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Consulta indígena: entre constitución, burocracia y demagogia

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José Ramón González Chávez, 61 KB, Consulta Indígena

1992 fue una fecha simbólica en la concepción de la realidad indígena para la historia política y del Derecho. Era el año del 500 aniversario del “descubrimiento de América”, “encuentro de dos mundos”, “nacimiento de la hispanidad”, de “la resistencia indígena” o cualquier otra forma con que se le quiera denominar, que marcó un hito en la visión, comprensión y presencia de un sector demográfico absorbido y neutralizado durante décadas –si no es que siglos– por las teorías unificadoras provenientes del liberalismo nacionalista clásico.

Pero en extraña paradoja, también fue el momento en que surgieron las políticas neoliberales de corte neocolonial, promotoras de un nuevo mundo feliz, sin historia, en el que gracias al fin de las ideologías las diferencias se disipaban en el cálido mar de la globalización. Este nuevo “encuentro” propició entre otras muchas cosas, el choque dialéctico entre actores y sujetos de una y otra postura que prevalece en la actualidad y se refleja en los sistemas jurídicos, políticos, sociales, culturales y mediáticos a nivel regional nacional, subnacional, local y hasta comunitario.1

El nuevo paradigma constitucional, cuya implantación inició en México con el milenio –aunque ha tomado mayor intensidad desde hace una década– prevé e impone la evolución del antiguo concepto Estado de Derecho hacia un “Estado de derechos” donde estos sean preponderantes frente la organización política del Estado, cuya misión primordial sea garantizar aquellos a través de instituciones, políticas, programas y actividades a todas las escalas de gobierno y en todos los poderes.

Desde la perspectiva técnica jurídica (por el momento dejaré de lado lo referente a su uso y abuso político), la consulta popular se erige en un mecanismo de participación mediante el cual se convoca a la ciudadanía –en este caso de los pueblos y comunidades indígenas– para que decida sobre algún aspecto de relevancia general según la escala en la que se realice y el impacto que tenga o pudiera tener.

En lo que respecta a la Consulta Indígena, cabe mencionar que el artículo 2° de la Constitución Federal coloca a los pueblos indígenas en calidad de fuente creadora de la Nación Mexicana, única e indivisible, de composición pluricultural y cuya autonomía debe ejercerse dentro del marco constitucional que asegure la unidad nacional, es decir, siempre y cuando no se trastoque la normativa general, pequeño gran detalle cuando se trata, por ejemplo, de proyectos de infraestructura o productivos que tienen que ver con el desarrollo del país y pueden incidir en la vida y el futuro de ciertas comunidades, como algunos que han estado muy de moda en épocas recientes y estarán en el futuro inmediato.

En tales términos, la consulta indígena para la realización de proyectos de gran alcance e impacto debería de ser imprescindible en la salvaguarda de los intereses nacionales, pero por desgracia no es así. Si bien la Carta Magna indica que las Constituciones de las entidades federativas deberán contar con un marco de principios, normas y prácticas, así como con instituciones que procuren su preservación, no en todas existe y en donde sí lo hay adolece de lagunas, imprecisiones, ambigüedades, efectos no vinculatorios y hasta contradicciones que lo hacen poco eficaz, colocando en todo caso a los derechos de estas comunidades a nivel de mera entelequia.

El derecho a la consulta indígena en el marco de la nueva constitucionalidad está muy lejos de ser una dación graciosa de gobiernos y/o gobernantes; ocupa un lugar prioritario como norma fundamental, pues surge de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Consejo General el 13 de septiembre de 2007.

Este instrumento internacional proclama su derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos por conducto de representantes y que en tal sentido, los Estados celebrarán consultas y cooperarán “de buena fe” (sic) con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado (arts. 5, 18, 19, 24, 26, 29, 30, 32, 38, 40). Estos postulados, aunados a lo que prevé la constitución federal (arts. 2 y 4, en relación sobre todo con los arts. 6, 26, 27, 35, 36, 73, 102), conforman la base constitucional de la Consulta indígena y si bien se ubican en el terreno declarativo, proporcionan un marco sólido para su garantía e instrumentación a través de la normativa secundaria producida por el legislativo federal y los locales; las políticas, programas y acciones del ejecutivo en los tres ámbitos de gobierno ( federal, estatales y municipales) y, por supuesto, de la jurisprudencia y las decisiones jurisdiccionales en todas sus instancias.

