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Salario justo

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Pertenece a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y es secretaria de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados.

 

El salario mínimo es un concepto de la humanidad que surge por primera vez en el año 1890 en Australia, donde se buscó legalizar un pago base por trabajo realizado. A partir de allí se estandarizó virtualmente a nivel mundial, y cada país, acorde a sus condiciones económicas y sociales, fija una cantidad que permita a su población cuando menos el acceso a los derechos fundamentales más esenciales.

En México, el salario mínimo general nació en 1982. Se encuentra regulado por la Ley Federal del Trabajo como la cantidad menor que debe recibir un trabajador por jornada, misma que deberá satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Salvo el reajuste anual por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, este no había recibido una gran modificación a su estructura hasta el año pasado.

Esta legislatura federal, a propuesta del presidente de la República, creó la figura de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual servirá para establecer los costos de multas, créditos y diversas cantidades monetarias que, durante casi 40 años, se fijaron a través del salario mínimo, establecido como VSMGZ (veces el salario mínimo general vigente en la zona).

Las VSMGZ obligaban a que el salario mínimo considerara en su tabulación que todo aumento a su valor incrementaría asimismo el costo de los créditos y sanciones, y eventualmente terminaría por beneficiar y perjudicar a los trabajadores al mismo tiempo.

La creación de las UMA elimina el uso del salario mínimo para medir estos factores, por lo que solo se toma en consideración su impacto en la economía nacional, puesto que hay que tener muy presente, estimados lectores, que el salario mínimo, más que un debate político, representa la relación tanto de los patrones con los empleados como de los costos en el sistema de precios.

¿Qué quiere decir esto? Que cuando el salario mínimo sube, los patrones deben subir los costos de sus productos y servicios que ofertan, ya que solo así pueden compensar el alza en los salarios que deben pagar. Esta razón es la que obliga a tomar en cuenta muchos factores antes de poder incrementar la remuneración por decreto.

El salario mínimo tuvo una gran alza este año y ha alcanzado los 88.36 pesos diarios; sin embargo, nos queda claro que esta suma no solo es insuficiente, sino indigna para las y los mexicanos. En estos momentos, sin duda, el salario mínimo será tema de todas las campañas; no obstante, ningún político puede cambiar el salario mínimo por “dedazo”, ya que esto causaría problemas sin precedentes.

Venezuela tiene un ajuste salarial prácticamente cada tres meses y, pese a ello, la gente cada vez es más pobre, puesto que los servicios son muy caros y la escasez es imposible de superar.

Amigas y amigos, no me queda duda que terminando el proceso electoral el tema salarial deberá de ser la prioridad para esta legislatura federal, ya que debemos dejar atrás el concepto del salario mínimo para constituir un nuevo salario justo, que de verdad esté a la altura de las y los mexicanos.

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La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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