La planeación democrática y la constitución de papel
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La planeación democrática y la constitución de papel

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José Ramón González Chávez, 61 KB, constitución

Uno de los grandes clásicos del Derecho Constitucional de Occidente es la obra ¿Qué es una Constitución?  de Fernando Lasalle, pensador judío alemán, nacido a fines del siglo XVIII en lo que ahora es Polonia, abogado y político socialista contemporáneo de Marx y Engels con quienes mantuvo contacto epistolar por años.

En ella, el autor reflexiona sobre lo que debe conformar la esencia de una Constitución, distinguiendo entre una real y efectiva, resultado o reflejo del acuerdo entre los factores reales de poder y una a la que califica como mera “hoja de papel”, término que en el constitucionalismo moderno se expresaría como aquella que si bien posee formalidad legal, carece de validez o legitimidad social, es decir, que nadie observa y por ende resulta ineficaz.

En la presente entrega traigo a cuento esta distinción entre Constitución Real  y Formal  a la luz del Sistema Nacional de Planeación Democrática  (SNPD), institución jurídico política prevista como un derecho fundamental de carácter democrático y deliberativo, proclamado y organizado por la Constitución Política de la República.

Una de las principales razones que llevaron al constituyente de 1983 a establecer el SNPD fue —y sigue siendo— la de no dejar a capricho del gobernante en turno los principios, fines y organización del desarrollo nacional, sino que la ciudadanía, el pueblo del Estado, verdadero y único titular originario de la soberanía, tenga la oportunidad de ejercer la prerrogativa de opinar y participar sobre las pretensiones, contenidos y formas del proyecto de gobierno, y que para ello, la información recabada a través de un amplio proceso de consulta popular se someta a procedimientos de recopilación, análisis y sistematización, para finalmente integrarse a un Plan Nacional de Desarrollo  (PND), documento que tiene carácter de Ley Federal y es vinculatorio para autoridades e instituciones de los ámbitos federal, estatal y municipal como documento de base para el diseño y puesta en marcha de sus propios programas y acciones específicos de desarrollo.

De tal manera, el SNPD se ha erigido desde entonces en mecanismo estratégico de la “Planeación Democrática de la Vida Nacional”, parte sustancial del engranaje de aquella transformación de México  —de esas que ahora han quedado sin número— que se llamó “La Renovación Moral de la Sociedad”, propuesta por el entonces Presidente de la República, Miguel de La Madrid, que tenía el objeto de evitar en lo subsecuente el ejercicio del gobierno a capricho individual, el sobrepeso burocrático, el dispendio de recursos en un escenario económico muy delicado, el desorden y la discrecionalidad en la toma de decisiones y la corrupción, fantasmas que al paso de las décadas, los gobernantes, las transiciones y las transformaciones —con o sin nombre— nos siguen acechando.

¿Por qué la planeación es tan valiosa para un gobierno? La planeación consiste en un proceso administrativo que conjunta y ordena de acuerdo con el contexto, las estrategias de diseño, instrumentación, dirección, operación, control y evaluación requeridas para lograr los objetivos y metas que se plantea una persona, un grupo, un organismo o el propio Estado.

De ahí que su naturaleza sea cíclica y por ende tenga que ser realizada en todas las fases del proceso administrativo: antes, durante y después de la organización institucional y, por supuesto, de la toma de decisiones.

En el ámbito gubernamental, la Planeación Democrática es un conjunto articulado de líneas de política pública y relaciones funcionales entre los distintos órganos del poder público y autoridades en los tres órdenes de gobierno y las organizaciones de los diversos sectores sociales y sus integrantes, a fin de llevar a cabo acciones de común acuerdo  en un marco de participación mediante las cuales estos hacen propuestas, plantean demandas, formalizan acuerdos y toman parte activa en el proceso de planeación de la vida democrática nacional.

En términos jurídico-políticos, el SNPD es una institución constitucional cuyo fin es imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento y el desarrollo para la independencia y la democratización política, económica, social y cultural del país. De ahí que para su elaboración, la propia Carta Magna establezca forzosamente:

A) Llevar a cabo un proceso de consulta y participación a nivel nacional mediante foros temáticos que serán determinados en una Ley (La de Planeación).

