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Constitucionalidad y violencia contra la mujer

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José Ramón González, 61 KB, mujeres

Entre los dedicados al estudio de la Política y el Derecho hay quienes sostienen –y no les falta razón– que las mujeres, al interactuar con otras personas y grupos, han sufrido una enorme y recurrente cantidad de violencia en el trabajo, en la familia y en la sociedad. Sin embargo, Alain Touraine en su libro “El Mundo de las Mujeres” manifiesta su sorpresa al constatar entre los resultados de una encuesta que aplicó a mujeres, en la que les pidió que se definieran como tales y la mayoría de ellas nunca lo hicieron como víctimas, sino como madres, profesionales, emprendedoras, originarias de un país o ciudad, pero ante todo como mujeres, además de manifestar, en la gran mayoría de los casos, que su meta era construirse a plenitud como mujeres que son.

Sin duda, la construcción de sí mismo(a) es una cosa seria en un mundo líquido como el actual, en el que todo nos llama a escapar de nosotros mismos. Hasta hace relativamente poco, los seres humanos nos definíamos a partir de nuestra vinculación con el mundo; ahora esa autodefinición se relaciona, primordialmente, con lo que somos y queremos ser. En un primer vector de investigación, las mujeres, más que los hombres, pasan por este hiperindividualismo orientado a construir una identidad propia a partir del cuidado personal y el desarrollo profesional. La indumentaria, el maquillaje, el ejercicio, las dietas, la cirugía estética y todo lo demás que los hombres piensan que son medios de seducción –dice Touraine– en la actualidad no son más que mecanismos que las mujeres tienen más bien para seducirse a ellas mismas, para estar satisfechas con lo que son.

La meta final de la mujer ya no gira alrededor del hombre, sino que se basa en los nexos consigo misma; comienza a construir su propia realidad a partir de su sexualidad, de su relación y conformidad con su cuerpo y con ella misma. Lo curioso es que, ante este panorama, en los hechos, las mujeres enfrentan hoy una nueva dominación: la de los medios y la publicidad, que las transforma en hiperconsumidoras. Las mujeres se avergüenzan de cómo las usan en muchos anuncios, están en contra de la publicidad que roba su imagen al tomarlas como objeto sexual, como medio para sexualizar mercancías, pero, paradójicamente, son las que ven más publicidad y consumen mucho más que los hombres.

En un segundo vector –el profesional–, las mujeres que han sufrido una dominación histórica y casi total, ahora están ocupando cada vez más espacios en las aulas, en el trabajo público, en el privado y el social; aunque este hecho –cabe decirlo– vaya aunado a una depreciación considerable de la fuerza laboral sin distingo de género, donde se trabaja más y se gana menos que antes. Bajo esta pauta doble, las mujeres encuestadas son conscientes de que la combinación de vida personal y trabajo es en la actualidad la mejor opción de vida. Saben que una participación limitada, ya sea con su carrera o con sus hijos, obstaculiza su éxito, por lo que consideran necesario combinar ambas y esto implica un cambio profundo productor de toda una nueva ética: son ahora ellas las que en el terreno práctico están formulando los grandes temas de la reconciliación del cuerpo y el intelecto, de lo material y lo intelectual, del pasado y el futuro, de lo privado y de lo público, de la razón y de la emoción.

En lugar de elegir entre una postura y otra –dice el autor– las unen sin confundirlas”. Todo esto da pie a una seria reflexión de carácter jurídico en cuanto a la misión básica que toda reforma constitucional en materia de derechos fundamentales específicos para las mujeres y sus correspondientes garantías debería tener, a fin de construir un sólido marco de principios, normas y prácticas que les faciliten dejar de ser víctimas para convertirse en actoras estelares del sistema jurídico, político y social.

Es aquí donde surge otra sorpresa dentro del propio sistema constitucional mexicano, pues solo en siete artículos de la Carta Magna existe referencia a las mujeres, de los cuales cinco hacen referencia a hombres y mujeres, ya sea como parte de la sociedad en general (art. 4°, 6°, 18, 30, 34) o de ciertos sectores sociales (indígenas, migrantes, reos del orden penal); y en solo dos de ellos hace mención a las mujeres en específico (artículo 2°, apartados A y B), y su fracción VIII (respeto a la integridad y dignidad de la mujer indígena en la aplicación de usos y costumbres; derecho a votar y ser votadas y a participar en el gobierno; difundir la igualdad de genero por radio comunitaria (?!); y el artículo 123, apartados A y B, que se refiere a la protección de la mujer trabajadora durante la gestación, el parto y la lactancia, aunque con curiosas e injustificadas diferencias entre ambos, dada la forma de otorgar los días de descanso, como si las mujeres que trabajan en la iniciativa privada fueran diferentes en su fisiología que las burócratas.

De la lectura de estos artículos se desprende: a) que el constituyente mantiene una visión de derechos fundamentales tradicional, esto es, genérica y congruente con el artículo 4° y la doctrina internacional al considerar a todos –hombres y mujeres– como seres humanos en su conjunto, y b) que en el caso de derechos específicos de las mujeres, los únicos dos artículos que los postulan, lo hacen de forma a todas luces parcial, en cuanto a su mera condición de gestadoras y madres y/o en cuanto a su relación con los hombres.

El acucioso estudio de Touraine nos lleva a pensar nuestra constitucionalidad desde esa nueva perspectiva, que considera el nuevo posicionamiento de la mujer en la vida política, económica, social, cultural, ante todo como un asunto de actitud y acción, soportada por el andamiaje del nuevo paradigma constitucional, tanto en lo que se refiere a derechos fundamentales, como a la legislación secundaria y a los mecanismos e instituciones que los garanticen y conviertan en hechos tangibles

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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