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Constitución y Afromexicanidad: La agenda pendiente

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José Ramón González Chávez, 61 KB, Afromexicanidad

Los aportes de la población africana y afrodescendiente a la historia, la cultura y la sociedad mexicanas, exige valorizar y colocar en su justo sitio el papel determinante que esta ha venido jugando en la construcción de nuestra identidad colectiva, así como construir un entorno social en el que el reconocimiento de la diferencia étnica y cultural dé sustento a una sociedad más incluyente y plural, estableciendo sus derechos específicos y las instituciones y mecanismos que los garanticen. Sin embargo, los pueblos, comunidades y personas afromexicanas, ubicados principalmente –aunque no de manera exclusiva– en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Chiapas, México, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, forman un sector social que para la historia demográfica de nuestro país ha sido invisible y para nuestro estado constitucional hasta ahora resulta inexistente.

La realidad actual afromexicana es una muestra más de la crisis del Derecho que ya Luigi Ferrajoli, en su libro Derechos y Garantías; La Ley del más débil, ha denunciado y señalado como causa de la crisis de la democracia: La reconfiguración del sistema de fuentes del Derecho en aras de una pretendida globalización del sistema jurídico occidental, sobrepuesta en muchos casos a las realidades locales en detrimento de una perspectiva propia de mejoramiento y desarrollo; la creación de instrumentos jurídicos solo para satisfacer intereses sectoriales inmediatistas generadora de una hiperinflación jurídica que obstaculiza –cuando no impide– convertir en hechos el principio y fin último del derecho que es hacer justicia, son factores que trastocan sensiblemente valores ético-políticos como la igualdad, la dignidad de las personas y, en general, los derechos fundamentales y todo esto en la realidad afromexicana, resulta más que evidente.

No obstante, ser un elemento determinante de nuestra identidad nacional, es lamentable reconocer que la gran mayoría de los mexicanos y aún los libros de texto oficiales desconocen o ignoran el indudable legado que los inmigrantes africanos han dado a México, no solo en términos de fuerza de trabajo forzado, sino también en los ámbitos religioso, folclórico, artístico, cultural y hasta político. En este último rubro baste recordar el primer movimiento de corte independentista protagonizado a fines del siglo XVI y principios del XVII en el ahora estado de Veracruz por Gaspar Nyanga, el noble ghanés convertido en esclavo que logró erigir junto con sus seguidores la primera comunidad independiente en el continente americano reconocida por el propio gobierno virreinal: San Lorenzo de los Negros; un siglo después a insurgentes afrodescendientes como Jose María Morelos, padre de la República y Vicente Guerrero, consumador de la independencia y presidente de México, quienes contribuyeron significativamente a la construcción del Estado mexicano y su régimen jurídico y político; a Juan Álvarez, líder de la Reforma y también presidente de la República, impulsor de la creación del estado de Guerrero; a Vicente Riva Palacio, autor de la famosa obra monumental “México a través de los Siglos” y Alcalde de la Ciudad de México, por cierto, descendiente de Yanga, a quien reconoció como héroe nacional.

Hoy como nunca, los tratados internacionales son fuente primordial de la transformación del orden jurídico interno y el caso que nos ocupa es un claro ejemplo, donde los instrumentos jurídicos internacionales son propulsores de la evolución jurídica y política de la nación. En 2010, como parte de las acciones encaminadas a cumplir con lo estipulado en instrumentos vinculantes de derecho internacional en la materia, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) realizó una encuesta que produjo resultados sorprendentes, entre ellos, que una cuarta parte de las y los mexicanos no está dispuesta a que en su casa viva alguien de otra raza, y que 15 por ciento siente que sus derechos (trato digno, igualdad de oportunidades, igualdad laboral, requerimiento de servicios) han sido transgredidos por el color de su piel.

En seguimiento a una recomendación hecha en 2012 al Estado Mexicano por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (GT-CERD), la CONAPRED creó un grupo de trabajo ad hoc para impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos, las comunidades y las personas afromexicanas, que en ciertos aspectos se encuentran en condiciones inferiores a las de los propios grupos y comunidades originarios. En este contexto, gracias a un acuerdo entre la CONAPRED y el INEGI, se logró incluir en la encuesta intercensal 2015 una pregunta que permitió “descubrir” que 1.16 por ciento de la población –esto es, cerca de millón y medio de personas– se reconocen como afromexicanas, además de un 0.5 por ciento adicional que equivale a 600 mil que se consideran “en parte” dentro de ese sector demográfico, lo que convierte a este grupo en la tercera comunidad minoritaria, solo después de la nahua y la maya.

