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Cambio y enojo

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“Siendo justos, el votante de MORENA optó por políticos antisistema como lo es Fernández Noroña, si este es rijoso, majadero o brutal, eso es ser un representante del antisistema, de ahí que la opinión pública se dividió ante los hechos”

Quienes tuvieron cuidado al observar la Sesión de Instalación del Congreso de la Unión del 1° de septiembre, probablemente percibieron la múltiple integración de los grupos parlamentarios, en especial la del Movimiento de Regeneración Nacional, entre las imágenes televisadas y las que la ciudadanía compartió a través de las redes sociales fue evidente uno de los tantos motivos por los cuales recibieron una votación tan abultada, la composición de sus candidaturas.

Los mal llamados partidos “tradicionales” apostaron por un reducido número de políticos profesionales, que al final –por obvias razones– solo fueron ellos quienes ganaron; un alto índice de espacios destinados a grupos tradicionales, familiares incluso; así como designaciones directas de los candidatos a la presidencia a favor de personas de sus mayores confianzas, pero carentes de arrastre territorial, mezcla perdedora desde que se probó en las elecciones estatales de 2016.

MORENA hizo justo lo que hacía el PRI hasta 2006, decidieron mezclar grupos caciquiles, ciudadanía de toda y políticos desdeñados por sus propios grupos políticos, ello los llevó a sumar indígenas, actores, periodistas, cantantes, empresarios, expriistas, expanistas, experredistas, significativos colectivos gays, maestros, expandilleros, ciudadanos insaculados y base morenista. Un partido catch all, una mezcla ganadora, extrañamente con poco arrastre territorial, pero con una gran representación de la sociedad en su conjunto.

Las críticas a los partidos “tradicionales” pueden ser válidas, pero el punto fino es que “dejaron de representar” y han pagado el precio caro, por cierto. Es un proceso cíclico que se cumple con algunos, olvida a otros por un tiempo, pero ninguno se libra de ello, es una de las tantas explicaciones del porqué un partido político puede perder el poder y recuperarlo con el paso del tiempo.

Los números obtenidos por el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados fueron obtenidos por fenómenos sociales difíciles de explicar, pero con una raíz real: enojo, cambio, desencanto, pesimismo y una campaña que remarcó hasta el cansancio todo lo antes dicho, curiosamente el presidente electo declaró que recibirá un país fuerte.

Todo político recién llegado a la arena del poder, siempre, tiene un encontronazo con la realidad y eventualmente se encontrará en una disyuntiva: o se mantiene o cambia, la nueva administración y sus integrantes del poder legislativo han decidido cambiar, paulatinamente, han descubierto que “en campaña, prometer no empobrece”, pero cumplir en el mundo real resulta y se antoja imposible de vez en cuando.

Hemos sido testigos de un desafortunado encontronazo entre el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, el diputado Porfirio Muñoz Ledo y su compañero de partido, también legislador, Gerardo Fernández Noroña.

Los dimes y diretes tomaron unos días, la pacificación final fue rápida y contundente; sin embargo, lo sucedido deja en claro lo que eventualmente podría suceder.

Siendo justos, el votante de MORENA optó por políticos antisistema como lo es Fernández Noroña, si este es rijoso, majadero o brutal, eso es ser un representante del antisistema, de ahí que la opinión pública se dividió ante los hechos. Muchos reprobaron la actitud, pero también muchos la aplaudieron, lo mismo le sucedió a Muñoz Ledo.

Lo único real es que estamos ante la primera disonancia política del sexenio, los votantes del presidente electo lo hicieron buscando el cambio, la famosa 4ª transformación; sin embargo, han recibido continuidad, lo cual por si misma es un reconocimiento que lo hecho por las administraciones anteriores está bien hecho.

MORENA, PES, PT y su nuevo aliado el PVEM, tienen los números para reformar prácticamente todo, vía reformas a leyes generales, pero no constitucional, sin embargo, no quieren, la realidad es más fuerte que ellos y tal parece que no se atreverán a hacer grandes cambios, es necesario subrayar que, los votantes eligieron lo contrario.

Ante la negación sistemática para cambiar lo que el electorado les mandató cambiar ¿Qué va a suceder con todos esos sufragios? ¿El electorado se endurecerá? ¿Cambiarán de opción?

Tal parece que la famosa 4ª transformación solo es una utopía…

 

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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