Es justamente ahí, en el campo de los órganos del poder público del Estado donde falta mucho por hacer, pues hasta el momento, en el ámbito legislativo, por ejemplo, valga mencionar que de más de una decena de leyes federales y generales consultadas sobre temas relacionados, como las de la CNDH; de Nacionalidad; de Consulta Popular; para el diálogo, la conciliación y la paz en Chiapas; de Responsabilidad ambiental; para la Igualdad entre hombres y mujeres; de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de pesca y acuacultura sustentables; de zonas económicas especiales; de Transparencia y Acceso a la Información, en prácticamente ninguna se encuentra el tema de la participación y la consulta indígena, y en las tres últimas se mantiene una posición paternalista, patrimonialista y autoritativa.

En el ejecutivo, no se diga. De hecho, el propio titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha reconocido públicamente ante organismos internacionales el fracaso de las políticas y programas en la materia. En este rubro el reto es erradicar la visión paternalista de las políticas y programas sociales dedicados a este sector, y cambiar la visión de la dádiva y el folclorismo por la de la colaboración y participación coordinada entre autoridades, ciudadanos y comunidades, deshaciéndose de las meras parafernalias trasnochadas.

Por último, en el ámbito judicial, también es preciso transitar del modelo paleopositivista autoritativo anterior al neoconstitucionalista valorativo actual, pero para ello hay que implantar un nuevo perfil de juzgador, fortaleciendo sus programas de capacitación para que contemplen una visión incluyente y garantista, que permita ir subsanando a golpe de jurisprudencia las inconsistencias y contradicciones del texto legal que mencionamos líneas arriba. Solo de esta forma podrá pasarse de la subsunción a la interpretación y argumentación de las decisiones jurisdiccionales, ejercer el poder-deber de tutela del control constitucional en la materia, equilibrar la balanza del ser y deber ser jurídico y por ende, concretar en los hechos lo postulado en nuestra constitucion material y formal.

La transformación del poder judicial, medular para el nuevo sistema jurídico nacional, implica crear y mantener también cuerpos periciales adecuados; capacitar al personal administrativo y de investigación en temas tan relevantes para la democracia constitucional como la consulta popular y la indígena en específico; facilitarles los medios para realizar sus diligencias, superando las barreras de facto, no solo las culturales, que hasta el momento han obstaculizado su labor.

En fin, el juzgador mexicano del siglo XXI debe prepararse para valorar los intereses comunitarios confrontados al interés nacional e individual, cuidando siempre el debido proceso y una aplicación correcta de medidas cautelares; ampliar los mecanismos probatorios que prevengan y solucionen los hechos eventualmente dañosos, no solo en general sino en particular de las comunidades afectadas; enfrentar y ganar la lucha contra los esquemas tradicionales, el determinismo jurídico y la corrupción, para que las sentencias puedan ser realmente ejecutables; dejar de ser meramente la “boca de la ley” para convertirse en un agente activo con perspectivas más amplias de acción, de acompañamiento social, comprometido con la Justicia, así, con mayúscula.

En el nuevo paradigma constitucional, la consulta popular y la consulta indígena en particular, conforma un elemento primordial en la construcción de la democracia constitucional contemporánea y un antídoto adecuado contra eventuales manipulaciones del poder público, la burocracia y las demagogias que en nada abonan a una verdadera transformación del país.

Opinión

La paciencia no se estira como un chicle

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Jorge Albarrán, 72 KB, Paciencia
Reporte Nivel Uno

                                                                                                                                                                                                                                                                                               “La tortuguita se fue a pasear”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           J. Revueltas

Una maraña de entidades abstractas que parecen diluirse en los espacios comunes, que pese a su aparente insignificancia, significan y se cuelan entre silencios cómplices, miradas punzantes y el ensordecedor alarido de los murmullos denigrantes.

