Conecte con nosotros

Opinión

Eternamente bella en manos de un “especialista”

Publicado

Mariana Otero, 69 KB, especialista
Reporte Nivel Uno

Todos nos hemos topado con noticias o fotografías de cirugías estéticas cuyos resultados fueron catastróficos. Las imágenes son alarmantes cuando los pacientes tuvieron la suerte de salir con vida del quirófano, y es que desde 2011, el Estado renunció a la responsabilidad de otorgar la certificación que avala la pericia, conocimiento y experiencia de los médicos especialistas, y lo dejó en manos de una asociación civil.

México se encuentra entre los cinco países del mundo en que se practican más intervenciones de este tipo. Especialistas de la UNAM lo ubican en el tercer lugar, mientras que la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, lo ubica en el quinto.

Lo más lógico, es que ante el aumento exponencial de este tipo de intervenciones (80 por ciento en los últimos 20 años), el gobierno incrementaría la supervisión de los médicos especialistas que las practican y, por ende, la protección a los usuarios.

Pero, como en muchas ocasiones, la lógica no es necesariamente el mecanismo de gobierno. Desde el sexenio de Felipe Calderón, la certificación se dejó en manos del Comité Normativo de Consejos de Especialidades Médicas A.C. (CONACEM). (No es la Secretaría de Salud ni de Educación ni siquiera una facultad universitaria).

Si bien existen riesgos de caer en manos de charlatanes que no tienen una instrucción médica, y la responsabilidad de revisar las credenciales es del paciente, el Estado debe garantizar al 100 por ciento la capacidad del galeno, por lo que en los albores de la denominada Cuarta Transformación, la congruencia sería regresar esta facultad a una entidad gubernamental.

Resulta inverosímil que ante el déficit de especialistas médicos en el país, la certificación y los procesos para otorgarla, permanecen sin vigilancia alguna en manos de una “A.C.” que, además, tampoco brinda certeza sobre el destino de los recursos que recibe.

Según datos públicos, CONACEM y sus 47 Consejos de Especialidades Médicas reciben recursos del orden de los 376 millones de pesos al año, los cuales bien podrían destinarse a instituciones públicas que en nada les vienen mal ante el decreto general de austeridad.

Además, al entregar una responsabilidad tan importante a un organismo privado, México ha ido en contra de las experiencias internacionales, por ejemplo, en países como España o Estados Unidos la certificación en cualquier área de la salud corre a cargo de una Junta Nacional de Examinadores Médicos bajo control y supervisión del National Board of Medical Examiners (en el caso de EU) en manos del gobierno, quien elabora y administra los exámenes y mantiene una base de datos a disposición del médico y las instituciones que requieran la corroboración de su estatus.

Otra vertiente que los señores de la 4T deberían analizar, es que en los últimos años se han creado una gran cantidad de soluciones y tratamientos mínimamente invasivos, ya sea inyectados o a través de anestesia local, que genera una mayor demanda ante una recuperación más veloz, sin embargo, la comercialización de estos servicios requiere de médicos especialistas que ofrezcan plena seguridad en el procedimiento.

Según cifras de la Asociación Americana de Cirugía Plástica, del 2000 al 2016 se registró un aumento de 180 por ciento en estos tratamientos. ¿Ante un alza tan pronunciada, no debería el gobierno tener plena vigilancia y actuación en la certificación de todos los médicos?

Hay investigaciones de instituciones serias que han corroborado que por cada médico especializado existen 15 personas que se ostentan como especialistas sin serlo, estos emplean insumos tales como aceites, parafinas, o silicón industrial, situación que puede provocar enfermedades, amputaciones o incluso la muerte… ¡La muerte!

El gobierno, a través del presidente López Obrador, ha levantado polémicas al cortar servicios de estancias infantiles, pues se detectaron irregularidades en el destino de recursos que se entregaron a particulares, además de que se ha anunciado que los recursos del erario irán directamente a los beneficiarios y se eliminará la intermediación de organizaciones civiles que no pueden ser completamente trasparentes.

¿Será la certificación médica uno de los rubros que deben revisarse y reorientarse? Yo creo que sí. (Al menos habría menos polémica y más apoyo del gremio médico).

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

Publicado

el

SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

Seguir leyendo
Anuncios
Anuncios

Política

Anuncios

CDMX

Anuncios

Tienes que leer