B) Que la información obtenida deberá ser analizada y sistematizada por la autoridad prevista en la Ley (actualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

C) Contrastarse con otras fuentes como las que poseen tanto el Sistema Nacional de Información Geográfica y Estadística a cargo del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismos que también son de carácter constitucional.

Asimismo, nuestro ordenamiento fundamental prevé el establecimiento de bases de coordinación para que el ejecutivo de la federación convierta la información obtenida en programas y acciones concretos junto con los gobiernos estatales y estos con los municipales, además de los mecanismos para dotarlo de suficiente flexibilidad para permitirle su adaptación a los eventuales cambios de contexto que pudieran darse.

Hasta aquí el deber ser . No obstante esta compleja, pero clara estructura constitucional, casi de sentido común, la planeación está lejos de formar parte de nuestra cultura social, política y de gobierno.

Si la intención del actual presidente es que “nadie esté al margen ni por encima de la ley”, tal como lo mencionó en su discurso de toma de posesión el pasado primero de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley ya debía haberse lanzado formalmente la convocatoria para participar en los foros de consulta popular, señalando fechas lugares, temas, bases de participación, procedimientos de recopilación, análisis y procesamiento, e igualmente, la propia ley establece un lapso de 120 días para que el presidente cumpla con la obligación de presentar el Plan Nacional de Desarrollo, Documento-Ley  que sea el resultado de dicho proceso democrático de consulta y sistematización.

La actual administración, incluso antes de entrar en funciones ha empezado a tomar decisiones y a emprender acciones sin tener en cuenta ni involucrar, como lo obliga la Constitución , a los individuos y sectores en cada tema y con el visto bueno del Congreso . ¿O eso ya no importa? ¿La cantidad de votos obtenidos seguirá siendo el pretexto para colocarse al margen y por encima de la ley? ¿La activación del Sistema Nacional de Planeación Democrática y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se harán como lo marca la Constitución o esta no será más que una hoja de papel ?

Deportes

Comité Olímpico Mexicano ya no dará hospedaje ni comida a deportistas

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Foto: Cuartoscuro.

MÉXICO.- Debido a la falta de presupuesto, el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció que dejará de proveer hospedaje, alimentación y atención médica a los deportistas que integran sus distintas federaciones.

A través de una circular difundida de manera interna y que filtró el semanario Proceso, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, informó que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) cerrará de manera parcial a partir del 31 de julio de este año, por ende, los citados servicios quedarán suspendidos de manera infefinida .

Ya es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrecen. Dado lo anterior se ha tomado la difícil decisión de suspender por completo y en forma indefinida dichos servicios a partir del 31 de julio, agradeciendo sean tan amables en cancelar, suspender y/o retirar todas sus reservaciones a partir de esta fecha”.
Comité Olímpico Mexicano

De 2012 a la fecha, el Comité Olímpico Mexicano ha subsistido gracias a los recursos que el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en turno le ha asignado. Por ejemplo, en el cuatrienio que comenzó en 2008 la asociación civil recibió 80 millones a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Sin embargo, los actuales ajustes presupuestales derivaron en que la dirigente de la Conade, Ana Gabriela Guevara, todavía no haya asignado una partida presupuesta al COM; cabe señalar que la citada Comisión sufrió un recorte de 70 millones de pesos en el presente año.

Es por ello que Guevara reveló este martes que pediría una ampliación presupuestal por 500 millones de pesos en aras de concluir satisfactoriamente el 2019, toda vez que, según la funcionaria, no existe el suficiente dinero para operar el organismo.

Inclusive y como se dice en el documento referido en un inicio, Padilla Becerra ha sostenido negociaciones con la SEP y la Secretaría de Hacienda en aras de obtener los recursos necesarios, pero hasta ahora no ha existido ningún arreglo.

“Mantenemos la firme intención de encontrar soluciones para que esta situación pueda revertirse rápidamente y evitar así que afecte el desempeño de los atletas que nos representarán en diversas lides deportivas durante 2020, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio”, dijo el Comité Olímpico Mexicano.

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