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EPN ya no quiere ser un presidente con cortesanos traidores

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“Casa Blanca, corrupción, Ayotzinapa, fueron temas sobre los que Peña Nieto no se guardó ninguna respuesta. Por comprometedoras o acusatorias que fueran estas”

El presidente Enrique Peña Nieto ofreció en la semana pasada entrevistas a los principales comunicadores de las frecuencias electrónicas mexicanas.

El mandatario se vio suelto a la hora de responder a preguntas que antes le censuraban sus “amigos cercanos” por considerarlas inconvenientes.

A Ciro Gómez Leyva le comentó que el tren México-Toluca no se terminaría hasta dentro de dos años. Además, le dijo que no fue su baja popularidad durante las elecciones lo que influyó en la derrota del PRI.

Simplemente el invento de Videgaray, José Antonio Meade, no funcionó.

Casa Blanca, corrupción, Ayotzinapa, fueron temas sobre los que Peña Nieto no se guardó ninguna respuesta. Por comprometedoras o acusatorias que fueran estas.

Pidió disculpas a los que pudo haber ofendido.

Pocos saben que 15 antes día antes de tomar posesión como presidente de la república, Peña Nieto se instaló discretamente en una residencia que consiguió Luis Miranda.

Allí revisaron el proyecto final de gabinete.

Mirando, discreto y solidario como siempre, le habría dicho secamente a su amigo: Presidente, creo que hay mucha gente de Montiel y de Videgary en el gabinete.

Creo que deberías repartir las posiciones de una manera más geopolítica. Unos del centro del país. Otro del sur-sureste y unos más de las regiones fronterizas y de occidente.

Efectivamente, Peña Nieto llegó a la antesala de la presidencia en el 2012 acompañado solo por un amigo muy cercano y confiable: Luis Miranda Nava, pero el reparto de las posiciones ya se había negociado.

A Peña Nieto le fueron “sugeridos” colaboradores por tres influyentes personajes: Arturo Montiel, que promovió a Emilio Chuayffet; Alfonso Navarrete Prida y Gerardo Ruíz Esparza. Luis Videgaray que llevó a Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Ildefonso Guajardo, Emilio Lozoya y a Eduardo Sánchez.

Carlos Salinas apadrinó a Rosario Robles y a los hidalguenses Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong.

Luis Miranda tuvo que apechugar que había llegado tarde a exponer sus opiniones sobre el gabinete a su amigo y doble compadre, Enrique Peña Nieto, inminente presidente de México.

Los hechos demostrarían a Peña Nieto que su amigo leal, Luis Miranda, tenía razón.

En julio de 2016 Andrés Manuel López Obrador dijo a Ciro Gómez Leyva:

Aquí, las mejores frases:

–Me echan la culpa de todo, sería el colmo que ahora yo esté en contra de la transparencia y a favor de la corrupción.

–No pienso que todo el que tiene es malvado, mi lucha es contra la corrupción.

–Vamos a tener en el 18 la mejor organización ciudadana. Y por supuesto que la tuvo.

–No soy corrupto, me pueden llamar Peje pero no lagarto, que quede claro.

–Justicia, no venganza.

–No perseguiría nadie. Pero el presidente electo ha dicho que habría en algunos casos perdón pero no olvido.

–Quienes la deben, deberán pagarla.

Hoy están entre los más viables encarcelables Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya y Rosario Robles.

“Efectivamente, Peña Nieto llegó a la antesala de la presidencia en el 2012 acompañado solo por un amigo muy cercano y confiable: Luis Miranda Nava, pero el reparto de las posiciones ya se había negociado”

La función que cumplió Lozoya Austin en su tortuosa relación con el Caso Odebrecht, se considera la de un simple mensajero de una negociación que se concibió y operó en otras latitudes y por otros personajes.

Hoy fue notorio que ninguno de esos grupos estuvo cerca de Peña Nieto a la hora de responder a sus entrevistadores.

Lo han dejado solo desde la noche del 1 de julio. Así es la política en México.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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