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El INE, ante su gran cita histórica

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Foto: Especial

Santiago I. Soriano Condado

El 1 de julio próximo será más que el día en que se realice la elección más grande de la historia del país; esa fecha puede representar para el Instituto Nacional Electoral (INE) un reto mucho más grande de lo que pudiéramos imaginarnos. ¿Cómo hay que afrontarlo?

No es poca cosa: organizar un proceso electoral para poner en juego más de 18 mil cargos públicos, implica más complejidades de las que cualquiera pudiera imaginar.

El desarrollo de la contienda electoral que será, muy posiblemente, la más observada en la todavía joven democracia mexicana, también pone al INE ante la oportunidad histórica de reivindicar pendientes, pero a la vez ante circunstancias que nunca antes habían presentado estos procesos.

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Las claves están por todas partes, pero la pluralidad misma de cómo se desarrollan las campañas en cada una de las regiones que conforman al país arroja casos muy específicos.

Por esto y más, es necesario plantear una cuestión primordial: ¿está listo el INE? ¿No solo para organizar la elección sino también para solventar los escenarios que se presentarán durante y después del Día D?

A continuación, una revisión a fondo de cuáles son los urgentes más próximos y cómo pueden influir en la elección que todos están esperando.

El dinero, ¿de dónde viene y a dónde va?

Fiscalizar. Esa es la palabra que todo mundo ha escuchado o leído cuando se trata de la exigencia para transparentar el origen y el destino de los millones de pesos que las campañas electorales significan.

Pero no es un asunto cualquiera, pues la fiscalización es lo que podría ocasionar nulidad de elección en varios casos… sí, incluso en la presidencial que enfrenta a Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco.

Tras la reforma de 2014 se agregaron dos criterios que presentarían ese escenario: que entre el primer y segundo lugar de la votación debe haber cinco por ciento o menos de diferencia; y segundo, que el rebase del tope de campaña esté por encima del cinco por ciento.

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A esto se le suma que los tiempos de fiscalización, actualmente, son más reducidos que antes, lo que significa que ahora tanto partidos como candidatos deben (o al menos se supone) reportar sus gastos en tiempo real. En consecuencia, la autoridad electoral tiene que emitir juicios a la brevedad.

Aunque no lo parezca, el reto no son los tiempos sino las cantidades. El INE es la autoridad que se encarga a nivel nacional de la fiscalización, por lo que debe hacer dictámenes de todos los candidatos y sus campañas tanto a nivel federal y local.

De tal forma, el INE, junto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tendrá que homologar criterios porque resultaría imposible revisar caso por caso.

Pero eso no es todo, pues aunque por cada 10 pesos nueve provengan de financiamiento público el peso restante representa otro reto: su origen.

La ley prevé que el 10 por ciento del financiamiento de los candidatos y partidos puede ser de origen privado, por lo cual existe el riesgo de que se simule su licitud, como ya ha ocurrido en otros casos.

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Entonces, el INE deberá observar con lupa el flujo del dinero, además de lidiar con las leyes de fiscalización actuales, las cuales, en más de un criterio, chocan con la realidad de las campañas.

Un ejemplo de esto último es una exigencia que obliga a que los candidatos reporten su agenda de eventos una semana antes de que se realicen, así como los gastos en máximo tres días después de que se hayan realizado… lo cual, en la actualidad, ocurre en muy pocos casos, según el propio INE y sus reportes semanales.

Y, por si fuera poco, el criterio del prorrateo también representa una labor titánica, por el hecho de que las tres coaliciones electorales que están vigentes a nivel federal no se replican en los 30 estados donde habrá elecciones concurrentes.

Eso se suma a que habrá entidades donde participarán partidos locales, por lo que no puede utilizarse un solo criterio para dividir gastos. En pocas palabras: la ruta para saber si hay rebase de topes de campañas es por demás enredada.

De esta manera, se tendrá que determinar, según sea el caso, cuando un evento beneficie a un solo candidato o cuando coincidan varias campañas, ya sean federales o locales, para determinar a quién corresponde cada gasto.

