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El dilema migratorio: Entre la malinche y Trump

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José Ramón González Chávez, 61 KB, Trump

Ante tantas notas generadas día con día a partir del inicio de la marcha migrante centroamericana a Estados Unidos vía México, es importante procesar, hacer un ejercicio de análisis a fin de brindar un panorama lo más claro posible de qué es lo que realmente está pasando y cuáles son las posiciones de los gobiernos mexicano, norteamericano y de los países centroamericanos, así como de la sociedad civil, en cada uno de estos países para poder llegar a un necesario equilibrio entre derecho y política.

Aunque no se sabe hasta la fecha quién o quiénes fueron los convocantes (al parecer la iniciativa surgió de las “redes sociales” con todo o nada que esto quiera decir), todo inició con un contingente que salió de Honduras el pasado 12 de octubre (Día de la Raza, en México; “Día de la Hispanidad”, en España; así como “Día de la resistencia Indígena, en otras naciones e ideologías), bajo el argumento de que no se trata de una marcha, sino de un éxodo por la insostenible situación política y económica que se vive en su país aunada a la extorsión de los grupos delictivos; y en su trayecto se fueron uniendo muchas más personas de El Salvador y Honduras, sacrificando la invisibilidad con que tradicionalmente se han caracterizado a cambio de la seguridad y la fortaleza y hasta el ahorro económico que les da viajar en grupos grandes y hacer una voz común, minimizando el impacto del coyotaje y el crimen organizado que han controlado el flujo de migrantes; incluso, se han sumado muchos mexicanos de los que, por cierto, poco se habla.

Cuando llegaron al río Suchiate una semana después de su salida, eran ya más de 7 mil. En el contingente hay discapacitados y mujeres que viajan con sus hijos, otras embarazadas con la esperanza tal vez de atravesar la frontera antes del parto, lo que le daría la oportunidad a su descendiente de tener la nacionalidad norteamericana por haber nacido allá. Los primeros grupos llegaron a la Ciudad de México el 5 de noviembre. Después de una semana de descanso. Los más jóvenes y osados, por no decir imprudentes, deciden marchar hacia Tamaulipas, la frontera más cercana a 967 km, siguiendo las vías del tren que bordean el Golfo de México, sin importarles tener que pasar por dos de los estados con los mayores índices de incidencia delictiva y donde se da el mayor porcentaje de secuestro de migrantes: Veracruz y Tamaulipas.

Otros —la mayoría— se dirigen hacia Tijuana, conscientes de que la distancia desde México es tres veces más larga que la que hay a Tamaulipas, pero que es una ruta más segura o, mejor dicho, menos insegura, ya que tienen que pasar por Celaya, Guanajuato, donde se han detectado varias casas de seguridad con migrantes secuestrados, pero también por Jalisco y Sinaloa, donde hay una fuerte disputa entre cárteles y han venido siendo secuestrados para trabajar de manera forzada en los campos de cultivo de drogas, y luego atravesar el desierto de sonora, uno de los más inhóspitos del planeta (la ruta del diablo), encima del techo de un tren de carga que a esas temperaturas es una verdadera plancha ardiente. Ante la acogida mexicana en ciudades afines al presidente entrante, que corre el riesgo de que no sea la misma para los grupos por venir, cientos de inmigrantes centroamericanos se suman al éxodo hacia tierras mexicanas, no solo con la pretensión de atravesar la frontera México-Estadounidense, sino para beneficiarse de las facilidades proporcionadas por los gobiernos estatales y locales afines al presidente electo en materia de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, entretenimiento, etc., y aprovechar la eventual oferta de empleo ofrecida en nuestro país.

El presidente electo dice que habrá empleo temporal para los migrantes para la construcción del tren maya, un proyecto del que aún no se conoce su expectativa, alcance, costos etc. En lo que respecta al vector Norteamericano, desde su toma de posesión, el presidente Trump logró, al principio, el descenso en el cruce de inmigrantes ilegales más bajo de la historia en los últimos 40 años. Aunque el flujo migratorio se ha ido incrementando de nuevo, esta forma innovadora de desplazamiento colectivo ha creado reacciones xenófobas en Estados Unidos, imponiendo obstáculos adicionales a los que ya de por si los migrantes han tenido históricamente. Lo anterior, aunado al entorno de las elecciones intermedias que terminaron por arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados, Donald Trump endurece su postura mientras la caravana se acerca a la línea divisoria.

