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Diez de diez

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… ahora no solo hay expriistas que han migrado al PAN, sino que hay líderes sindicales llegando a la dirigencia de Morena y, por cierto, líderes no solo con mala fama, sino prófugos de la justicia e incluso presos. El tema es que ya se dice que Morena se está pareciendo tanto al PRI que ya le dicen PRIMOR.

Si supieras la verdad, ¿te aterrarías?, ¿te enfurecerías?, o, de plano, ¿te daría un infarto?

Alguien planeó diluir el poder de los partidos. De hecho, fueron algunos pocos privilegiados quienes lo diseñaron y unos pocos más los que simplemente se percataron.

Hoy día, el dinero de prerrogativas se reparte 70 por ciento con base en el resultado del porcentaje de votación que cada partido obtuvo en la elección inmediata anterior y el 30 por ciento restante se divide entre el número de partidos. El tiempo aire de televisión y radio se divide de la misma forma, lo cual implica que la fórmula está diseñada para que todo partido grande o con resultados extraordinarios para la siguiente elección subsidie de manera proporcional a los partidos pequeños o con menores resultados, con la salvedad de que cada partido debe obtener un piso de tres por ciento para poder sobrevivir. Si se trata de un partido nuevo, el 30 por ciento se dividirá en partes iguales entre el número de partidos.

La anterior fórmula nos lleva necesariamente a que (asumiendo eficiencias equivalentes) en el largo plazo tendremos diez partidos de diez por ciento cada uno.

El tema es que al interior de los tres partidos grandes los procesos de negociación, selección de candidatos y repartición del pastel se convierten en auténticas guerras de poder donde las corrientes toman posturas tan radicales que la toma de decisiones genera resentimiento, rencores, rupturas e, incluso, revanchismos tales que los perdedores en la negociación muchas veces terminan operando en contra o bien cambiando de camiseta por la de otro partido.

En cambio, podemos decir que los partidos pequeños no enfrentan esta problemática; tienen dueño o, por lo menos, un liderazgo claro.

Uno pensaría que esto no tiene mayores implicaciones, sin embargo, esto genera un grave riesgo para el país. Me explico: en un escenario donde los órganos legislativos tienen tres partidos principales cuya participación no les permite tener mayoría, lo que termina sucediendo es que se construye tácitamente un escenario donde quien impone su ley es el más débil o los más débiles, ya que para lograr la mayoría los partidos grandes complementan dicha mayoría con dos o hasta tres fuerzas políticas pequeñas que, por cierto, venden muy caro su amor.

Esto no solo sucede en los órganos legislativos, sino también en las elecciones. En la negociación de las coaliciones, muchas veces los partidos pequeños terminan por obtener mejores negociaciones de las que les corresponden si tomamos en cuenta únicamente el porcentaje de votación obtenida por cada uno de ellos. En buena medida, a este tipo de factores se debe que hubiera podido darse un gobernador del Partido Verde, que por sí solo nunca habría podido ganar el estado de Chiapas.

De hecho, si analizamos el resultado de la elección del Estado de México, el PRI obtuvo menos votos que Morena y solo con las alianzas la suma de PRI más Verde más Nueva Alianza es como le ganaron a Morena más PT. Ninguno de los tres pequeños tuvo una votación relevante, sin embargo, sin el Verde o sin Nueva Alianza el PRI habría perdido.

Regresando a lo electoral, adicionalmente a las prerrogativas ya mencionadas hay tres más que antes se repartían de la misma forma y que a partir del 2015 se reparten ahora en partes iguales. Lo curioso del caso es que ninguno de los partidos grandes se quejó, lo cual me pareció en extremo sorprendente pues no son cantidades despreciables. Me refiero a la franquicia postal, la franquicia telegráfica y otra de gastos especiales; la primera por más de 170 millones de pesos, la segunda por cerca de 700 mil pesos y la tercera por 120 millones de pesos.

Otro síntoma de esta estrategia es la desbandada de personajes que antes eran priistas o perredistas y que están migrando a Morena o que intentan crear sus propios partidos. Muestra de ello es que de los más de 40 intentos de registro a nuevos partidos pasaron solo tres, como ya sabemos.

Lo curioso es que el fenómeno PRIAN ya no es aislado, ahora no solo hay expriistas que han migrado al PAN, sino que hay líderes sindicales llegando a la dirigencia de Morena y, por cierto, líderes no solo con mala fama, sino prófugos de la justicia e incluso presos. El tema es que ya se dice que Morena se está pareciendo tanto al PRI que ya le dicen PRIMOR.

Mi pregunta es: ¿qué ha llevado a AMLO a aceptar y defender a semejantes personajes? La conclusión es clara: su influencia en las bases gremiales masivas. El problema es que con esto se evidencia que la búsqueda es por el poder, no para beneficiar a las bases de membresía sindical, sino para regresarle los privilegios a sus líderes.

Aunado a esto, los liderazgos que primero creyeron en el proyecto de AMLO y que, como Monreal, renunciaron a la trayectoria construida previamente para integrarse a Morena, al verse desplazados por terceros creo que cuestionan si su decisión fue acertada o de plano se dan cuenta que se equivocaron y seguro pensarán: “Si esto le hicieron a Monreal, ¿qué me espera a mí?”. Ahora vienen tiempos cruciales donde creo que habrá mucho descontento con AMLO al imponer a priistas y a todo tipo de extraños en puestos clave de elección popular.

En síntesis, muchos personajes de la política mexicana no están dispuestos a soltar el poder.

Los tiempos que se vienen son cruciales para México. La invitación es a que no nos vayamos con la finta. La declaración de principios de cada partido es bastante sensata y cualquiera se afiliaría. El problema no son las instituciones ni sus principios, el problema son las personas, los seres humanos. Es ahí donde radica la falla. La condición humana es la que trae implícito el riesgo de que la persona caiga en la tentación del poder y se corrompa. Por eso hay que fijarse bien en quién votar. Quién ha mostrado ser congruente consigo mismo, desde lo que piensa, dice y hace.

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La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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