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Ser visible

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Mariana Otero, 69 KB, visible

“Las INVISIBLES existen, viven con nosotros, y de poco sirve que la sociedad entera se sumerja en discusiones para lograr una mayor equidad laboral entre hombres y mujeres, si las que están en casa, las que tienen acceso a nuestro círculo de mayor intimidad, se encuentran, por decir lo menos, sin el mínimo reconocimiento social, laborando jornadas excesivas, con salarios miserables, y OCULTAS”, escribí en este espacio el pasado dos de febrero.

El texto se llamó “Las Invisibles”, en referencia al estudio en que el INEGI da a conocer que la situación económica y las condiciones de empleo en el país orillan a las personas trabajadoras del hogar a aceptar el salario y las condiciones del empleador, por lo que su labor transcurre en un entorno aislado y prácticamente invisible.

Y como si se tratase de un complot del universo o de la temporada navideña, los Poderes de la Unión se alinearon en beneficio de las trabajadoras del hogar, así en plural y en femenino, pues el 90 por ciento de las personas que se dedican a estas labores son mujeres. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró discriminatorio no inscribir al personal doméstico en el Seguro Social, y ordenó al IMSS que elabore un programa piloto para que los patrones puedan dotar de este beneficio a esas dos millones de mexicanas.

Mientras que en el Poder Legislativo, senadores de todos los partidos e ideologías (Patricia Mercado, Martha Lucia Micher Camarena, Napoleón Gómez Urrutia, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda Vidales, Kenia López Rabadán y Citlalli Hernández Mora, para que sepa el lector a quién le debemos el avance), presentaron una iniciativa de Ley, para que este sector de la población cuente con todas las prestaciones y derechos laborales.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo no contempla un marco en que se determinen horarios, remuneración justa, aguinaldo y seguridad social para las empleadas del hogar, de ahí que la iniciativa plantea reformar la norma y otorgar todos los derechos y prestaciones sociales y prohibir la contratación de menores de 15 años. Y ahí vamos las que pretendemos defender o impulsar la equidad en el trato y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres de todas las razas y religiones a celebrar que en un solo día, dos millones de mujeres estén por ver que la ley les haga justicia.

La Corte ordenó que un plazo no mayor a 3 años, se logre “obtener la seguridad social, efectiva, robusta y suficiente a la totalidad de las empleadas domésticas en el país”, por lo que el instituto a cargo de Germán Martínez Cázares tendrá que crear un método sencillo, rápido y efectivo para que todos los que contamos con ayuda en la casa, podamos ofrecer lo que debería haberse otorgado desde hace décadas; pero como dice el refrán “más vale tarde, que nunca”.

El Instituto Belisario Dominguez, organismo de investigación del Senado, ha documentado que no solo se trata de que este tipo de labor se encuentra sin regulación alguna, sino que además la brecha salarial entre el 90 por ciento de mujeres que lo componen, y el 10 por ciento masculino, es infame: La tendencia es que las mujeres ganen alrededor de un 40 por ciento menos, que los varones, aunque se trate del mismo trabajo.

En una conferencia de prensa para dar a conocer la iniciativa, la senadora Claudia Ruiz Massieu informó que actualmente existen 2.3 millones de personas que se dedican a labores domésticas en un ambiente de desventaja y desamparo en comparación con el resto de las personas económicamente activas.

Y si bien, aún falta que los patrones asumamos el compromiso y seamos parte de una mejoría que impactará en la vida de millones de mexicanos y de las generaciones siguientes, es grato saber que, al menos, en la Ley, ya se dan los primeros pasos en la dirección correcta.

No más “chachas”, ni “sirvientas”, si no justicia e igualdad a millones de trabajadoras que han sido víctimas de una discriminación estructural durante décadas.

Opinión

El gobierno váucher

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Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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