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De la PGR a la Fiscalía General: algunas implicaciones jurídicas

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Uno de los temas que ocupan un lugar preponderante en la agenda política nacional desde hace tiempo –al menos desde 2008 que comenzó el proceso de reforma al sistema de justicia– es el relativo a la conversión de la Procuraduría General de La República (PGR) en “Fiscalía General” y su esperada –por muchos– autonomía jurídico funcional. Vale mencionar que este asunto, que desde la campaña electoral está entre los previstos en la agenda del próximo ejecutivo federal, no es un asunto menor; tiene un buen número de aristas que deben de apreciarse en toda su amplitud y profundidad, primordialmente en materia jurídica y constitucional. En esta ocasión me referiré de manera tangencial y enunciativa solo a algunas de las más importantes:

Dentro de la estrategia transicional, es de la mayor relevancia separar del tema político de la designación del titular lo que es el delicado proceso de reingeniería institucional, tan necesario para lograr tanto la eficiencia del paradigma jurídico constitucional vigente y su nuevo sistema de justicia, como para evolucionar el modelo anterior de la hasta ahora PGR al nuevo requerido de una Fiscalía General que entre otros tiene el gran reto de integrar además otros organismos de alta relevancia para la gobernanza de nuestro país, como las fiscalías anticorrupción y la electoral.

Ante todo, debe tenerse en cuenta que la procuración de justicia es un elemento imprescindible de todo sistema integral de seguridad y justicia, junto con las actividades de policía preventiva, administración de justicia y penitenciaria y el hasta ahora tan olvidado tema de la reinserción social, enfoque sistémico que debería por fin ser aplicado por la nueva administración federal, ya que las anteriores lo han mantenido en el mero terreno de la retórica. Con base en lo anterior, el proceso de conversión de la PGR a Fiscalía General deberá prever una revisión seria de la situación que guardan los procesos internos de procuración de justicia y, con visión estratégica, dimensionar los recursos que requiere la nueva institución para hacer frente a sus retos actuales y futuros, así como los mecanismos de coordinación intra e interinstitucional vitales para su eficiencia y eficacia operativa.

“Es evidente que por la naturaleza de sus atribuciones el nuevo Fiscal General requerirá de una verdadera autonomía de decisión y acción respecto del presidente de la República, pero no se aprecia hasta el momento voluntad política para que así suceda en la realidad”

El plan estratégico para la transición deberá desarrollarse de forma armónica con los términos de la reforma, y comprender necesariamente el diseño de una nueva estructura orgánica y funcional, tarea técnica administrativa que deberá ser congruente con los retos y expectativas institucionales, así como a los planes programas y acciones específicas requeridos para su atención. En este ámbito faltará hacer y, sobre todo, mantener actualizados los manuales generales de organización, procedimientos y servicios al público, de lo cual –hay que decirlo– se ha carecido en términos reales hasta ahora.

En paralelo y por cuerda separada, la transición deberá abordar y resolver el delicado asunto de la designación del titular y sus demás funcionarios, que se ha convertido en una cabeza de turco que exige ser desenmarañada de una vez por todas. Todo indica que al menos por el momento no habrá necesidad de reformar el artículo 102 de la Constitución de la República (Creación de la Fiscalía General y desaparición de la PGR); sin embargo, habrá que poner en vigencia la aún pendiente ley orgánica del mismo, ordenamiento que debería prever con especial énfasis temas como la mencionada actualización permanente de la estructura orgánica y funcional y el reglamento interior; la creación de un Consejo Consultivo de la Fiscalía y de un Consejo ciudadano que se conciba como mecanismo de participación directa de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con políticas, planes y programas, con su respectiva ponderación previa y evaluación una vez operados, con lo que se generen condiciones para conseguir la recuperación de la confianza ente los actores y sujetos involucrados dentro y fuera de la institución.

