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Transformación gubernamental y profesionalización de la función pública

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José Ramón González Chávez, 61 KB, función pública

Uno de los temas que ocupan un lugar primordial en la cultura política y social en nuestro país –sobre todo en lo que se refiere a la reforma del gobierno–, es sin duda el de la burocracia; y no me refiero a ella en el sentido peyorativo que emplearan por primera vez los detractores del absolutismo en Francia e Inglaterra para criticar la forma antidemocrática mediante la cual la élite cortesana accedía a los cargos públicos como un privilegio otorgado por el monarca, sino en el sentido weberiano, como la institución integrada por servidores públicos que cuentan con sueldos fijos y ciertos, que establece entre ellos relaciones de autoridad legales, legítimas y ordenadas sistemáticamente, y separa al funcionario del puesto, y en donde los nombramientos y ascensos dependen tanto de acuerdos contractuales regulados previamente, como de la preparación profesional y la experiencia de cada trabajador.

La administración pública no es solo cuestión de ciencia y de técnica, sino también de visión y voluntad políticas, de sentido común, de inteligencia y de convicción social; en pocas palabras, de factor humano, elemento sin el cual resultaría difícil concebir una estrategia modernizadora integral de y en la administración pública, ya se trate de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, tanto en la administración central como en la paraestatal.

Desde hace tiempo, la administración pública se enfrenta a grandes retos externos: el incremento de la carga administrativa a partir del proceso globalizador, la creciente participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, el ruido informativo de las redes sociales, solo por mencionar algunos de los más importantes. Sin embargo, una buena forma de enfrentarlos es conociendo, estudiando y resolviendo primero los problemas internos que padece tanto a nivel general como en cada uno de sus órganos constitutivos y que, por su complejidad, requieren de una atención y solución transversal entre Derecho, técnica administrativa y política.

Hablar de una transformación integral del gobierno, exige referirse a un sector importante de la ciudadanía que está a su servicio. Por eso, reformar la función pública implica al mismo tiempo transformar significativamente la estructura del poder público, sus órganos y actos de autoridad, si no se quiere caer en un mero ejercicio retórico. No es nuevo que en México los gobiernos caigan en la aparente contradicción entre 1) la necesidad de profesionalización de la función pública como mecanismo eficaz para mejorar los índices de calidad y eficiencia en la gestión pública; 2) una creciente demanda de servicios públicos ante el crecimiento de la población y sus necesidades y expectativas; y 3) la obsesión por el adelgazamiento del aparato estatal como política pública permanente bajo el argumento de un supuesto ahorro en el gasto público.

Al contrario, profesionalización burocrática, atención de necesidades crecientes y racionalización del aparato público son perfectamente compatibles, siempre y cuando se empleen las herramientas de planeación estratégica adecuadas. La eficiencia y eficacia en la actividad de los servidores públicos determina en gran medida el logro de los objetivos del plan de gobierno. Precisamente por esta razón es necesario construir una nueva concepción de la función pública integrada por trabajadores con perfil y experiencia adecuados para atender los problemas que se presentan en la gestión pública cotidiana, que la considere un verdadero motor del desarrollo nacional con visión de largo plazo, con sustentabilidad, transparencia y legitimada a través de mecanismos de comunicación y participación social.

Es por eso que en el marco de acciones tendientes a modernizar la función pública se debería buscar garantizar el incremento permanente de su competencia técnica dentro de un marco adecuado de seguridad jurídica; motivar altos valores como el espíritu de servicio, la responsabilidad profesional, la publicidad y transparencia en el desempeño del trabajo; separar de una vez por todas la actividad política partidista de la función administrativa y construir un piso sólido que permita establecer en el mediano plazo un servicio público profesional de carrera en todos los ámbitos de gobierno y formas de organización administrativa. Si lo que se quiere realmente es lograr una nueva forma de hacer gobierno, antes de arrasar con la oz de los despidos y recortes salariales, hay temas que deberían de contemplarse de forma primordial, entre los que se encuentran los siguientes:

1. Conocer el estado del arte de la función pública. Se requiere de datos e información objetivos en la materia; para ello se requiere elaborar y mantener permanentemente actualizado un censo de los recursos humanos adscritos a cada dependencia y entidad, para saber, por una parte, la dimensión y distribución de la plantilla de personal, su escolaridad, formación y experiencia, en contraste con un análisis, catálogo, descripción de puestos y actualización de tabuladores salariales para efectos de escalafón, planear programas racionales de capacitación y, en acato a la normativa en materia de datos personales, conocer información de incalculable valor para la planeación y desarrollo estratégico de personal, como la edad del trabajador, su estado civil, sexo, domicilio, número y edad de dependientes económicos, entre otros.

2. Certeza en el empleo, relacionada íntimamente con los métodos de selección, reclutamiento y promoción, y que tiene que ver no solo con el personal de base. Un método de reclutamiento mixto que combinara equilibradamente las virtudes de los sistemas de concurso y de cuotas podría traer buenos resultados, pues se podría escoger a los prospectos de mejor perfil y mayor experiencia y, al mismo tiempo, lograr una proporción representativa de los distintos grupos que integran la comunidad. La factibilidad en la profesionalización del servicio público es ya un hecho tangible, por ejemplo, en el servicio exterior, la carrera militar y el servicio profesional electoral, lo que debe constituir un aliciente para redoblar esfuerzos para extender estos casos de éxito a todas las esferas del quehacer gubernamental.

3. Competencia Profesional adquirida, ligada estrechamente a un sólido programa de formación, capacitación, adiestramiento y actualización, no solo en términos profesionales sino también en materia de relaciones humanas y cultura organizacional y espíritu de servicio, que mejore la atención al público, el desarrollo personal e institucional, e incida en el escalafón.

4. Marco jurídico administrativo, que actualice la normativa de las relaciones entre el gobierno, los servidores públicos, los servicios prestados y la población objetivo; elimine viejos vicios y simulaciones en su régimen de contratación como empleados de base, de confianza, por honorarios, interinos, eventuales, etc., involucre a la ciudadanía para participar en distintas fases del proceso administrativo, y sea congruente con las necesidades de eficiencia y productividad institucional, las exigencias ciudadanas de más y mejores servicios, y la expectativa laboral de los servidores públicos.

Hoy más que nunca es imprescindible definir y aplicar estrategias para mejorar el servicio civil. Pero tanto o más lo es el hecho de que cualquier esfuerzo, por más encomiable que sea, será estéril si no existe voluntad política para tomar decisiones, coordinar esfuerzos (incluyendo los de cooperación, asistencia técnica e investigación básica y especializada), no solo en las distintas esferas de gobierno federal, estatal y municipal, sino también a nivel intra e interinstitucional para acercarse a la sociedad, conocer sus realidades, requerimientos, aspiraciones y con ello estar en posibilidad de instrumentarlos y convertirlos en actos concretos de gobierno, logrando que el servicio público recupere su merecida calidad de motor del desarrollo y de la verdadera transformación nacional que todos esperamos

Opinión

El gobierno váucher

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Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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