Conecte con nosotros

Opinión

Constitución y Afromexicanidad: La agenda pendiente

Publicado

José Ramón González Chávez, 61 KB, Afromexicanidad

Los aportes de la población africana y afrodescendiente a la historia, la cultura y la sociedad mexicanas, exige valorizar y colocar en su justo sitio el papel determinante que esta ha venido jugando en la construcción de nuestra identidad colectiva, así como construir un entorno social en el que el reconocimiento de la diferencia étnica y cultural dé sustento a una sociedad más incluyente y plural, estableciendo sus derechos específicos y las instituciones y mecanismos que los garanticen. Sin embargo, los pueblos, comunidades y personas afromexicanas, ubicados principalmente –aunque no de manera exclusiva– en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Chiapas, México, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, forman un sector social que para la historia demográfica de nuestro país ha sido invisible y para nuestro estado constitucional hasta ahora resulta inexistente.

La realidad actual afromexicana es una muestra más de la crisis del Derecho que ya Luigi Ferrajoli, en su libro Derechos y Garantías; La Ley del más débil, ha denunciado y señalado como causa de la crisis de la democracia: La reconfiguración del sistema de fuentes del Derecho en aras de una pretendida globalización del sistema jurídico occidental, sobrepuesta en muchos casos a las realidades locales en detrimento de una perspectiva propia de mejoramiento y desarrollo; la creación de instrumentos jurídicos solo para satisfacer intereses sectoriales inmediatistas generadora de una hiperinflación jurídica que obstaculiza –cuando no impide– convertir en hechos el principio y fin último del derecho que es hacer justicia, son factores que trastocan sensiblemente valores ético-políticos como la igualdad, la dignidad de las personas y, en general, los derechos fundamentales y todo esto en la realidad afromexicana, resulta más que evidente.

No obstante, ser un elemento determinante de nuestra identidad nacional, es lamentable reconocer que la gran mayoría de los mexicanos y aún los libros de texto oficiales desconocen o ignoran el indudable legado que los inmigrantes africanos han dado a México, no solo en términos de fuerza de trabajo forzado, sino también en los ámbitos religioso, folclórico, artístico, cultural y hasta político. En este último rubro baste recordar el primer movimiento de corte independentista protagonizado a fines del siglo XVI y principios del XVII en el ahora estado de Veracruz por Gaspar Nyanga, el noble ghanés convertido en esclavo que logró erigir junto con sus seguidores la primera comunidad independiente en el continente americano reconocida por el propio gobierno virreinal: San Lorenzo de los Negros; un siglo después a insurgentes afrodescendientes como Jose María Morelos, padre de la República y Vicente Guerrero, consumador de la independencia y presidente de México, quienes contribuyeron significativamente a la construcción del Estado mexicano y su régimen jurídico y político; a Juan Álvarez, líder de la Reforma y también presidente de la República, impulsor de la creación del estado de Guerrero; a Vicente Riva Palacio, autor de la famosa obra monumental “México a través de los Siglos” y Alcalde de la Ciudad de México, por cierto, descendiente de Yanga, a quien reconoció como héroe nacional.

Hoy como nunca, los tratados internacionales son fuente primordial de la transformación del orden jurídico interno y el caso que nos ocupa es un claro ejemplo, donde los instrumentos jurídicos internacionales son propulsores de la evolución jurídica y política de la nación. En 2010, como parte de las acciones encaminadas a cumplir con lo estipulado en instrumentos vinculantes de derecho internacional en la materia, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) realizó una encuesta que produjo resultados sorprendentes, entre ellos, que una cuarta parte de las y los mexicanos no está dispuesta a que en su casa viva alguien de otra raza, y que 15 por ciento siente que sus derechos (trato digno, igualdad de oportunidades, igualdad laboral, requerimiento de servicios) han sido transgredidos por el color de su piel.

En seguimiento a una recomendación hecha en 2012 al Estado Mexicano por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (GT-CERD), la CONAPRED creó un grupo de trabajo ad hoc para impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos, las comunidades y las personas afromexicanas, que en ciertos aspectos se encuentran en condiciones inferiores a las de los propios grupos y comunidades originarios. En este contexto, gracias a un acuerdo entre la CONAPRED y el INEGI, se logró incluir en la encuesta intercensal 2015 una pregunta que permitió “descubrir” que 1.16 por ciento de la población –esto es, cerca de millón y medio de personas– se reconocen como afromexicanas, además de un 0.5 por ciento adicional que equivale a 600 mil que se consideran “en parte” dentro de ese sector demográfico, lo que convierte a este grupo en la tercera comunidad minoritaria, solo después de la nahua y la maya.

Este dato también ha permitido descubrir otras variables que muestran una inequidad evidente: 6.9 por ciento de las personas afromexicanas es analfabeta, mayor a la media nacional que es de 5.5 por ciento; su promedio de escolaridad es de 8.9 años, cuando en general es de 9.1 por ciento; los mayores de 12 años que trabajan o buscan empleo suman 53 por ciento, índice mayor al 50 por ciento nacional y dentro de este rubro, la proporción de hombres respecto de mujeres es mayor a la media; 36.5 por ciento contra 33 por ciento. Posteriormente, esta misma Comisión calificó 28 casos de discriminación sucedidos entre 2011 y 2016 contra personas de ascendencia afromexicana, 5 de ellos proferidos por servidores públicos, 57 por ciento de estos sucedidos en la Ciudad de México (!).

En materia de instituciones y políticas públicas, la situación no es muy diferente: únicamente los estados de Guerrero y Oaxaca cuentan con alguna institución encargada de investigar sobre sus realidades, asistirles legalmente, realizar coordinación interinstitucional para realizar acciones en su beneficio e incluirlos en las decisiones que los afectan. Todos estos datos, hechos y casos específicos de que se tiene registro, muestran la imperiosa necesidad de atender el problema de discriminación estructural de que han sido objeto y siguen padeciendo las y los afromexicanos. De ahí que en congruencia con el actual perfil de nuestro sistema constitucional, estas personas, comunidades y grupos requieren ser incluidos como parte de la composición cultural de la nación y, por ende, sujetos de derechos y garantías, no solo para hacerlos jurídicamente visibles y reconocer en justicia su aportación histórica a nuestra mexicanidad, sino para garantizar la concreción de sus derechos de autodeterminación, autonomía, respeto a sus tradiciones, desarrollo e inclusión social.

Hace unos días en el Senado de la República se presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar el artículo 2° de la Carta Magna en el sentido de visibilizar jurídicamente a las personas, pueblos y comunidades afromexicanas a la que se adhirieron todas las fracciones parlamentarias que componen la legislatura. Sin perjuicio de que esta pueda concretarse, no hay que perder de vista que la mera reforma legal no resuelve por sí misma la problemática social; es preciso que sea acompañada por políticas, instituciones, recursos, programas y acciones concretas, con singular énfasis en los de tipo educativo y cultural, que conformen un piso firme de equidad que los lleve a gozar, en los hechos, de la igualdad jurídica, política y social que merecen, y que permitan que el espíritu de la norma se convierta poco a poco en parte de la ética social, en una forma de ver y vivir la vida de los todos los mexicanos.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

Publicado

el

SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

Seguir leyendo
Anuncios
Anuncios

Política

Anuncios

CDMX

Anuncios

Tienes que leer