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Mariguana y libertades

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Fausto Kubli, 54 KB, mariguana

Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado un paquete de artículos de la Ley General de Salud que prohíben actos como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo de la mariguana. Lo primero que hay que celebrar es que el máximo tribunal enfrente este tipo de desafíos y que sus sentencias se traduzcan en cambios significativos en el país, porque en este escenario las resoluciones de la Corte son un generador de políticas públicas.

También es de destacarse que la jurisprudencia aborde el siempre espinoso camino de la libertad y sus alcances, tales como la privacidad y sus diferentes dimensiones. Sin embargo, consideramos en todo este entramado una falta de cuidado en las sentencias en tanto que no garantizan el derecho a la salud de las personas al no prescribir un mecanismo que debe ser fundamental en este tipo de decisiones: la prevención, control y tratamiento de adicciones. Tanto la libertad como la privacidad son conceptos polivalentes; es decir, hay vaguedad en su significado y como muchos otros términos, su definición no se clarifica con una sola frase.

Aunque todo mundo sepa qué son la libertad y la privacidad, articularlos conceptualmente es una tarea ardua, normalmente todos los valores humanos son los peores en definir y he ahí que elaborar una sentencia sobre estos temas esté asociado a un trabajo intelectual altamente especializado. El Estado Moderno, me refiero al basado en las ideas de la Ilustración, tiene como aspiración estar sustentado en la libertad. Al respecto, esta idea libertaria se dispersó por todo el constitucionalismo, el derecho civil y la mayoría de las instituciones. En el caso del orden jurídico mexicano no se encuentra en ninguna parte de la Constitución un concepto de libertad, pero sí establece de manera dispersa su funcionamiento.

La expresión más liberal que se pueda encontrar está incorporada en el artículo 16 que dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. En este sentido, la libertad se traduce en la mínima intervención del poder público en la vida de las personas y solo podrá la autoridad hacer actos de injerencia [molestia] cuando esté justificado [motive] y sea legal [funde]. En todo caso, las personas podemos ejercer nuestra libertad hasta que exista un límite marcado por el interés general y expresado en una norma jurídica.

Ahora bien, parte de la argumentación de la derogación de distintas disposiciones de la Ley General de Salud se basó en el libre desarrollo de la personalidad, que también significa que el poder público debe abstenerse de conducir las decisiones de las personas. Conocida en la doctrina jurídica de los Estados Unidos como la interferencia decisional (decisional interference), a grandes rasgos -al tenor de este conjunto de ideasel poder público no tiene la legitimidad suficiente para hacer intromisiones en las decisiones de las personas. Su significado está centrado en los aspectos de la vida que son considerados socialmente como los más íntimos. La doctrina de la interferencia decisional en la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene una trayectoria que comenzó en el siglo XIX y que se ha pulido y decantado en una serie de sentencias que anulan leyes que han interferido en las decisiones de las personas.

Aunque las materias que inciden en este derecho son variadas, hay un común denominador en las decisiones sobre la sexualidad, control natal, adicciones y un abundante número de formas en que el desarrollo de la personalidad puede asociarse. El libre desarrollo de la personalidad se extiende al derecho de una persona o personas a ser libres de tomar decisiones sin interferencia del poder público en materias fundamentales que les afecten en su vida, esto incluye el establecimiento de un plan de vida individual. Es importante destacar los elementos que revisten a este tipo de derechos que, sin duda, están dispersos en el orden jurídico y que su definición ha reposado más en la interpretación de los tribunales que en normas de fuente legal.

Con respecto a la mariguana, concuerdo en dejar a la persona libre de escoger si quiere usarla o no para los fines que decida, como también se tiene el derecho de consumir alcohol. Sin embargo, no considero que el poder público deba estar sumido en la pasividad. Las políticas públicas –si bien no deben ser prohibitivas, sino persuasivas– deberán difundir los riesgos que conlleva consumir mariguana y limitar la publicidad al grado de establecer mecanismos de concientización para que no sea usada, ya que aletarga el pensamiento, provoca pérdida de la memoria y también puede ser un promotor de esquizofrenia, entre otros efectos negativos.

Los defensores del consumo de la mariguana han llegado al grado de hacer apologías impresionantes y siempre entran en comparación con el alcohol y los cigarros; sin embargo, y aunque si es cierto que el consumo de alcohol es mucho mas letal, la mariguana no deja de ser un psicotrópico. Cabe destacar que para efectos de la Ley, el Tetrahidrocannabinol, sustancia activa de la mariguana, está considerado de bajo valor terapéutico, pero como un importante problema de salud pública (245, fracción I). Por otro lado, también hay que ser estrictos con el uso de suelo agrícola que debiera estar fundamentalmente orientado a la producción de alimentos y que no exista la posibilidad de que tierras de producción alimenticia ahora tornen a la producción de cannabis.

El argumento del libre desarrollo de la personalidad fue un caballo de Troya que tenía en sus entrañas a otra libertad: la del comercio. Son básicamente empresarios ávidos de formalizar una rama industrial que les va a producir jugosas regalías. Ahí puede entrar por la vía fiscal, otra política pública que favorezca al derecho a la salud. Finalmente, como política de combate al crimen, sin duda, no tiene un ápice de eficacia, dado que la delincuencia organizada está altamente diversificada en otros delitos como el secuestro, los opiáceos, la cocaína, el robo de combustible, que no se van a sacudir con la liberación de la mariguana. También es importante destacar cómo el alcohol y los cigarros de tabaco son consumidos por menores de edad.

Esperemos que se haga una estrategia de controles mas estricta en la venta y distribución en estos productos y en su momento, por supuesto, de la mariguana.

Opinión

El gobierno váucher

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Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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