Recordemos que Macron ha acusado abiertamente a medios de comunicación rusos de haber divulgado propaganda mentirosa para favorecer a su rival durante la elección en la que resultó ganador. Y mientras algunos consideran “pertinente” la iniciativa de Macron para proteger la democracia francesa, otros, como el diario Le Monde, la ven como una medida “peligrosa”, en virtud de la complejidad de certificar la veracidad una información sin restringir la pluralidad de opiniones.

¿Son necesarias leyes contra las fake news? El debate está vivo, de cara al cual se han manifestado diversas posturas: quienes exigen mayor regulación ante un fenómeno no nuevo pero sí más visible y al parecer creciente; los que lo consideran un tema de educación y discernimiento individual, y quienes lo dejan como un tema de mercados y de autorregulación por parte de los medios para incrementar su credibilidad. Sea cual sea la postura que se elija en esta discusión, lo que queda en el fondo es valorar en qué medida un discurso de protección a la democracia podría vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Otro elemento que amerita un análisis más profundo y que surge a partir de declaraciones como la del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos es la idea de la política como un ejercicio de frivolidad y creatividad informativa, alentada no solamente por los medios de comunicación sino por los propios actores políticos, cuyo reflejo es la mofa a ellos y a todo lo que representan, lo cual termina por alejar a los ciudadanos de los temas realmente sustantivos. No pocos analistas y políticos han dicho que el próximo presidente de México será producto de las redes sociales, así como en su momento se dijo de la televisión. No obstante, en un país con 46 millones de mexicanos que no tienen acceso a internet, según datos del Inegi, exige por lo menos cautela cuando hablamos de la efectividad de los medios tradicionales para hacer campaña contra las estrategias digitales.

Lo que queda por el momento para la elección mexicana es mera especulación en torno a la intervención rusa, el uso de esta noticia por parte de los candidatos y sus equipos de campaña, y la moneda en el aire de qué tanto pesarán este tipo de noticias en el ánimo de los electores el próximo 1 de julio de 2018.

 

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Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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