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El dilema migratorio: Entre la malinche y Trump

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José Ramón González Chávez, 61 KB, Trump

Ante tantas notas generadas día con día a partir del inicio de la marcha migrante centroamericana a Estados Unidos vía México, es importante procesar, hacer un ejercicio de análisis a fin de brindar un panorama lo más claro posible de qué es lo que realmente está pasando y cuáles son las posiciones de los gobiernos mexicano, norteamericano y de los países centroamericanos, así como de la sociedad civil, en cada uno de estos países para poder llegar a un necesario equilibrio entre derecho y política.

Aunque no se sabe hasta la fecha quién o quiénes fueron los convocantes (al parecer la iniciativa surgió de las “redes sociales” con todo o nada que esto quiera decir), todo inició con un contingente que salió de Honduras el pasado 12 de octubre (Día de la Raza, en México; “Día de la Hispanidad”, en España; así como “Día de la resistencia Indígena, en otras naciones e ideologías), bajo el argumento de que no se trata de una marcha, sino de un éxodo por la insostenible situación política y económica que se vive en su país aunada a la extorsión de los grupos delictivos; y en su trayecto se fueron uniendo muchas más personas de El Salvador y Honduras, sacrificando la invisibilidad con que tradicionalmente se han caracterizado a cambio de la seguridad y la fortaleza y hasta el ahorro económico que les da viajar en grupos grandes y hacer una voz común, minimizando el impacto del coyotaje y el crimen organizado que han controlado el flujo de migrantes; incluso, se han sumado muchos mexicanos de los que, por cierto, poco se habla.

Cuando llegaron al río Suchiate una semana después de su salida, eran ya más de 7 mil. En el contingente hay discapacitados y mujeres que viajan con sus hijos, otras embarazadas con la esperanza tal vez de atravesar la frontera antes del parto, lo que le daría la oportunidad a su descendiente de tener la nacionalidad norteamericana por haber nacido allá. Los primeros grupos llegaron a la Ciudad de México el 5 de noviembre. Después de una semana de descanso. Los más jóvenes y osados, por no decir imprudentes, deciden marchar hacia Tamaulipas, la frontera más cercana a 967 km, siguiendo las vías del tren que bordean el Golfo de México, sin importarles tener que pasar por dos de los estados con los mayores índices de incidencia delictiva y donde se da el mayor porcentaje de secuestro de migrantes: Veracruz y Tamaulipas.

Otros —la mayoría— se dirigen hacia Tijuana, conscientes de que la distancia desde México es tres veces más larga que la que hay a Tamaulipas, pero que es una ruta más segura o, mejor dicho, menos insegura, ya que tienen que pasar por Celaya, Guanajuato, donde se han detectado varias casas de seguridad con migrantes secuestrados, pero también por Jalisco y Sinaloa, donde hay una fuerte disputa entre cárteles y han venido siendo secuestrados para trabajar de manera forzada en los campos de cultivo de drogas, y luego atravesar el desierto de sonora, uno de los más inhóspitos del planeta (la ruta del diablo), encima del techo de un tren de carga que a esas temperaturas es una verdadera plancha ardiente. Ante la acogida mexicana en ciudades afines al presidente entrante, que corre el riesgo de que no sea la misma para los grupos por venir, cientos de inmigrantes centroamericanos se suman al éxodo hacia tierras mexicanas, no solo con la pretensión de atravesar la frontera México-Estadounidense, sino para beneficiarse de las facilidades proporcionadas por los gobiernos estatales y locales afines al presidente electo en materia de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, entretenimiento, etc., y aprovechar la eventual oferta de empleo ofrecida en nuestro país.

El presidente electo dice que habrá empleo temporal para los migrantes para la construcción del tren maya, un proyecto del que aún no se conoce su expectativa, alcance, costos etc. En lo que respecta al vector Norteamericano, desde su toma de posesión, el presidente Trump logró, al principio, el descenso en el cruce de inmigrantes ilegales más bajo de la historia en los últimos 40 años. Aunque el flujo migratorio se ha ido incrementando de nuevo, esta forma innovadora de desplazamiento colectivo ha creado reacciones xenófobas en Estados Unidos, imponiendo obstáculos adicionales a los que ya de por si los migrantes han tenido históricamente. Lo anterior, aunado al entorno de las elecciones intermedias que terminaron por arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados, Donald Trump endurece su postura mientras la caravana se acerca a la línea divisoria.

