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Opinión

Consulta indígena: entre constitución, burocracia y demagogia

José Ramón González Chávez, 61 KB, Consulta Indígena

1992 fue una fecha simbólica en la concepción de la realidad indígena para la historia política y del Derecho. Era el año del 500 aniversario del “descubrimiento de América”, “encuentro de dos mundos”, “nacimiento de la hispanidad”, de “la resistencia indígena” o cualquier otra forma con que se le quiera denominar, que marcó un hito en la visión, comprensión y presencia de un sector demográfico absorbido y neutralizado durante décadas –si no es que siglos– por las teorías unificadoras provenientes del liberalismo nacionalista clásico.

Pero en extraña paradoja, también fue el momento en que surgieron las políticas neoliberales de corte neocolonial, promotoras de un nuevo mundo feliz, sin historia, en el que gracias al fin de las ideologías las diferencias se disipaban en el cálido mar de la globalización. Este nuevo “encuentro” propició entre otras muchas cosas, el choque dialéctico entre actores y sujetos de una y otra postura que prevalece en la actualidad y se refleja en los sistemas jurídicos, políticos, sociales, culturales y mediáticos a nivel regional nacional, subnacional, local y hasta comunitario.1

El nuevo paradigma constitucional, cuya implantación inició en México con el milenio –aunque ha tomado mayor intensidad desde hace una década– prevé e impone la evolución del antiguo concepto Estado de Derecho hacia un “Estado de derechos” donde estos sean preponderantes frente la organización política del Estado, cuya misión primordial sea garantizar aquellos a través de instituciones, políticas, programas y actividades a todas las escalas de gobierno y en todos los poderes.

Desde la perspectiva técnica jurídica (por el momento dejaré de lado lo referente a su uso y abuso político), la consulta popular se erige en un mecanismo de participación mediante el cual se convoca a la ciudadanía –en este caso de los pueblos y comunidades indígenas– para que decida sobre algún aspecto de relevancia general según la escala en la que se realice y el impacto que tenga o pudiera tener.

En lo que respecta a la Consulta Indígena, cabe mencionar que el artículo 2° de la Constitución Federal coloca a los pueblos indígenas en calidad de fuente creadora de la Nación Mexicana, única e indivisible, de composición pluricultural y cuya autonomía debe ejercerse dentro del marco constitucional que asegure la unidad nacional, es decir, siempre y cuando no se trastoque la normativa general, pequeño gran detalle cuando se trata, por ejemplo, de proyectos de infraestructura o productivos que tienen que ver con el desarrollo del país y pueden incidir en la vida y el futuro de ciertas comunidades, como algunos que han estado muy de moda en épocas recientes y estarán en el futuro inmediato.

En tales términos, la consulta indígena para la realización de proyectos de gran alcance e impacto debería de ser imprescindible en la salvaguarda de los intereses nacionales, pero por desgracia no es así. Si bien la Carta Magna indica que las Constituciones de las entidades federativas deberán contar con un marco de principios, normas y prácticas, así como con instituciones que procuren su preservación, no en todas existe y en donde sí lo hay adolece de lagunas, imprecisiones, ambigüedades, efectos no vinculatorios y hasta contradicciones que lo hacen poco eficaz, colocando en todo caso a los derechos de estas comunidades a nivel de mera entelequia.

El derecho a la consulta indígena en el marco de la nueva constitucionalidad está muy lejos de ser una dación graciosa de gobiernos y/o gobernantes; ocupa un lugar prioritario como norma fundamental, pues surge de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Consejo General el 13 de septiembre de 2007.

Este instrumento internacional proclama su derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos por conducto de representantes y que en tal sentido, los Estados celebrarán consultas y cooperarán “de buena fe” (sic) con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado (arts. 5, 18, 19, 24, 26, 29, 30, 32, 38, 40). Estos postulados, aunados a lo que prevé la constitución federal (arts. 2 y 4, en relación sobre todo con los arts. 6, 26, 27, 35, 36, 73, 102), conforman la base constitucional de la Consulta indígena y si bien se ubican en el terreno declarativo, proporcionan un marco sólido para su garantía e instrumentación a través de la normativa secundaria producida por el legislativo federal y los locales; las políticas, programas y acciones del ejecutivo en los tres ámbitos de gobierno ( federal, estatales y municipales) y, por supuesto, de la jurisprudencia y las decisiones jurisdiccionales en todas sus instancias.

Es justamente ahí, en el campo de los órganos del poder público del Estado donde falta mucho por hacer, pues hasta el momento, en el ámbito legislativo, por ejemplo, valga mencionar que de más de una decena de leyes federales y generales consultadas sobre temas relacionados, como las de la CNDH; de Nacionalidad; de Consulta Popular; para el diálogo, la conciliación y la paz en Chiapas; de Responsabilidad ambiental; para la Igualdad entre hombres y mujeres; de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de pesca y acuacultura sustentables; de zonas económicas especiales; de Transparencia y Acceso a la Información, en prácticamente ninguna se encuentra el tema de la participación y la consulta indígena, y en las tres últimas se mantiene una posición paternalista, patrimonialista y autoritativa.

