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De la mafia a la magia del poder

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Es sabido que un extraño personaje acuñó un término que ha utilizado efectivamente para desacreditar los logros de las fuerzas políticas que no se pliegan a sus intenciones.

En su discurso de “la mafia del poder”, nuestro afamado individuo mete a esa clasificación a todo el que no comulga con él. Ya sea que hayan militado en el mismo partido que él, que hayan formado parte de la misma corriente o que, simplemente, desde siempre, han sido antagónicos.

El punto aquí no tiene que ver con la crítica en contra de nuestro personaje, y es por esa misma razón que no lo menciono.

Lord Acton decía: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente (Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely)”. También aseguraba: “Dinero es poder”. Por lo tanto, el dinero también tiende a corromper de la misma manera que lo hace el poder.

De hecho, el tema de fondo y principal de este artículo es el Poder. Y justamente lo es porque en la frase “la mafia del poder” está implícita la corrupción que el poder puede detonar.

La mafia del poder es el vivo equivalente de la frase de Lord Acton. El tema aquí es el corolario de la frase: el poder absoluto corrompe absolutamente.

Y a menos que el país se prepare para que nadie ostente poder absoluto dentro de su ámbito de acción correrá el riesgo inminente de corromperse de inmediato o al paso de los meses. Viene a colación también el refrán: “En arca abierta, hasta el justo peca”.

Y si el arca permanece abierta y/o el poder sigue siendo absoluto o cercano a ello temo informarles, casi con absoluta certeza, que lo único que cambiará es quién ostenta el poder y a quién beneficia.

Por ejemplo, el Poder Judicial, es decir, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son autónomos y se autogestionan sus incentivos sin un tercero imparcial que los evalúe y califique. Por otro lado, los legisladores votan y entre ellos deciden cuántos bonos otorgarse; y de la misma manera lo hace el Poder Ejecutivo. Todo esto tiene que acabar.

Así, tal vez la frase de la mafia del poder cambie a la magia del poder, al menos por un breve tiempo.

¿Cuántas veces nos han “dorado la píldora” con ofertas mágicas? Nos aseguran que en cuanto lleguen al poder y tomen protesta resolverán la inseguridad, generarán gran crecimiento en el país, acabarán con el narco, las matanzas y eliminarán, como por arte de magia, la corrupción. El problema para quienes son tan férreos a la hora de descalificar a sus adversarios y al sistema es que en cuanto lleguen al poder serán medidos con la misma vara.

Y vendrán las justificaciones de por qué no fue posible erradicar la corrupción así tan mágicamente como prometían. Argumentarán por qué tuvieron que aceptar aliados a los que otrora ellos mismos habían calificado de corruptos. Al ostentar el poder casi absoluto van a desear conservarlo, y así les será mucho más fácil liderar o dirigir sin la molestia ni inconvenientes que trae consigo la negociación. De esta manera, el personaje creerá ser la solución de todo y para todos.

Justo entonces viene la autocomplacencia y la renovación de la premisa ególatra de que solo él tiene la capacidad de gobernar y comienza a sentir que es su responsabilidad, por el bien de la patria, cambiar la Constitución para poder ejercer el poder por más tiempo.

¿Les suena familiar esa historia? Claro, ya hemos pasado varias veces por ella, con el propio Benito Juárez y después con Porfirio Díaz, y en muchos países en América Latina también lo hemos visto, tanto con regímenes de izquierda como de derecha.

Hace tan solo un siglo, las historias que se contaban no estaban sujetas al escrutinio de la verdad como lo están al día de hoy. A diferencia del pasado, toda declaración hecha a los medios queda grabada y registrada para la posteridad. Por lo que es muy fácil hacer un análisis de congruencia de los líderes, comparando las declaraciones y compromisos del pasado con los del presente.

El líder, entonces, requiere tener mucho cuidado en evitar incongruencias entre sus posturas y acciones durante su campaña y fuera de ella, ya que las palabras siempre nos persiguen y a veces nos alcanzan.

Hemos sido testigos de legisladores y políticos que han cambiado tan diametralmente sus posturas como si un ser maligno se hubiera apoderado de sus conciencias. Y el problema grave reside ahí. Transitar de la mafia a la magia no solo difiere en una letra, sino que, en un abrir y cerrar de ojos, tus adversarios se vuelven aliados.

Hoy en día la gente quiere entender si va a haber una solución mágica y cómo funciona. Si el país va a dejar de ser corrupto, ¿cuál es la magia para que eso sea posible? Son pocas las manos que ostentan el poder y no les gusta compartirlo. Han hecho todo lo necesario para que los cambios sean someros y a su conveniencia.

Para ser objetivos y para concluir, las soluciones mágicas no existen y quien las proponga tendrá que asumir la erosión de su credibilidad y la decepción de sus seguidores.

La verdadera magia está en la diplomacia, en la generación de acuerdos, en el diálogo constructivo entre las diferentes fuerzas. No somos enemigos, somos un solo país que aspira a la equidad, justicia social y prosperidad.

¿Será posible transitar de la mafia a la magia del poder?

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La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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