Conecte con nosotros

Opinión

El sistema electoral funciona a la perfección…

Publicado

“¿Por qué ahora el sistema electoral ha funcionado a la perfección? Porque los candidatos perdedores fueron obsequiosos al conceder la victoria. Ante el contundente nivel de votación obtenido por el primer lugar, no había mucho que alegar.”

Contrario a lo que muchos han opinado y analizado a partir de la reforma electoral de 2014, el sistema nacional electoral funciona y lo hace muy bien, quienes pugnamos por una nueva reforma lo hacemos convencidos que la autoridad administrativa precisa regresar a un diseño básico y más sencillo, el de organizador de elecciones.

Todas y cada una de las facultades que lo perfilan como impartidor de justicia, administrador del modelo de comunicación política o punto de partida de los órganos públicos locales electorales, francamente en poco abonan.

A ello se suman otros temas: el presidencialismo como modelo político, la segunda vuelta, la concesión de la victoria como mecanismo de gobernabilidad y, sin duda, el voto electrónico y la paridad de género, que parecen haber sido superados, pero no implica que no deban resguardarse y nutrirse para hacer de ellos la norma y no la excepción.

No han sido pocos los que han apostado por transformar el sistema presidencial en uno parlamentario, tal parece que no es necesario; sin embargo, para llegar a ello fue obligatorio reconocer que como ciudadanos estamos obligados a participar, a institucionalizar la derrota y a dar cauce formal al hartazgo vía la creación de nuevos partidos políticos, algunos más exitosos que otros.

Los gobiernos divididos tan laureados por algunos resultaron ser un mecanismo poco idóneo para la construcción de políticas públicas, para la toma de decisiones, para la construcción de acuerdos y para la agenda nacional, siempre un gobierno con mayoría será más eficiente para alcanzar sus propios objetivos, desafortunadamente haber menguado a tal nivel la oposición legislativa implicará siempre una tentación autoritaria.

“La legitimidad política no solo es un asunto matemático como se ha querido establecer en el discurso público, también es una respuesta de las fuerzas políticas perdedoras que ceden la presión, que retroceden, para que el ganador pueda transitar de la forma más tersa hacia la planeación y el inicio de su gobierno.”

Cobra ahora mayor importancia el poder judicial en todas sus vertientes, serán ellos los nuevos fieles de la balanza, no así los grupos empresariales quienes antaño se habían posicionado como eficientes grupos de presión; sin embargo, tal parece que se encuentran divididos y muchos de ellos abiertamente ya han claudicado.

El nivel de votos obtenido por el presidente electo ha sido tal que respecto a la segunda vuelta y la insistencia de los ahora opositores que pensaban desbarrancar al futuro jefe del ejecutivo en un ejercicio así, ahora se antoja inútil. Es probable –aunque no seguro– que la ciudadanía lo hubiese elegido a el y a quién obtuvo el segundo lugar, incluso la segunda votación hubiese sido todavía más contundente y violentamente aplastante. México no necesita segundas vueltas, necesita ciudadanos que crean en la democracia y parece que ha sucedido.

¿Por qué ahora el sistema electoral ha funcionado a la perfección? Porque los candidatos perdedores fueron obsequiosos al conceder la victoria. Ante el contundente nivel de votación obtenido por el primer lugar, no había mucho que alegar.

Las reformas electorales habían sido insuficientes hasta ahora porque el actual ganador y su principal grupo político nunca fueron generosos al reconocer la derrota y el triunfo ajeno, al contrario, diezmaron los mecanismos electorales formales, cuestionaron la imparcialidad del árbitro, abusaron del modelo de comunicación política y de mecanismos paralegales para el financiamiento de sus actividades de campaña.

La legitimidad política no solo es un asunto matemático como se ha querido establecer en el discurso público, también es una respuesta de las fuerzas políticas perdedoras que ceden la presión, que retroceden, para que el ganador pueda transitar de la forma más tersa hacia la planeación y el inicio de su gobierno.

En 2000 fue el presidente en turno el que atajó dicha situación, pues ni el partido ni el candidato perdedor parecían tener muchos deseos de hacerlo. En 2006 no hubo poder humano para darle un soplo de legitimidad al ganador, la mínima diferencia matemática fue convertida en un injusto discurso de fraude y robo. En 2012 se cuestionó al triunfador, pero no a tal magnitud, la diferencia había sido si no aplastante sí mayor.

Hoy, quienes han ganado no se enfrentaron a tal situación, lo que empíricamente arroja que las decisiones democráticas “deben” estar revestidas no solo de prudencia política por

parte de ganadores y perdedores independientemente del resultado, sino de una “buena” actitud democrática por parte de la ciudadanía, “buen humor social” le llaman algunos.

Ahora bien, elecciones tan complicadas, tan grandes, con un árbitro electoral que es capaz de apostar todo por dar un resultado rápido y certero en búsqueda de la paz social, nos llevará probablemente a adoptar el voto electrónico a mediano plazo, con los pros y los contras que dicho tema conlleva.

Contrario al discurso necio pero políticamente correcto del algunos consejeros electorales, bajo el actual modelo de escrutinio y cómputo, los partidos políticos tenían y tienen el derecho de ir al reconteo, pues un distrito ganado, una diputación más, un presidente municipal extra, abona a su posición de opositores ante una votación adversa tan contundente, probablemente daremos ese paso como ciudadanía y como país, siempre con el deseo de que la vía democrática que da el triunfo también puede quitarlo y no debe ser cancelada.

Es momento de regresar a lo básico…

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

Publicado

el

SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

Seguir leyendo
Anuncios

Revista Digital

 width=

Anuncios

Política

Anuncios

CDMX

Anuncios

Tienes que leer