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Política de bioseguridad

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Fausto Kubli García, 54 kB, bioseguridad
Reporte Nivel Uno

Recientemente la senadora Ana Lilia Rivera Rivera del grupo parlamentario de Morena envió una iniciativa para modificar sustantivamente la Ley de Ciencia y Tecnología.

Siempre es plausible que existan iniciativas que mejoren y perfeccionen los procesos que se desarrollan al interior de la administración pública, sin embargo, este no es el caso. El proyecto de ley parece ser uno de esos casos de “yo pongo la iniciativa, tú pones la cara”, por lo que la senadora debería retirarla y hacer foros de participación con la comunidad científica.

El proyecto que propone está plagado de equivocaciones que marcarían un enorme retroceso en la política científica del país.

Además de eliminar órganos que son parte de un proceso de varias décadas de aspirar a tener escenarios de gobernanza y participación —a partir de la toma conjunta, colegiada de las decisiones— la iniciativa tiene totalmente fuera de lugar atribuirle al nuevo Consejo la política en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.

Todas las tecnologías que se han desarrollado traen en menor o mayor medida aparejados riesgos. Para ello se debe instrumentar una serie de mecanismos que reduzcan los impactos negativos de la utilización de procesos y sistemas.

En el caso de la biotecnología moderna, que es la utilización del material genético de células vivas para crear organismos genéticamente modificados que tengan características para ser aplicados en procesos industriales, los riesgos son contrarrestados por las instituciones de bioseguridad. La bioseguridad de organismos genéticamente modificados está en principio circunscrita a tres distintas esferas: la salud humana, el medio ambiente, y la salud animal y vegetal.

La bioseguridad es entonces una serie de medidas que involucran a varias disciplinas. Respecto a la salud humana, la bioseguridad está a cargo de la Secretaría de Salud, que a través de la COFEPRIS lleva a cabo los procesos de autorización de organismos genéticamente modificados de consumo humano; por otro lado, las normas e instituciones de bioseguridad relacionadas con el medio ambiente están a cargo de la SEMARNAT y, finalmente, la autoridad reguladora de bioseguridad —cuando se trata de salud animal y vegetal— es la SADER que actúa por conducto del SENASICA.

Esta vocación multidisciplinaria condujo a que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados creará una Comisión Intersecretarial (CIBIOGEM) para armonizar las decisiones entre las distintas instancias de la administración pública federal y con ello poder hacer uso responsable de la biotecnología moderna en varios sectores, disminuyendo los posibles riesgos que este conjunto de tecnologías conllevan y así aprovechar las virtudes que se reflejan en sistemas más limpios y respetuosos con el medio ambiente en contraste con otras tecnologías.

Aunque la presidencia de la CIBIOGEM está siendo rotada por las secretarías de estado señaladas, también forman parte de este entramado la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y el mismo CONACYT que, a través de su director General, ocupa permanentemente la vicepresidencia.

Esta composición intersecretarial obedece a la necesidad de que un mismo fenómeno —que se trata desde distintas ópticas— sea abordado a partir de la discusión y el consenso. Dado que las distintas secretarías tienen cometidos disímbolos, el oficio político dentro del gobierno debe predominar.

También la política en materia de bioseguridad que es revisada por ciudadanos a título gratuito a través de un Consejo Consultivo Mixto con representantes de los sectores privados, productivos y sociales, y por un órgano de consulta obligatoria compuesto por académicos de varias disciplinas: el Consejo Consultivo Científico. En términos del proyecto, estos órganos sencillamente desaparecerían y con ellos la gobernanza y la participación ciudadana.

El proyecto de ley en muchas de sus partes es contrario a las bases elementales de la administración pública. En principio, el Consejo tendría las facultades de las secretarías de Estado en materia de bioseguridad. Esto es, el organismo encargado de impulsar al sector científico y tecnológico tendría añadidas las atribuciones de fiscalización, monitoreo, control sanitario, análisis de riesgo, facultades aduanales, autorizaciones para consumo humano y muchas más que ahora las secretarías tienen por disposición de ley.

El CONACYT ya tiene mucha tarea tratando de generar conocimiento, articular las instituciones de educación superior y las empresas para abonarle una serie de facultades que no tiene nada que ver con su actividad sustantiva. Además, desmantelar a varias secretarías de estado de las facultades y atribuciones para dárselas a una sola persona no tiene ni pies, ni cabeza.

En general, la iniciativa se presta para que haya abuso de poder y debe ser detenida por el bien del país. El comunicado número 1 del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (https:// www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/ pronunciamiento-sobre-la-iniciativa-de-ley-de-humanidades- ciencias-y-tecnolog%C3%Ada) expone una serie de irregularidades que se suman a la materia de bioseguridad.

No solo es dejar de lado la participación y los órganos colegiados, también la iniciativa refleja cierta voracidad al querer controlar los recursos de los fideicomisos y fondos que a la fecha están siendo administrados por representantes de los sectores y no por una decisión unipersonal.

No es un despropósito decir que en la actualidad se esté conduciendo a la política científica de manera errónea. El autoritarismo con el que han corrido a investigadoras y personal administrativo de las dependencias y centros CONACYT da muy mala señal. La Cuarta Transformación no es eso y lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, quien es un liberal y tiene dentro de su ideario bien cimentada la idea de el interés público: la iniciativa que se presenta es absolutamente contraria al interés público.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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