Transparencia y corrupción
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Transparencia y corrupción

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Fausto Kubli, 57 KB, corrupción

En el año de 1977, dentro de una de las múltiples ocasiones en que se han planteado reformas de gran calado en el régimen jurídico-político mexicano, se incorporaron en el artículo 6 de la Constitución estas diez palabras: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. A 41 años de esa reforma, su desarrollo ha sido lento, aún está en construcción, por lo que constantemente debe actualizarse y entrar en una dinámica de innovación.

Desde su aparición constitucional ha habido varias etapas de este derecho humano fundamental, consideramos que podríamos hablar de varios periodos a partir de elementos doctrinarios, legales, jurisprudenciales (interpretativos) e internacionales. Una primera etapa fue un periodo que podría denominarse de largo aletargamiento y negación. Así es, en México se tardó mas de un cuarto de siglo en establecer una ley de acceso a los archivos públicos que hiciera efectiva esa disposición constitucional y durante este periodo se creyó que esta frase estaba destinada a la regulación de la comunicación social y no a la apertura de la información en posesión de las entidades públicas.

Los primeros brotes de reconocimiento jurídico los encontramos, en primer lugar, en el tristemente célebre caso de Aguas Blancas en 1996. En la sentencia de la Corte se estableció que la Constitución en el artículo señalado se refería al acceso a la información y a abolir de las prácticas públicas la “cultura del engaño, la maquinación y el ocultamiento”. De igual manera y en el mismo año, las primeras disposiciones en materia de derecho de acceso a la información y transparencia las encontramos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Dicho ordenamiento estableció un Sistema de Información Ambiental que consta de un mecanismo de solicitudes de acceso a la información y algunas obligaciones de transparencia, hoy, por cierto, inconstitucionales.

Sin embargo, no fue sino hasta 2002 que comenzó de manera formal un despliegue legislativo en materia de derecho a la información, primero en el ámbito federal y luego en el estatal. A este periodo se le puede acuñar como el de dispersión normativa porque –si bien entraron en vigencia varios ordenamientos- todavía hubo una regulación disímbola entre todas las leyes, esto es, el mismo derecho humano tenía aplicaciones, procedimientos y efectos distintos en todo el país.

Una siguiente etapa la marcó la importante reforma constitucional de 2007 al artículo sexto, dando lugar a un periodo de desregulación y homologación del derecho de acceso a la información. En este caso, la reforma constitucional estableció principios sustantivos y bases de operación de este derecho, provocando que las legislaciones de todo el país se armonicen con estas disposiciones constitucionales. La última reforma constitucional podríamos calificarla como el periodo de uniformidad, en donde se elaboraron a detalle normas y se estableció un régimen que parte de una ley general para que en todo el país este derecho constitucional tuviera exactamente el mismo alcance y contenido.

De igual manera, se cambió de óptica al derecho a la información de manera que se transformó de un sistema basado en las solicitudes de acceso a la información -que eventualmente podían colapsar la actividad natural de las oficinas del gobierno- a un sistema basado en transparencia; es decir, la mayor parte de la información sería entregada antes de que sea solicitada. Justo el 2 de octubre, Andrés Manuel se lanzó en contra de la institución encargada de operar el derecho de acceso a la información, el INAI.

Dentro de sus declaraciones hay muchas cosas que se deben evaluar con serenidad. En principio se refirió a que el instituto había mantenido la secrecía de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, lo cual no es verdad y es valiente y puntualmente desmentido por el artífice de esa apertura, el excomisionado Ángel Trinidad Zaldívar.1 Por otro lado, el presidente electo dijo: “Ahí tienen ustedes ejemplos, como el Instituto de la Transparencia: ganan como 250 mil pesos mensuales los consejeros y ¿qué han hecho desde que se fundó ese Instituto? ¿Han evitado la corrupción en México? ¡Nada! ¡Al contrario!”.

