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La oposición de Morena ¿existe realmente?

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Con un Congreso de la Unión pintado de guinda, la pregunta inevitable es ¿quién va a (o al menos lo intentará) parar a Morena? Pese a que los partidos llamados a ser oposición son franca minoría, tienen entre sus filas nombres que invitan a pensar en una probable fracción capaz de meterle freno a la agenda del partido (y aliados) de AMLO.

| Santiago I. Soriano Condado

Los números son claros: de los 628 legisladores que conforman la Cámara de Diputados (500) y el Senado de la República (128), la coalición Juntos haremos historia (Morena, PT y Encuentro Social) controlará más del 60 por ciento del Congreso de la Unión durante la LXIV Legislatura.

Contra los 191 diputados que Morena tendrá en San Lázaro (más 61 del PT y 56 del PES; 308 en total)), la oposición que están llamados a representar el PAN, PRI y PRD apenas suman, con todo y aliados, 192 escaños.

En el Senado, la historia no es distinta. De los 69 legisladores federales de Juntos haremos historia (55 de Morena; ocho del PES y seis del PT), entre el PAN (más PRD y MC) y el PRI (con todo y el PVEM y Nueva Alianza), alcanzan apenas 59 curules.

Visto así, no hay mucho que hacer para plantarle cara a un grupo legislativo destinado a dominar plácidamente a favor del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien en distintas ocasiones, al igual que la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, ha advertido que su partido no se comportará como una mayoría aplastante o un tipo de aplanadora incapaz de escuchar consensos.

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Pero esos son buenos deseos y no algo más, mientras los hechos no comiencen a aparecer en ambas cámaras legislativas. De eso están conscientes en los tres partidos políticos que restan para aspirar a ser un contrapeso para el nuevo ciclo gubernamental que está por arrancar en México.

Sin embargo, cada grupo tiene sus propios demonios y al interior viven sus propias batallas tras el histórico 1 de julio en que, más allá del triunfo de AMLO, sufrieron la que probablemente sea su derrota más dolorosa, no solo por el resultado, sino por la forma en que ocurrió.

Con todo y esto, el PAN (primera fuerza opositora, al menos en los números), y el PRI, junto a los aliados de ambos, el PRD, MC, PVEM y Nueva Alianza, han tenido que rehacerse para elegir cuáles serán sus agendas para tratar de recuperar los espacios perdidos ante un cataclismo con epicentro en Macuspana, Tabasco.

Al final de cuentas todo se resume en ¿cómo van a parar a Morena, si es que alguien puede hacerlo?

El anayismo sigue vivo

Al interior de Acción Nacional todavía no ha pasado por completo el espasmo del 1 de julio, día en que su candidato presidencial Ricardo Anaya, tuvo que salir a reconocer el triunfo de López Obrador.

Pero la configuración del legislativo los ha obligado a apresurar el paso y dejar para después el tan mencionado tema de la renovación de su dirigencia nacional, donde ya varios grupos (o tribus, al estilo perredista) comienzan a disputarse el control de la toma de decisiones blanquiazules.

Para esto, dos nombres aparecieron sobre la mesa, ambos ligados a Anaya Cortés, para coordinar a sus bancadas en las cámaras de Diputados y Senadores: Juan Carlos Romero Hicks y Damián Zepeda, respectivamente.

Romero Hicks, un exgobernador guanajuatense que previamente se había destapado para dirigir al PAN, no es precisamente un incondicional de Ricardo Anaya, pero tampoco es un férreo opositor como en su momento lo fueron Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth y Ernesto Cordero.

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Pese a su arraigado panismo (guanajuatense al final de cuentas), Romero Hicks no tuvo empacho en realizar campaña bajo los colores de su partido, los del PRD y de Movimiento Ciudadano, lo cual nunca habría ocurrido de no haber sido por su más reciente candidato presidencial.

En contraste, en el Senado, sí aparece un anayista declarado: Damián Zepeda Vidales, quien relevó al propio queretano en la dirigencia cuando se lanzó en su búsqueda por alcanzar la Residencia Oficial de Los Pinos.

Defensor e impulsor del frágil pensamiento de Anaya en el partido, el sonorense sobrevivió al vendaval que se esperaba tras la derrota del 1 de julio, dándole un tanque de oxígeno a su más grande promotor político.

Así pues, ambos personajes, Romero y Zepeda, tendrán la encomienda de solventar la agenda de Acción Nacional para la siguiente legislatura, basada en cinco puntos fundamentales:

1. Fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General autónoma e independiente.
2. Restablecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública y el Mando Policial Mixto.
3. Desarrollo económico para combatir la desigualdad.
4. Fortalecer facultades del Senado en política exterior.
5. Gobernabilidad y democracia.

Todos estos temas formaron parte de las propuestas hechas por Anaya Cortés durante su campaña presidencial, por lo que mientras la nueva dirigencia se elige, las puertas del PAN todavía guardan los restos de una carrera política que aún se aferra a no extinguirse. 

