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Constitución y Afromexicanidad: La agenda pendiente

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José Ramón González Chávez, 61 KB, Afromexicanidad

Los aportes de la población africana y afrodescendiente a la historia, la cultura y la sociedad mexicanas, exige valorizar y colocar en su justo sitio el papel determinante que esta ha venido jugando en la construcción de nuestra identidad colectiva, así como construir un entorno social en el que el reconocimiento de la diferencia étnica y cultural dé sustento a una sociedad más incluyente y plural, estableciendo sus derechos específicos y las instituciones y mecanismos que los garanticen. Sin embargo, los pueblos, comunidades y personas afromexicanas, ubicados principalmente –aunque no de manera exclusiva– en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Chiapas, México, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, forman un sector social que para la historia demográfica de nuestro país ha sido invisible y para nuestro estado constitucional hasta ahora resulta inexistente.

La realidad actual afromexicana es una muestra más de la crisis del Derecho que ya Luigi Ferrajoli, en su libro Derechos y Garantías; La Ley del más débil, ha denunciado y señalado como causa de la crisis de la democracia: La reconfiguración del sistema de fuentes del Derecho en aras de una pretendida globalización del sistema jurídico occidental, sobrepuesta en muchos casos a las realidades locales en detrimento de una perspectiva propia de mejoramiento y desarrollo; la creación de instrumentos jurídicos solo para satisfacer intereses sectoriales inmediatistas generadora de una hiperinflación jurídica que obstaculiza –cuando no impide– convertir en hechos el principio y fin último del derecho que es hacer justicia, son factores que trastocan sensiblemente valores ético-políticos como la igualdad, la dignidad de las personas y, en general, los derechos fundamentales y todo esto en la realidad afromexicana, resulta más que evidente.

No obstante, ser un elemento determinante de nuestra identidad nacional, es lamentable reconocer que la gran mayoría de los mexicanos y aún los libros de texto oficiales desconocen o ignoran el indudable legado que los inmigrantes africanos han dado a México, no solo en términos de fuerza de trabajo forzado, sino también en los ámbitos religioso, folclórico, artístico, cultural y hasta político. En este último rubro baste recordar el primer movimiento de corte independentista protagonizado a fines del siglo XVI y principios del XVII en el ahora estado de Veracruz por Gaspar Nyanga, el noble ghanés convertido en esclavo que logró erigir junto con sus seguidores la primera comunidad independiente en el continente americano reconocida por el propio gobierno virreinal: San Lorenzo de los Negros; un siglo después a insurgentes afrodescendientes como Jose María Morelos, padre de la República y Vicente Guerrero, consumador de la independencia y presidente de México, quienes contribuyeron significativamente a la construcción del Estado mexicano y su régimen jurídico y político; a Juan Álvarez, líder de la Reforma y también presidente de la República, impulsor de la creación del estado de Guerrero; a Vicente Riva Palacio, autor de la famosa obra monumental “México a través de los Siglos” y Alcalde de la Ciudad de México, por cierto, descendiente de Yanga, a quien reconoció como héroe nacional.

Hoy como nunca, los tratados internacionales son fuente primordial de la transformación del orden jurídico interno y el caso que nos ocupa es un claro ejemplo, donde los instrumentos jurídicos internacionales son propulsores de la evolución jurídica y política de la nación. En 2010, como parte de las acciones encaminadas a cumplir con lo estipulado en instrumentos vinculantes de derecho internacional en la materia, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) realizó una encuesta que produjo resultados sorprendentes, entre ellos, que una cuarta parte de las y los mexicanos no está dispuesta a que en su casa viva alguien de otra raza, y que 15 por ciento siente que sus derechos (trato digno, igualdad de oportunidades, igualdad laboral, requerimiento de servicios) han sido transgredidos por el color de su piel.

En seguimiento a una recomendación hecha en 2012 al Estado Mexicano por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (GT-CERD), la CONAPRED creó un grupo de trabajo ad hoc para impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos, las comunidades y las personas afromexicanas, que en ciertos aspectos se encuentran en condiciones inferiores a las de los propios grupos y comunidades originarios. En este contexto, gracias a un acuerdo entre la CONAPRED y el INEGI, se logró incluir en la encuesta intercensal 2015 una pregunta que permitió “descubrir” que 1.16 por ciento de la población –esto es, cerca de millón y medio de personas– se reconocen como afromexicanas, además de un 0.5 por ciento adicional que equivale a 600 mil que se consideran “en parte” dentro de ese sector demográfico, lo que convierte a este grupo en la tercera comunidad minoritaria, solo después de la nahua y la maya.

Este dato también ha permitido descubrir otras variables que muestran una inequidad evidente: 6.9 por ciento de las personas afromexicanas es analfabeta, mayor a la media nacional que es de 5.5 por ciento; su promedio de escolaridad es de 8.9 años, cuando en general es de 9.1 por ciento; los mayores de 12 años que trabajan o buscan empleo suman 53 por ciento, índice mayor al 50 por ciento nacional y dentro de este rubro, la proporción de hombres respecto de mujeres es mayor a la media; 36.5 por ciento contra 33 por ciento. Posteriormente, esta misma Comisión calificó 28 casos de discriminación sucedidos entre 2011 y 2016 contra personas de ascendencia afromexicana, 5 de ellos proferidos por servidores públicos, 57 por ciento de estos sucedidos en la Ciudad de México (!).

En materia de instituciones y políticas públicas, la situación no es muy diferente: únicamente los estados de Guerrero y Oaxaca cuentan con alguna institución encargada de investigar sobre sus realidades, asistirles legalmente, realizar coordinación interinstitucional para realizar acciones en su beneficio e incluirlos en las decisiones que los afectan. Todos estos datos, hechos y casos específicos de que se tiene registro, muestran la imperiosa necesidad de atender el problema de discriminación estructural de que han sido objeto y siguen padeciendo las y los afromexicanos. De ahí que en congruencia con el actual perfil de nuestro sistema constitucional, estas personas, comunidades y grupos requieren ser incluidos como parte de la composición cultural de la nación y, por ende, sujetos de derechos y garantías, no solo para hacerlos jurídicamente visibles y reconocer en justicia su aportación histórica a nuestra mexicanidad, sino para garantizar la concreción de sus derechos de autodeterminación, autonomía, respeto a sus tradiciones, desarrollo e inclusión social.

Hace unos días en el Senado de la República se presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar el artículo 2° de la Carta Magna en el sentido de visibilizar jurídicamente a las personas, pueblos y comunidades afromexicanas a la que se adhirieron todas las fracciones parlamentarias que componen la legislatura. Sin perjuicio de que esta pueda concretarse, no hay que perder de vista que la mera reforma legal no resuelve por sí misma la problemática social; es preciso que sea acompañada por políticas, instituciones, recursos, programas y acciones concretas, con singular énfasis en los de tipo educativo y cultural, que conformen un piso firme de equidad que los lleve a gozar, en los hechos, de la igualdad jurídica, política y social que merecen, y que permitan que el espíritu de la norma se convierta poco a poco en parte de la ética social, en una forma de ver y vivir la vida de los todos los mexicanos.

Opinión

El gobierno váucher

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Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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