Desde que partió de Honduras el 12 de octubre pasado, el presidente norteamericano la calificó como una “Horda Invasora de gente que no son precisamente angelitos, sino curtidos criminales”; solicitó al gobierno mexicano detenerlos y determinó tomar acciones ejecutivas para cerrarles la frontera, incluso a quienes buscan asilo político: “Necesitamos gente, pero tienen que ingresar de manera legal y tener un mérito. Se requiere del apoyo del congreso para atender la situación”, declara ante los medios, en un intento de endosarle la responsabilidad al Congreso o al menos de involucrar en el tema a los demócratas. Desplaza tropas, no de la guardia civil, sino del ejército (es un asunto de Estado), con la intención de tener un desplazamiento igual al que tiene en Afganistán.

Pretende establecer campamentos para verificar documentación de migrantes que solicitan asilo político y pronostica que ahí se quedarán por una larga temporada; presiona al gobierno mexicano y los centroamericanos para detener la avalancha migrante, provocando serias tensiones diplomáticas en la región, incluso entre países que como Guatemala y Honduras que se acusan mutuamente de corrupción propiciatoria del éxodo y se ordenan uno al otro detener la marcha. Organizaciones de derechos humanos de países centroamericanos temen actos materiales de represión contra los inmigrantes. En lo tocante al gobierno mexicano, este mantiene en lo jurídico una posición ambigua.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dice que los migrantes deben respetar la ley en su ingreso a nuestro país y presentar sus documentos para solicitar refugio, pero en los hechos lo cierto es que el gobierno no cuenta con los recursos ni la eficiencia para contener la densidad del flujo migratorio. En México, la PGR dice que tiene abiertas 270 carpetas de investigación por secuestro de migrantes cometidos solo en el estado de Veracruz. Pero se dice que la situación es más grave en Tamaulipas, donde han llegado a secuestrar autobuses y camiones llenos de migrantes y, especialmente, en Reynosa donde desde hace al menos tres años se disputan la plaza distintos grupos o carteles de delincuentes organizados.

Por su parte, la oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA por sus siglas en inglés), 99 por ciento de los secuestros que se comenten en México contra migrantes no se investiga. La respuesta del gobierno saliente se mantiene indecisa cuando no contradictoria. Por un lado, al inicio dispuso un muro de policías, militares y agentes migratorios para contener el ingreso; de hecho, llegó a haber un altercado en el que hubo heridos de ambos lados y murió un migrante; posteriormente, vía telefónica ratifica el Pacto Global por la Migración que tiene suscrito con Honduras y Guatemala para asegurar el retorno de quienes así lo deseen a su país de origen, al que se han acogido más de 2 mil personas; luego se mostró sensible ante la situación de los peregrinos; los policías que días antes los retenían, ahora los escoltan; el Secretario de gobernación afirmó que la migración indocumentada no está penalizada en México y los calificó de “población vulnerable”, ofreciéndoles asilo, el que han aceptado hasta el momento otras 2 mil personas; hay quien dice que el ritmo de solicitudes de asilo es de 300 diarias, pero la realidad burocrática estima que cada solicitud se analizara por separado y que el trámite individual será de unos 40 días en promedio.

Así, los migrantes marchan en la cuerda floja entre la titubeante política migratoria del gobierno mexicano y el show mediático sensiblero, y la postura que parece inamovible de Trump. ¿Qué pasará cuando todos estos miles de migrantes mexicanos y extranjeros lleguen a las diferentes fronteras con Norteamérica? ¿Qué postura tendrán los gobiernos involucrados y los organismos internacionales cuando ahí ya no haya más apoyo civil y de los gobiernos locales? He ahí el dilema… Sin duda nos encontramos ante una situación inédita en la historia de la diplomacia y el Derecho internacional público y privado…

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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