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El abogado de las abejas

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Fausto Kubli, 54 KB, Fausto Kubli

En fechas recientes el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que deja a la siguiente administración un país altamente productivo en términos agrícolas y con un buen número de cifras récord tanto en producción como en exportaciones.

Nuestro país ha apostado al libre mercado y tenemos relaciones comerciales con las economías más fuertes del mundo y sin que quepa la menor duda, la noticia del todavía presidente es de celebrarse. Sin embargo, hay que pensar un poco más allá de esta producción tan exitosa, histórica, y me refiero al costo ambiental de ese logro.

Solo para ilustrar un poco: cada fresa que se vende en el mercado utilizó 15 litros de agua, esto se traduce en que la producción de fresas utilizó el equivalente de agua que se usa en Guadalajara durante un año. También hay que tomar en cuenta el uso de fertilizantes, pesticidas, herbicidas químicos que son muy productivos, pero poco amigables con el medio ambiente. Este escenario es un logro para las autoridades de la Secretaría de Agricultura, pero un fracaso para la Secretaría de Medio Ambiente.

Gracias a Norman Borlaug –quien obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1970– se logró incrementar la producción agrícola en todo el mundo a partir de la hibridación, el monocultivo y el uso de productos químicos. Conocida como la Revolución Verde, este patrón productivo sacó de la hambruna a mil millones de seres humanos. México tuvo un papel protagonista en este paradigma, dado que fue aquí que se desarrollaron nuevas variedades genéticas de maíz y trigo.

Además, se albergó en nuestro país el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Este modelo productivo tuvo sacrificios sociales y culturales, la milpas que son sistemas agrícolas milenarios tendieron a desaparecer. En una milpa coexisten muchos productos agrícolas y cada uno tiene funciones definidas. Por ejemplo, el chile aleja insectos, la calabaza fija nitrógeno en el suelo para que crezcan maíces, es un sistema.

Sin embargo, a la milpa le llegó la frase de Thomas Robert Malthus, quien sostenía que mientras la población crecía en términos geométricos [2, 4, 8, 16, 32, 64], la producción alimenticia lo hacía aritméticamente [2, 4, 6, 8, 10, 12]. Solo hay que ponerse a pensar cómo ese modelo productivo podría alimentar a la población de la Ciudad de México.

Tanto en México, como en el mundo, por muchos medios, se ha denunciado la utilización de productos químicos y su impacto en los hatos de abejas. Recientemente, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín solicitó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a incluir, como una estrategia nacional de sanidad animal, medidas para la preservación de las abejas.

Las antophilas, como se conoce científicamente a las abejas, son responsables de polinizar el 70 por ciento de todos los cultivos del mundo, esto es, que sin estos pequeños insectos no habría suficiente alimentación para toda la especie humana. En la medida en que desaparezcan las abejas, disminuirá la agricultura en varios sectores. En este escenario, no solamente está expuesta la desaparición de la producción de miel y todos los productos que se relacionan a la apicultura, se trata de un tema silenciosamente delicado: las abejas necesitan un abogado.

En especial en México, el uso de químicos en la agricultura con neonicotinoides, que por cierto esta sustancia está prohibida en Europa, representan un verdadero riesgo para las abejas. En principio, las pueden eliminar, lo cual es una catástrofe; de igual manera, pueden recolectar polen y producir miel con trazas de ese químico, lo cual pondría en riesgo a la salud humana y disminuye la calidad de los productos derivados o, simplemente, podría causarles un daño neurológico a la abejas, lo que les impediría regresar a los panales, teniendo también severas consecuencias.

Ahora bien, se suma a lo anterior, las malas prácticas agrícolas en México, en donde existe poco o cero control en la distribución de estos productos altamente recalcitrantes con el medio ambiente, en donde, en muchas ocasiones, el campesino usa –por desconocimiento– pesticidas de manera que pone en riesgo su salud y la de los demás. Este desorden debe corregirse inmediatamente.

El caso de los apicultores de Calakmul, Campeche, puede servir de referente nacional para repensar las prácticas agrícolas. Conozco de primera voz que Porfirio Uribe, director de la asociación civil “Productores Orgánicos de Calakmul”, está impulsando la idea de consolidar a ese municipio como el primero de muchos en ser enteramente de producción orgánica.

En principio, se trata de la producción de miel orgánica, dado que se desarrolla en la zona de amortiguamiento de esta enorme reserva de la Biósfera. En este sentido, la aspiración de la agricultura mexicana debe venir acompañada del importante lugar que tiene México como poseedor de una vasta biodiversidad. Para lograr este objetivo, se deben llevar a cabo varios esfuerzos para desarrollar técnicas agrícolas mucho más limpias y respetuosas con el ambiente, más allá de los modelos que se tienen hoy.

Es importante señalar que en una empresa de tal magnitud no se debe excluir a ningún actor, al contrario, cada uno (como las abejas) tiene una función específica. La investigación científica es un primer paso para que comience una verdadera política agrícola-ambiental disruptiva; el papel del sector social es fundamental: dentro de los procesos sociales hay prácticas ancestrales que podríamos rescatar, hay que tomar en cuenta que es en las áreas de mayor concentración biológica, también son de alta densidad poblacional de grupos originarios; las empresas que desarrollan tecnología también tienen una posición importante, son ellas las que pueden ofrecer una infraestructura sólida y con experiencia para instrumentar mejores prácticas.

En este concierto, la protección del medio ambiente, la conservación y el mantenimiento de hábitats debe ser la base de funcionamiento. Al final de cuentas, el desarrollo sustentable es la conciliación de intereses económicos, sociales y ambientales. Si logramos ese nivel de comunicación y entendimiento, eliminando prejuicios de todas partes, en un futuro las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente darán conjuntamente buenas noticias.

En este periodo de la historia humana, el problema de la producción alimenticia es un problema ambiental que repercute en la pérdida de ecosistemas, en la contaminación de suelos, de cuerpos de agua, en la desaparición de especies, en el gasto energético que está asociado al cambio climático, en síntesis: esto debe cambiar.

Ha llegado el momento en que todos los sectores interesados tomen decisiones para que producción alimenticia y medio ambiente no sean antagónicos.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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