Los perredistas, entre ser o ya no ser

El PRD siempre va contracorriente. Acostumbrado a ser, desde hace varias elecciones una fuerza complementaria que requiere de negociaciones para tener cierto peso, durante la legislatura que recién empieza no será la excepción.

Luego de haberse aliado con el PAN, son varias ya las voces dentro del partido amarillo que hablan de una profunda renovación o, incluso, de la extinción del PRD para refundar un nuevo organismo político.

Paralelo a esto, se ha tenido que definir una agenda legislativa que habrá de ser guiada por los principales (y escasos) activos políticos con los que cuenta actualmente: Miguel Ángel Mancera y Juan Zepeda Hernández, como coordinador y vicecoordinador, respectivamente, de la bancada perredista en el Senado.

Uno, exjefe de gobierno de la Ciudad de México y el último que alcanzó dicha posición abanderado por el PRD desde 1997, y el otro, un carismático candidato que en 2017 sorprendió a propios y extraños en el Estado de México, cuando disputó la gubernatura a Alfredo del Mazo y Delfina Gómez.

Pese a haber sido candidateado por el PAN al Senado, Mancera fue nombrado coordinador del PRD por un acuerdo hecho en el Frente con el PAN y MC, con lo que tendrá que lidiar durante toda la legislatura, con una “mancha” de panismo en su historial.

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De acuerdo con el propio extitular del ejecutivo capitalino, la agenda perredista en el Senado se centrará en la mejora de la educación en México, las condiciones de la clase trabajadora, así como la reducción de la brecha de desigualdad, junto al impulso de oportunidades para el desarrollo económico sostenido.

Además, afirmó que esta buscará “la mejora también de los grupos en situación de vulnerabilidad, de los esquemas jurídicos y operativos para lograr una seguridad duradera en México, el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”.

Pero eso no es todo, también aseguró que trabajarán en la regulación de los gobiernos de coalición (como planteaba el Frente con Anaya como candidato), así como la revocación de mandato para el Presidente de la República, gobernadores y alcaldes, junto a la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, al igual que la eliminación del fuero constitucional, todo esto afín con la agenda morenista y la línea de gobierno planteada de inicio por López Obrador.

De esta forma, quizá el PRD más que un aliado u opositor, luchará por seguir siendo o simplemente navegar conforme las aguas más convenientes aparezcan en su cauce.

Grupo Hidalgo, al rescate del PRI de siempre

Después del 2000, año en que también perdieron la presidencia, los priistas no habían sufrido una derrota tan estrepitosa como la del pasado 1 de julio en todos los aspectos. Tercer lugar presidencial. Ninguna gubernatura de las nueve que disputaron. Quinta fuerza política en la Cámara de Diputados. Tercera en el Senado de la República. El PRI sufrió un fuerte descalabro, pero ha echado mano de dos figuras de altos vuelos para coordinar a sus bancadas en San Lázaro y el recinto del Senado de la República.

Una de las principales figuras emana del grupo Hidalgo, que encabeza el próximo coordinador de la pequeña bancada tricolor la Cámara Alta, Miguel Ángel Osorio Chong, exgobernador de dicha entidad y quien representa lo más tradicional del priismo actual.

El otro es René Juárez Cisneros, quien hará lo propio con los diputados y quien viene de haber dirigido al PRI tras la salida de Enrique Ochoa Reza en medio de una campaña sumida en el desastre como en su momento fue la de José Antonio Meade.

Juárez Cisneros fue parte del equipo más íntimo de Osorio cuando fue secretario de Gobernación y, además, quien hace décadas repuntó como político bajo el manto de José Francisco Ruiz Massieu, padre de quien hoy dirige al PRI, Claudia Ruiz Massieu y quien además cuenta con el respaldo de los cuadros más tradicionales del priismo.

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De esta forma, ambas figuras comenzaron a comportarse como oposición al menos mediáticamente, cada cual con sus particulares formas. Por un lado, Osorio Chong declaró abiertamente su inconformidad con crear una nueva Secretaría de Seguridad Pública, la cual desapareció y cuyas funciones se sumaron a la de Gobernación cuando él se encargaba de dicha dependencia en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además, afirmó hacerse responsable de dicha decisión, así como de advertir al gobierno de AMLO, que está por comenzar, que de nada servirá retomar dicha secretaría para el combate a la inseguridad en México.

René Juárez por su parte ha manifestado en distintas ocasiones que el PRI será una oposición sin cerrazón pero que tampoco será sumisa ante la mayoría abrumadora de Morena, asegurando que fijarán una postura crítica constructiva ante “todo aquello que lastime a los mexicanos”.

En términos de agenda, el PRI dio un viraje respecto a la de hace seis años, cuando los legisladores tricolores se enfocaron en la aprobación de las reformas estructurales de Peña Nieto. Hoy, en 2018, una derrota estrepitosa, después sus intenciones son esencialmente sociales. Los ejes prioritarios son la justicia social y la defensa de intereses de sectores vulnerables y marginados del país.

En su relación con el futuro gobierno, avisaron, los legisladores del PRI tendrán “total disposición al acuerdo en aquellos temas que beneficien a México, pero también habrá oposición, con la fuerza de la razón y de los argumentos, cuando se pretendan impulsar acciones que afecten al país”.