Como afirman María Marván Laborde y Arturo Espinosa Silis, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y director de Strategia Electoral, respectivamente, todo “esto resulta en un reto mayúsculo, pues ante la gran cantidad de campañas que se deben fiscalizar y el cortísimo periodo que el INE tiene para ello habrá que ver si se privilegian las faltas de forma, es decir, si se cumplió en tiempo o no con las obligaciones en materia de fiscalización o si se opta por buscar violaciones de fondo como es la procedencia ilícita de recursos y el exceso en el gasto de campaña permitido”.

Credibilidad y certeza, ¿cómo garantizarlas?

Las dudas son inevitables. Sobre todo, cuando el clima electoral del país se polariza cada día más, conforme se acerca el 1 de julio.

Este reto no es nuevo, pero cada día es más complejo solventarlo. Dado el tamaño de esta elección, el desafío principal será que los resultados sean reconocidos por los actores que la protagonizarán.

Hay que decirlo: el INE debe contemplar cómo blindar su credibilidad si surge de nueva cuenta un conflicto poselectoral como el de 2006, especialmente porque, en esta ocasión, el principal promotor de dichas tensiones está nuevamente contendiendo: Andrés Manuel López Obrador.

Ante ese riesgo, uno de los personajes que vivieron aquel episodio en carne propia, Luis Carlos Ugalde, quien fue consejero presidente del entonces IFE, afirmó en declaraciones dadas a El Universal que “dependemos (las autoridades electorales) mucho de quién gana, por cuánto y de muchos otros factores”.

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Esos factores pueden ser los discursos que manejan los candidatos, el papel de los medios de comunicación, así como la forma en que marchan la política interna y la economía del país, siendo estos últimos elementos que influyen directamente en el humor social del electorado.

La suma de todos esos ingredientes es lo que podría colocar al INE ante una posible crisis de credibilidad, justo como la que recién le toca enfrentar con el desarrollo del voto extranjero.

En redes sociales, decenas de mexicanos que residen fuera de nuestro país cuestionaron al instituto por el hecho de que algunas de las guías prepagadas para devolver las boletas están dirigidas a un particular y no al INE.

No obstante, el INE aclaró en sendos boletines informativos que “debido a un error humano involuntario en las áreas operativas del Instituto, se generaron inconsistencias en el archivo para la generación de las guías de envío de los votos de los mexicanos desde el extranjero”, pero se tenían perfectamente ubicados los registros involucrados: “… informa la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, son 44 mil 197: de estos, 26 mil 877 corresponden a ciudadanos registrados en la Ciudad de México; siete mil 689, a Guerrero; dos mil 491, a Hidalgo; mil 801, a Morelos; cuatro mil 489, a Nuevo León, y 850 de Oaxaca”. Además, “el Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza que la recepción de los votos de los mexicanos en el exterior únicamente se realiza en la Bodega Central del Instituto, gracias a un procedimiento de controles de seguridad —que incluye lectura de códigos de barras—, mediante el cual se identifican, se separan, se envían por lotes y se custodian por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.

Sin embargo, “el problema es que quienes cuestionan son los partidos y ellos son los principales responsables del deterioro, porque junto con los candidatos son los que infringen la ley, los que han gastado cada vez más dinero, que fondean de forma ilegal sus campañas y los que aprueban leyes para después incumplirlas”, explicó en su momento Ugalde sobre la desconfianza en el INE.

¿Y los resultados?

Desde el año pasado, Lorenzo Córdova hizo un compromiso: la noche del 1 de julio se tendrán los resultados de la elección presidencial tras un conteo rápido que solamente el instituto podría tener.

“Nosotros operamos las casillas, nosotros tenemos gente en todas las casillas y de ahí vamos a compilar una muestra que nadie más puede equiparar”, dijo durante la conferencia “Los retos del INE en 2018”, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

También avisó que si hay un ganador se dará a conocer, pero si hay algún empate “lo vamos a decir y vamos a explicar”.

Por esto advirtió que “quien pierda, no va a perder de una vez y para siempre. Y quien gane, seguramente, el día siguiente va a tener que construirse en mayorías porque así es la sociedad mexicana, así ha votado en los últimos 20 años. No sé si así lo va a seguir votando, a lo mejor sí. Lo que va a hacer en las urnas es, repito, redistribuir el poder político”.

