Conecte con nosotros

Opinión

Política de bioseguridad

Publicado

Fausto Kubli García, 54 kB, bioseguridad
Reporte Nivel Uno

Recientemente la senadora Ana Lilia Rivera Rivera del grupo parlamentario de Morena envió una iniciativa para modificar sustantivamente la Ley de Ciencia y Tecnología.

Siempre es plausible que existan iniciativas que mejoren y perfeccionen los procesos que se desarrollan al interior de la administración pública, sin embargo, este no es el caso. El proyecto de ley parece ser uno de esos casos de “yo pongo la iniciativa, tú pones la cara”, por lo que la senadora debería retirarla y hacer foros de participación con la comunidad científica.

El proyecto que propone está plagado de equivocaciones que marcarían un enorme retroceso en la política científica del país.

Además de eliminar órganos que son parte de un proceso de varias décadas de aspirar a tener escenarios de gobernanza y participación —a partir de la toma conjunta, colegiada de las decisiones— la iniciativa tiene totalmente fuera de lugar atribuirle al nuevo Consejo la política en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.

Todas las tecnologías que se han desarrollado traen en menor o mayor medida aparejados riesgos. Para ello se debe instrumentar una serie de mecanismos que reduzcan los impactos negativos de la utilización de procesos y sistemas.

En el caso de la biotecnología moderna, que es la utilización del material genético de células vivas para crear organismos genéticamente modificados que tengan características para ser aplicados en procesos industriales, los riesgos son contrarrestados por las instituciones de bioseguridad. La bioseguridad de organismos genéticamente modificados está en principio circunscrita a tres distintas esferas: la salud humana, el medio ambiente, y la salud animal y vegetal.

La bioseguridad es entonces una serie de medidas que involucran a varias disciplinas. Respecto a la salud humana, la bioseguridad está a cargo de la Secretaría de Salud, que a través de la COFEPRIS lleva a cabo los procesos de autorización de organismos genéticamente modificados de consumo humano; por otro lado, las normas e instituciones de bioseguridad relacionadas con el medio ambiente están a cargo de la SEMARNAT y, finalmente, la autoridad reguladora de bioseguridad —cuando se trata de salud animal y vegetal— es la SADER que actúa por conducto del SENASICA.

Esta vocación multidisciplinaria condujo a que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados creará una Comisión Intersecretarial (CIBIOGEM) para armonizar las decisiones entre las distintas instancias de la administración pública federal y con ello poder hacer uso responsable de la biotecnología moderna en varios sectores, disminuyendo los posibles riesgos que este conjunto de tecnologías conllevan y así aprovechar las virtudes que se reflejan en sistemas más limpios y respetuosos con el medio ambiente en contraste con otras tecnologías.

Aunque la presidencia de la CIBIOGEM está siendo rotada por las secretarías de estado señaladas, también forman parte de este entramado la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y el mismo CONACYT que, a través de su director General, ocupa permanentemente la vicepresidencia.

Esta composición intersecretarial obedece a la necesidad de que un mismo fenómeno —que se trata desde distintas ópticas— sea abordado a partir de la discusión y el consenso. Dado que las distintas secretarías tienen cometidos disímbolos, el oficio político dentro del gobierno debe predominar.

También la política en materia de bioseguridad que es revisada por ciudadanos a título gratuito a través de un Consejo Consultivo Mixto con representantes de los sectores privados, productivos y sociales, y por un órgano de consulta obligatoria compuesto por académicos de varias disciplinas: el Consejo Consultivo Científico. En términos del proyecto, estos órganos sencillamente desaparecerían y con ellos la gobernanza y la participación ciudadana.

El proyecto de ley en muchas de sus partes es contrario a las bases elementales de la administración pública. En principio, el Consejo tendría las facultades de las secretarías de Estado en materia de bioseguridad. Esto es, el organismo encargado de impulsar al sector científico y tecnológico tendría añadidas las atribuciones de fiscalización, monitoreo, control sanitario, análisis de riesgo, facultades aduanales, autorizaciones para consumo humano y muchas más que ahora las secretarías tienen por disposición de ley.

El CONACYT ya tiene mucha tarea tratando de generar conocimiento, articular las instituciones de educación superior y las empresas para abonarle una serie de facultades que no tiene nada que ver con su actividad sustantiva. Además, desmantelar a varias secretarías de estado de las facultades y atribuciones para dárselas a una sola persona no tiene ni pies, ni cabeza.

En general, la iniciativa se presta para que haya abuso de poder y debe ser detenida por el bien del país. El comunicado número 1 del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (https:// www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/ pronunciamiento-sobre-la-iniciativa-de-ley-de-humanidades- ciencias-y-tecnolog%C3%Ada) expone una serie de irregularidades que se suman a la materia de bioseguridad.

No solo es dejar de lado la participación y los órganos colegiados, también la iniciativa refleja cierta voracidad al querer controlar los recursos de los fideicomisos y fondos que a la fecha están siendo administrados por representantes de los sectores y no por una decisión unipersonal.

No es un despropósito decir que en la actualidad se esté conduciendo a la política científica de manera errónea. El autoritarismo con el que han corrido a investigadoras y personal administrativo de las dependencias y centros CONACYT da muy mala señal. La Cuarta Transformación no es eso y lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, quien es un liberal y tiene dentro de su ideario bien cimentada la idea de el interés público: la iniciativa que se presenta es absolutamente contraria al interés público.

Opinión

El gobierno váucher

Publicado

el

Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

Seguir leyendo
Anuncios
Anuncios

Revista Digital

 width=

Política

CDMX

Anuncios

Tienes que leer