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De la “tensa calma” a las “escenas dantescas”

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Carlos Organista, 76 KB, tensa calma

En esta ocasión, estimado lector, pensaba hablarle de nosocomios y galenos, por la penosa necesidad que he tenido de depender de nuestro sistema público de salud durante las últimas semanas. Sí, esos lugares donde constantemente la gente se debate entre la vida y la muerte, donde se llegan a ver escenas dantescas y se teme lo peor.

Y es que la Cuarta Transformación no ha llegado aún a clínicas otrora de gran prestigio y reconocimiento, y no solo las clases más desfavorecidas tienen un futuro incierto en este sentido: todos los que dependemos del sistema de seguridad social podemos caer en desgracia si no se hace algo pronto. Es como si una pertinaz lluvia o un fuerte aguacero nos amenazara durante un gran lapso de tiempo.

De no ser trágica, la situación sería cómica, porque es insostenible: decenas de ambulancias paradas en las inmediaciones porque no hay dinero para la gasolina con el presupuesto que dejó el gobierno anterior, en espera de que el entrante sea sensible a las necesidades más urgentes; inmensas filas de pacientes, de derechohabientes (o cuentahabientes, dirían en la radio), con largas y penosas enfermedades, en espera de ser atendidos por el único especialista que puede hacer un estudio pero que actualmente está de vacaciones… la crisis transexenal, que le llaman.

Una situación límite, en la que se viven momentos de angustia y desesperación —que ni a tensa calma llegan— por no contar con el vital líquido para asear a los pacientes en fin de semana porque desde el corte de agua pasado no quedó regularizado el suministro. Al menos eso dicen algunos funcionarios para lavarse las manos (claro, ellos sí pueden hacerlo porque en los baños exclusivos que utilizan hay forma de obtener el preciado elemento).

Había pensado en hablarle entonces de los hospitales y los juramentados de Hipócrates, pero no quiero ser aguafiestas ni tampoco caer en más lugares comunes de los que ya he caído. Porque si bien mi intención era denunciar la terrible situación que impera en los hospitales del ISSSTE, en particular en el que he podido vivir en carne propia sus carencias (el Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro), la intención de esta columna no es otra más que hablar de las minucias del lenguaje.

Dicho todo el choro anterior —aun cuando todo es cierto—, procedo entonces a referirme al terror de todo periodista y de cualquier persona que se dedica a escribir: el lugar común.

La Real Academia Española lo define como “expresión trivial, o ya muy empleada en caso análogo”. Como las que acaba de leer en párrafos anteriores —que podrá notar en cursivas— y esas que hemos escuchado cada sexenio también, incluidas las del actual Gobierno de México.

“Se entiende por lugar común algo que se escucha sin pensar, que se acepta sin más reflexión. Nunca las palabras engañan más que cuando se transforman en lugares comunes: cuando, a fuerza de repeticiones, se convierten en un envase en el que cabe todo y cualquier cosa, una manera de decir nada para que cada quien escuche lo que quiera. En eso se basa la política en tiempos de democracia encuestadora, que algunos llaman demagogia o populismo”, escribió Martín Caparrós en su columna “Las palabras tampoco”, publicada por The New York Times en español en noviembre pasado.

Según el periodista y profesor español Gonzalo Martín Vivaldi, en el periodismo se recurre a la frase gastada por inercia o por pereza expresiva. Álex Grijelmo, también periodista y escritor español, asegura: “Nada destroza más el estilo que la frase hecha, el lugar común, el tópico, la idea esperada y consabida”.

O sea que los lugares comunes no son gratuitos, son frases que en su momento fueron novedosas y son tan conocidas ya que denotan la falta de tiempo o interés para pensar en una mejor forma de decir lo que se pretende. ¿O qué opina usted cuando un partido de futbol termina con tiros libres a la portería y se habla de “la lotería de los penaltis” o de “esto no se acaba hasta que se acaba” y “hasta el último minuto cuenta”? ¿Qué decir de “la fiesta de la democracia” cuando se refieren a las votaciones? ¿Y de “los hombres fuertemente armados” (o su respectiva redundancia del “comando armado”, cuando comando significa de por sí “grupo armado”) o el famoso “se dio a la fuga”? Como diría mi abuela: “ya chole”, porque hasta hablar de lugares comunes es ya un lugar común.

Hemos llegado a tal grado que el profesor de periodismo José Alberto García Avilés, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España, lanzó el Diccionario del cliché en línea (http://diccionariodelcliche.umh.es) con ayuda de sus alumnos. Más de tres mil 500 expresiones recopiladas para invitar a los periodistas a pensar en alternativas en caso de encontrar en la lista alguna de las frases que pretende usar.

Porque, seamos honestos, a veces por querer adornar, buscar sinónimos o vernos “literarios” y apantallantes terminamos hablando como Don Quijote y usamos palabras tipo “maleante” en vez de ladrón —que ya ni en España utilizan— o la famosa milenial: “encendió las redes”.

Así que ya sabe: entre menos lugares comunes, más lectores felices… porque “lo que se hace sin esfuerzo y con pereza, no puede durar ni tener belleza”.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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