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Eternamente bella en manos de un “especialista”

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Mariana Otero, 69 KB, especialista
Reporte Nivel Uno

Todos nos hemos topado con noticias o fotografías de cirugías estéticas cuyos resultados fueron catastróficos. Las imágenes son alarmantes cuando los pacientes tuvieron la suerte de salir con vida del quirófano, y es que desde 2011, el Estado renunció a la responsabilidad de otorgar la certificación que avala la pericia, conocimiento y experiencia de los médicos especialistas, y lo dejó en manos de una asociación civil.

México se encuentra entre los cinco países del mundo en que se practican más intervenciones de este tipo. Especialistas de la UNAM lo ubican en el tercer lugar, mientras que la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, lo ubica en el quinto.

Lo más lógico, es que ante el aumento exponencial de este tipo de intervenciones (80 por ciento en los últimos 20 años), el gobierno incrementaría la supervisión de los médicos especialistas que las practican y, por ende, la protección a los usuarios.

Pero, como en muchas ocasiones, la lógica no es necesariamente el mecanismo de gobierno. Desde el sexenio de Felipe Calderón, la certificación se dejó en manos del Comité Normativo de Consejos de Especialidades Médicas A.C. (CONACEM). (No es la Secretaría de Salud ni de Educación ni siquiera una facultad universitaria).

Si bien existen riesgos de caer en manos de charlatanes que no tienen una instrucción médica, y la responsabilidad de revisar las credenciales es del paciente, el Estado debe garantizar al 100 por ciento la capacidad del galeno, por lo que en los albores de la denominada Cuarta Transformación, la congruencia sería regresar esta facultad a una entidad gubernamental.

Resulta inverosímil que ante el déficit de especialistas médicos en el país, la certificación y los procesos para otorgarla, permanecen sin vigilancia alguna en manos de una “A.C.” que, además, tampoco brinda certeza sobre el destino de los recursos que recibe.

Según datos públicos, CONACEM y sus 47 Consejos de Especialidades Médicas reciben recursos del orden de los 376 millones de pesos al año, los cuales bien podrían destinarse a instituciones públicas que en nada les vienen mal ante el decreto general de austeridad.

Además, al entregar una responsabilidad tan importante a un organismo privado, México ha ido en contra de las experiencias internacionales, por ejemplo, en países como España o Estados Unidos la certificación en cualquier área de la salud corre a cargo de una Junta Nacional de Examinadores Médicos bajo control y supervisión del National Board of Medical Examiners (en el caso de EU) en manos del gobierno, quien elabora y administra los exámenes y mantiene una base de datos a disposición del médico y las instituciones que requieran la corroboración de su estatus.

Otra vertiente que los señores de la 4T deberían analizar, es que en los últimos años se han creado una gran cantidad de soluciones y tratamientos mínimamente invasivos, ya sea inyectados o a través de anestesia local, que genera una mayor demanda ante una recuperación más veloz, sin embargo, la comercialización de estos servicios requiere de médicos especialistas que ofrezcan plena seguridad en el procedimiento.

Según cifras de la Asociación Americana de Cirugía Plástica, del 2000 al 2016 se registró un aumento de 180 por ciento en estos tratamientos. ¿Ante un alza tan pronunciada, no debería el gobierno tener plena vigilancia y actuación en la certificación de todos los médicos?

Hay investigaciones de instituciones serias que han corroborado que por cada médico especializado existen 15 personas que se ostentan como especialistas sin serlo, estos emplean insumos tales como aceites, parafinas, o silicón industrial, situación que puede provocar enfermedades, amputaciones o incluso la muerte… ¡La muerte!

El gobierno, a través del presidente López Obrador, ha levantado polémicas al cortar servicios de estancias infantiles, pues se detectaron irregularidades en el destino de recursos que se entregaron a particulares, además de que se ha anunciado que los recursos del erario irán directamente a los beneficiarios y se eliminará la intermediación de organizaciones civiles que no pueden ser completamente trasparentes.

¿Será la certificación médica uno de los rubros que deben revisarse y reorientarse? Yo creo que sí. (Al menos habría menos polémica y más apoyo del gremio médico).

Opinión

El gobierno váucher

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el

Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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