En el ejecutivo, no se diga. De hecho, el propio titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha reconocido públicamente ante organismos internacionales el fracaso de las políticas y programas en la materia. En este rubro el reto es erradicar la visión paternalista de las políticas y programas sociales dedicados a este sector, y cambiar la visión de la dádiva y el folclorismo por la de la colaboración y participación coordinada entre autoridades, ciudadanos y comunidades, deshaciéndose de las meras parafernalias trasnochadas.

Por último, en el ámbito judicial, también es preciso transitar del modelo paleopositivista autoritativo anterior al neoconstitucionalista valorativo actual, pero para ello hay que implantar un nuevo perfil de juzgador, fortaleciendo sus programas de capacitación para que contemplen una visión incluyente y garantista, que permita ir subsanando a golpe de jurisprudencia las inconsistencias y contradicciones del texto legal que mencionamos líneas arriba. Solo de esta forma podrá pasarse de la subsunción a la interpretación y argumentación de las decisiones jurisdiccionales, ejercer el poder-deber de tutela del control constitucional en la materia, equilibrar la balanza del ser y deber ser jurídico y por ende, concretar en los hechos lo postulado en nuestra constitucion material y formal.

La transformación del poder judicial, medular para el nuevo sistema jurídico nacional, implica crear y mantener también cuerpos periciales adecuados; capacitar al personal administrativo y de investigación en temas tan relevantes para la democracia constitucional como la consulta popular y la indígena en específico; facilitarles los medios para realizar sus diligencias, superando las barreras de facto, no solo las culturales, que hasta el momento han obstaculizado su labor.

En fin, el juzgador mexicano del siglo XXI debe prepararse para valorar los intereses comunitarios confrontados al interés nacional e individual, cuidando siempre el debido proceso y una aplicación correcta de medidas cautelares; ampliar los mecanismos probatorios que prevengan y solucionen los hechos eventualmente dañosos, no solo en general sino en particular de las comunidades afectadas; enfrentar y ganar la lucha contra los esquemas tradicionales, el determinismo jurídico y la corrupción, para que las sentencias puedan ser realmente ejecutables; dejar de ser meramente la “boca de la ley” para convertirse en un agente activo con perspectivas más amplias de acción, de acompañamiento social, comprometido con la Justicia, así, con mayúscula.

En el nuevo paradigma constitucional, la consulta popular y la consulta indígena en particular, conforma un elemento primordial en la construcción de la democracia constitucional contemporánea y un antídoto adecuado contra eventuales manipulaciones del poder público, la burocracia y las demagogias que en nada abonan a una verdadera transformación del país.

Estados

Denuncian corrupción de jueza Reyes Castañeda en Toluca

Por Jorge Blancas

Un nuevo acto de corrupción ha provocado que las alarmas de los medios de comunicación se enciendan hacia la Juez Primero Civil y Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, María de los Ángeles Reyes Castañeda y su Primer Secretaria de Acuerdos, Daniela Martínez Macedo.

El abogado Óscar Rodríguez, quien demandó a la empresa ACO Entrepeneur para el cumplimiento de un contrato de arrendamiento, y que está asentado en el expediente 255-2020, acusó a la jueza Reyes Castañeda y su secretaria de Acuerdos Daniela Martínez Macedo de incurrir en constantes anomalías que han entorpecido la acción oportuna y eficaz de la justicia.

Cambios de horario repentinos y el total irrespeto a los acuerdos han provocado que la demanda contra esta empresa fluya apegada a derecho.

¿Es ésta la manera en la que se conduce la justicia en el Estado de México? Tal parece que sí, y no es la primera vez que la jueza María de los Ángeles Reyes Castañeda es señalada por actos de corrupción, negligencia y despotismo.

Siendo jueza del Juzgado Décimo Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, la maestra en derecho María De los Ángeles Reyes Castañeda, abandonó un juicio en donde dejó totalmente indefensa a la señora Candelaria Lourdes Durán Pérez. En ese caso la jueza fue acusada de corrupción y, pese a ello, no hizo la correspondiente repartición de bienes o liquidación conyugal dejando prácticamente en la calle a la demandante y a sus pequeños hijos, una niña de 4 años y un niño de 8 años.

El historial de corrupción de esta jueza es largo. En el actual caso se sabe que uno de los abogados de ACO Entrepeneur es ex colaborador de este Tribunal, lo que le ha permitido tener acercamientos y favores ilegales en detrimento de la justicia.

Este caso ya ha sido notificado a instancias superiores y están a la espera de que en los próximos días se tomen cartas en el asunto.

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Reporte Nivel Uno No. 115

Política

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