Este dato también ha permitido descubrir otras variables que muestran una inequidad evidente: 6.9 por ciento de las personas afromexicanas es analfabeta, mayor a la media nacional que es de 5.5 por ciento; su promedio de escolaridad es de 8.9 años, cuando en general es de 9.1 por ciento; los mayores de 12 años que trabajan o buscan empleo suman 53 por ciento, índice mayor al 50 por ciento nacional y dentro de este rubro, la proporción de hombres respecto de mujeres es mayor a la media; 36.5 por ciento contra 33 por ciento. Posteriormente, esta misma Comisión calificó 28 casos de discriminación sucedidos entre 2011 y 2016 contra personas de ascendencia afromexicana, 5 de ellos proferidos por servidores públicos, 57 por ciento de estos sucedidos en la Ciudad de México (!).

En materia de instituciones y políticas públicas, la situación no es muy diferente: únicamente los estados de Guerrero y Oaxaca cuentan con alguna institución encargada de investigar sobre sus realidades, asistirles legalmente, realizar coordinación interinstitucional para realizar acciones en su beneficio e incluirlos en las decisiones que los afectan. Todos estos datos, hechos y casos específicos de que se tiene registro, muestran la imperiosa necesidad de atender el problema de discriminación estructural de que han sido objeto y siguen padeciendo las y los afromexicanos. De ahí que en congruencia con el actual perfil de nuestro sistema constitucional, estas personas, comunidades y grupos requieren ser incluidos como parte de la composición cultural de la nación y, por ende, sujetos de derechos y garantías, no solo para hacerlos jurídicamente visibles y reconocer en justicia su aportación histórica a nuestra mexicanidad, sino para garantizar la concreción de sus derechos de autodeterminación, autonomía, respeto a sus tradiciones, desarrollo e inclusión social.

Hace unos días en el Senado de la República se presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar el artículo 2° de la Carta Magna en el sentido de visibilizar jurídicamente a las personas, pueblos y comunidades afromexicanas a la que se adhirieron todas las fracciones parlamentarias que componen la legislatura. Sin perjuicio de que esta pueda concretarse, no hay que perder de vista que la mera reforma legal no resuelve por sí misma la problemática social; es preciso que sea acompañada por políticas, instituciones, recursos, programas y acciones concretas, con singular énfasis en los de tipo educativo y cultural, que conformen un piso firme de equidad que los lleve a gozar, en los hechos, de la igualdad jurídica, política y social que merecen, y que permitan que el espíritu de la norma se convierta poco a poco en parte de la ética social, en una forma de ver y vivir la vida de los todos los mexicanos.

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Un mexicano me dijo…

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Mexicano, 93 KB, Mexicano

“Lo que empieza mal, mal terminal”, esta es la frase que AMLO no le gusta escuchar de su equipo -nos comentan-, pues en algunos círculos consideraron como exagerada la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Nos refieren que senadores de Morena obedecen “incondicionalmente” a su jefe, no obstante algunos ya expresaron, tras bambalinas por supuesto, su preocupación por la tormenta económica que podría venir.

Hace algunos días el presidente electo dijo que “Televisa es extraordinaria para el país” y días después Ricardo Salinas Pliego logró la ampliación por 20 años la concesión de TV Azteca. Tal parece que las televisoras lograron, desde la campaña misma, hacer las paces con López Obrador, aunque vaya a recortar el 50 por ciento en el gasto de publicidad gubernamental.

El equipo que se encargará de la seguridad en el próximo sexenio ha puesto todas las canicas en la legalización de la marihuana y la ha puesto como uno de los ejes principales en la recuperación de la paz en México. Nos comentan que, a pesar de que el tema de las drogas no es muy bien visto por el presidente electo, su equipo ha logrado convencerlo de que ésta es una ruta viable en la lucha contra la inseguridad.

Los empresarios que se vieron afectados con la cancelación del aeropuerto en Texcoco aprendieron a la mala una lección: No se juega con el nuevo gobierno. Es así como los empresarios pasaron de mandamases a estar a expensas de la voluntad del pueblo. AMLO ya les dijo que se tranquilizaran, que su dinero y sus contratos quedarán intactos

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