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Opinión

Un mexicano me dijo…

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Charro Vengador, 93 KB, mexicano
Reporte Nivel Uno

La cosa en Puebla se ha puesto peliaguda. Nos cuentan que el PAN, después de acariciar hartamente la idea de no presentar candidato para la gubernatura en el estado, ha decidido —finalmente— que lo mejor es entrar a la competencia; el problema es decidir cuál de los ocho es el bueno. Los panistas acusan piso disparejo, pero a final de cuentas —nos platican— no es culpa de Morena. Hay quienes dicen que no importa a quien alineen, Morena se quedará con el estado.

En Morena no todo es color de rosa pues las disputas por el poder están a la orden del día. El senador Ricardo Monreal y la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, se enfrascaron en un concurso de vencidas para ver quién impone a quien en la candidatura a la gubernatura de Puebla. Por un lado Miguel Barbosa tiene el respaldo de Polevnsky y, por el otro, el senador Alejandro Armenta es apoyado por Monreal. La cosa es que el pleito ha escalado a niveles preocupantes, tanto que ya han pedido la intervención del presidente López Obrador.

El tema de la educación en México es una bomba de tiempo y los secretarios de Gobernación, de Hacienda y Educación lo saben perfectamente. En días pasados, los tres funcionarios comieron juntos para definir una estrategia que impida la parálisis magisterial no solo en los estados problemáticos, sino en todo el país. Nos cuentan que los gobernadores ya alzaron la voz porque el presupuesto educativo es insuficiente para pagar la nómina de los docentes y tienen que recurrir, incluso, al endeudamiento para cubrir los compromisos magisteriales, ya ni se diga para ampliar la infraestructura educativa.

¿Alguien sabe qué pasa en Conacyt? ¿Alguien sabe qué pretende María Elena Álvarez-Buylla, directora de este organismo? Se necesita tener cero oficio político para cometer los errores de Álvarez, y es que no es uno, sino dos errores consecutivos en la asignación de puestos. ¿Qué pasa, carajo? ¡Expliquen!

 

Opinión

El gobierno váucher

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Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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