Desde San Lázaro, Juárez Cisneros destacó que los diputados habrán de impulsar la promoción de la pensión universal, el seguro del desempleo, la remuneración justa, así como la revisión del IVA y el ISR para la promoción de la inversión y el empleo.

Osorio Chong, mientras tanto, dijo que el trabajo legislativo de los senadores priistas se centrará en defender el federalismo, la protección de las economías familiar y nacional, así como la atención a problemas ambientalistas, la seguridad, así como el empoderamiento y la inclusión económica de la mujer.

Sin embargo, surge una duda con el PRI y esa es si aún contará con sus aliados, el Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Por un lado, el PVEM eligió como coordinador de sus senadores a Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas y cuya estrecha relación con AMLO es por demás sabida, la cual data desde que era niño, pues el tabasqueño ha sido siempre amigo cercano de su abuelo, Fernando Coello Pedrero, quien en algún momento declaró que su nieto respaldaba al hoy presidente electo.

Mientras tanto, en Nueva Alianza se atraviesa un proceso de posible liquidación al no alcanzar el porcentaje para retener el registro como partido político, tal y como sucedería con Encuentro Social.

A esto, se suma la liberación de Elba Esther Gordillo, su creadora y quien tras reaparecer públicamente, quizá trate de recuperar el control de lo que antes le pertenecía: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación(SNTE) y Nueva Alianza.

Así pues, la suma de estos nombres y agendas están llamadas a darle batalla legislativa a Morena. Toca esperar para ver si dan la pelea o terminan doblegados otra vez.

ssc

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Gobierno de AMLO dice adiós al efectivo para erradicar corrupción

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El presidente AMLO puso en la mesa la eliminación del efectivo ejerciendo como una estrategia para combatir la corrupción. La idea es simple: sin una persona como intermediaria en la entrega de los apoyos sociales, la posibilidad de un acto de corrupción se reduce radicalmente. De igual modo, la banca en México ha volteado a esta posibilidad y el proceso para disminuir el uso del dinero convencional parece estar más adelantado. ¿Será este el fin del efectivo en México?

A partir del 1 de abril arrancó el programa piloto del sistema de Cobro Digital (CoDi), el cual fue desarrollado por el Banco de México en asociación con la banca privada y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con miras a jubilar, de una vez por todas, el uso del efectivo.
Este sistema, el cual debe ser adoptado por to- dos los bancos operantes en el país con más de 3 mil cuentas en septiembre, contempla el uso del teléfono móvil para poder hacer cobros y pagos. Éste sistema no solo tiene como objetivo reducir el uso del efectivo, sino también llevar los servicios financieros a los mexicanos que históricamente han sido relegados de estos productos.

En un inicio, se pondrá en operación tres programas piloto con una duración entre tres y cuatro meses; en uno de ellos la Secretaría de Hacienda distribuirá por medio de la banca digital y el CoDi los apoyos de un programa social dirigido a jóvenes.

En la segunda etapa, impulsará el uso de esta plataforma en una ciudad con una población menor a 150 mil habitantes. En dicha urbe se buscará modificar la cultura financiera y se tomará como ejemplo para replicar el modelo en otros lugares, sobre todo aquellas localidades que tienen difícil acceso a los servicios financieros.

El periodo de prueba concluirá en una población muy pequeña en donde no exista sucursal bancaria. Ahí será la prueba final de esta tecnología de servicios financieros.

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¿Por qué AMLO impulsa no usar efectivo?

Siendo Andrés Manuel López Obrador presidente electo, dio a conocer cinco temas prioritarios a de- finir antes de iniciar su mandato y uno de ellos tenía que ver con los sistemas de pago “para dispersar los recursos económicos para los beneficiados de los programas sociales, donde no hay inclusión financiera o sucursales bancarias”.

Según datos oficiales, los programas sociales atendieron en el último año de Enrique Peña Nieto a más de 15 millones de personas con apoyos mensuales y bimensuales, para un total de 90.9 millones de transferencias que deben dispersarse en al menos 200 mil localidades.

En el gobierno del presidente López Obrador, la base de beneficiarios aumentará aproximadamente 25% con la adhesión de nuevos programas como “Jóvenes construyendo el futuro”, “Apoyo universal a adultos mayores y discapacitados” y “Un millón de hectáreas”.

En la administración pasada los apoyos se pagaban a través de 15 mil puntos de pago, de los cuales 5 mil son fijos y semifijos y 10,000 en puntos de pago en efectivo.

Son justo los puntos de pago en efectivo donde el presidente López Obrador puso su interés, dado que es en estos puntos donde se gestaba la mayor parte de la corrupción en la entrega de los apoyos a grupos vulnerables.

La entrega de apoyos de manera directa y electrónica contribuiría, en primer lugar, a combatir la corrupción; en segundo lugar, para reducir la evasión fiscal, así como los mercados informales y, finalmente, les permitiría combatir al crimen organizado en la medida en que podrían cerrarles el margen de acción con dinero en efectivo.

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