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La Cuarta Transformación y su impacto en el periodismo

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Llegó la hora de los medios, nos guste o no. De la nueva era política que protagoniza desde hace más de un mes AMLO, se puede decir todo y hasta dudar de ella, pero no cuando hablemos de los cambios que, más que venir, ya están ocurriendo en la industria informativa de todo el país.

| Santiago I. Soriano Condado

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, también hace su arribo un recorte del 50 por ciento, según palabras del propio tabasqueño, al presupuesto destinado a la publicidad oficial, lo cual, hasta ahora, ha desatado un efecto dominó.

Una serie de despidos múltiples en casas editoriales de todos los cortes, reajustes en directivas y el cese de articulistas de renombre, han hecho pensar que el periodismo en México vive una etapa de crisis, aunque en realidad es de reacomodo y ajuste.

No es secreto para nadie que una cantidad incalculable de “medios” ha nacido y sobrevivido bajo el patrocinio del gobierno federal, pues dependiendo enteramente de sus pautas, también cientos –por no decir miles– de periodistas han dependido de estos recursos.

Sin embargo, esto también ha representado un esquema de censura estructural pues, citando al propio The New York Times, “no te pago para que me critiques”.

Entre 2017 y 2018, la administración actual gastó 7 mil 91.39 millones de pesos en publicidad oficial. De esta forma, los 3 mil 527.39 mdp que se destinaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, en el primer año de López Obrador, serán “solamente” mil 763.695 mdp. ¿Esto realmente representa una crisis o una nueva oportunidad para los medios de comunicación?

La encrucijada

Reportes de fuentes al interior de otros medios le han confirmado a Reporte Nivel Uno que los movimientos en las grandes empresas editoriales están relacionados con los recortes que se esperan durante el próximo gobierno, más como una medida de prevención, que como una consigna gubernamental.

En el caso de Milenio, el movimiento directivo en el que Carlos Marín dejó la dirección editorial y general del diario, para convertirse en una especie de asesor de la presidencia, obedeció a que se oponía a recortar poco más de 200 plazas de periodistas del diario. Entonces, vino el cambio de lugar.

Reforma, uno de los medios de mayor renombre en México, ha tenido que prescindir de columnistas de la talla de Lorenzo Meyer. El Universal, nos dicen, planea un cambio de dirección. Las estaciones radiofónicas igual, y aunque las televisoras se han mantenido en calma, no se descarta que también realicen cambios en el mediano plazo.

Pero ¿en realidad esto es una crisis? No. Es un cambio al que el periodismo mexicano se había resistido en mucho tiempo, debido a las facilidades que el dinero público ha entregado durante décadas.

Cierto es que muchos medios desaparecerán y que aquellos que sepan sobrevivir, tendrán que optar por un periodismo de calidad que ofrezca a sus lectores lo que buscan.

En palabras de León Krauze, periodista mexicano en Estados Unidos, “la clave para garantizar la salud de la prensa está en proteger sobre todo el trabajo de los reporteros y, de ser posible, reforzarlo”, utilizando como ejemplo al Washington Post, que tras el triunfo de Donald Trump, engrosó su planta de reporteros de investigación.

La ecuación es sencilla: una prensa con pocos diarios –que en consecuencia tendrán menos páginas– pero con mucha más calidad periodística. Es decir, adaptarse o morir.

¿Se puede? Sí, debe poderse. ¿Hay crisis? No. Un ejemplo: De acuerdo con Marco Levario Turcott, periodista y director de la revista etcétera, en el caso de Milenio, se prefirió despedir a sus trabajadores, en lugar de reducir su margen de ganancia.

Entonces no podemos hablar de crisis, sino de prioridades. El cambio debe ser por parte de los medios (y los periodistas que los hacen día a día). Pero también es tiempo de las audiencias.

¿Y la protección a periodistas?

El recorte de AMLO es positivo, desde luego. Sin embargo, otro tema que va de la mano (por la cuestión presupuestal) es saber si, entonces, dada la reducción en lo que se destinará a la publicidad oficial, se le dará más a la Fiscalía para al Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que va de la mano con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Este año, se eliminó el programa que daba protección a periodistas y defensores de los DH (conocido como P017), además de que la FEADLE tuvo una disminución en su presupuesto.

En pocas palabras: hoy no hay un presupuesto fijo o etiquetado exclusivamente para la protección de periodistas, pero sí se cuenta con dichos recursos. De hecho, el PPEF 2018 consideró un incremento del 288% para este aspecto, lo que equivale a un 69.32% del presupuesto total del programa de Derechos Humanos nacional.

Pero no sabemos cuánto se destinará a ello. ¿Los millones ahorrados servirán para defender una libertad de prensa que durante años se ha visto amenazada?

 

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AMLO: Entre la espada (arancelaria) y la pared (migratoria)

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Desde octubre de 2018, México atraviesa una crisis migratoria sin precedentes en su historia como puente entre Centroamérica y Estados Unidos. A la par, los norteamericanos amagaron con tomar severas medidas comerciales que causarían gran daño a la economía nacional. El dilema, pues, ha colocado a la 4T entre la espada y la pared.

| Santiago I. Soriano Condado

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Una encuesta de El Financiero revela que los mexicanos han adoptado una actitud por demás xenófoba. Un 63 por ciento de los encuestados manifestó su abierto apoyo a que el gobierno de AMLO le cierre la frontera a los migrantes centroamericanos que buscan pasar por México hacia Estados Unidos.

El rechazo se acentuó desde que Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas en su país, lo cual provocó una negociación que desembocó en un plan migratorio que, aunque tiene el respaldo popular y en el discurso se ha buscado legitimar ante la opinión pública, evidencia el drama de un fenómeno mundial como lo es la migración.