Al respecto, hay que señalar que tiene razón al criticar los jugosos sueldos de los consejeros del INAI contrastados con sus resultados. Asimismo, no hay que olvidar la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual desde su creación estuvo viciada por lo que representó costos altísimos del erario público y su funcionalidad es limitada. Al día de hoy, el sistema informático es inintelegible, poco amigable, lo que da como resultado que algo tan básico como los sueldos, salarios y prestaciones de los funcionarios no estén al alcance de un “clic”.

De igual manera, el sedicente “nuevo” INAI, en lugar de aprovechar la experiencia, muy valiosa por cierto, de los anteriores funcionarios para no repetir los traspiés que costó la institucionalización, ensoberbecidos cayeron en errores como el no recibir a funcionarios del gobierno para escucharlos, cuestión que desde la época de Alonso Lujambio se había superado.

Finalmente, a la expresión de que la transparencia no había terminado con la corrupción, estoy totalmente de acuerdo con Andrés Manuel. Sin embargo, hay algo que debe quedar puntualizado: ninguna autoridad dedicada a transparentar las actividades públicas representa el arma idónea para combatir la corrupción. La transparencia es un componente del combate a la corrupción, pero no es la estrategia frontal, es tan solo una herramienta más de todo un entramado que constituye un sistema.

Por supuesto que un sistema anticorrupción debe tener fortalecido el derecho a la información; sin embargo, además de eso, debe haber un despliegue de leyes y operadores que actúen en el marco del control administrativo, entre otros rubros. De esta manera, el control administrativo es el componente que se debe fortalecer, si es que se quiere terminar con las “simulaciones” a las que se refiere AMLO. Esto es, la transparencia se convierte en un indicador del combate a la corrupción; entre más transparente sea el gobierno, más esfuerzos se están haciendo en combatir a la corrupción.

Deportes

Comité Olímpico Mexicano ya no dará hospedaje ni comida a deportistas

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Foto: Cuartoscuro.

MÉXICO.- Debido a la falta de presupuesto, el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció que dejará de proveer hospedaje, alimentación y atención médica a los deportistas que integran sus distintas federaciones.

A través de una circular difundida de manera interna y que filtró el semanario Proceso, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, informó que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) cerrará de manera parcial a partir del 31 de julio de este año, por ende, los citados servicios quedarán suspendidos de manera infefinida .

Ya es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrecen. Dado lo anterior se ha tomado la difícil decisión de suspender por completo y en forma indefinida dichos servicios a partir del 31 de julio, agradeciendo sean tan amables en cancelar, suspender y/o retirar todas sus reservaciones a partir de esta fecha”.
Comité Olímpico Mexicano

De 2012 a la fecha, el Comité Olímpico Mexicano ha subsistido gracias a los recursos que el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en turno le ha asignado. Por ejemplo, en el cuatrienio que comenzó en 2008 la asociación civil recibió 80 millones a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Sin embargo, los actuales ajustes presupuestales derivaron en que la dirigente de la Conade, Ana Gabriela Guevara, todavía no haya asignado una partida presupuesta al COM; cabe señalar que la citada Comisión sufrió un recorte de 70 millones de pesos en el presente año.

Es por ello que Guevara reveló este martes que pediría una ampliación presupuestal por 500 millones de pesos en aras de concluir satisfactoriamente el 2019, toda vez que, según la funcionaria, no existe el suficiente dinero para operar el organismo.

Inclusive y como se dice en el documento referido en un inicio, Padilla Becerra ha sostenido negociaciones con la SEP y la Secretaría de Hacienda en aras de obtener los recursos necesarios, pero hasta ahora no ha existido ningún arreglo.

“Mantenemos la firme intención de encontrar soluciones para que esta situación pueda revertirse rápidamente y evitar así que afecte el desempeño de los atletas que nos representarán en diversas lides deportivas durante 2020, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio”, dijo el Comité Olímpico Mexicano.

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