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AMLO o EPN: ¿Quién soltó a Elba Esther Gordillo?

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Las dudas son inevitables, sobre todo cuando la polémica es sinónimo de una figura como Elba Esther Gordillo, quien pese haber pasado más de cinco años “fuera” de la arena política, sigue vigente. Sin embargo hoy seguimos ávidos por preguntar: ¿quién la dejó salir? Aunque quizá más interesados deberíamos estar en saber ¿para qué la dejaron en libertad?

| Santiago I. Soriano Condado

Elba Esther Gordillo fue detenida en 2013 y era, para bien o para mal, el primer “gran golpe” de autoridad durante el aún novel gobierno de Enrique Peña Nieto.

En aquel momento no faltaron las acusaciones de “gatopardismo” o quienes compararon el caso de Elba Esther Gordillo con el de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, quien en vida fue líder sindical de los trabajadores de Pemex y cuyo poderío se vino abajo cuando se le acusó de acopio de armas y homicidio en 1989. Sí, justo cuando también arrancaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Las similitudes con lo que más tarde se conocería popularmente como “El Quinazo”, eran evidentes pero también había marcadas diferencias que, aunque aparentemente nimias, en realidad dicen más de lo que parece.

Elba Esther Gordillo, al igual que Hernández Galicia, amasó gran poder bajo el cobijo priista, pero a diferencia del petrolero, ella supo “mutar” al panismo y sobrevivió a la primer gran debacle tricolor en el 2000, cuando los blanquiazules se instalaron en Los Pinos por 12 años.

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“La Quina”, afirman historiadores contemporáneos, cometió el “error” de respaldar a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1988, además de haber amagado con instaurar una huelga en Pemex, si el presidente se obstinaba en privatizar a la entonces paraestatal. Esto le habría valido casi 10 años en la cárcel, por no haber sabido ser aliado de Salinas.

Durante el auge del “Elbazo” –es decir cuando se le detuvo en el aeropuerto de Toluca el 23 de febrero de 2013, acusada de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero– resurgió la sombra del “Quinazo”, que no es más que un golpe de autoridad por parte de un gobierno –el de Peña Nieto– ante hechos como la corrupción (encarnados en Gordillo), pero sin que esto sea necesariamente muestra de efectividad o legitime al Estado de Derecho.

Hoy, a cinco años de distancia, ya con Elba Esther Gordillo liberada y en la antesala de una transición de gobierno, hay que recordar lo declarado en 2013 por el doctor en Ciencia Política, René Torres Ruiz, académico de la Universidad Iberoamericana, quien calificó este tipo de detenciones como “un acto de cobrarse cuentas o de tratar de eliminar del escenario político nacional a políticos que pudieran ser incómodos para el (entonces) nuevo régimen”.

La enemistad repentina

Durante su etapa como gobernador del Estado de México e incluso en la antesala de la candidatura presidencial, ver a Enrique Peña Nieto junto a Elba Esther no era algo fuera de lo común. En realidad, se antojaba difícil que Gordillo Morales, quien durante décadas lideró al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fuera elegida como ese golpe al arranque de su gobierno como una muestra de las buenas intenciones contra la corrupción.

Pero sucedió. La Procuraduría General de la República, que al comienzo de la gestión peñanietista estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam, armó un caso en donde se describía una red encabezada por Elba Esther, que a los ojos de la mirada pública parecía creíble y hasta obvio, dado el fastuoso estilo de vida que llevaba como lideresa magisterial.

Se hablaba de venganza y de traición. Pero todo apuntaba hacia una razón más bien política: la reforma educativa. El gobierno que hoy vive sus últimos días, comenzaba entonces una cruzada, no en pos de las buenas causas, sino en búsqueda de erradicar del SNTE el cacicazgo de Gordillo para no tener una oposición política de gran peso en la elaboración e implementación de dicha legislación.

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A días de su detención, en el marco de su cumpleaños 68, Elba Esther demandó “una reforma a fondo del sistema educativo”, pero advirtiendo que esta no fuera fruto de la negociación entre partidos. Antes, desde luego, dijo que los maestros, su gremio, eran “amigos” del presidente Peña Nieto, pero que no permitirían que se pusiera en riesgo “su permanencia” en las aulas.

“Exigimos respeten nuestros derechos. Evaluar no es amenazar. Evaluar no es decir: si no cumples te vas”, sentenció durante un acto del SNTE, para luego insistir en que “evaluar es ver dónde están nuestras deficiencias para atacarlas, para ir todos juntos: gobierno, maestros y sociedad, a revisar esos conflictos”.