Números del Centro de Análisis de Datos sobre la Migración Mundial 2018, de las Naciones Unidas, destacan que en todo el mundo hay 258 millones de migrantes internacionales. De este universo, 150 millones son trabajadores; 25.4 millones son refugiados registrados y 36.1 millones son niños.

Del total, un 26 por ciento de la población migrante está acogida en América, sólo por detrás de Asia (31 por ciento) y Europa (30 por ciento).

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En lo que a Centroamérica respecta, el flujo migratorio ha ido en aumento y esto provocó a Trump.

De acuerdo con la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en San José, Costa Rica, durante el primer trimestre de 2018 países como Guatemala, Honduras tuvieron un repunte en el número de nacionales que fueron presentados ante autoridades migratorias mexicanas, en comparación a 2017.

En el caso específico de guatemaltecos y hondureños el número se incrementó 67 y 82.3 por ciento respectivamente.

En total, de enero a marzo de 2017, 20 mil 010 migrantes centroamericanos fueron presentados; en enero a marzo de 2018, la cifra fue total fue de 30 mil 423.

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La situación en verdad se volvió apremiante en octubre de 2018, cuando las caravanas migrantes hicieron su irrupción de forma mediática, mas no histórica, pues mucho antes de que se robaran las cámaras por la forma en que rompieron cercos e ingresaron al país desesperadamente, ya cruzaban por México rumbo a Estados Unidos.

Ese momento coincide con el aumento del rechazo de los mexicanos a los migrantes centroamericanos, lo cual responde a la exposición en medios de las imágenes violentas.

El llamado del presidente, sin eco

En reiteradas ocasiones, AMLO ha tomado la plaza pública para desde ahí llamar a los mexicanos para que reciban y abracen a los migrantes centroamericanos, pero el discurso de rechazo no ha cesado.

Comentarios en redes sociales, pláticas casuales e incluso en el argumento de la oposición al gobierno federal, muestran un inequívoco tufo de xenofobia.

“Primero que apoyen a los mexicanos”, se escucha y lee cuando se publican noticias de los planes del gobierno federal.

Tras el anuncio del pasado 20 de junio, cuando AMLO y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciaron una inversión de 30 millones de dólares para mitigar las causas socioeconómicas de la migración, la oposición reprochó que el gobierno de México entregue recursos a Centroamérica, mientras se los retira a planes como las estancias infantiles o al sector salud, bajo el precepto de la austeridad republicana.

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Pese a ello, el mandatario nacional ha insistido en que es anticristiano rechazar a los que por necesidad salen de su país buscando un futuro menos desolador. Pero de nada ha servido el llamado, pues nadie lo ha atendido.

En la ya citada encuesta del Financiero, al 63 por ciento que apoya cerrar definitivamente la frontera, se suma otro segmento del 60 por ciento que cree que el gobierno de AMLO no debe aceptar a los migrantes centroamericanos que lleguen a la frontera norte y que permanezcan en nuestro país hasta que se resuelvan sus peticiones de asilo en Estados Unidos.

Se sienten más seguros en México

La Guardia Nacional, el cuerpo policiaco creado por AMLO para combatir la inseguridad en México, tiene desplegados 6 mil 300 elementos para apoyar al Instituto Nacional de Migración (INM) en la contención del flujo migratorio en 23 municipios de la frontera sur.

Pese a que esta medida es para evitar represalias comerciales con Estados Unidos y, en palabras del canciller Marcelo Ebrard, una medida prevista por la ley mexicana, pues no se le puede permitir el paso a nadie sin saber quién es y a dónde va, ha encendido las alarmas de las organizaciones pro migrantes y las comisiones de Derechos Humanos tanto nacionales como regionales.

Los elementos militares están desplegados en 23 municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, que colindan con Guatemala y Belice.

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“La Guardia Nacional trabajará con las autoridades migratorias para atender a los extranjeros desde un enfoque de protección a los derechos humanos”, ha dicho el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, como una promesa implícita de que no habrán abusos, ni malos tratos para quienes crucen hacia Estados Unidos.

Especialmente cuando los migrantes también padecen robos, extorsiones, secuestros e incluso hasta la muerte por parte de autoridades y el crimen organizado.

Pese a ello, los testimonios de los que no logran pasar a EUA indican que se sienten más seguros en territorio mexicano que en sus países de origen.

Guatemala, Honduras y El Salvador conforman la zona geográfica conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, y solamente en 2018, entre los tres, sumaron más de 9 mil homicidios dolosos.

En 2018, México sumó el año más violento de su historia con 34 mil 202 personas asesinadas.

Sí, aquí se sienten más seguros.

El inevitable efecto dominó

El nuevo endurecimiento de la crisis migratoria en México representará un reto para los países de origen de los migrantes, dando pie así una crisis regional de alto impacto.

Así lo asume el director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, Rolando Sierra Fonseca, quien afirma que la posición de nuestro país ante la amenaza de Trump generará que aumente el número de migrantes retornados.

Tal situación ocasionará una nueva tensión al gobierno de Honduras (y a las de todos los países centroamericanos que expulsan migrantes), pues representará el reto de reinsertarlos en sus comunidades, las mismas de las que salieron para buscar una vida mejor.

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A ello también se debe sumar que el plan migratorio mexicano hará que se incrementen los conflictos fronterizos, pues hasta ahí llegarán personas no solamente personas del Triángulo Norte de Centroamérica, sino de otros países de América, Asia y África.

El reto de AMLO, el canciller Ebrard y todas las autoridades inmiscuidas en el plan migratorio es, por una parte estar pendiente del capricho de un Donald Trump que ya está en campaña de reelección y por el otro, contener el flujo migratorio, ya sea cerrándoles el paso o permitiendo que se queden en México, con todo el costo social, político y económico que eso conlleva.

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