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Opinión

Mujeres en el Foro Económico Mundial

Publicado

Mariana Otero, 69 KB, Foro Económico Mundial
Reporte Nivel Uno

Usted se preguntará ¿y esto qué tiene de interesante? Y la respuesta podría valerme unas 10 páginas de texto, pero ante el límite de espacio, le contaré en un párrafo: el Foro Económico Mundial se celebró recientemente en Davos, Suiza, y aunque ningún miembro del primer círculo de gobierno mexicano se tomó la molestia de asistir, es “EL EVENTO” en que se reúnen las tres mil personas más ricas y poderosas del mundo a discutir los temas más relevantes para la humanidad, (nuestro gobierno lo habrá considerado demasiado fifí, tal vez).

Este año destacaron, además de los temas eminentemente económicos, las discusiones sobre la amenaza del cambio climático y la disparidad de género, es por eso, que la participación de la joven resulta completamente relevante (para su servidora, también es completamente emocionante).

El año pasado, la asistencia de mujeres al WEF (por sus siglas en inglés… me sentí tan coqueta al escribir: “por sus siglas en inglés”), solo fue del 18 por ciento, y aunque aún no se ha dado a conocer el porcentaje de participación femenina del 2019, destacó la influencia de Christine Lagarde, directora general del Foro Económico Mundial; Ginni Rometty, presidenta ejecutiva de IBM; Angela Merkel y Erna Solberg, primeras ministras de Alemania y Noruega, respectivamente, como principales ponentes.

El dilema surge porque a pesar de ello, en su última edición, el WEF dio a conocer que por primera vez desde el 2006, la brecha entre hombres y mujeres en materia de salud, educación política y economía aumentó. De ahí que la participación de jóvenes mujeres como Greta Thunberg toma mayor relevancia, pues a México y a la humanidad entera les urge la existencia de mayores y mejores espacios en los círculos de toma de decisiones para mujeres. Es en serio, ¡nos urgen!

Y para muestra, un botón: mientras los países del G20 registran una presencia minúscula en el listado de las diez naciones con mayor paridad de género, lo cual es evidencia de que aunque una economía sobresaliente no es sinónimo de igualdad, un análisis de Irene Cantellano (Tesorera de la Federación en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), da cuenta de que contar con mujeres en posiciones directivas incrementa la rentabilidad de las empresas. (Aplausos para IBM)

“La participación de las mujeres en los niveles de dirección de las empresas incrementa 15 por ciento la utilidad neta, tiene impactos significativos en la rentabilidad sobre activos, inversión y capital y en el valor de mercado de las compañías, de acuerdo con 34 estudios en el tema elaborados por prestigiosas firmas de consultoría”, aseguró Cantellano en una ponencia en el ITAM de la que ya hemos dado cuenta en este su espacio favorito (¡AJAM!)

Mientras los países de raíces vikingas, (últimamente tengo una fijación por las historias nórdicas), es decir, Noruega, Finlandia e Islandia, se encuentran como los más equitativos entre hombres y mujeres con un 87 por ciento; en México, en el listado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre inclusión de mujeres en puestos de alta dirección, México se encuentra en el lugar 67, mientras que el Foro Económico Mundial nos ubica en el 120 de talento femenino y en el 122 de 144, en participación económica de mujeres (con este párrafo lloro).

Los avances en lo que se refiere a que hombres y mujeres gocemos de las mismas oportunidades, derechos, y se nos trate con igualdad son indudables en las últimas décadas, pero no se puede ignorar o ser omisos ante las enormes brechas que aún existen ni tampoco a la persistencia de la violencia de género que persiste (En México la violencia feminicida sigue al alza).

A pesar de la evidencia científica y tangible de los beneficios de tener sociedades más equitativas pareciera que aún existe un fuerte rechazo y prejuicios al respecto, o tal vez, al igual que con el cambio climático, sobre lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que “son puros cuentos”, los mexicanos estamos tratando de ignorar una valiosa oportunidad para mejorar como país.

P.D. Entre las frases más devastadoras de la última edición del WEF: “Las desigualdades extremas están descontroladas”, dicho por la directora de la ONG Oxfam, Winnie Byanyima, al señalar que según los cálculos de la organización, 26 multimillonarios poseen más dinero que las tres mil 800 millones de personas más pobres del planeta. (Que alguien pare a este mundo, por hoy, me quiero bajar).

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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