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Consulta indígena: entre constitución, burocracia y demagogia

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José Ramón González Chávez, 61 KB, Consulta Indígena

1992 fue una fecha simbólica en la concepción de la realidad indígena para la historia política y del Derecho. Era el año del 500 aniversario del “descubrimiento de América”, “encuentro de dos mundos”, “nacimiento de la hispanidad”, de “la resistencia indígena” o cualquier otra forma con que se le quiera denominar, que marcó un hito en la visión, comprensión y presencia de un sector demográfico absorbido y neutralizado durante décadas –si no es que siglos– por las teorías unificadoras provenientes del liberalismo nacionalista clásico.

Pero en extraña paradoja, también fue el momento en que surgieron las políticas neoliberales de corte neocolonial, promotoras de un nuevo mundo feliz, sin historia, en el que gracias al fin de las ideologías las diferencias se disipaban en el cálido mar de la globalización. Este nuevo “encuentro” propició entre otras muchas cosas, el choque dialéctico entre actores y sujetos de una y otra postura que prevalece en la actualidad y se refleja en los sistemas jurídicos, políticos, sociales, culturales y mediáticos a nivel regional nacional, subnacional, local y hasta comunitario.1

El nuevo paradigma constitucional, cuya implantación inició en México con el milenio –aunque ha tomado mayor intensidad desde hace una década– prevé e impone la evolución del antiguo concepto Estado de Derecho hacia un “Estado de derechos” donde estos sean preponderantes frente la organización política del Estado, cuya misión primordial sea garantizar aquellos a través de instituciones, políticas, programas y actividades a todas las escalas de gobierno y en todos los poderes.

Desde la perspectiva técnica jurídica (por el momento dejaré de lado lo referente a su uso y abuso político), la consulta popular se erige en un mecanismo de participación mediante el cual se convoca a la ciudadanía –en este caso de los pueblos y comunidades indígenas– para que decida sobre algún aspecto de relevancia general según la escala en la que se realice y el impacto que tenga o pudiera tener.

En lo que respecta a la Consulta Indígena, cabe mencionar que el artículo 2° de la Constitución Federal coloca a los pueblos indígenas en calidad de fuente creadora de la Nación Mexicana, única e indivisible, de composición pluricultural y cuya autonomía debe ejercerse dentro del marco constitucional que asegure la unidad nacional, es decir, siempre y cuando no se trastoque la normativa general, pequeño gran detalle cuando se trata, por ejemplo, de proyectos de infraestructura o productivos que tienen que ver con el desarrollo del país y pueden incidir en la vida y el futuro de ciertas comunidades, como algunos que han estado muy de moda en épocas recientes y estarán en el futuro inmediato.

En tales términos, la consulta indígena para la realización de proyectos de gran alcance e impacto debería de ser imprescindible en la salvaguarda de los intereses nacionales, pero por desgracia no es así. Si bien la Carta Magna indica que las Constituciones de las entidades federativas deberán contar con un marco de principios, normas y prácticas, así como con instituciones que procuren su preservación, no en todas existe y en donde sí lo hay adolece de lagunas, imprecisiones, ambigüedades, efectos no vinculatorios y hasta contradicciones que lo hacen poco eficaz, colocando en todo caso a los derechos de estas comunidades a nivel de mera entelequia.

El derecho a la consulta indígena en el marco de la nueva constitucionalidad está muy lejos de ser una dación graciosa de gobiernos y/o gobernantes; ocupa un lugar prioritario como norma fundamental, pues surge de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Consejo General el 13 de septiembre de 2007.

