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Si es “de favor”, mejor no, gracias

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Carlos, 76 kB, por favor

“Las cosas se piden por favor. Pero yo no sé en qué momento alguien decidió que no, que es mejor pedir las cosas “de favor”, y ahí, diría mi abuela, es “cuando la puerca torció el rabo”

Quien no recuerde haber escuchado de pequeño la maternal o paternal frase “¿cómo se dice?”, cuando uno demandaba ser atendido como rey o reina, misma a la cual se debía responder en automático “por favor”, una de dos: o no tuvo una infancia “normal” o sus padres nunca le “torcieron el mascadero” por portarse como un maleducado.

Y es que hay algo que “de chiquitos” aprendemos a la buena o a la mala: a decir por favor y gracias. Claro, ya después algunos crecen con problemas y se creen eso de ser atendidos como rey o reina… pero esa es otra historia.

Para iniciar este texto me sumergí por las redes ocultas de la internet en busca de algún extraño origen de esa frase que los bien educados utilizan, pero­, lejos de ello, lo primero que apareció fue la ya célebre: “Afedo cámate po favó”.

Más adelante, surgió en la búsqueda un artículo académico del profesor Henry Campos Vargas, de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. El título: “Cómo pedir un favor en latín: un estudio con base en la comedia plautina de La Olla (Aulularia)”.

Si bien no queda claro el origen literal de la expresión —que en todo caso derivaría del italiano per favore, pero los romanos usaban más bien frases parecidas a las nuestras como: “sería usted tan amable de…”, “le incomodaría si le pido que…”, etc.—, hay algo que el profesor Campos Vargas concluye: “Las formas románicas, casi todas perífrasis, se degradaron con el tiempo, al punto de convertirse en frases y expresiones de cortesía que los diccionarios especializados en latín, por lo general, traducen como ‘por favor’, al menos, en español”.

O sea que nuestros padres siempre estuvieron correctos en sus enseñanzas: las cosas se piden por favor. Pero yo no sé en qué momento alguien decidió que no, que es mejor pedir las cosas “de favor”, y ahí, diría mi abuela, es “cuando la puerca torció el rabo”.

Dicen los que saben que a esto se le llama solecismo (falta de sintaxis), porque empleamos de un modo incorrecto la preposición de, que sirve para muchas cosas, pero no para pedirlas de manera cortés.

Si usted, amable lector, busca en el diccionario la palabra favor, encontrará debajo de sus cinco acepciones las frases “de favor” y “por favor”, entre muchas otras.

“De favor”, según la Real Academia Española, es una locución adjetiva que significa: “Dicho de algunas cosas, como entradas de teatro, pases de ferrocarril, etc.: Que se obtienen gratuitamente”. Por ejemplo, cuando usted se gana boletos para un concierto o cualquier otro espectáculo, usted recibe, en lenguaje coloquial, unas “cortesías”, pero si quisiera decirlo de forma culta diría: “Obtuve estas entradas de favor”, es decir, gratis.

Ya lo dijo Gabriel García Márquez en voz del narrador de su última novela, Memoria de mis putas tristes: “Hoy me sustento mal que bien con mi pensión de aquel oficio extinguido; me sustento menos con la de maestro de gramática castellana y latín, casi nada con la nota dominical que he escrito sin desmayos durante más de medio siglo, y nada en absoluto con las gacetillas de música y teatro que me publican de favor las muchas veces en que vienen intérpretes notables”.

Ahora bien, “por favor” es claramente definida como una expresión usada “para formular una petición” o para protestar (¡por favor! o ¡parfavar!, dicen ahora los mileniales).

Al intentar explicarme cómo llegamos a esta frase, imagino que en nuestro particular modo de pedir las cosas en México “para que no suene tan golpeado”, pasamos de los diminutivos (“¿me hace un favorcito?”, “porfa”, “porfita”, “porfis”, “Virgencita, plis”…) al “de favor”.

Supongo que algún día un jefe soltó a sus subalternos el “de favor” para que no sintieran que los estaba mandando, y de ahí en adelante se viralizó la frase para “suavizar” las cosas. No lo sé…

Y no, no tiene que ver con condiciones sociales ni económicas ni políticas ni académicas tampoco: por todos lados viaja el “de favor” sin freno, y alguien tiene que pararlo.

En días pasados, un presentador de la cadena CNN en español publicó un artículo de opinión en el sitio web de la televisora estadounidense. Ahí, escribió: “Entonces los suscriptores de la Gran Enciclopedia Soviética recibieron una carta de la editorial en la que se les pedía supongo que, de favor, que arrancaran la página del artículo sobre Beria y que la devolvieran a vuelta de correo para en su lugar, recibir otra página sobre… el Estrecho de Bering”. Si nos atenemos al ejemplo de García Márquez, la explicación de la gratuidad no encaja aquí y, por lo tanto, el presentador usó la expresión justo como no se debe.

También en días pasados, un diario local de Chihuahua transcribió un fragmento de la sesión de cabildo de Ciudad Juárez. En ella, el presidente hace esta petición: “Síndico, le voy a pedir de favor que cuando pregunto si alguien más desea hacer uso de la palabra, reaccione en tiempo y momento, ya le han dicho en varias ocasiones que miente, seguramente quiere contestar sobre eso, adelante” (como dato cultural, el síndico respondió: “Con su permiso señor presidente, ni usted es mi papá ni mi maestro, y en la escuela se enseña a levantar la mano, así es que respete por favor”).

Así que ya sabe: “Un (de) favor muy referido, no es muy bien agradecido”.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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