Pero cuando estos estadios de la misoginia, terribles en sí mismos, se materializan en las más repulsivas formas de violencia y muerte, se hace evidente la necesidad de replantear el concepto contemporáneo de masculinidad para emprender la búsqueda de una co-construcción.

La lucha por la equidad no es exclusiva de las mujeres, los hombres también estamos inmersos en las dinámicas que nos han hecho creer que solo existe una forma de ser hombres, un mismo discurso hegemónico donde la masculinidad es acotada por el temor de ser excluidos de la categoría dominante, de entrar en el deshonroso terreno de lo femenino y ser considerados maricas.

Por eso, cuando este miedo se extiende, encontramos que la forma más sencilla de legitimarnos como machos es a través de una actitud donde la mujer se vuelve inferior. ¿Por qué?, porque los hombres “somos sujetos construidos sobre la negación con el otro cuerpo, somos la oposición a la Otredad”.

Simone de Beauvoir lo señaló: la mujer es lo Otro. El varón la condenó a volverse esclava o ídolo, pero siempre al servicio de sus intereses, proyectos o necesidades; incluso cuando se le atribuyeron cualidades divinas, estas parecen responder más a sus propios temores.

A la mujer se le negó la posibilidad de elegir su propia suerte. Es esta cualidad de descalificar lo Otro, de conferir a la mujer la categoría de segundo sexo, lo que ha limitado su participación en los procesos históricos, es decir, no es casualidad que a partir de la apertura que comienza a gestarse en 1869 con el Congreso Internacional de los Derechos de la Mujer, hayan comenzado a figurar agentes históricos femeninos.

De Madame Curie a Leonora Carrington demuestran que “no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia histórica, sino que ha sido su insignificancia histórica lo que las ha destinado a la inferioridad.”

Es esta suerte de deuda histórica la que debe obligar a los varones a repensar los roles de género asignados, después de todo, en muy pocos escenarios se puede encarnar con mayor claridad y ferocidad la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo.

La esclavitud femenina es la propia condena del varón. Judith Butler señala que a todos los sujetos les son impuestas las cualidades, esperanzas y modos en cómo han de enfrentar la vida, en base a si poseen o no un pene.

Desde el momento en que los padres descubren que su hijo es niño, la habitación se pinta de azul, se llena de cochecitos, se le compra la playera del equipo de futbol del padre y se omite por completo cualquier otra categoría que no responda al dogma común, por lo tanto se vuelve absurdo o incluso de mal gusto el siquiera pensar en darle a un varón recién nacido unas medias y unas zapatillas de ballet.

En este mismo sentido la autora plantea la necesidad de corromper a la juventud y NO, no plantea un mundo donde todas las niñas orinen de pie y los niños usen faldas rosas, sino un entorno donde se asimile la importancia del contexto para el desarrollo y la construcción de los individuos.

Sobre todo, ahora que la violencia de género se recrudece, es vital ampliar el espectro de lo que significa ser hombre y retomar estas formas marginales de masculinidad, las que viven en la sombra, ignoradas y carentes de legitimación social; porque solo a partir de ello la mujer podrá dejar de ser considerada una Otredad, la parte dominada o el objeto con fines de placer sexual.

Se debe combatir la masculinidad hegemónica que nos incita a ser mujeriegos, brabucones orgullosos de la virilidad y las conquistas sexuales, pues esta misma imposición es la que nos vedó la capacidad de llorar, de ser sensibles, cariñosos, de ser más humanos y en cambio nos aterró con el miedo a ser excluidos, el terror de ser llamados maricas.

Y no se trata de ser afeminados, sino de desarrollar “ese aspecto de la masculinidad que ancestralmente parece que tuvimos los seres humanos y que por esta revolución del patriarcado se instaló como una negación para los varones”.

Se trata de luchar, de debatirlo, de hacer visibles nuevas formas de ser hombres más humanos; dejar de ser los cobardes que se refugian en la comodidad de lo estipulado por la norma, abrazar nuestra diferencia y defenderla, de levantar los ánimos si es necesario, porque, ¿adivinen qué?… La paciencia no se estira como un chicle.

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