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Opinión

La UNAM es Fuenteovejuna

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José Luis Camacho, 66 KB, UNAM

Muchos rumores y muchos compadres.

Rumores van y rumores vienen acerca de quién o quiénes son los personajes, individuales o colectivos que manejan a los porros que todavía tienen desestabilizada a la UNAM.

Entre los individuales, podrían encontrarse los presuntos manipuladores de los porros: el exrector de la UNAM y hoy secretario de Salud, José Narro; la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, así como el equipo de Juan Ramón de la Fuente enquistado en los puestos claves de rectoría: el PRD a través del impresentable Mauricio Toledo; el director del Deporte Universitario, Alejandro Fernández Varela; Jesús Teófilo Licona Ferro, alias El Cobra, coordinador operativo de Vigilancia UNAM; y el senador Miguel Ángel Mancera.

La UNAM es una bomba de tiempo para Andrés Manuel López Obrador.

El conflicto puede estar amainando por lo pronto. Pero puede reaparecer en cualquier momento. Antes o inmediatamente después de que AMLO sea ungido como presidente de México.

El rector Enrique Graue está enfermo. No puede en esas condiciones físicas atender un caso tan delicado como el actual conflicto.

De acuerdo con una columna de Federico Arreola, el rector padece una enfermedad que lo incapacita físicamente, en este texto el periodista escribió lo siguiente: “La verdad de las cosas es que la insuficiencia respiratoria grave que padece es una enfermedad crónico-degenerativa que lo incapacita para rendir profesionalmente al ciento por ciento.

“La UNAM es una bomba de tiempo para Andrés Manuel López Obrador 

El rector Graue requiere oxígeno permanentemente y, por lo tanto, sus actos públicos no pueden durar mucho: como máximo hora y media”.

Para Arreola, lo peor no es la enfermedad, es que “falta oficio político”.

En dicho texto describió que “la inexperiencia política del rector complicó la reciente crisis de los porros en la UNAM. Era una crisis perfectamente evitable, pero al rector Graue se le fue de las manos por simple falta de oficio.

Enrique Graue atendió muy mal el problema, y estalló…

Recordemos que desesperados, los estudiantes del CCH Azcapotzalco realizaron una marcha pacífica ante rectoría donde fueron atacados sin que las autoridades universitarias hubieran tomado medidas de prevención y de acción como lo establece la legislación universitaria”.

“El conflicto puede estar amainando por lo pronto. Pero puede reaparecer en cualquier momento. Antes o inmediatamente después de que AMLO sea ungido como presidente de México” 

Apenas hace unos días se dio a conocer que uno de los supuestos porros expulsados del CCH Azcapotzalco, ni siquiera se encontraba en Ciudad Universitaria el día de los hechos, ya que sus abogados comprobaron con pruebas físicas que se encontraba en el Estado de México.

Eso demuestra que la rectoría está tomando medidas desesperadas, para poder sortear la crisis, pero se equivoca al no entregar a los verdaderos responsables de los hechos.

La UNAM es, y será por muchos años, un botín político para todas las fuerzas que gravitan en ese entorno nacional lleno de ambiciones y traiciones.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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el

SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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