Aquel día, quizá premonitoria, tal vez sabiendo lo que estaba por suceder, arengó a la multitud asegurando que ella se iría “cuando los maestros quieran” que esto sucediera.

“Ni amenazas, ni nada, me van a intimidar. Para morir nací”, dijo ese día, el mismo en que dejó entrever su disgusto con lo que probablemente terminó llevándola a perder su libertad por más de cinco años.

Unas semanas después, la PGR la detuvo. El presidente Peña Nieto daba un mensaje en cadena nacional. La educación pública perdía, al menos en el acto, a su enemigo público número uno. Las batallas legales apenas empezaban.

"López Obrador LIBERÓ a Elba Esther GORDILLO" 🙄

¡FUE AMLO EL QUE SOLTÓ A ELBA ESTHER! 🧓🏽¡NO, FUE PEÑA NIETO EL QUE LA LIBERÓ! 🧑🏻Pues NADIE TIENE RAZÓN… Aquí LES CONTAMOS quién fue el que PUSO EN LIBERTAD A ELBA ESTHER. 😮😨😨😨

Posted by Reporte Nivel Uno on Friday, August 10, 2018

El ofrecimiento de 2006

Pero ¿en qué momento ingresa el nombre de Andrés Manuel López Obrador en la novela protagonizada por “la maestra” Gordillo”?

Era 2006. El país acaba de vivir uno de los episodios electorales más álgidos y turbulentos de su historia democrática, donde AMLO y Felipe Calderón protagonizaron una pelea encarnizada por los votos antes, durante y después de la jornada de julio.

La historia acabó como ya sabemos, lo que obligó a López Obrador a seguir su camino, el mismo que finalmente terminó por llevarlo a la presidencia en 2018. Tras el conflicto y el acomodo político que puso en la antesala de un segundo intento por llegar a la máxima magistratura del país, el tabasqueño reveló que Elba lo buscó en su primera oportunidad.

“Quería la cacique sindical, Elba Esther Gordillo, llegar a un acuerdo conmigo y le dije que no, porque queremos llegar, pero con nuestra integridad y con nuestros principios, no dejando trozos de dignidad en el camino. Si hubiera aceptado ese encuentro con Elba Esther, no podría estar hablando con ustedes”, dijo Andrés Manuel en 2011, durante un acto público en el municipio de Nicolás Romero en el Estado de México.

La oferta de Gordillo era simple: operar a su favor durante al proceso electoral de 2006, que terminó perdiendo por menos del uno por ciento frente al panista Felipe Calderón. Quizá el haber dicho que sí, habría significado ganar la presidencia desde el primer intento.

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Ese mismo año, el previo a la elección que lo enfrentó con Peña Nieto y Vázquez Mota en la boleta electoral, acusó a la lideresa sindical de ser parte de la “mafia del poder”. “(Felipe Calderón) está pensando en Elba Esther (como candidata a la presidencia en 2012), ya ve que ella le ayudó en el fraude electoral; creo que en ella está pensando, no dudo que sea la candidata de Calderón. Ella o cualquier otro que sea de la mafia del poder”, sentenció el hoy presidente electo.

Más tarde, en declaraciones dadas a El País, Elba Esther aseguró que AMLO mentía; “el señor miente, el señor perdió, no hay más, Miente. Lo único que puedo decir es que miente (…) si el señor tiene pruebas, que las presente”, dijo.

Años más tarde, ya con Gordillo encarcelada y enfrentando varias acusaciones, vino la elección de 2017, donde el poderío de Morena comenzaba a hacerse notar en una entidad compleja en la que se estuvo cerca de arrebatar el poder al PRI: el Estado de México.

La candidata de AMLO a la gubernatura mexiquense fue la maestra Delfina Gómez, quien entonces se ganó el apoyo de Fernando González y Rafael Ochoa, nombres allegados al SNTE y a Elba Esther en su momento, lo que provocó que iniciaran las sospechas de una alianza o apoyo por parte del magisterio a favor del movimiento lopezobradorista.

Al respecto, Andrés Manuel atajó en su momento: “no tengo alianza con Elba Esther Gordillo, no sigan calumniando”. Posterior a ello, afirmó que no haría “leña del árbol caído”, pero le pidió que diera “una explicación” por su presunta participación en el fraude electoral de 2006 a favor de Calderón.

