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Mariguana y libertades

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Fausto Kubli, 54 KB, mariguana

Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado un paquete de artículos de la Ley General de Salud que prohíben actos como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo de la mariguana. Lo primero que hay que celebrar es que el máximo tribunal enfrente este tipo de desafíos y que sus sentencias se traduzcan en cambios significativos en el país, porque en este escenario las resoluciones de la Corte son un generador de políticas públicas.

También es de destacarse que la jurisprudencia aborde el siempre espinoso camino de la libertad y sus alcances, tales como la privacidad y sus diferentes dimensiones. Sin embargo, consideramos en todo este entramado una falta de cuidado en las sentencias en tanto que no garantizan el derecho a la salud de las personas al no prescribir un mecanismo que debe ser fundamental en este tipo de decisiones: la prevención, control y tratamiento de adicciones. Tanto la libertad como la privacidad son conceptos polivalentes; es decir, hay vaguedad en su significado y como muchos otros términos, su definición no se clarifica con una sola frase.

Aunque todo mundo sepa qué son la libertad y la privacidad, articularlos conceptualmente es una tarea ardua, normalmente todos los valores humanos son los peores en definir y he ahí que elaborar una sentencia sobre estos temas esté asociado a un trabajo intelectual altamente especializado. El Estado Moderno, me refiero al basado en las ideas de la Ilustración, tiene como aspiración estar sustentado en la libertad. Al respecto, esta idea libertaria se dispersó por todo el constitucionalismo, el derecho civil y la mayoría de las instituciones. En el caso del orden jurídico mexicano no se encuentra en ninguna parte de la Constitución un concepto de libertad, pero sí establece de manera dispersa su funcionamiento.

La expresión más liberal que se pueda encontrar está incorporada en el artículo 16 que dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. En este sentido, la libertad se traduce en la mínima intervención del poder público en la vida de las personas y solo podrá la autoridad hacer actos de injerencia [molestia] cuando esté justificado [motive] y sea legal [funde]. En todo caso, las personas podemos ejercer nuestra libertad hasta que exista un límite marcado por el interés general y expresado en una norma jurídica.

Ahora bien, parte de la argumentación de la derogación de distintas disposiciones de la Ley General de Salud se basó en el libre desarrollo de la personalidad, que también significa que el poder público debe abstenerse de conducir las decisiones de las personas. Conocida en la doctrina jurídica de los Estados Unidos como la interferencia decisional (decisional interference), a grandes rasgos -al tenor de este conjunto de ideasel poder público no tiene la legitimidad suficiente para hacer intromisiones en las decisiones de las personas. Su significado está centrado en los aspectos de la vida que son considerados socialmente como los más íntimos. La doctrina de la interferencia decisional en la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene una trayectoria que comenzó en el siglo XIX y que se ha pulido y decantado en una serie de sentencias que anulan leyes que han interferido en las decisiones de las personas.

Aunque las materias que inciden en este derecho son variadas, hay un común denominador en las decisiones sobre la sexualidad, control natal, adicciones y un abundante número de formas en que el desarrollo de la personalidad puede asociarse. El libre desarrollo de la personalidad se extiende al derecho de una persona o personas a ser libres de tomar decisiones sin interferencia del poder público en materias fundamentales que les afecten en su vida, esto incluye el establecimiento de un plan de vida individual. Es importante destacar los elementos que revisten a este tipo de derechos que, sin duda, están dispersos en el orden jurídico y que su definición ha reposado más en la interpretación de los tribunales que en normas de fuente legal.

Con respecto a la mariguana, concuerdo en dejar a la persona libre de escoger si quiere usarla o no para los fines que decida, como también se tiene el derecho de consumir alcohol. Sin embargo, no considero que el poder público deba estar sumido en la pasividad. Las políticas públicas –si bien no deben ser prohibitivas, sino persuasivas– deberán difundir los riesgos que conlleva consumir mariguana y limitar la publicidad al grado de establecer mecanismos de concientización para que no sea usada, ya que aletarga el pensamiento, provoca pérdida de la memoria y también puede ser un promotor de esquizofrenia, entre otros efectos negativos.

Los defensores del consumo de la mariguana han llegado al grado de hacer apologías impresionantes y siempre entran en comparación con el alcohol y los cigarros; sin embargo, y aunque si es cierto que el consumo de alcohol es mucho mas letal, la mariguana no deja de ser un psicotrópico. Cabe destacar que para efectos de la Ley, el Tetrahidrocannabinol, sustancia activa de la mariguana, está considerado de bajo valor terapéutico, pero como un importante problema de salud pública (245, fracción I). Por otro lado, también hay que ser estrictos con el uso de suelo agrícola que debiera estar fundamentalmente orientado a la producción de alimentos y que no exista la posibilidad de que tierras de producción alimenticia ahora tornen a la producción de cannabis.

El argumento del libre desarrollo de la personalidad fue un caballo de Troya que tenía en sus entrañas a otra libertad: la del comercio. Son básicamente empresarios ávidos de formalizar una rama industrial que les va a producir jugosas regalías. Ahí puede entrar por la vía fiscal, otra política pública que favorezca al derecho a la salud. Finalmente, como política de combate al crimen, sin duda, no tiene un ápice de eficacia, dado que la delincuencia organizada está altamente diversificada en otros delitos como el secuestro, los opiáceos, la cocaína, el robo de combustible, que no se van a sacudir con la liberación de la mariguana. También es importante destacar cómo el alcohol y los cigarros de tabaco son consumidos por menores de edad.

Esperemos que se haga una estrategia de controles mas estricta en la venta y distribución en estos productos y en su momento, por supuesto, de la mariguana.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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