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Opinión

Ahórrense su felicitaciones, por favor

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Mariana Otero, 69 KB, felicitaciones
Reporte Nivel Uno

… “La imagen muestra el perfil de una bella damita, su maquillaje es sutil y elegante, sostiene una rosa roja con la mano derecha y mira al horizonte mientras una romántica melodía da pie a que un mensaje se despliegue sobre la pantalla:

“A las mujeres no sólo hay que felicitarlas el 8 de marzo. Ellas son mujeres todo el año y dan lo mejor de sí mismas cada día, se esfuerzan por mantener unida a su familia, soportan dolores que ningún otro ser en la tierra puede soportar, sangran, y aún así tienen que hacer como si nada, usan tacones para verse lindas, cocinan, limpian, cuidan a sus hijos, pasan por diferentes cambios hormonales, partos. Ser mujer no es fácil… Sin embargo, ellas soportan todo, eso las convierte en seres extraordinarios y especiales, muy importantes y necesarias para todo. Gracias a las benditas mujeres, conocemos el verdadero amor: el amor de amiga, madre, hermana, tía, hija”… Y el mensaje cierra con un contundente: “Si estás de acuerdo, comparte este mensaje para que ninguna mujer se quede sin ser felicitada en su día”.

Lo anterior es el número uno en mi “Top Ten” de mensajes y felicitaciones absurdos e insultantes del Día Internacional de la Mujer (Como dijo el gran poeta de la política electoral, si todavía existe, palabras que resultan ONSOLTING AND UNACCEPTABOL)…

Rescato las palabras de de hace un año esta columna, cuando las “congratulaciones” por el ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, se limitaron a destacar el papel femenino en su cabal belleza, sometimiento, y abnegación, entre otras linduras.

Si bien, el Día Internacional busca visibilizar las grandes brechas de desigualdad económica, de acceso a la salud, educación, y otros muchos aspectos, entre hombres y mujeres, así como los enormes retos que como humanidad enfrentamos ante crecientes índoles de violencia de género, la tendencia viralizada a través de las redes sociales se limita a destacar el rol de sometimiento al que se confinó a la mujer durante… (duele escribirlo) toda su existencia.

En ese contexto y en el marco de este ocho de marzo, (duele todavía mas escribirlo) la respuesta de un gobierno federal indiferente a los magros avances en materia de equidad de género, es retirar los subsidios a los refugios para mujeres en situación de violencia… (¡Felicidades, damitas!).

“Cuando tu violador y verdugo vive en tu propia casa, lo más difícil es huir de ella, pues sabes que te va a encontrar y tendrás que enfrentar algo mucho peor a lo que te hizo escapar”, lamenta una mujer que tras años de recuperación se dedica a brindar apoyo a mujeres en la misma situación.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 del INEGI, la violencia contra las mujeres se ubica principalmente en sus relaciones de mayor cercanía y familiaridad; sí, aquellos que deberían protegerlas, son los que más riesgos representan.

“Las relaciones de pareja, ya sea por unión, matrimonio o noviazgo, son las relaciones donde se ejercen con mayor frecuencia y severidad, agresiones de todo tipo en su contra”, destaca el sondeo realizado por la encuestadora gubernamental.

Se estima que por cada cien mujeres de 15 años y más que han tenido pareja o esposo, 42 de las casadas y 59 de las separadas, divorciadas y viudas han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación.

“Sin duda la violencia de pareja está más extendida entre las mujeres separadas, divorciadas o viudas, 59.4 por ciento de ellas declaró que a lo largo de su última unión o matrimonio fueron agredidas de diferentes formas. De ellas, el 15.7 por ciento reconoció haber sido abusada sexualmente por su expareja o exesposo”, destaca el INEGI y nos remite directamente a “cuando vives con tu violador y verdugo..”.

Ante cuestionamientos de reporteros sobre el futuro de los refugios, el presidente de México aseguró en una de sus conferencias mañaneras que “nada que signifique justicia va a ser hecho a un lado”, frase que deberíamos aplaudir y celebrar, si supiéramos a lo que se refiere.

Los refugios para mujeres víctimas de violencia son consecuencia de todo, menos de justicia, existen gracias a la falta de justicia de género, a la incapacidad que como sociedad tenemos para proteger a nuestras madres, hermanas o amigas, a la rampante impunidad cuando se trata de castigar violadores o abusadores. No se trata de justicia, se trata de supervivencia. Tener un lugar en dónde guarecerse de la violencia de su pareja, novio o padre, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer.

Mientras los refugios no tengan la certeza de su continuidad, mientras no podamos darles garantías sobre su integridad a las jóvenes que todos los días salen a la calle, y mientras no podamos proteger a nuestras hijas: Ahórrese sus felicitaciones, por favor.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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