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Pero no conforme con eso, el INE tendrá que enfrentarse, todavía, a las inevitables incidencias durante la jornada electoral, como la compra del voto, el amedrentamiento y la violencia electoral, sobre todo, en focos rojos como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, solo por enlistar algunos.

Llegar con la encomienda de garantizar un proceso limpio, dada su complejidad, es en sí mismo un reto mayúsculo.

¿Está el INE preparado? Eso lo dirán los hechos, y es una respuesta que puede darse una vez haya transcurrido el 1 de julio.

Lo demás es especulación y, para ser más exactos, buenos deseos.

ssc

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Gobierno de AMLO dice adiós al efectivo para erradicar corrupción

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Foto: Especial.

El presidente AMLO puso en la mesa la eliminación del efectivo ejerciendo como una estrategia para combatir la corrupción. La idea es simple: sin una persona como intermediaria en la entrega de los apoyos sociales, la posibilidad de un acto de corrupción se reduce radicalmente. De igual modo, la banca en México ha volteado a esta posibilidad y el proceso para disminuir el uso del dinero convencional parece estar más adelantado. ¿Será este el fin del efectivo en México?

A partir del 1 de abril arrancó el programa piloto del sistema de Cobro Digital (CoDi), el cual fue desarrollado por el Banco de México en asociación con la banca privada y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con miras a jubilar, de una vez por todas, el uso del efectivo.
Este sistema, el cual debe ser adoptado por to- dos los bancos operantes en el país con más de 3 mil cuentas en septiembre, contempla el uso del teléfono móvil para poder hacer cobros y pagos. Éste sistema no solo tiene como objetivo reducir el uso del efectivo, sino también llevar los servicios financieros a los mexicanos que históricamente han sido relegados de estos productos.

En un inicio, se pondrá en operación tres programas piloto con una duración entre tres y cuatro meses; en uno de ellos la Secretaría de Hacienda distribuirá por medio de la banca digital y el CoDi los apoyos de un programa social dirigido a jóvenes.

En la segunda etapa, impulsará el uso de esta plataforma en una ciudad con una población menor a 150 mil habitantes. En dicha urbe se buscará modificar la cultura financiera y se tomará como ejemplo para replicar el modelo en otros lugares, sobre todo aquellas localidades que tienen difícil acceso a los servicios financieros.

El periodo de prueba concluirá en una población muy pequeña en donde no exista sucursal bancaria. Ahí será la prueba final de esta tecnología de servicios financieros.

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¿Por qué AMLO impulsa no usar efectivo?

Siendo Andrés Manuel López Obrador presidente electo, dio a conocer cinco temas prioritarios a de- finir antes de iniciar su mandato y uno de ellos tenía que ver con los sistemas de pago “para dispersar los recursos económicos para los beneficiados de los programas sociales, donde no hay inclusión financiera o sucursales bancarias”.

Según datos oficiales, los programas sociales atendieron en el último año de Enrique Peña Nieto a más de 15 millones de personas con apoyos mensuales y bimensuales, para un total de 90.9 millones de transferencias que deben dispersarse en al menos 200 mil localidades.

En el gobierno del presidente López Obrador, la base de beneficiarios aumentará aproximadamente 25% con la adhesión de nuevos programas como “Jóvenes construyendo el futuro”, “Apoyo universal a adultos mayores y discapacitados” y “Un millón de hectáreas”.

En la administración pasada los apoyos se pagaban a través de 15 mil puntos de pago, de los cuales 5 mil son fijos y semifijos y 10,000 en puntos de pago en efectivo.

Son justo los puntos de pago en efectivo donde el presidente López Obrador puso su interés, dado que es en estos puntos donde se gestaba la mayor parte de la corrupción en la entrega de los apoyos a grupos vulnerables.

La entrega de apoyos de manera directa y electrónica contribuiría, en primer lugar, a combatir la corrupción; en segundo lugar, para reducir la evasión fiscal, así como los mercados informales y, finalmente, les permitiría combatir al crimen organizado en la medida en que podrían cerrarles el margen de acción con dinero en efectivo.

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