“Es indispensable que la maestra Elba Esther Gordillo informe sobre su participación en el fraude electoral en el 2006 para imponer a Felipe Calderón causando un enorme daño al pueblo y a la nación”, exigió AMLO.

A finales de 2017, volvió a deslindarse de Gordillo, haciendo énfasis en que ella estaba “retirada y en una situación delicada”, en referencia más idónea para su estado de salud, que a su situación legal. Pero llegó 2018. Un vínculo se hizo innegable.

Las benditas redes sociales

El año de la decisión presidencial comenzó evidenciando, si bien no una alianza, sí un acercamiento entre el movimiento de AMLO y personajes por demás cercanos a Elba.

El 22 de enero, René Fujiwara, nieto de Elba Esther, dejó de lado a Nueva Alianza y anunció su apoyo al proyecto de López Obrador como aspirante presidencial, mediante el Movimiento Redes Sociales Progresistas Magisteriales (RSP). Para el 10 de febrero, el propio AMLO firmó un convenio con el movimiento RSP, el cual está encabezado por Fujiwara, Fernando González y Rafael Ochoa.

Ese mismo mes, la PGR denunció que Elba Esther Gordillo hizo de su prisión domiciliaria, una “oficina de despacho”, haciendo que un juez le prohibiera establecer comunicación telefónica o electrónica con personas que no fueran autorizadas judicialmente, restringiéndole también las visitas, pues era evidente que estaba en plena operación de algún tipo.

Pero ¿quiénes son Fujiwara, González y Ochoa del RSP? René Fujiwara, su nieto consentido y uno de los activos jóvenes de Nueva Alianza desde su fundación, fue uno de los primeros en denunciar abiertamente lo que para él son ataques en contra de su familia y su abuela.

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En tanto, Fernando González es yerno de Elba Esther, pues está casado con Maricruz Montelongo, madre de René. Tras la muerte de Mónica Arriola, hija menor de la exlideresa, tomó mayor relevancia en su círculo. Una muestra de su escalada fue 2006, cuando de ser maestro rural, llegó hasta la subsecretaria de Educación Básica, consecuencia de los pactos políticos de Elba Esther con Felipe Calderón.

Finalmente, Rafael Ochoa es uno de los personajes más incondicionales de Gordillo; un compañero de lucha. El 2006 fue otro año que marcó su vínculo con ella, pues cuando el PRI la expulsó por sus conflictos con Roberto Madrazo, él se fue del tricolor por solidaridad. Además, se desempeñó como secretario general del SNTE, aunque luego fue sustituido por Juan Díaz de la Torre, actual dirigente del magisterio. Hoy es el principal operador político de este gremio, principalmente a través del RSP.

Sin embargo, los nexos con Elba Esther por parte de estos tres personajes y su apoyo a AMLO, fue meramente individual, al menos a ojos del futuro titular de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien aseguró que no existe ningún pacto, ni tampoco alguna consideración por su apoyo.

Como una coincidencia quedará que, tras su contundente triunfo, López Obrador refirió en más de una ocasión lo indispensables que fueron “las benditas redes sociales” en su movimiento.

Entonces ¿quién la liberó?

La de Elba Esther Gordillo no fue una liberación al vapor. Desde mayo de 2017, su abogado, Marco Antonio del Toro, dijo públicamente que esperaba la libertad de su defendida. Lo declaró justo después de que la PGR no pudiera demostrar la culpabilidad de la acusada en ninguno de los delitos que se le imputaron. Para diciembre, se le concedió la prisión domiciliaria.

Ocho meses después se le notificó que estaba absuelta y podía quedar en libertad luego de cinco años y cinco meses en prisión. La sospecha comenzó por el día en que esto ocurrió: el 8 de agosto, justo el mismo día en que AMLO era declarado presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Pero para erradicar suspicacias, se tiene que revisar el paso a paso del caso Elba Esther, que en cinco años se fue desmoronando, lo que hace que la teoría del pacto AMLO-Elba Esther no encaje del todo, como sí lo hace la de que la detención de “la maestra” fue más un asunto político que una auténtica batalla contra la corrupción.

¿Cómo fue?

Tras pasar mil 988 días sin libertad, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México, terminó por completo con el proceso final en contra de Elba Esther Gordillo.

