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Caballo que alcanza gana

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En las últimas encuestas se ha reflejado un fenómeno que permite predecir cuál será el resultado final de la elección presidencial el 1 de julio del 2018.

Desde hace cuatro meses, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mantiene creciendo hacia los 30 puntos porcentuales.

De acuerdo a los resultados dados a conocer por la empresa encuestadora Mitosfky, en octubre del 2017 el candidato de la coalición Morena-PT-PES tenía 23.1 puntos porcentuales, en el mes de diciembre 23.0 y en el mes de enero del 2018, durante los primeros días del año, AMLO creció al 23.06, por lo que se incrementó en un 0.6 por ciento de preferencia electoral.

Asimismo, otro estudio presentado por la empresa encuestadora Buendía y Laredo, que se publicó en el periódico El Universal el pasado 29 de enero del 2018, sitúa a AMLO con 32 por ciento de preferencia entre los mexicanos.

Por el contrario, José Antonio Meade obtuvo su punto más alto después de su destape en el mes de noviembre, específicamente el día 27, con 17.6 por ciento, según el estudio presentado por Mitosfky.

Sin embargo, la última encuesta presentada por la empresa encuestadora Buendía y Laredo (29 de enero del 2018) refleja que Meade sufrió una estrepitosa caída al obtener un 16 por ciento de aceptación entre el electorado. Esto significa que ha perdido, en términos reales, aproximadamente siete puntos, dependiendo de cada encuestadora que levante la muestra.

De igual manera, los independientes siguen cayendo estrepitosamente, al grado tal que Margarita Zavala ya solo aparece con cuatro puntos; el gobernador con licencia Jaime Rodríguez, el Bronco, con dos, y el resto con menos del punto porcentual, como el exsenador Armando Ríos Piter, mejor conocido como el Jaguar.

De tal suerte que el único candidato que ha crecido en términos porcentuales es Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, quien inicio con 19.5 en el mes de octubre y fue creciendo gradualmente hasta el mes de enero en aproximadamente siete puntos. Ello significa que, de mantener esa tendencia, el expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) alcanzará en el mes de abril a AMLO y, todavía con dos meses por delante, rebasará al candidato de Morena.

Tres elementos que pueden ayudar a que esto suceda:

  1. La caída estrepitosa del candidato en el gobierno, quien simple y sencillamente no convence ni a los propios priistas y estos últimos tendrán que decidir si se mantienen en el barco que se hunde o apoya una opción alejada del populismo radical y del pragmatismo rampante.
  2. El desencanto de muchos apoyadores de AMLO, quienes comienzan a cuestionar “la pureza” de su Movimiento, ya que al incorporar a los integrantes de su supuesta “mafia en el poder” a su campaña, ponen en entredicho su Proyecto de Nación.

Como ejemplo está la incorporación del exgobernador priista de Michoacán, Fausto Vallejo, cuyo secretario general de Gobierno y gobernador sustituto Jesús Reyna se encuentra en la cárcel por sus vínculos con el narcotráfico.

También, la decisión de AMLO de aliarse con Elba Ester Gordillo muestra un pragmatismo radical con el afán de ganar; y sus propuestas alejadas de la realidad, como la amnistía a los narcotraficantes y el perdón a los corruptos, podrían alejar a muchos que habían pensado que AMLO había cambiado y remasterizado, y se le cayó su fachada descubriendo al AMLO de siempre.

  1. Esta será la primera elección que se defina en redes sociales; la opinión preponderante del voto joven, que representa el porcentaje más alto del padrón electoral, será determinante.

La edad y la cercanía de los más jóvenes con el candidato del Frente por México serán un elemento fundamental en el crecimiento de Ricardo Anaya. Mientras AMLO ya llegó a más del 90 por ciento de conocimiento y tan solo el 30 por ciento de intención de voto, Ricardo Anaya todavía tiene un margen para crecer en conocimiento, lo que provocara que su intención de voto crezca y rebase a Andrés Manuel en el mes de abril.

Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez

Pertenece al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y preside la Comisión de Federalismo del Senado de la República.

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La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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