Todo parece indicar que no habrá el denominado “pase automático” de todo el personal de PGR a fiscalía. La transición implica forzosamente un proceso paulatino de depuración, que deberá estar acompañado de acciones jurídicas que lo fundamenten y den garantías al personal. Al mismo tiempo, para su consolidación y sustentabilidad de la nueva plantilla, deberá diseñarse y ponerse en operación un servicio de carrera que tendrá que ir acompañado de un soporte jurídico administrativo que permita la reestructuración en serio de plazas, puestos, salarios, prestaciones, equipamiento y acciones de formación, capacitación y actualización permanentes.

En cuanto al nombramiento del titular y otros funcionarios relevantes de la nueva fiscalía, cabe decir que es el aspecto que mantiene mayor opacidad; su manoseo e incluso enlodamiento en la instrumentación de las disposiciones constitucionales, han llevado a un estancamiento que hace, entre otras cosas, que la PGR carezca de titular hasta ahora, lo cual es verdaderamente inaceptable teniendo en cuenta que todo Estado debe garantizar la integridad y seguridad jurídica de la población y, más allá de la mera aplicación a la letra de la ley, dar Justicia, que es lo que exige el nuevo sistema.

Es evidente que por la naturaleza de sus atribuciones el nuevo Fiscal General requerirá de una verdadera autonomía de decisión y acción respecto del presidente de la República, pero no se aprecia hasta el momento voluntad política para que así suceda en la realidad. En todo caso, el tema es por demás delicado, sobre todo si se tiene en consideración que se prevé que sea el Fiscal General ya no el Senado, quien a partir de ahora tenga la responsabilidad de nombrar a los fiscales anticorrupción y electoral. Lo cierto es que esto sigue sin quedarle muy claro a la ciudadanía a partir de las declaraciones hechas recientemente por el presidente electo, mismas que incluso han llegado a caer en contradicción con las de quien se supone estará a cargo del gobierno interior desde la Secretaría de Gobernación.

En la misma tesitura, algo que ha sido poco abordado por propios y extraños es lo referente al marco de autonomía o libertad de acción de los servidores públicos con cargos directivos hacia adentro de la dependencia (vicefiscales, titulares de unidades especializadas en investigación y persecución del delito, servicios periciales, entre otros), para que puedan convertir en actos concretos los principios de imparcialidad interna, flexibilidad de nombramiento, actualización de estructuras, creación, extinción de órganos, independencia de investigadores, entre otros tópicos que iremos abordando en entregas posteriores.

Todo lo anterior nos hace ver que el proceso de transición que debe llevar a la PGR a convertirse en Fiscalía General de la República ha rebasado por mucho la retórica electoral que debe ya quedar atrás, y que el reto ahora consiste en avocarse a su análisis transversal, multidisciplinario, minucioso y responsable por parte de la próxima administración, la ciudadanía y los medios.

Opinión

Anarquía: lo opuesto al caos

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Jorge Albarrán, 70 KB, Anarquía
Reporte Nivel Uno

Pocas situaciones pueden ejemplificar con mayor claridad una auténtica anarquía como la organización ciudadana que se dio tras el sismo de la Ciudad de México. El anarquismo es una doctrina política que implica organizarse.

Dentro del viaje por las caóticas redes del pensamiento que ideó James Joyce en ese extraño libro llamado “Ulises”, durante el juicio a Leopoldo Bloom, el Guardia Segundo lo condena y aterrado  cuchichea: “Y de negro. Un anarquista“.

Con la aguda sátira que caracteriza la obra del irlandés, se vuelve visible el terror que provoca el concepto anarquía. La idea de un mundo sin reglas parece quemar en la complejidad de eso que llaman una buena moral; y luego, con el tiempo, se tergiversó el término hasta el punto que hay quienes consideran que el tenebroso atentado en contra de la comunidad musulmana en Nueva Zelanda del pasado 15 de marzo es un “acto anárquico”… ¡Habrase visto insolencia!, diría Mercedes Sosa.

