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Transparencia y corrupción

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Fausto Kubli, 57 KB, corrupción

En el año de 1977, dentro de una de las múltiples ocasiones en que se han planteado reformas de gran calado en el régimen jurídico-político mexicano, se incorporaron en el artículo 6 de la Constitución estas diez palabras: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. A 41 años de esa reforma, su desarrollo ha sido lento, aún está en construcción, por lo que constantemente debe actualizarse y entrar en una dinámica de innovación.

Desde su aparición constitucional ha habido varias etapas de este derecho humano fundamental, consideramos que podríamos hablar de varios periodos a partir de elementos doctrinarios, legales, jurisprudenciales (interpretativos) e internacionales. Una primera etapa fue un periodo que podría denominarse de largo aletargamiento y negación. Así es, en México se tardó mas de un cuarto de siglo en establecer una ley de acceso a los archivos públicos que hiciera efectiva esa disposición constitucional y durante este periodo se creyó que esta frase estaba destinada a la regulación de la comunicación social y no a la apertura de la información en posesión de las entidades públicas.

Los primeros brotes de reconocimiento jurídico los encontramos, en primer lugar, en el tristemente célebre caso de Aguas Blancas en 1996. En la sentencia de la Corte se estableció que la Constitución en el artículo señalado se refería al acceso a la información y a abolir de las prácticas públicas la “cultura del engaño, la maquinación y el ocultamiento”. De igual manera y en el mismo año, las primeras disposiciones en materia de derecho de acceso a la información y transparencia las encontramos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Dicho ordenamiento estableció un Sistema de Información Ambiental que consta de un mecanismo de solicitudes de acceso a la información y algunas obligaciones de transparencia, hoy, por cierto, inconstitucionales.

Sin embargo, no fue sino hasta 2002 que comenzó de manera formal un despliegue legislativo en materia de derecho a la información, primero en el ámbito federal y luego en el estatal. A este periodo se le puede acuñar como el de dispersión normativa porque –si bien entraron en vigencia varios ordenamientos- todavía hubo una regulación disímbola entre todas las leyes, esto es, el mismo derecho humano tenía aplicaciones, procedimientos y efectos distintos en todo el país.

Una siguiente etapa la marcó la importante reforma constitucional de 2007 al artículo sexto, dando lugar a un periodo de desregulación y homologación del derecho de acceso a la información. En este caso, la reforma constitucional estableció principios sustantivos y bases de operación de este derecho, provocando que las legislaciones de todo el país se armonicen con estas disposiciones constitucionales. La última reforma constitucional podríamos calificarla como el periodo de uniformidad, en donde se elaboraron a detalle normas y se estableció un régimen que parte de una ley general para que en todo el país este derecho constitucional tuviera exactamente el mismo alcance y contenido.

De igual manera, se cambió de óptica al derecho a la información de manera que se transformó de un sistema basado en las solicitudes de acceso a la información -que eventualmente podían colapsar la actividad natural de las oficinas del gobierno- a un sistema basado en transparencia; es decir, la mayor parte de la información sería entregada antes de que sea solicitada. Justo el 2 de octubre, Andrés Manuel se lanzó en contra de la institución encargada de operar el derecho de acceso a la información, el INAI.

Dentro de sus declaraciones hay muchas cosas que se deben evaluar con serenidad. En principio se refirió a que el instituto había mantenido la secrecía de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, lo cual no es verdad y es valiente y puntualmente desmentido por el artífice de esa apertura, el excomisionado Ángel Trinidad Zaldívar.1 Por otro lado, el presidente electo dijo: “Ahí tienen ustedes ejemplos, como el Instituto de la Transparencia: ganan como 250 mil pesos mensuales los consejeros y ¿qué han hecho desde que se fundó ese Instituto? ¿Han evitado la corrupción en México? ¡Nada! ¡Al contrario!”.

Al respecto, hay que señalar que tiene razón al criticar los jugosos sueldos de los consejeros del INAI contrastados con sus resultados. Asimismo, no hay que olvidar la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual desde su creación estuvo viciada por lo que representó costos altísimos del erario público y su funcionalidad es limitada. Al día de hoy, el sistema informático es inintelegible, poco amigable, lo que da como resultado que algo tan básico como los sueldos, salarios y prestaciones de los funcionarios no estén al alcance de un “clic”.

De igual manera, el sedicente “nuevo” INAI, en lugar de aprovechar la experiencia, muy valiosa por cierto, de los anteriores funcionarios para no repetir los traspiés que costó la institucionalización, ensoberbecidos cayeron en errores como el no recibir a funcionarios del gobierno para escucharlos, cuestión que desde la época de Alonso Lujambio se había superado.

Finalmente, a la expresión de que la transparencia no había terminado con la corrupción, estoy totalmente de acuerdo con Andrés Manuel. Sin embargo, hay algo que debe quedar puntualizado: ninguna autoridad dedicada a transparentar las actividades públicas representa el arma idónea para combatir la corrupción. La transparencia es un componente del combate a la corrupción, pero no es la estrategia frontal, es tan solo una herramienta más de todo un entramado que constituye un sistema.

Por supuesto que un sistema anticorrupción debe tener fortalecido el derecho a la información; sin embargo, además de eso, debe haber un despliegue de leyes y operadores que actúen en el marco del control administrativo, entre otros rubros. De esta manera, el control administrativo es el componente que se debe fortalecer, si es que se quiere terminar con las “simulaciones” a las que se refiere AMLO. Esto es, la transparencia se convierte en un indicador del combate a la corrupción; entre más transparente sea el gobierno, más esfuerzos se están haciendo en combatir a la corrupción.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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