Conéctate con nosotros

Opinión

Constitución y Afromexicanidad: La agenda pendiente

José Ramón González Chávez, 61 KB, Afromexicanidad

Los aportes de la población africana y afrodescendiente a la historia, la cultura y la sociedad mexicanas, exige valorizar y colocar en su justo sitio el papel determinante que esta ha venido jugando en la construcción de nuestra identidad colectiva, así como construir un entorno social en el que el reconocimiento de la diferencia étnica y cultural dé sustento a una sociedad más incluyente y plural, estableciendo sus derechos específicos y las instituciones y mecanismos que los garanticen. Sin embargo, los pueblos, comunidades y personas afromexicanas, ubicados principalmente –aunque no de manera exclusiva– en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Chiapas, México, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, forman un sector social que para la historia demográfica de nuestro país ha sido invisible y para nuestro estado constitucional hasta ahora resulta inexistente.

La realidad actual afromexicana es una muestra más de la crisis del Derecho que ya Luigi Ferrajoli, en su libro Derechos y Garantías; La Ley del más débil, ha denunciado y señalado como causa de la crisis de la democracia: La reconfiguración del sistema de fuentes del Derecho en aras de una pretendida globalización del sistema jurídico occidental, sobrepuesta en muchos casos a las realidades locales en detrimento de una perspectiva propia de mejoramiento y desarrollo; la creación de instrumentos jurídicos solo para satisfacer intereses sectoriales inmediatistas generadora de una hiperinflación jurídica que obstaculiza –cuando no impide– convertir en hechos el principio y fin último del derecho que es hacer justicia, son factores que trastocan sensiblemente valores ético-políticos como la igualdad, la dignidad de las personas y, en general, los derechos fundamentales y todo esto en la realidad afromexicana, resulta más que evidente.

No obstante, ser un elemento determinante de nuestra identidad nacional, es lamentable reconocer que la gran mayoría de los mexicanos y aún los libros de texto oficiales desconocen o ignoran el indudable legado que los inmigrantes africanos han dado a México, no solo en términos de fuerza de trabajo forzado, sino también en los ámbitos religioso, folclórico, artístico, cultural y hasta político. En este último rubro baste recordar el primer movimiento de corte independentista protagonizado a fines del siglo XVI y principios del XVII en el ahora estado de Veracruz por Gaspar Nyanga, el noble ghanés convertido en esclavo que logró erigir junto con sus seguidores la primera comunidad independiente en el continente americano reconocida por el propio gobierno virreinal: San Lorenzo de los Negros; un siglo después a insurgentes afrodescendientes como Jose María Morelos, padre de la República y Vicente Guerrero, consumador de la independencia y presidente de México, quienes contribuyeron significativamente a la construcción del Estado mexicano y su régimen jurídico y político; a Juan Álvarez, líder de la Reforma y también presidente de la República, impulsor de la creación del estado de Guerrero; a Vicente Riva Palacio, autor de la famosa obra monumental “México a través de los Siglos” y Alcalde de la Ciudad de México, por cierto, descendiente de Yanga, a quien reconoció como héroe nacional.

Hoy como nunca, los tratados internacionales son fuente primordial de la transformación del orden jurídico interno y el caso que nos ocupa es un claro ejemplo, donde los instrumentos jurídicos internacionales son propulsores de la evolución jurídica y política de la nación. En 2010, como parte de las acciones encaminadas a cumplir con lo estipulado en instrumentos vinculantes de derecho internacional en la materia, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) realizó una encuesta que produjo resultados sorprendentes, entre ellos, que una cuarta parte de las y los mexicanos no está dispuesta a que en su casa viva alguien de otra raza, y que 15 por ciento siente que sus derechos (trato digno, igualdad de oportunidades, igualdad laboral, requerimiento de servicios) han sido transgredidos por el color de su piel.

En seguimiento a una recomendación hecha en 2012 al Estado Mexicano por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (GT-CERD), la CONAPRED creó un grupo de trabajo ad hoc para impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos, las comunidades y las personas afromexicanas, que en ciertos aspectos se encuentran en condiciones inferiores a las de los propios grupos y comunidades originarios. En este contexto, gracias a un acuerdo entre la CONAPRED y el INEGI, se logró incluir en la encuesta intercensal 2015 una pregunta que permitió “descubrir” que 1.16 por ciento de la población –esto es, cerca de millón y medio de personas– se reconocen como afromexicanas, además de un 0.5 por ciento adicional que equivale a 600 mil que se consideran “en parte” dentro de ese sector demográfico, lo que convierte a este grupo en la tercera comunidad minoritaria, solo después de la nahua y la maya.

