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Del Bisnes al “Emprendedurismo” y los “Franquiciatarios”

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Carlos, 76 KB, bisnero

Siempre los conocí como “bisneros”… “Salió bueno pa’l bisnes”, decían cuando alguien era muy buen negociante y de todo sacaba su buena tajada. Pero, como todo, cuando se institucionalizó (y la economía mexicana se “changarrizó”) fue necesario buscarle un nuevo mote: emprendedor. Y así, los “bisneros” subieron de categoría.

Dicen algunos que el primer gran emprendedor (¿o “bisnero”?) fue Cristóbal Colón. Y es que, inicialmente, la palabra emprender, del latín in ‘en’ y prendere ‘tomar’, se utilizaba para referirse a los aventureros y militares.

De acuerdo con el portal peruano PQS, la primera definición formal en español de la palabra emprendedor se dio en 1732, en el Diccionario de autoridades: “Persona que determina hacer y ejecutar, con resolución y empeño, alguna operación considerable y ardua”. El término, así definido, proviene del francés entrepreneur, que a su vez derivó del verbo entreprendre, originado en el siglo XIII.

El profesor Russel S. Sobel, en el sitio web de la Biblioteca de Economía y Libertad (Econlib), señala que el primer uso académico de entrepreneur ocurrió alrededor de 1730, en voz de Richard Cantillon, quien, según PQS, lo describió como “persona que paga un precio por un producto, para luego revenderlo a un precio incierto, admitiendo consecuentemente el riesgo”… o sea, un “bisnero”.

Más adelante, el afamado economista inglés John Stuart Mill popularizó y precisó la expresión para referirse a una persona que asume tanto el riesgo como la administración de un negocio. Fue así como llegamos al término anglosajón: entrepreneurship, que puso en aprietos, como siempre, al español.

Y es que, aun cuando el vocablo estaba registrado en el primer diccionario de la Real Academia Española (RAE), el Diccionario de autoridades (1726-1739), tal parece que era todo un problema explicar en español cómo se le decía a lo que hace un emprendedor: ¿emprendurismo?, ¿emprendedurismo?, ¿emprendeduría?…

A tal grado que, apenas en 2010, el entonces secretario y actual director de la RAE, Darío Villanueva, propuso la incorporación de la palabra emprendimiento al diccionario, lo cual ocurrió en 2013, con la publicación de la vigésimo tercera edición de este.

De acuerdo con el diario El Correo Gallego, Villanueva apuntó que es un sustantivo natural que procede del verbo emprender y su acepción está relacionada con acometer empresas: “Se refiere precisamente a esto y viene de una cultura muy ligada a las universidades, empresas de base de transferencia de conocimientos I+D+I, que nacen por un fundamento de conocimiento”.

A cinco años de distancia, se siguen utilizando traducciones inadecuadas de entrepreneurship, no solo en el ámbito empresarial —que es ferviente seguidor de usar términos anglosajones y “castellanizarlos”, en el mejor de los casos—, sino también en espacios educativos, informativos, gubernamentales, etc., tanto en México como en otros países latinoamericanos.

Así, en internet pueden encontrarse ejemplos como: “Emprendedurismo por la Excelencia Académica”, del diario El Sol de Tulancingo; “Las cuatro E’s del emprendedurismo”, de la revista Entrepreneur; y declaraciones como: “Si alguna vez tropiezan, no son más que lecciones que avivan y que le van a imprimir mayor vigor a lo que se propongan en sus vidas personales, en los proyectos profesionales y de emprendedurismo que están realizando”, según transcribió El Universal las palabras del presidente Enrique Peña Nieto en una nota de 2016.

El acabose del uso inadecuado del término está en el portal del Instituto Nacional del Emprendedor, donde, si bien no son recientes, es posible encontrar boletines de prensa con títulos como: “Participa el INADEM en la 50a. Sesión del Grupo de Trabajo para PyMES y Emprendedurismo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)” o “INADEM y USAID fortalecen estrategia para promover el emprendedurismo y el apoyo a la innovación a nivel global”.

Ya entrados en gastos, y a propósito de “bisneros”, últimamente han sonado con mayor fuerza las palabras “franquiciante” o “franquiciador” y “franquiciatario” o “franquiciado”, pero ninguna de ellas se encuentra en el diccionario. Sin embargo, la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha dicho: “En el mundo de los negocios, y especialmente en el campo de las franquicias, hace tiempo que emplean el verbo franquiciar con el sentido de conceder una franquicia y los términos franquiciado y franquiciador para aludir, respectivamente, al licenciatario de una franquicia y a quien la concede. Dada la extensión de su uso, es de suponer que acabarán imponiéndose con los significados que se señalan”.

En lo personal, ninguna me convence, y mientras no existan en el diccionario, prefiero evitarlas. No obstante, la Asociación Mexicana de Franquicias piensa diferente, y dice que: “Un Franquiciante es una persona emprendedora, en ocasiones impaciente, quien ya ha generado su concepto de negocios y quiere replicarlo en el mundo entero. Mientras que el Franquiciatario suele ser cauteloso, mantiene una visión reservada, sobre todo cuando su dinero está en juego. Aunque el primero sea el dueño del negocio, el Franquiciatario también se siente propietario porque es su dinero el que se encuentra en riesgo”.

Ya veremos en unos años si se aceptan estas nuevas palabras y cómo las definen. Mientras tanto, como yo salí medio malito pa’l bisnes —esta sí es una palabra aceptada— y “hasta pa’ pedir limosna hace falta capital”, diría mi abuela, por eso mejor me dedico a escribir.

Así que ya sabe: al buen emprendedor, poco “emprendedurismo”; y no siempre el “franquiciante” que “franquicie” una franquicia, buen “franquiciador” será.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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