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La Fepade rumbo al 1º de julio

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.. cientos de miles de servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipal estarán prestando sus servicios para que cada persona pueda ejercer su derecho soberano a elegir a los gobernantes desde sus preferencias y en libertad. En el despliegue ministerial de justicia penal electoral participarán los agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF) y de la Policía Federal Ministerial (PFM) en las 32 entidades, en coordinación con autoridades locales y federales, en especial con procuradurías y secretarías de seguridad pública, así como con policías municipales…

Las instituciones del Estado mexicano —de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes públicos— participan y son responsables del desarrollo de las elecciones en condiciones de institucionalidad democrática, gobernabilidad, seguridad, paz y estabilidad social, así como en el marco de un clima que abone al debate cívico de la diversidad política.

En ese contexto se inscriben las acciones que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), desarrolla para acercar la función del Ministerio Público especializado a la ciudadanía antes, durante y después de la jornada electoral. Con esta estrategia se tendrá presencia y capacidad operativa en las 32 entidades del país para brindar atención inmediata ante denuncias en materia penal electoral, inhibir los delitos y abonar a las condiciones de confianza pública en la elección.

El despliegue ministerial es posible con la articulación de capacidades de instancias federales, estatales y municipales en las materias electoral, de seguridad, de justicia y de gobierno. Por ello se articulan las acciones de la Policía Federal, el Instituto Nacional Electoral (INE), los tribunales electorales y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las 32 entidades, así como gobernadores; fiscales o procuradores estatales y fiscales especializados en delitos electorales; policías estatales y municipales, y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina Armada de México (Semar).

La coordinación interinstitucional permitirá dar vigencia a la responsabilidad del Estado con la legalidad y la legitimidad de la elección. La protagonista de esta elección es la ciudadanía. Que cada persona vote en libertad y bajo sus preferencias es un acto de afirmación de la soberanía popular…

Se trata una acción concertada en todo el territorio para brindar certeza y confianza a la ciudadanía, y de acciones especializadas en materia de justicia penal electoral para contribuir a la legalidad y legitimidad de la jornada electoral. Para ello, cientos de miles de servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipal estarán prestando sus servicios para que cada persona pueda ejercer su derecho soberano a elegir a los gobernantes desde sus preferencias y en libertad.


En el despliegue ministerial de justicia penal electoral participarán los agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF) y de la Policía Federal Ministerial (PFM) en las 32 entidades, en coordinación con autoridades locales y federales, en especial con procuradurías y secretarías de seguridad pública, así como con policías municipales. De igual forma, el estado de fuerza de la Policía Federal Ministerial de la PGR se reportará en funciones en las delegaciones y subdelegaciones estatales para atender cualquier eventualidad, y la Policía Federal desplegará elementos para acompañar estas labores.

La coordinación interinstitucional permitirá dar vigencia a la responsabilidad del Estado con la legalidad y la legitimidad de la elección. La protagonista de esta elección es la ciudadanía. Que cada persona vote en libertad y bajo sus preferencias es un acto de afirmación de la soberanía popular; es ahí donde inicia y se recrea toda democracia posible: en el voto libre de coacción y condicionamientos.

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Equidad en las contribuciones

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Tenorio, equidad, 61 KB

Las condiciones económicas y sociales en que se encuentra el país exigen considerar la revisión del marco regulatorio de funciones del Estado, que permitan la transición hacia un Estado de derecho que garantice las expectativas de cambio que exigen las y los ciudadanos…

En la segunda semana de julio, en reunión con los diputados y senadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia —integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, los que conformarán una mayoría en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión—, Andrés Manuel López Obrador presentó algunas prioridades legislativas para el gobierno federal 2018-2024. Temas de los que destacan la ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes; el Artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República; la creación de la Secretaría de Seguridad Pública; considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; modificar o revocar leyes de la Reforma Educativa, eliminar duplicidades en la administración pública, entre otras.

Las condiciones económicas y sociales en que se encuentra el país exigen considerar la revisión del marco regulatorio de funciones del Estado, que permitan la transición hacia un Estado de derecho que garantice las expectativas de cambio que exigen las y los ciudadanos, quienes, a través de su participación abierta y decidida, rompieron todos los esquemas de compra y coacción del voto aportando

una diferencia entre los candidatos a la Presidencia, lo cual no permitió duda alguna del triunfo inobjetable de Andrés Manuel López Obrador.

Activar una economía nacional con miras a combatir la desigualdad y extrema pobreza en la que viven millones de mexicanas y mexicanos exige necesariamente la revisión del sistema fiscal. Si bien existe el compromiso de no aumentar impuestos, es necesario revisar el sistema fiscal para efecto de evitar la evasión y la elusión de estos, así como terminar con el secreto fiscal y correr el velo para transparentar los ingresos del Estado que obtiene a través de impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras y derechos, atendiendo al principio constitucional de proporcionalidad.

Si bien existe el compromiso de no aumentar impuestos, es necesario revisar el sistema fiscal para efecto de evitar la evasión y la elusión de estos, así como terminar con el secreto fiscal y correr el velo para transparentar los ingresos del Estado que obtiene a través de impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras y derechos, atendiendo al principio constitucional de proporcionalidad

“El impuesto requiere ser proporcional y esa proporción, para ser justa, se fundará, en primer término, en el Ingreso del contribuyente, punto de partido para aquilatar su capacidad contributiva y poder significarse que si aquel obtiene mayores Ingresos, más alto tendrá que ser el impuesto que llegará o satisfacerse, correspondiendo al legislador y a su obra inmediata, esto es, la ley, fijará esa proporción…”.1

Consecuentemente, los legisladores estarán obligados a revisar el sistema para determinar los créditos fiscales y la ejecución o cobro de los mismos, con el objeto de evitar cualquier desvío en la determinación de los ingresos del Estado, ello en razón de la necesidad de evitar privilegios o ganancias indebidas.

Un ejemplo: en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación dio cuenta de la cancelación y condonación de créditos fiscales en el ejercicio de 2007, señalando la improcedencia de la condonación de multas y recargos por un monto de mil 123 millones 614 mil pesos. Obligaciones fiscales derivadas de la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta por parte de solo cinco empresas. Opacidad que solo puede combatirse a partir de la transparencia de la información fiscal que genera el Estado en el ejercicio de la recaudación de impuestos. Misma transparencia debe impulsarse en el resto de conceptos de ingresos del Estado, como las aportaciones de seguridad social (IMSS-ISSSTE), derechos (empresas mineras y petroleras), con lo cual se podrá cumplir con el principio de proporcionalidad en los impuestos de los mexicanos, mismo que deberá atender a la eliminación del secreto fiscal.

En ese sentido, la transparencia fiscal deberá estar acompañada de la revisión de atribuciones y competencias de cada una de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, modificando los regímenes procesales (el contenido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas) y cambiar el procedimiento contencioso administrativo a uno de plena jurisdicción.

La transparencia y máxima publicidad en la determinación y ejecución de créditos fiscales y obligaciones de contribución, sin lugar a dudas, serán la base para la creación de un Estado de derecho para el combate a la desigualdad y pobreza nacional.

También será relevante la revisión de las leyes vinculados al crimen de lesa humanidad relativa a la desaparición forzada, agravio para miles de mexicanos. El reto no es menor, es necesaria la actuación autónoma de la función legislativa en un sistema gubernamental con pesos y contrapesos.

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