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Cuidado con el pequeño sátrapa (consejo para las elecciones)

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¿Por qué deberíamos tener mucho más interés en las elecciones no presidenciales? Es una pregunta que se contesta con muchos elementos, entre ellos, algunos de la historia reciente de nuestro país. Sin embargo, piense el lector por un momento en lo siguiente: ¿con qué autoridades tiene mas contacto?, ¿con las del gobierno federal (presidente)? o ¿con las del nivel local (gobernadores y alcaldes)?

Sin lugar a dudas, este proceso electoral tiene sus propias particularidades: lo han llamado el más importante de la historia contemporánea de México, se enmarca en el voto de castigo y en una crisis de partidos, y más aún la debacle de los partidos tradicionales, situación que ha capitalizado el Movimiento de Regeneración Nacional; sin embargo, también resalta, por mucho, la posible alternancia de la cabeza del Poder Ejecutivo en la figura de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de esta enorme y trascendente situación, hay en estas elecciones otras circunstancias, no menos importantes, que parece que no se les considera tan relevantes. Me refiero a las elecciones no presidenciales, que son muchísimas, tanto en el ámbito federal como en el local. De acuerdo con el Mapa Electoral del INE, habrá elecciones locales en 32 entidades federativas; en nueve de ellas se van a elegir gobernadores y en otras se renuevan congresos locales y ayuntamientos. Lo anterior suma más de tres mil 400 posiciones de elección popular, pero, insisto, la mayor preocupación recae en quien va a ocupar la Presidencia de la República.

¿Por qué deberíamos tener mucho más interés en las elecciones no presidenciales? Es una pregunta que se contesta con muchos elementos, entre ellos, algunos de la historia reciente de nuestro país. Sin embargo, piense el lector por un momento en lo siguiente: ¿con qué autoridades tiene mas contacto?, ¿con las del gobierno federal (presidente)? o ¿con las del nivel local (gobernadores y alcaldes)? Cuando salga de su casa hágase la pregunta: ¿a quién se le debe todo el malestar que está en el entorno al momento de caer en uno de los millones de baches, en la policía que lo extorsiona, en las oficinas del Ministerio Público, en las que hacen todo lo posible por no trabajar, en el ambulantaje desmedido y sin control sanitario, en la autorización de los nuevo edificios, el cambio del uso de suelo, la “mordida” en los trámites vehiculares —incluidas la verificación y tenencias—, las típicas inundaciones atípicas, la basura, la poda indiscriminada en los árboles, la desaparición de parques, el uso infame de recursos para damnificados del temblor en cuestiones electorales, la vialidad y movilidad, el Metro y el transporte público, incluida la incivilidad de los “microbuseros” y un enorme etcétera? En todos estos casos, tan impertinentes y molestos para la ciudadanía, el presidente de la República no tiene competencia. En la mayor parte de nuestra vida, las relaciones con entidades públicas se llevan a cabo con los regímenes locales de gobierno.

Sin restarle importancia a la elección presidencial, los mexicanos debemos investigar, informarnos, discutir, comentar sobre los perfiles que están en juego en nuestra comunidad, es decir, los aspirantes a alguno de los escaños del ámbito local

México viene de una larga tradición de imposición de la figura del presidente de la República sobre todas las instituciones del país. Una de las obras clásicas de Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, analiza la concentración del poder que tenía esta figura a partir de las facultades constitucionales y metaconstitucionales; sin duda, eso ya no tiene la misma vigencia. Lo explico: no vivíamos bajo un régimen presidencial, sino “presidencialista”, es decir, radicalmente presidencial. Por ejemplo, en 1982, López Portillo nacionalizó la banca, devaluó la moneda y creó un escenario inflacionario que marcó la crisis de toda una generación; a partir de estos episodios de él y otros presidentes, llenos de abuso y concentración de poder, en un proceso de varias décadas se ha venido desmantelando la institución del presidente, fortaleciendo a los poderes Judicial y Legislativo, pero también restando atribuciones como la función electoral (INE) —que estuvo en la Secretaría de Gobernación—, la política monetaria con el Banco de México (autónomo), la CNDH, el INAI, el Inegi, la Cofece, el Ifetel. Ahora sigue quitarle las funciones de la PGR y del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual dejaría jurídica e institucionalmente disminuido el campo de acción del primer mandatario.

Este proceso de “adelgazamiento”, con sus aciertos y desaciertos, cambió el rumbo del país, pero no la percepción de los ciudadanos sobre la figura del presidente. Aún se cree que el gran Tlatoani puede resolver todos los problemas y, sin duda, ya no es así. Debemos subrayar que si bien en el plano federal quedó atenuado el Poder Ejecutivo, no fue así en la órbita local, esto es, los gobernadores son como fue el presidente antes de que se le quitaran facultades: a ellos nadie los ha desmantelado; en muchos casos, los gobernadores están por encima de los poderes locales y son capaces de provocar un caos económico, político y/o social. Ahí la causa de la mutación de varias instituciones que antes fueron federales, ahora nacionales, esto es, con la intención de crear frenos en el poder público local, dado que no existen, o son débiles, en este ámbito. Vean el escenario: la mayoría de los homicidios en el contexto de estas elecciones corresponden al orden local. En el campo periodístico no hay tanta peligrosidad al evidenciar corrupción en el gobierno federal, pero señalar las tropelías del gobierno local es una actividad ultrarriesgosa. Es mas peligroso para un periodista criticar a un alcalde que al mismo presidente. Si existiera colaboración y cooperación de los gobiernos locales con las instituciones federales, no tendríamos a los militares como policías; el poder se ha disipado.