Pero el caso comenzó a desmoronarse casi desde el principio, cuando Murillo Karam afirmó que los delitos de Gordillo se realizaron entre 2008 y 2011, mediante transferencias bancarias en donde se depositaron recursos del SNTE a personas físicas y una empresa a nombre de la mamá de “la maestra”. Desde entonces, el abogado Del Toro, a través de recursos y amparos, consiguió las pequeñas victorias de Elba Esther, como el ser internada en el hospital de Tepepan y su posterior arresto domiciliario con motivo de su edad.

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Fuentes cercanas al caso informaron, bajo el anonimato, que el magistrado consideró que no hubo pruebas ni indicios que demostraran que la exlideresa sindical fuera responsable de los delitos de los que fue acusada.

Otra fuente más, coincidió en que la PGR no fue capaz de demostrar de manera sólida, contundente y fehaciente de que tenía pruebas de tales hechos, lo que al final de cuentas se tradujo en la libertad de Elba Esther.

¿La fiscalía fracasó? Probablemente. ¿Los alcances de este derrota judicial son más políticos que otra cosa? Todo apunta a que sí. ¿Quién soltó, pues, a Elba Esther? El propio sistema, que puede tener cualquier nombre y apellido.

ssc

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Salud: el otro gran reto de López Obrador

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En tiempos de algidez por el debate que provocan los hidrocarburos en México, pocos se han puesto a revisar lo ambicioso del plan de salud que presentó el presidente López Obrador; no es poca cosa pues, entre lo mucho que hay que mejorar, prometió que el sistema de salud nacional será, en dos años, equiparable con el de Canadá.

| Santiago I. Soriano Condado

El reto es mayúsculo y el propio presidente así lo ha calificado. No obstante, la vara que se ha puesto es hacer de México un país a la altura de Canadá en cuestiones de salud.

De acuerdo con un ranking realizado por investigadores de la Universidad John Hopkins, son tres los países que, basándose en los promedios de la OCDE, más gastan pér cápita en dar salud a sus habitantes.

El estudio presentó que, para 2016, los Estados Unidos (el número 1 de la lista) gastaron 9 mil 892 dólares por cada uno de sus habitantes para solventar su salud; en segundo sitio aparece Suiza con 8 mil 72 dólares y en tercer puesto está la ambición de Andrés Manuel López Obrador: Canadá, con un gasto de 3 mil 590 dólares, es decir poco menos de 70 mil pesos.

Hablando de presupuesto, esto equivale a desembolsar 8 billones 959 mil 959 millones 999 mil pesos para darle salud gratuita a 129 millones de mexicano, es decir un 35 por ciento del PIB actual de México, que es de 1.3 billones de dólares (más de 25 billones de pesos).

La realidad es que, desde 2013, el presupuesto destinado a la salud en México ha ido disminuyendo de acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del país; para este 2019, el presupuesto de AMLO contempla destinar 2.48 por ciento del PIB a dicho rubro.

En 2013 se destinó 2.86 por ciento del PIB para tal fin; en 2016 la cifra cayó al 2.67 por ciento y en 2018 se disminuyó al 2.5 por ciento; en 2019 la tendencia se ha mantenido. Canadá dedica el 11.3 por ciento de su PIB (más grande, es cierto, que el de México), a otorgarle salud a sus ciudadanos.

Hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno de los puntos medulares de la Seguridad Social -y el plan del presidente López Obrador-, en 2018 su presupuesto destinó 4 mil 290 pesos por usuario, mientras que para 2019 serán 4 mil 16 pesos.

Al menos en los números, muy lejos de lo que se invierte en Canadá, lo cual obedecería con la consigna repetida en varias ocasiones por el mandatario: hacer más con menos. Mucho menos.

“Bienestar para toda la vida”

Así se llama el plan que presentó el presidente desde Morelia, Michoacán, donde se establecieron ya las oficinas centrales  del IMSS.

EN VIVO: AMLO inaugura oficinas del IMSS en Morelia

#AHORA | El presidente AMLO presenta el #PlanIMSS desde Morelia, Michoacán.

Posted by Reporte Nivel Uno on Thursday, January 3, 2019

Los desafíos, dijo, se centran en términos de cobertura, calidad y educación de la salud; cada uno de ellos se extiende en seis objetivos prioritarios:

  1. Extender la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social haciéndolo incluyente para que todas las personas accedan a sistemas contributivos.
  2. Incrementar la educación y fomentar la prevención de la salud e integrar las operaciones del IMSS con otras entidades públicas encargadas de la salud pública
  3. Incrementar el número de unidades de prevención, atención y hospitalización, especialmente en regiones marginadas
  4. Fomentar la transparencia de los recursos destinados a la salud pública y hacer uso eficiente de ellos
  5. Mejorar la calidad, seguridad y efectividad del sistema integral de salud pública
  6. Generar mecanismos de interacción del IMSS con otros sectores o instituciones públicas que promuevan la cultura y educación para la salud

Independientemente de estos puntos, de acuerdo con el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud que realizó el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los retos más importantes de la salud en México son cuatro.

