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Mejor educación, menor consumo de drogas

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Opinión, 60 KB, educación

Entre los distintos temas de la agenda política nacional destacan dos que los diputados del PRD consideramos de urgente discusión y consenso: la pretensión de derogar la reforma educativa y el riesgo de que el poderío económico de los grupos criminales logre un control total sobre el Estado en un futuro próximo.

La derogación de la reforma educativa en manos de diputados de Morena pertenecientes a la CNTE es demasiado riesgosa para México. A los maestros-diputados se les está dando en las manos una bomba que más que desactivarla, pueden detonarla, y causarle un grave retroceso al país, sobre todo, por el belicismo y la rebeldía que siempre han caracterizado a esta organización magisterial.

Cuando la reforma esté en sus manos, Morena no le dejará una sola coma, pero sí podrían integrar una a modo de los reformadores: semanas laborales de martes a jueves, como acostumbran los maestros de la CNTE en Oaxaca, y con el inminente retorno de Elba Esther Gordillo al liderazgo del SNTE, la primera educación que recibirán las nuevas generaciones es cómo este país funciona a través de la impunidad, el tráfico de influencias y la simulación de la justicia.

Para los diputados del PRD, la reforma educativa contiene aspectos que deben conservarse, como la evaluación docente, y la persistencia de organismos como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que contribuya en el diseño de políticas que enriquezcan la manera en que se enseña en nuestro país.

No estamos de acuerdo en la persecución de los maestros ni en que se sancionen por sus resultados, pero sí consideramos relevante que mantengan una capacitación continua. Antes de desechar la reforma educativa y de que los maestros de la CNTE y del SNTE celebren con juegos pirotécnicos el retorno a sus prebendas, a la venta de plazas y al control político, el presidente electo y sus aliados en el Congreso de la Unión deberían fijarse en países como Singapur, el más pequeño de la región geográfica donde se ubica y el más competitivo gracias a su proyecto de educación iniciado a mediados de la década de los sesenta.

Singapur es un país pequeño, sin petróleo u otros recursos que le permitan subsistir a raíz de su comienzo como nación; sin embargo, implementó un ambicioso proyecto de educación que le permitió a sus ciudadanos acceder al conocimiento teórico y práctico, y potencializar los servicios que brindaban en el intercambio comercial como Hong Kong, China y Malasia. Sin petróleo, con una extensión territorial mucho menor que México y con menos de un siglo de existencia como nación soberana, Singapur es hoy uno de los países más desarrollados del mundo, con un buen nivel de vida de sus ciudadanos.

Pero su educación no es laxa. No está en control de tutores con ganas de enseñar de martes a jueves ni de maestros ciegos a la ofensiva opulencia de su líder magisterial, sino que es regida y supervisada por un Estado consciente de que le cuesta menos invertir en educación que en combatir la corrupción y la delincuencia. Con la intención de Morena de derogar la reforma educativa, se refrenda la intención del aparato de Estado de mantener en la ignorancia a los mexicanos para controlarnos, para promover la corrupción, el dispendio de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito.

Insistimos en que la cuarta transformación no será posible derogándola en su totalidad; sin embargo, confiamos en un punto de reflexión que le permita a la mayoría en las Cámaras preservarla, modificando solo los aspectos negativos de esta.

Evitar el “narcoestado”

Hace varias semanas, la Comisión Global de Política de Drogas presentó su Informe 2018, “Regulación: el control responsable de las drogas”, en el que advierte que los grupos criminales obtienen ganancias por 320 mil millones de dólares anuales y que su poder económico puede superar la capacidad de los gobiernos, al grado de poder comprarlos para producir, traficar y comercializar drogas sin ninguna objeción.

El propio expresidente Ernesto Zedillo, integrante de dicha Comisión, reconoció que la política prohibicionista no fue lo mejor y que ahora, el reto de las naciones es apostarle a una regulación en el consumo de algunas drogas consideradas “menos perjudiciales” y centrar los esfuerzos en el combate al tráfico internacional de estas. Considerando los estudios sociales, de salud pública y seguridad que se han redactado sobre este tema, el grupo Parlamentario del PRD presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca ajustar diversas disposiciones de la Ley General de Salud para eliminar toda restricción para el uso de la marihuana con fines recreativos.

La propuesta también plantea la despenalización del cultivo para el consumo personal y el cultivo doméstico de hasta tres plantas, sin necesidad de registro alguno. También proponemos eliminar los cinco gramos para portación y consumo personal de cannabis, y que sea la autoridad federal –a través de dependencias como la Secretaría de Salud, SAGARPA y Gobernación¬– quien emita la normatividad respecto al consumo, cultivo, procesamiento, distribución, transporte y venta de cannabis.

No estamos descubriendo el hilo negro, estamos poniéndonos del lado de la razón, de la única alternativa que tenemos los mexicanos por ahora para despresurizar la indignación, la intolerancia y la decepción del pueblo de México por los más de 100 mil muertos en manos de la delincuencia en el presente sexenio.

Las corporaciones policiales están infiltradas. El Ejército causa daños a civiles en su combate contra los cárteles y no hay voluntad de ninguno de los tres Poderes de la Unión para en verdad aplicar mano dura a los delincuentes. Por ahora, civilizar las adicciones, por lo menos, las de drogas como cannabis es lo único posible para disminuir toda esta barbarie. Por cierto, un país con mejor educación puede también contribuir a reducir tanto el consumo de drogas como los índices de violencia.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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