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Transformación gubernamental y profesionalización de la función pública

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José Ramón González Chávez, 61 KB, función pública

Uno de los temas que ocupan un lugar primordial en la cultura política y social en nuestro país –sobre todo en lo que se refiere a la reforma del gobierno–, es sin duda el de la burocracia; y no me refiero a ella en el sentido peyorativo que emplearan por primera vez los detractores del absolutismo en Francia e Inglaterra para criticar la forma antidemocrática mediante la cual la élite cortesana accedía a los cargos públicos como un privilegio otorgado por el monarca, sino en el sentido weberiano, como la institución integrada por servidores públicos que cuentan con sueldos fijos y ciertos, que establece entre ellos relaciones de autoridad legales, legítimas y ordenadas sistemáticamente, y separa al funcionario del puesto, y en donde los nombramientos y ascensos dependen tanto de acuerdos contractuales regulados previamente, como de la preparación profesional y la experiencia de cada trabajador.

La administración pública no es solo cuestión de ciencia y de técnica, sino también de visión y voluntad políticas, de sentido común, de inteligencia y de convicción social; en pocas palabras, de factor humano, elemento sin el cual resultaría difícil concebir una estrategia modernizadora integral de y en la administración pública, ya se trate de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, tanto en la administración central como en la paraestatal.

Desde hace tiempo, la administración pública se enfrenta a grandes retos externos: el incremento de la carga administrativa a partir del proceso globalizador, la creciente participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, el ruido informativo de las redes sociales, solo por mencionar algunos de los más importantes. Sin embargo, una buena forma de enfrentarlos es conociendo, estudiando y resolviendo primero los problemas internos que padece tanto a nivel general como en cada uno de sus órganos constitutivos y que, por su complejidad, requieren de una atención y solución transversal entre Derecho, técnica administrativa y política.

Hablar de una transformación integral del gobierno, exige referirse a un sector importante de la ciudadanía que está a su servicio. Por eso, reformar la función pública implica al mismo tiempo transformar significativamente la estructura del poder público, sus órganos y actos de autoridad, si no se quiere caer en un mero ejercicio retórico. No es nuevo que en México los gobiernos caigan en la aparente contradicción entre 1) la necesidad de profesionalización de la función pública como mecanismo eficaz para mejorar los índices de calidad y eficiencia en la gestión pública; 2) una creciente demanda de servicios públicos ante el crecimiento de la población y sus necesidades y expectativas; y 3) la obsesión por el adelgazamiento del aparato estatal como política pública permanente bajo el argumento de un supuesto ahorro en el gasto público.

Al contrario, profesionalización burocrática, atención de necesidades crecientes y racionalización del aparato público son perfectamente compatibles, siempre y cuando se empleen las herramientas de planeación estratégica adecuadas. La eficiencia y eficacia en la actividad de los servidores públicos determina en gran medida el logro de los objetivos del plan de gobierno. Precisamente por esta razón es necesario construir una nueva concepción de la función pública integrada por trabajadores con perfil y experiencia adecuados para atender los problemas que se presentan en la gestión pública cotidiana, que la considere un verdadero motor del desarrollo nacional con visión de largo plazo, con sustentabilidad, transparencia y legitimada a través de mecanismos de comunicación y participación social.

Es por eso que en el marco de acciones tendientes a modernizar la función pública se debería buscar garantizar el incremento permanente de su competencia técnica dentro de un marco adecuado de seguridad jurídica; motivar altos valores como el espíritu de servicio, la responsabilidad profesional, la publicidad y transparencia en el desempeño del trabajo; separar de una vez por todas la actividad política partidista de la función administrativa y construir un piso sólido que permita establecer en el mediano plazo un servicio público profesional de carrera en todos los ámbitos de gobierno y formas de organización administrativa. Si lo que se quiere realmente es lograr una nueva forma de hacer gobierno, antes de arrasar con la oz de los despidos y recortes salariales, hay temas que deberían de contemplarse de forma primordial, entre los que se encuentran los siguientes:

1. Conocer el estado del arte de la función pública. Se requiere de datos e información objetivos en la materia; para ello se requiere elaborar y mantener permanentemente actualizado un censo de los recursos humanos adscritos a cada dependencia y entidad, para saber, por una parte, la dimensión y distribución de la plantilla de personal, su escolaridad, formación y experiencia, en contraste con un análisis, catálogo, descripción de puestos y actualización de tabuladores salariales para efectos de escalafón, planear programas racionales de capacitación y, en acato a la normativa en materia de datos personales, conocer información de incalculable valor para la planeación y desarrollo estratégico de personal, como la edad del trabajador, su estado civil, sexo, domicilio, número y edad de dependientes económicos, entre otros.

2. Certeza en el empleo, relacionada íntimamente con los métodos de selección, reclutamiento y promoción, y que tiene que ver no solo con el personal de base. Un método de reclutamiento mixto que combinara equilibradamente las virtudes de los sistemas de concurso y de cuotas podría traer buenos resultados, pues se podría escoger a los prospectos de mejor perfil y mayor experiencia y, al mismo tiempo, lograr una proporción representativa de los distintos grupos que integran la comunidad. La factibilidad en la profesionalización del servicio público es ya un hecho tangible, por ejemplo, en el servicio exterior, la carrera militar y el servicio profesional electoral, lo que debe constituir un aliciente para redoblar esfuerzos para extender estos casos de éxito a todas las esferas del quehacer gubernamental.

3. Competencia Profesional adquirida, ligada estrechamente a un sólido programa de formación, capacitación, adiestramiento y actualización, no solo en términos profesionales sino también en materia de relaciones humanas y cultura organizacional y espíritu de servicio, que mejore la atención al público, el desarrollo personal e institucional, e incida en el escalafón.

4. Marco jurídico administrativo, que actualice la normativa de las relaciones entre el gobierno, los servidores públicos, los servicios prestados y la población objetivo; elimine viejos vicios y simulaciones en su régimen de contratación como empleados de base, de confianza, por honorarios, interinos, eventuales, etc., involucre a la ciudadanía para participar en distintas fases del proceso administrativo, y sea congruente con las necesidades de eficiencia y productividad institucional, las exigencias ciudadanas de más y mejores servicios, y la expectativa laboral de los servidores públicos.

Hoy más que nunca es imprescindible definir y aplicar estrategias para mejorar el servicio civil. Pero tanto o más lo es el hecho de que cualquier esfuerzo, por más encomiable que sea, será estéril si no existe voluntad política para tomar decisiones, coordinar esfuerzos (incluyendo los de cooperación, asistencia técnica e investigación básica y especializada), no solo en las distintas esferas de gobierno federal, estatal y municipal, sino también a nivel intra e interinstitucional para acercarse a la sociedad, conocer sus realidades, requerimientos, aspiraciones y con ello estar en posibilidad de instrumentarlos y convertirlos en actos concretos de gobierno, logrando que el servicio público recupere su merecida calidad de motor del desarrollo y de la verdadera transformación nacional que todos esperamos

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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