  1. Mejorar la accesibilidad física y económica de los servicios de salud
  2. Aumentar la infraestructura en instituciones de salud, en especial en regiones rurales
  3. Fomentar la educación para la salud
  4. Mejorar la calidad y efectividad de los servicios médicos

El propio López Obrador adelantó que el nuevo Sistema de Salud Pública arrancará primero en ocho estados del sureste: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se va a suscribir un convenio con los estados para que la federación se haga cargo del sistema de salud, esto significa que se utilizará un fondo especial de salud para incrementar recursos y nada más en estos estados es por alrededor de 25 mil millones de pesos con el objetivo de que haya médicos, que la atención médica sea gratuita y se entreguen medicamentos también de manera gratuita y que no falten”  

-Andrés Manuel López Obrador

También aseguró que “hay un presupuesto de alrededor de 90 mil millones de pesos para la compra de medicinas, de equipos, y sin embargo, no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales. Es gravísimo lo que está sucediendo. No hay atención a la gente. Por eso, con urgencia, vamos a rescatar el sistema de salud a nivel nacional”.

Así, cada seis meses, ocho estados se incorporarán hasta finalizar en dos años con el arranque total del nuevo sistema de salud nacional.

El acceso y el dinero

Cifras del Coneval indican que en México, aproximadamente, unos cinco millones de personas tienen un nivel muy bajo o inexistente de acceso a salud pública, consecuencia de que viven en comunidades aisladas o que están cerca de carreteras.

A esto se suma que dos de cada 100 mexicanos tendrían que invertir hasta más de dos horas en llegar al hospital más cercano en caso de tener alguna emergencia; esto contrasta con los 35 minutos de promedio nacional que tardaría cualquier otro en llegar a alguna institución pública de salud.

Sin embargo, si hablamos de hospitales el tiempo promedio se eleva considerablemente: hasta 53 minutos. Pero si se trata de una consulta médica con algún doctor de farmacia el tiempo es de 22 minutos para llegar a cualquiera.

Pero sin lugar a dudas, otro de los grandes obstáculos para que el sector se desarrolle cabalmente es lo ineficiente que el sistema se ha vuelto para hacer que los recursos sean útiles.

En 2016, las familias mexicanas gastaron más del 40 por ciento de sus recursos en atender su salud; es decir que 4 de 10 pesos que se gastaron en dicho rubro ya sea por servicios o productos, provino del dinero de los mexicanos y no de las instituciones públicas.

Hasta el día de hoy, México invierte menos recursos para la salud que países como Chile, Letonia, Turquía, Corea del Sur, Israel, Polonia, Lituania y Estonia.

Los recursos físicos y humanos

Nuevamente las zonas rurales de México son el gran desafío. Es ahí donde mayor complejidad representa el tema de infraestructura y servicios, pues un 97.7 por ciento de los hospitales están asentados en espacios urbanos, lo que hace que dichas regiones concentren apenas un cinco por ciento de centros para hospitalización.

Asimismo, en suma, unidades del IMSS y del Seguro Popular representan el 24.6 por ciento del total de unidades, pues el resto son instituciones privadas. Ese pequeño porcentaje da atención a 99 millones de personas, según el Coneval.

Hablando de nivel de camas de hospital, por cada mil habitantes de todos los países que conforman la OCDE, México se encuentra solamente por debajo de la India: 1.5 camas por cada mil mexicanos.

A todo esto se suma que los hospitales carecen a veces de lo elemental… y de recursos humanos. Los datos son duros: en México hay 0.88 médicos generales por cada mil mexicanos; si se habla de especialistas la tasa es aún menor: 0.71 por cada mil.

Los tiempos de espera y la calidad

Para conocer qué tan seguro es que los pacientes sean atendidos, un indicador de gran relevancia es el tiempo de espera en las salas de urgencia.

Hasta 2017, el promedio a nivel nacional que un paciente tarda en ser atendido es de 30 minutos. Aunque si hablamos solamente de esperar en el IMSS, este sube hasta 51 minutos, de acuerdo con el Coneval.

