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Desde abajo y por la banda izquierda

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Jorge Albarrán, 72 KB, izquierda
Reporte Nivel Uno

En Hamburgo, Alemania, se levanta uno de los complejos deportivos más importantes de la historia del futbol; pero el Millerntor-Stadion no adquiere su valor mítico por haber albergado futbolistas icónicos, encuentros memorables ni mucho menos por poseer instalaciones elegantes. El club local, el St. Pauli, es más bien un equipo chico que pasó sin glorias por la Bundesliga y este fin de semana disputará algún partido en la segunda categoría de la liga alemana.

Sin embargo, este equipo tan malo para jugar al futbol, desde los 80 se ha vuelto un símbolo de la política de izquierda, ha velado por los migrantes, la libertad sexual y otras consignas de la contracultura. El St. Pauli hizo evidente que el futbol es más que 22 fulanos corriendo detrás de un balón.

El futbol es un rito social, una forma de afianzar a la colectividad y el sentimiento de pertenencia de los individuos. En un mundo tan polarizado como el actual, la camiseta de un equipo termina por ser la única certeza identitaria que poseen muchas personas, incluso más que hacia un partido político, porque el descontento se ha generalizado a lo largo de décadas de promesas incumplidas. Y pese a la distancia que muchos quisieran establecer, el juego, como cualquier actividad humana, no puede deslindarse de la política.

Kiko Llaneras lo expresó con una lucidez contundente: “mientras que la política es un mecanismo para conciliar conflictos verdaderos, el futbol consiste precisamente en crear conflictos falsos y mantenerlos a perpetuidad. Por eso la política importa y debe tomarse en serio, mientras que el futbol es intrascendente y debe tomarse más en serio aún”. Hoy en día, el juego encarna los ideales de un modelo capaz de justificar cualquier acción en beneficio de la acumulación desmedida de capitales y la explotación voraz de personas por personas, a través de los mercados de piernas, los sueldos ridículos y episodios tan lóbregos e indignantes como los 112 millones de euros que pagó la Juventus para comprar a Cristiano Ronaldo, al mismo tiempo que su hermana Fiat alistaba los recortes a su plantilla de trabajadores (aclaro, esto no es culpa del jugador).

Tampoco es casualidad que sea al interior de una generación hedonista y encumbrada en ideales egoístas, donde los premios individuales de los jugadores de un juego en equipo, se encumbren a la par o incluso más allá de los logros colectivos. El conjunto, el grupo, el Argentina 2 – Inglaterra 0, es reemplazado por el yo, la selfie, el “todo es culpa de Messi“.

Estas características consiguieron que grandes figuras de la intelectualidad como Jorge Luis Borges, calificaran este deporte como estúpido y obligara a Eduardo Galeano a responder con la sutileza de quien, como muchos, quiso jugar pero las piernas no le dieron: “el futbol ocupa un lugar importante de la realidad, a veces el más importante de los lugares, aunque lo ignoren los ideólogos que aman a la humanidad pero desprecian a la gente”.

Aquí es necesaria otra cita de Galeano, aunque sea muletilla, “como el tango, el futbol creció desde los suburbios. Era un deporte que no exigía dinero y se podía jugar sin nada más que las puras ganas”, dos piedras y una cosa pateable; a esta cualidad debe agradecer su popularidad y es este carácter masivo el que resguarda su poder para promover las causas que aboguen por los de abajo, los parias, los marginados, los nadie.

Cuando los futbolistas salieron a la calle en el mayo francés; cuando un jugador o un club se adhieren a una causa y transgreden el umbral de las fotos publicitarias en hospitales y ONG que los ayudan a librar impuestos, el hecho retumba y se disemina entre las consecuencias y el clamor popular. Por eso, aunque cada vez haya menos Sócrates, menos Ángel Cappas, que pasen de las proezas de la cancha a los libros rojos y los puños en alto, que se atrevan a cuestionar un modelo que nos enajenó con fantasías de consumo y, en nombre del yo, nos cegó ante la desigualdad, al tiempo que parece vedarnos el concepto de Para todos, todo.

El futbol sigue siendo político, aún posee la capacidad y ¿la responsabilidad? de abogar por un mundo más justo, menos Balones de Oro y más Tiki-Taka. Al final, he de reconocer que “todo lo que sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al futbol”… o al menos eso dicen que dijo el portero del Racing Universitario de Argel, un tal Albert Camus, en sus inicios, cuando despejaba en cortito para salir jugando desde abajo y por la banda izquierda.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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