Este dato también ha permitido descubrir otras variables que muestran una inequidad evidente: 6.9 por ciento de las personas afromexicanas es analfabeta, mayor a la media nacional que es de 5.5 por ciento; su promedio de escolaridad es de 8.9 años, cuando en general es de 9.1 por ciento; los mayores de 12 años que trabajan o buscan empleo suman 53 por ciento, índice mayor al 50 por ciento nacional y dentro de este rubro, la proporción de hombres respecto de mujeres es mayor a la media; 36.5 por ciento contra 33 por ciento. Posteriormente, esta misma Comisión calificó 28 casos de discriminación sucedidos entre 2011 y 2016 contra personas de ascendencia afromexicana, 5 de ellos proferidos por servidores públicos, 57 por ciento de estos sucedidos en la Ciudad de México (!).

En materia de instituciones y políticas públicas, la situación no es muy diferente: únicamente los estados de Guerrero y Oaxaca cuentan con alguna institución encargada de investigar sobre sus realidades, asistirles legalmente, realizar coordinación interinstitucional para realizar acciones en su beneficio e incluirlos en las decisiones que los afectan. Todos estos datos, hechos y casos específicos de que se tiene registro, muestran la imperiosa necesidad de atender el problema de discriminación estructural de que han sido objeto y siguen padeciendo las y los afromexicanos. De ahí que en congruencia con el actual perfil de nuestro sistema constitucional, estas personas, comunidades y grupos requieren ser incluidos como parte de la composición cultural de la nación y, por ende, sujetos de derechos y garantías, no solo para hacerlos jurídicamente visibles y reconocer en justicia su aportación histórica a nuestra mexicanidad, sino para garantizar la concreción de sus derechos de autodeterminación, autonomía, respeto a sus tradiciones, desarrollo e inclusión social.

Hace unos días en el Senado de la República se presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar el artículo 2° de la Carta Magna en el sentido de visibilizar jurídicamente a las personas, pueblos y comunidades afromexicanas a la que se adhirieron todas las fracciones parlamentarias que componen la legislatura. Sin perjuicio de que esta pueda concretarse, no hay que perder de vista que la mera reforma legal no resuelve por sí misma la problemática social; es preciso que sea acompañada por políticas, instituciones, recursos, programas y acciones concretas, con singular énfasis en los de tipo educativo y cultural, que conformen un piso firme de equidad que los lleve a gozar, en los hechos, de la igualdad jurídica, política y social que merecen, y que permitan que el espíritu de la norma se convierta poco a poco en parte de la ética social, en una forma de ver y vivir la vida de los todos los mexicanos.

Deportes

Comité Olímpico Mexicano ya no dará hospedaje ni comida a deportistas

comite_olimpico, Comité Olímpico Mexicano, 56 kb, deportistas
Foto: Cuartoscuro.

MÉXICO.- Debido a la falta de presupuesto, el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció que dejará de proveer hospedaje, alimentación y atención médica a los deportistas que integran sus distintas federaciones.

A través de una circular difundida de manera interna y que filtró el semanario Proceso, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, informó que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) cerrará de manera parcial a partir del 31 de julio de este año, por ende, los citados servicios quedarán suspendidos de manera infefinida .

Ya es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrecen. Dado lo anterior se ha tomado la difícil decisión de suspender por completo y en forma indefinida dichos servicios a partir del 31 de julio, agradeciendo sean tan amables en cancelar, suspender y/o retirar todas sus reservaciones a partir de esta fecha”.
Comité Olímpico Mexicano

De 2012 a la fecha, el Comité Olímpico Mexicano ha subsistido gracias a los recursos que el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en turno le ha asignado. Por ejemplo, en el cuatrienio que comenzó en 2008 la asociación civil recibió 80 millones a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

TE RECOMENDAMOS LEER: Conade no tiene ni para pagar la luz, asegura Ana Gabriela Guevara

Sin embargo, los actuales ajustes presupuestales derivaron en que la dirigente de la Conade, Ana Gabriela Guevara, todavía no haya asignado una partida presupuesta al COM; cabe señalar que la citada Comisión sufrió un recorte de 70 millones de pesos en el presente año.

Es por ello que Guevara reveló este martes que pediría una ampliación presupuestal por 500 millones de pesos en aras de concluir satisfactoriamente el 2019, toda vez que, según la funcionaria, no existe el suficiente dinero para operar el organismo.

Inclusive y como se dice en el documento referido en un inicio, Padilla Becerra ha sostenido negociaciones con la SEP y la Secretaría de Hacienda en aras de obtener los recursos necesarios, pero hasta ahora no ha existido ningún arreglo.

“Mantenemos la firme intención de encontrar soluciones para que esta situación pueda revertirse rápidamente y evitar así que afecte el desempeño de los atletas que nos representarán en diversas lides deportivas durante 2020, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio”, dijo el Comité Olímpico Mexicano.

Continuar leyendo

Reporte Nivel Uno No. 115

Política

CDMX

Tienes que leer