Un indicador más de la calidad son los casos de negligencia médica que se identifican en el sector público.

Por ejemplo, sobre tasas de mortalidad en México tras algún evento cerebrovascular, estas reflejan que podría darse insuficiente atención de seguimiento para los pacientes. Por cada 100 hospitalizados, se dieron 19.2 muertes.

Sobre la tasa de mortalidad tras 30 días de haber padecido un infarto agudo al miocardio, la tasa más alta entre los países de la OCDE fue la de México, con 28.2 muertes por cada 100 hospitalizaciones.

La educación también es un asunto que necesita pronta atención, pues el impacto de las campañas de prevención para la salud han sido poco efectivas, especialmente si se habla de promover una alimentación sana y la activación física.

México es un país con sobrepeso y obesidad, factores que impactan directamente en el desarrollo de diabetes, enfermedad que ha incrementado considerablemente en los últimos años.

Por cada 100 mil mexicanos, 368 la padecen; viéndolo así no parece tan abrumador, pero actualmente es la segunda causa de muerte a nivel nacional. Su costo de atención, por consecuencia, también es alto.

El ISSSTE y la austeridad

La austeridad republicana que enarbola el presidente López Obrador también jugará su papel en el sector salud, especialmente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Tras la eliminación del seguro de gastos médicos mayores para los funcionarios federales, entre organismos autónomos y los tres poderes, se esperan ahorros de hasta 5 mil millones de pesos, según pronosticó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Pero a ello también se abre otra cuestión: la demanda del ISSSTE aumentará. Antes de tal medida, 3 millones 850 mil familias eran atendidas, las cuales equivalen a 13 millones de derechohabientes.

De acuerdo con el director general del instituto, Luis Antonio Ramírez, hay capacidad para recibir a 2 millones de nuevos derechohabientes, los cuales se quedaron sin la cobertura privada de gastos mayores.

Seguramente la mayoría de los altos mandos buscarán mantener sus seguros (los cuales también eran extensivos para sus familias) y pagarlos de sus bolsillos; tal situación también abre un boquete para el sector asegurador del país, lo cual también acaba siendo un gasto mayor para el Estado.

El titular de la Condusef, Mario di Costanzo calculó que el costo promedio de la prima que el gobierno federal pagaba para asegurar a sus directivos era de mil 300 pesos. Ahora atenderse en el ISSSTE le costará 11 veces más a la administración de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en los casos de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.

De esta forma el ahorro de la austeridad, acabará siendo de muy corto alcance y convirtiéndose a largo plazo en un gasto innecesario que pudo haberse evitado.

Los hospitales sin acabar

Otro punto que deberá atenderse para hacer funcionar el nuevo Sistema Nacional de Salud es el hallazgo hecho por la Secretaría de Salud: al menos 250 unidades médicas, clínicas, centros de salud y hospitales están abandonados o construidos a medias.

Fue Jorge Alcocer, el titular de la dependencia, quien aseguró que estos “son escandalosos monumentos de la incompetencia, la corrupción y el tráfico de influencias.

El mismo secretario destacó esto como parte de un problema “que está costando la vida a muchos mexicanos y provocando sufrimiento innecesario”, a la vez de advertir que la situación se agrava si se observa especialmente los estados del sureste, dada la acentuada pobreza que ahí existe.

La duda central: ¿alcanzará el dinero?

Los expertos en la materia dudan que México tenga los recursos necesarios para el rescate del sector salud, pese a que los incrementos presupuestales con López Obrador serán una realidad, aunque ínfimos si se toma en cuenta la pérdida del valor adquisitivo, especialmente una inflación estimada del 4.72 por ciento.

En el Presupuesto de Egresos 2019, cada sistema de salud (IMSS, ISSSTE, y los órganos que ofrecen tales servicios como las Fuerzas Armadas y Pemex), tuvieron un aumento en sus arcas del 1.7 por ciento respecto al año pasado.

En total, sus presupuestos suman 601 mil 332.5 millones de pesos, cuando en 2017 era de 591 mil 168.4 mdp.
Por otra parte, el ramo 12, que se destina para el rubro de la salud tiene un presupuesto asignado de 123 mil 209 mdp para 2019, que equivale a un aumento del 0.1 por ciento respecto a 2018, cuando fue de 121 mil 34.8 mdp. Sin embargo, en términos reales, la cifra será 3.7 por ciento menor este año.

El presidente López Obrador confía en que sí alcanzará para el plan que deja atrás 30 años de descentralización.

ssc

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