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Constitucionalidad y violencia contra la mujer

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José Ramón González, 61 KB, mujeres

Entre los dedicados al estudio de la Política y el Derecho hay quienes sostienen –y no les falta razón– que las mujeres, al interactuar con otras personas y grupos, han sufrido una enorme y recurrente cantidad de violencia en el trabajo, en la familia y en la sociedad. Sin embargo, Alain Touraine en su libro “El Mundo de las Mujeres” manifiesta su sorpresa al constatar entre los resultados de una encuesta que aplicó a mujeres, en la que les pidió que se definieran como tales y la mayoría de ellas nunca lo hicieron como víctimas, sino como madres, profesionales, emprendedoras, originarias de un país o ciudad, pero ante todo como mujeres, además de manifestar, en la gran mayoría de los casos, que su meta era construirse a plenitud como mujeres que son.

Sin duda, la construcción de sí mismo(a) es una cosa seria en un mundo líquido como el actual, en el que todo nos llama a escapar de nosotros mismos. Hasta hace relativamente poco, los seres humanos nos definíamos a partir de nuestra vinculación con el mundo; ahora esa autodefinición se relaciona, primordialmente, con lo que somos y queremos ser. En un primer vector de investigación, las mujeres, más que los hombres, pasan por este hiperindividualismo orientado a construir una identidad propia a partir del cuidado personal y el desarrollo profesional. La indumentaria, el maquillaje, el ejercicio, las dietas, la cirugía estética y todo lo demás que los hombres piensan que son medios de seducción –dice Touraine– en la actualidad no son más que mecanismos que las mujeres tienen más bien para seducirse a ellas mismas, para estar satisfechas con lo que son.

La meta final de la mujer ya no gira alrededor del hombre, sino que se basa en los nexos consigo misma; comienza a construir su propia realidad a partir de su sexualidad, de su relación y conformidad con su cuerpo y con ella misma. Lo curioso es que, ante este panorama, en los hechos, las mujeres enfrentan hoy una nueva dominación: la de los medios y la publicidad, que las transforma en hiperconsumidoras. Las mujeres se avergüenzan de cómo las usan en muchos anuncios, están en contra de la publicidad que roba su imagen al tomarlas como objeto sexual, como medio para sexualizar mercancías, pero, paradójicamente, son las que ven más publicidad y consumen mucho más que los hombres.

En un segundo vector –el profesional–, las mujeres que han sufrido una dominación histórica y casi total, ahora están ocupando cada vez más espacios en las aulas, en el trabajo público, en el privado y el social; aunque este hecho –cabe decirlo– vaya aunado a una depreciación considerable de la fuerza laboral sin distingo de género, donde se trabaja más y se gana menos que antes. Bajo esta pauta doble, las mujeres encuestadas son conscientes de que la combinación de vida personal y trabajo es en la actualidad la mejor opción de vida. Saben que una participación limitada, ya sea con su carrera o con sus hijos, obstaculiza su éxito, por lo que consideran necesario combinar ambas y esto implica un cambio profundo productor de toda una nueva ética: son ahora ellas las que en el terreno práctico están formulando los grandes temas de la reconciliación del cuerpo y el intelecto, de lo material y lo intelectual, del pasado y el futuro, de lo privado y de lo público, de la razón y de la emoción.

En lugar de elegir entre una postura y otra –dice el autor– las unen sin confundirlas”. Todo esto da pie a una seria reflexión de carácter jurídico en cuanto a la misión básica que toda reforma constitucional en materia de derechos fundamentales específicos para las mujeres y sus correspondientes garantías debería tener, a fin de construir un sólido marco de principios, normas y prácticas que les faciliten dejar de ser víctimas para convertirse en actoras estelares del sistema jurídico, político y social.

Es aquí donde surge otra sorpresa dentro del propio sistema constitucional mexicano, pues solo en siete artículos de la Carta Magna existe referencia a las mujeres, de los cuales cinco hacen referencia a hombres y mujeres, ya sea como parte de la sociedad en general (art. 4°, 6°, 18, 30, 34) o de ciertos sectores sociales (indígenas, migrantes, reos del orden penal); y en solo dos de ellos hace mención a las mujeres en específico (artículo 2°, apartados A y B), y su fracción VIII (respeto a la integridad y dignidad de la mujer indígena en la aplicación de usos y costumbres; derecho a votar y ser votadas y a participar en el gobierno; difundir la igualdad de genero por radio comunitaria (?!); y el artículo 123, apartados A y B, que se refiere a la protección de la mujer trabajadora durante la gestación, el parto y la lactancia, aunque con curiosas e injustificadas diferencias entre ambos, dada la forma de otorgar los días de descanso, como si las mujeres que trabajan en la iniciativa privada fueran diferentes en su fisiología que las burócratas.

De la lectura de estos artículos se desprende: a) que el constituyente mantiene una visión de derechos fundamentales tradicional, esto es, genérica y congruente con el artículo 4° y la doctrina internacional al considerar a todos –hombres y mujeres– como seres humanos en su conjunto, y b) que en el caso de derechos específicos de las mujeres, los únicos dos artículos que los postulan, lo hacen de forma a todas luces parcial, en cuanto a su mera condición de gestadoras y madres y/o en cuanto a su relación con los hombres.

El acucioso estudio de Touraine nos lleva a pensar nuestra constitucionalidad desde esa nueva perspectiva, que considera el nuevo posicionamiento de la mujer en la vida política, económica, social, cultural, ante todo como un asunto de actitud y acción, soportada por el andamiaje del nuevo paradigma constitucional, tanto en lo que se refiere a derechos fundamentales, como a la legislación secundaria y a los mecanismos e instituciones que los garanticen y conviertan en hechos tangibles

Opinión

El gobierno váucher

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Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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