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La Fepade rumbo al 1º de julio

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.. cientos de miles de servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipal estarán prestando sus servicios para que cada persona pueda ejercer su derecho soberano a elegir a los gobernantes desde sus preferencias y en libertad. En el despliegue ministerial de justicia penal electoral participarán los agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF) y de la Policía Federal Ministerial (PFM) en las 32 entidades, en coordinación con autoridades locales y federales, en especial con procuradurías y secretarías de seguridad pública, así como con policías municipales…

Las instituciones del Estado mexicano —de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes públicos— participan y son responsables del desarrollo de las elecciones en condiciones de institucionalidad democrática, gobernabilidad, seguridad, paz y estabilidad social, así como en el marco de un clima que abone al debate cívico de la diversidad política.

En ese contexto se inscriben las acciones que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), desarrolla para acercar la función del Ministerio Público especializado a la ciudadanía antes, durante y después de la jornada electoral. Con esta estrategia se tendrá presencia y capacidad operativa en las 32 entidades del país para brindar atención inmediata ante denuncias en materia penal electoral, inhibir los delitos y abonar a las condiciones de confianza pública en la elección.

El despliegue ministerial es posible con la articulación de capacidades de instancias federales, estatales y municipales en las materias electoral, de seguridad, de justicia y de gobierno. Por ello se articulan las acciones de la Policía Federal, el Instituto Nacional Electoral (INE), los tribunales electorales y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las 32 entidades, así como gobernadores; fiscales o procuradores estatales y fiscales especializados en delitos electorales; policías estatales y municipales, y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina Armada de México (Semar).

La coordinación interinstitucional permitirá dar vigencia a la responsabilidad del Estado con la legalidad y la legitimidad de la elección. La protagonista de esta elección es la ciudadanía. Que cada persona vote en libertad y bajo sus preferencias es un acto de afirmación de la soberanía popular…

Se trata una acción concertada en todo el territorio para brindar certeza y confianza a la ciudadanía, y de acciones especializadas en materia de justicia penal electoral para contribuir a la legalidad y legitimidad de la jornada electoral. Para ello, cientos de miles de servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipal estarán prestando sus servicios para que cada persona pueda ejercer su derecho soberano a elegir a los gobernantes desde sus preferencias y en libertad.


En el despliegue ministerial de justicia penal electoral participarán los agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF) y de la Policía Federal Ministerial (PFM) en las 32 entidades, en coordinación con autoridades locales y federales, en especial con procuradurías y secretarías de seguridad pública, así como con policías municipales. De igual forma, el estado de fuerza de la Policía Federal Ministerial de la PGR se reportará en funciones en las delegaciones y subdelegaciones estatales para atender cualquier eventualidad, y la Policía Federal desplegará elementos para acompañar estas labores.

La coordinación interinstitucional permitirá dar vigencia a la responsabilidad del Estado con la legalidad y la legitimidad de la elección. La protagonista de esta elección es la ciudadanía. Que cada persona vote en libertad y bajo sus preferencias es un acto de afirmación de la soberanía popular; es ahí donde inicia y se recrea toda democracia posible: en el voto libre de coacción y condicionamientos.

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Esta es la edición que antecede al 1 de julio. Con anterioridad, en estas mismas páginas, hemos ofrecido a nuestros lectores información que, de un modo u otro, impulsa a tomar una decisión razonada.

A unos días de celebrarse la elección presidencial, prácticamente, toda la información que circula, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales, gira entorno a que “este arroz ya se coció”.

Hay indicios de que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ganará la Presidencia de la República. La mayoría de las encuestas le dan al tabasqueño una amplísima ventaja, aparentemente irremontable para sus adversarios. Los números son irrefutables, dicen.

Aunado a ello, hemos visto a algunos sectores congraciarse con López Obrador. Aquellos empresarios que se enfrascaron en una pelea de declaraciones con el candidato, hoy divulgan que la relación entre ellos es de lo más tersa.

Sí, hay señales que indican que AMLO tiene allanado el camino hacia Palacio Nacional, y no existe fuerza política que le detenga.

Si bien existen números que permiten pensar en la victoria de Andrés Manuel, es justo también precisar que del dicho al hecho hay un enorme trecho; y será el 1 de julio la fecha en la que, de una vez por todas, se sabrá quien presidirá el Poder Ejecutivo de este país.

Pero, gane quien gane, debe persistir un ambiente de unidad, México lo necesita. De ahí que salten varias dudas. ¿Todos los candidatos estarían dispuestos a aceptar la derrota? De perder, ¿quién de los cuatro estaría dispuesto a formar parte de un gobierno de coalición encabezado por alguno de sus contendientes? De ganar, ¿el próximo presidente estaría dispuesto a impulsar un diálogo con el resto de los partidos?

Pensar que una sola persona puede cambiar a todo un país es ingenuo. No nos confundamos.

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