Conecte con nosotros

Opinión

Gasolinera, señor presidente, no gasolinería

Publicado

Carlos Organista, 76 KB, Gasolinera
Reporte Nivel Uno

A finales del mes pasado, en una de tantas conferencias mañaneras del Gobierno de México —que parecen más bien dictados diarios de agenda noticiosa—, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado por una reportera sobre operativos contra el “huachicoleo” y sobre el uso de un supuesto software  “pirata” por parte de algunas gasolineras para manipular los reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Sistema de Administración Tributaria y a Petróleos Mexicanos; todo con la intención de vender huachicol, que, como sabemos ya a estas alturas, es el término coloquial empleado en México para referirse al combustible obtenido en forma ilícita.

Antes de responder que no sabía nada del software  “pirata”, AMLO aplicó algo que bien podríamos llamar “rodeo gramatical” —en alusión a un libro publicado en Estados Unidos para enseñar gramática española (y a un capítulo de Los Simpson, por supuesto, pero esa es otra historia)—, pues se fue por otro lado, en vez de tener en cuenta que, como decía mi abuela: “a la mujer y a los charcos, no hay que andarles con rodeos”.

Aunque llevábamos ya un mes hablando de combustibles y sus derivados, el presidente se tomó un momento para reflexionar sobre el buen decir y llamarle a las cosas por su nombre (o no), por lo cual señaló: “Acerca de las gasolineras, o gasolinerías… hay que pedir a un especialista del manejo de la lengua que nos aclare cómo se dice: si es gasolinera o gasolinería. Sería bueno aclararlo

¿Cómo se tiene que decir? Porque donde se venden las tortillas, pues es la tortillería, ¿no? Donde se venden los tacos, es la taquería… Pero vamos pidiéndole a un especialista que nos aclare cómo hay que decirle. O a lo mejor está bien de las dos maneras”.

Y es que, ante semejante duda, la Choropedia no puede quedarse callada. Si bien los cierres editoriales no nos permitieron hablar del tema en su momento, no podemos dejar pasar la discusión en absoluto como parte del servicio a la comunidad.

Durante aquella conferencia del 31 de enero pasado, no faltaron los periodistas que de inmediato gritaron: “¡gasolinera!”, “las dos son correctas”, “¡claro, como panadería!”… Y sí, todos, incluido el presidente, estaban en lo cierto… pero a medias, porque una cosa es lo correcto y otra lo aceptado.

O, como diría la lingüista Dinorah Pesqueira: “uno es el término correcto y el otro, el espurio”. Y como lo espurio no le gusta al presidente López Obrador desde hace dos sexenios, mejor lo desechamos, no vaya a ser… Así, conviene ir primero al diccionario.

Si uno busca gasolinería, la Real Academia Española (RAE) responde: “C. Rica, Guat., Méx., Nic. y Par. gasolinera (establecimiento donde se vende gasolina)”.

Es decir, solo en Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay se emplea gasolinería en vez de gasolinera, en la forma en que entendemos la palabra. En cierto sentido, se trata de un americanismo.

Por otro lado, 20 días antes de que el jefe del Ejecutivo mexicano lanzara la duda a los cuatro vientos, la Academia Mexicana de la Lengua explicó en su portal que diversos medios de comunicación se habían preguntado también, a raíz del desabasto de gasolina en el país, cuál de las dos palabras es preferible usar.

“En el español general, la voz más usual  para referirse al ‘depósito de gasolina para la venta al público’ o al ‘establecimiento donde se vende gasolina’ es gasolinera , sin embargo, en el español mexicano es muy común emplear la palabra gasolinería con el mismo sentido. Aunque los diccionarios no la registran, la voz gasolinería está formada a partir del sustantivo gasolina y el sufijo derivativo -ría o -ería con el que se forman sustantivos que expresan dignidad, jurisdicción, oficio o lugar donde se ejerce.

Si bien en el caso de gasolinería no se trata propiamente de un oficio o del lugar donde se ejerce, es posible que esta voz se haya creado de manera analógica a partir de otras como panadería, lonchería, ostionería , etc.”, aclaró la Academia.

Y justo en el uso del sufijo -ería “está el diablo”, sobre todo por aquello de que se refiere al “oficio o lugar donde se ejerce”.

En la taquería o la tortillería, como dijo AMLO, se entiende perfectamente que se ejerce el oficio de taquero(a) y tortillero(a); pero al día de hoy no existe el oficio de “gasolinero” (¡por fortuna para la lengua!), sino de despachador de gasolina en todo caso.

Es decir, una cosa es que sea “muy común emplear la palabra gasolinería” y otra que esté bien construida y sea correcto usarla.

Por lo tanto, la respuesta a “¿cómo se tiene que decir?”, señor presidente, es gasolinera. Ya si se quieren referir a ello de otra manera, porque es más común aquí, ese es otro cuento.

A propósito del tema, y ya que andamos en estas, como bien sabe, apreciable lector, en la actualidad existen vehículos que no dependen de la gasolina para su funcionamiento y usan energías alternativas como gas, hidrógeno o electricidad.

¿Cómo le llamaría entonces a las estaciones que ofrecen esas recargas? ¿Gasería, gasera, hidrogenería, electrería…? Si seguimos el ejemplo de que lo correcto es gasolinera, es decir, el sufijo -era, no -ería, agregado al sustantivo del cual derivan (gas, hidrógeno y electricidad); debe decirse entonces gasinera, hidrogenera y electrolinera, respectivamente.

Así que ya sabe, no por mucha huachicolería se consiguen más gasolinerías; y en la política como en la lengua, vale más lo correcto que lo espurio.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

Publicado

el

SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

Seguir leyendo
Anuncios
Anuncios

Política

Anuncios

CDMX

Anuncios

Tienes que leer