En México, desde hace algunos años, todos aquellos que violentan cualquier manifestación social son, de inmediato, catalogados como anarquistas. Los que queman metrobuses, ¡anarquistas!; los que grafitean el patrimonio público, ¡anarquistas!; los grupos de choque que se enfrentan contra policías en medio de protestas pacíficas, ¡violentos radicales anarquistas!… ¿Y los que se organizaron sin necesidad de una forzada estructura jerárquica durante el sismo del 19 de septiembre?, esos no, esos no son anarquistas, porque vivimos en un mundo maniqueo donde los anarquistas son los malos y la gente del 19S son los buenos y pues no tienen nada que ver.

Pero, en realidad, pocas situaciones pueden ejemplificar con mayor claridad una auténtica anarquía como la organización ciudadana que se dio tras el sismo de la Ciudad de México. El anarquismo es una doctrina política que implica organizarse. Como movimiento intelectual surge en Europa, durante la segunda mitad del Siglo XIX, bajo la tutela de unos pensadores viejitos, medio calvos y muy barbones, como Pierre-Joseph Proudhon, Mijaíl Bakunin y Piotr Kropotkin, por mencionar algunos.

Quienes fundamentaron sus ideas en otra corriente conocida como materialismo histórico, la cual implicaba la ruptura definitiva con el cristianismo medieval y permitía entender que todas las personas estaban condicionadas por su entorno social (una cosa muy básica que también dio mucho miedo cuando la llamaron marxismo), y desde esta trinchera proclamaron que el ser humano tiene la capacidad de vivir en una sociedad armónica sin la necesidad de que alguien le imponga una autoridad. “Ni dios ni amo”, consignaron… y el mundo se estremeció y los condenó.

Sin amos, sin naciones y sin jerarquías hegemónicas, deja de tener sentido que se armen hasta los dientes en el nombre de la paz, deja de tener sentido que el beneficio de uno implique la miseria de otros… tal vez por eso la palabra da tanto miedo, porque la idea que encierra imposibilita que se cometan muchas de las atrocidades que al día de hoy seguimos viendo tan normales.

Una sociedad anárquica imposibilita la existencia de la trata de blancas que alimenta las lucrativas redes de prostitución; cancela la explotación laboral asiática y las guerrillas africanas en pro del consumo tecnológico occidental; el deterioro ambiental y la supremacía del hombre sobre la mujer.

A menor escala, en los vaivenes de la vida diaria, el anarquismo no se trata de sembrar el caos, vestir de negro y andar por la calle escuchando sonidos guturales; en realidad, es más cercano a la necesidad de buscarnos para aprender a organizarnos, reconocer nuestro rol como individuos en medio de una comunidad y desde ahí cumplir con nuestra responsabilidad en beneficio propio y del colectivo. Ser un anarquista se refiere a la compleja tarea de saludar a los vecinos, de tolerar a los otros, de tirar la basura en su lugar, ceder el paso, respetar una fila, un horario o un cajón de estacionamiento, en otras palabras, negar todo lo relacionado con la “picaresca mexicana”.

Una mera utopía tal vez, una forma de organización que se aleja con la eminente proliferación de los discursos de odio que comienzan desde la seguridad que da el estar detrás de una pantalla y explotan en las formas más cruentas de violencia, producto de la incapacidad de poder respetarnos o de menos tolerarnos.

Es en este mundo que no deja de hacer patente su forma más cruel, que algunos de estos viejos conceptos, con una esencia tan linda, deben volver a ponerse sobre la mesa, tal vez no para adecuarlos a la compleja estructura social que hemos construido, porque tal vez también los arruinaríamos y terminaría por volver a hacerse presente la necesidad humana de despreciar al Otro.

Aunque, al final, no perdemos nada con agregar a nuestras vidas una pizca de anarquía, puede que así dejemos de matarnos tanto.

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