Este instrumento internacional proclama su derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos por conducto de representantes y que en tal sentido, los Estados celebrarán consultas y cooperarán “de buena fe” (sic) con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado (arts. 5, 18, 19, 24, 26, 29, 30, 32, 38, 40). Estos postulados, aunados a lo que prevé la constitución federal (arts. 2 y 4, en relación sobre todo con los arts. 6, 26, 27, 35, 36, 73, 102), conforman la base constitucional de la Consulta indígena y si bien se ubican en el terreno declarativo, proporcionan un marco sólido para su garantía e instrumentación a través de la normativa secundaria producida por el legislativo federal y los locales; las políticas, programas y acciones del ejecutivo en los tres ámbitos de gobierno ( federal, estatales y municipales) y, por supuesto, de la jurisprudencia y las decisiones jurisdiccionales en todas sus instancias.

Es justamente ahí, en el campo de los órganos del poder público del Estado donde falta mucho por hacer, pues hasta el momento, en el ámbito legislativo, por ejemplo, valga mencionar que de más de una decena de leyes federales y generales consultadas sobre temas relacionados, como las de la CNDH; de Nacionalidad; de Consulta Popular; para el diálogo, la conciliación y la paz en Chiapas; de Responsabilidad ambiental; para la Igualdad entre hombres y mujeres; de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de pesca y acuacultura sustentables; de zonas económicas especiales; de Transparencia y Acceso a la Información, en prácticamente ninguna se encuentra el tema de la participación y la consulta indígena, y en las tres últimas se mantiene una posición paternalista, patrimonialista y autoritativa.

En el ejecutivo, no se diga. De hecho, el propio titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha reconocido públicamente ante organismos internacionales el fracaso de las políticas y programas en la materia. En este rubro el reto es erradicar la visión paternalista de las políticas y programas sociales dedicados a este sector, y cambiar la visión de la dádiva y el folclorismo por la de la colaboración y participación coordinada entre autoridades, ciudadanos y comunidades, deshaciéndose de las meras parafernalias trasnochadas.

Por último, en el ámbito judicial, también es preciso transitar del modelo paleopositivista autoritativo anterior al neoconstitucionalista valorativo actual, pero para ello hay que implantar un nuevo perfil de juzgador, fortaleciendo sus programas de capacitación para que contemplen una visión incluyente y garantista, que permita ir subsanando a golpe de jurisprudencia las inconsistencias y contradicciones del texto legal que mencionamos líneas arriba. Solo de esta forma podrá pasarse de la subsunción a la interpretación y argumentación de las decisiones jurisdiccionales, ejercer el poder-deber de tutela del control constitucional en la materia, equilibrar la balanza del ser y deber ser jurídico y por ende, concretar en los hechos lo postulado en nuestra constitucion material y formal.

La transformación del poder judicial, medular para el nuevo sistema jurídico nacional, implica crear y mantener también cuerpos periciales adecuados; capacitar al personal administrativo y de investigación en temas tan relevantes para la democracia constitucional como la consulta popular y la indígena en específico; facilitarles los medios para realizar sus diligencias, superando las barreras de facto, no solo las culturales, que hasta el momento han obstaculizado su labor.

En fin, el juzgador mexicano del siglo XXI debe prepararse para valorar los intereses comunitarios confrontados al interés nacional e individual, cuidando siempre el debido proceso y una aplicación correcta de medidas cautelares; ampliar los mecanismos probatorios que prevengan y solucionen los hechos eventualmente dañosos, no solo en general sino en particular de las comunidades afectadas; enfrentar y ganar la lucha contra los esquemas tradicionales, el determinismo jurídico y la corrupción, para que las sentencias puedan ser realmente ejecutables; dejar de ser meramente la “boca de la ley” para convertirse en un agente activo con perspectivas más amplias de acción, de acompañamiento social, comprometido con la Justicia, así, con mayúscula.

En el nuevo paradigma constitucional, la consulta popular y la consulta indígena en particular, conforma un elemento primordial en la construcción de la democracia constitucional contemporánea y un antídoto adecuado contra eventuales manipulaciones del poder público, la burocracia y las demagogias que en nada abonan a una verdadera transformación del país.

Opinión

El gobierno váucher

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Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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