El consejo: en las elecciones, cuidado con el pequeño sátrapa. Sin restarle importancia a la elección presidencial, los mexicanos debemos investigar, informarnos, discutir, comentar sobre los perfiles que están en juego en nuestra comunidad, es decir, los aspirantes a alguno de los escaños del ámbito local. En todo lo que se emprenda en la vida hay que tomar decisiones, las cuales serán más atinadas en función de la información que tengamos al respecto. En las elecciones sucede exactamente lo mismo, por eso considero que nuestra democracia va a posicionarse cuando se oriente a partir del voto informado. Hay esfuerzos al respecto. Invito al lector a investigar quiénes son los candidatos que participan en su entorno inmediato. La UNAM y otras instituciones han creado una plataforma para conocer a los candidatos, hagan uso de ella y ejerzan su derecho a ser representados: http://votoinformado2018.unam.mx/.

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Equidad en las contribuciones

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Las condiciones económicas y sociales en que se encuentra el país exigen considerar la revisión del marco regulatorio de funciones del Estado, que permitan la transición hacia un Estado de derecho que garantice las expectativas de cambio que exigen las y los ciudadanos…

En la segunda semana de julio, en reunión con los diputados y senadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia —integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, los que conformarán una mayoría en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión—, Andrés Manuel López Obrador presentó algunas prioridades legislativas para el gobierno federal 2018-2024. Temas de los que destacan la ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes; el Artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República; la creación de la Secretaría de Seguridad Pública; considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; modificar o revocar leyes de la Reforma Educativa, eliminar duplicidades en la administración pública, entre otras.

Las condiciones económicas y sociales en que se encuentra el país exigen considerar la revisión del marco regulatorio de funciones del Estado, que permitan la transición hacia un Estado de derecho que garantice las expectativas de cambio que exigen las y los ciudadanos, quienes, a través de su participación abierta y decidida, rompieron todos los esquemas de compra y coacción del voto aportando

una diferencia entre los candidatos a la Presidencia, lo cual no permitió duda alguna del triunfo inobjetable de Andrés Manuel López Obrador.

Activar una economía nacional con miras a combatir la desigualdad y extrema pobreza en la que viven millones de mexicanas y mexicanos exige necesariamente la revisión del sistema fiscal. Si bien existe el compromiso de no aumentar impuestos, es necesario revisar el sistema fiscal para efecto de evitar la evasión y la elusión de estos, así como terminar con el secreto fiscal y correr el velo para transparentar los ingresos del Estado que obtiene a través de impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras y derechos, atendiendo al principio constitucional de proporcionalidad.

Si bien existe el compromiso de no aumentar impuestos, es necesario revisar el sistema fiscal para efecto de evitar la evasión y la elusión de estos, así como terminar con el secreto fiscal y correr el velo para transparentar los ingresos del Estado que obtiene a través de impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras y derechos, atendiendo al principio constitucional de proporcionalidad

“El impuesto requiere ser proporcional y esa proporción, para ser justa, se fundará, en primer término, en el Ingreso del contribuyente, punto de partido para aquilatar su capacidad contributiva y poder significarse que si aquel obtiene mayores Ingresos, más alto tendrá que ser el impuesto que llegará o satisfacerse, correspondiendo al legislador y a su obra inmediata, esto es, la ley, fijará esa proporción…”.1

Consecuentemente, los legisladores estarán obligados a revisar el sistema para determinar los créditos fiscales y la ejecución o cobro de los mismos, con el objeto de evitar cualquier desvío en la determinación de los ingresos del Estado, ello en razón de la necesidad de evitar privilegios o ganancias indebidas.

Un ejemplo: en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación dio cuenta de la cancelación y condonación de créditos fiscales en el ejercicio de 2007, señalando la improcedencia de la condonación de multas y recargos por un monto de mil 123 millones 614 mil pesos. Obligaciones fiscales derivadas de la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta por parte de solo cinco empresas. Opacidad que solo puede combatirse a partir de la transparencia de la información fiscal que genera el Estado en el ejercicio de la recaudación de impuestos. Misma transparencia debe impulsarse en el resto de conceptos de ingresos del Estado, como las aportaciones de seguridad social (IMSS-ISSSTE), derechos (empresas mineras y petroleras), con lo cual se podrá cumplir con el principio de proporcionalidad en los impuestos de los mexicanos, mismo que deberá atender a la eliminación del secreto fiscal.

En ese sentido, la transparencia fiscal deberá estar acompañada de la revisión de atribuciones y competencias de cada una de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, modificando los regímenes procesales (el contenido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas) y cambiar el procedimiento contencioso administrativo a uno de plena jurisdicción.

La transparencia y máxima publicidad en la determinación y ejecución de créditos fiscales y obligaciones de contribución, sin lugar a dudas, serán la base para la creación de un Estado de derecho para el combate a la desigualdad y pobreza nacional.

También será relevante la revisión de las leyes vinculados al crimen de lesa humanidad relativa a la desaparición forzada, agravio para miles de mexicanos. El reto no es menor, es necesaria la actuación autónoma de la función legislativa en un sistema gubernamental con pesos y contrapesos.

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