Desde que partió de Honduras el 12 de octubre pasado, el presidente norteamericano la calificó como una “Horda Invasora de gente que no son precisamente angelitos, sino curtidos criminales”; solicitó al gobierno mexicano detenerlos y determinó tomar acciones ejecutivas para cerrarles la frontera, incluso a quienes buscan asilo político: “Necesitamos gente, pero tienen que ingresar de manera legal y tener un mérito. Se requiere del apoyo del congreso para atender la situación”, declara ante los medios, en un intento de endosarle la responsabilidad al Congreso o al menos de involucrar en el tema a los demócratas. Desplaza tropas, no de la guardia civil, sino del ejército (es un asunto de Estado), con la intención de tener un desplazamiento igual al que tiene en Afganistán.

Pretende establecer campamentos para verificar documentación de migrantes que solicitan asilo político y pronostica que ahí se quedarán por una larga temporada; presiona al gobierno mexicano y los centroamericanos para detener la avalancha migrante, provocando serias tensiones diplomáticas en la región, incluso entre países que como Guatemala y Honduras que se acusan mutuamente de corrupción propiciatoria del éxodo y se ordenan uno al otro detener la marcha. Organizaciones de derechos humanos de países centroamericanos temen actos materiales de represión contra los inmigrantes. En lo tocante al gobierno mexicano, este mantiene en lo jurídico una posición ambigua.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dice que los migrantes deben respetar la ley en su ingreso a nuestro país y presentar sus documentos para solicitar refugio, pero en los hechos lo cierto es que el gobierno no cuenta con los recursos ni la eficiencia para contener la densidad del flujo migratorio. En México, la PGR dice que tiene abiertas 270 carpetas de investigación por secuestro de migrantes cometidos solo en el estado de Veracruz. Pero se dice que la situación es más grave en Tamaulipas, donde han llegado a secuestrar autobuses y camiones llenos de migrantes y, especialmente, en Reynosa donde desde hace al menos tres años se disputan la plaza distintos grupos o carteles de delincuentes organizados.

Por su parte, la oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA por sus siglas en inglés), 99 por ciento de los secuestros que se comenten en México contra migrantes no se investiga. La respuesta del gobierno saliente se mantiene indecisa cuando no contradictoria. Por un lado, al inicio dispuso un muro de policías, militares y agentes migratorios para contener el ingreso; de hecho, llegó a haber un altercado en el que hubo heridos de ambos lados y murió un migrante; posteriormente, vía telefónica ratifica el Pacto Global por la Migración que tiene suscrito con Honduras y Guatemala para asegurar el retorno de quienes así lo deseen a su país de origen, al que se han acogido más de 2 mil personas; luego se mostró sensible ante la situación de los peregrinos; los policías que días antes los retenían, ahora los escoltan; el Secretario de gobernación afirmó que la migración indocumentada no está penalizada en México y los calificó de “población vulnerable”, ofreciéndoles asilo, el que han aceptado hasta el momento otras 2 mil personas; hay quien dice que el ritmo de solicitudes de asilo es de 300 diarias, pero la realidad burocrática estima que cada solicitud se analizara por separado y que el trámite individual será de unos 40 días en promedio.

Así, los migrantes marchan en la cuerda floja entre la titubeante política migratoria del gobierno mexicano y el show mediático sensiblero, y la postura que parece inamovible de Trump. ¿Qué pasará cuando todos estos miles de migrantes mexicanos y extranjeros lleguen a las diferentes fronteras con Norteamérica? ¿Qué postura tendrán los gobiernos involucrados y los organismos internacionales cuando ahí ya no haya más apoyo civil y de los gobiernos locales? He ahí el dilema… Sin duda nos encontramos ante una situación inédita en la historia de la diplomacia y el Derecho internacional público y privado…

Opinión

El gobierno váucher

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Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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