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Cultura de la Legalidad: De la implantación por decreto al compromiso tangible

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José Ramón González Chávez, 61 KB,
Reporte Nivel Uno

Uno de los grandes problemas constitucionales de México y cuya solución a pesar de la llegada del nuevo gobierno no se vislumbra, es el de la llamada Cultura de la Legalidad, principio fundamental que en el contexto del proceso de modernización integral de nuestro sistema jurídico, pretende sustituir el paradigma “Paleo Positivista” hacia uno nuevo, denominado “Estado Constitucional”.

En tal sentido, el término Cultura de la Legalidad resulta inadecuado si lo que queremos es alejarnos como sociedad de ese modelo decimonónico que ha imperado durante tantas décadas y que durante una buena parte del siglo XX sustentó la permanencia del régimen de partido dominante, dado que, en nuestros días, la Ley es sólo una parte –y por cierto no la más importante- del sistema constitucional de una nación y ante el cambio de modelo deberíamos referirnos más bien a la “Cultura de la Juridicidad”.

En México no existe o más bien se ha ido perdiendo gradualmente esa cultura de apego a nuestros principios, normas y prácticas fundamentales y los que de ellos se derivan, que resulta indispensable en la construcción jurídico política de un Estado; su presencia como institución constitucional es imprescindible para la modernización el sistema jurídico político mexicano en general y en particular para el establecimiento y consolidación de mecanismos como la instauración de la oralidad y la justicia alternativa, la transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad.

Buena parte de los problemas serios que vivimos actualmente en nuestro país se debe a esta carencia de Cultura de la Juridicidad, de la cual todos, no solo “el gobierno” como algunos pretenden hacer creer, somos corresponsables. Parafraseando a Luigi Ferrajoli: en la construcción, aplicación y dación del Derecho TODOS tenemos algo qué decir, y yo añadiría: también algo qué hacer.

Hoy como nunca, lo jurídico y todavía más allá: lo Constitucional, es ante todo un producto colectivo, en el que deben participar no solo los jóvenes y las mujeres, también los adultos, los niños, los ancianos, los indígenas, los discapacitados, los trabajadores del campo y la ciudad y todos los demás grupos sociales para cumplir y hacer cumplir las normas, principios y prácticas de nuestro sistema jurídico político, ya no como sucedía antes, por obligación, sino ahora principalmente por persuasión y convencimiento del valor jurídico y político que los instrumentos jurídicos pretenden proteger y por la interpretación y mediante la ponderación a la hora de aplicarlos al caso concreto, con el objeto ya no de observar meramente la ley, sino ante todo de dar a cada quien lo que le corresponde, objetivo primero y último de la Justicia, así, con mayúscula.

Pero la Cultura de la Juridicidad no se crea ni se mantiene por decreto, ni haciendo más leyes; es importante inculcarla a todas las edades, en todos los sectores sociales y en todas las escalas de gobierno, en las localidades, los municipios, los estados y la federación. Debe convertirse en parte de nuestro programa educativo (hasta el momento no he oído ni leído ningún pronunciamiento al respecto) y como tal convertirse en términos de nuestro artículo 3° constitucional, en los hechos, no en la retórica, en una forma de ver y vivir la vida.

Esa educación para la Constitucionalidad debe ser acompañada también de un pensamiento crítico, y para eso es indispensable hacer uso de la poderosa herramienta de la Argumentación, disciplina que como sujeto de enseñanza, aprendizaje y estudio es aún más antigua que el propio Derecho y que de acuerdo al nuevo modelo de Estado Constitucional se erige en columna vertebral en el proceso creación, operación, interpretación y educación social de lo jurídico.

El primer requisito para edificar el nuevo sistema constitucional y de justicia es que todos y cada uno de los que formamos parte de esta sociedad aceptemos el compromiso para conocer y entender el nuevo modelo como pre requisito para que sus principios, normas y prácticas se conviertan en hechos concretos y, sobre todo, tangibles. Solo a partir de esta premisa básica será posible planear, instrumentar y operar acciones específicas que nos lleven a este necesario “cambio de chip” que nos permita eliminar vicios arraigados y nos haga entender y asumir el papel que tenemos –reitero, todos sin excepción- al mismo tiempo como sujetos y actores de nuestra sociedad.

En el caso de los estudiantes universitarios esta responsabilidad es aún mayor y no solo concierne a los que están en la carrera de Derecho, como también erróneamente se pretende inculcar, sino de todas las disciplinas, principalmente, por razones obvias, las sociales.

Así como lo jurídico permea todos los ámbitos de la vida social, así también todos los miembros de la sociedad tenemos la responsabilidad social y política de aportar nuestra opinión y contextualizar el impacto de los diversos instrumentos jurídicos en nuestro quehacer cotidiano, independientemente de qué sea a lo que nos dediquemos, cuenta tenida de que en todos lados hay reglas qué cumplir y hacer cumplir; derechos y sus correlativas obligaciones qué ejercer y respetar; irregularidades qué denunciar y atacar; fuerzas que unir para transformar positiva y efectivamente nuestra realidad.

El avance del Estado autoritario al Estado de Derecho y de este al Estado Constitucional no es tarea solo de abogados, ni de legisladores, ni de jueces, ni de gobernantes; implica la movilización y activación completa de la sociedad para que la Cultura de la Juridicidad deje de ser un buen propósito y se convierta –repetimos- en una forma de ver y vivir la vida y de por vida, en una actitud hacia sí mismo y hacia los demás.

Para atender los asuntos complejos ninguna acción es pequeña, todas cuentan y contribuyen a la construcción del edificio de la nueva Juridicidad. La transformación propia es en sí un resultado concreto en favor del cambo social que verdaderamente queremos y merecemos.

El reto no es menor. Por desgracia, vemos que todos los organismos sin excepción –y por supuesto, sus titulares- que deberían estar encargados de apoyar y promover esta Cultura de la Juridicidad, ya sean públicos, privados o sociales, son los menos interesados en ello.

Baste constatar la poca importancia que le han dado en los hechos, al menos desde hace más de 10 años que inició formalmente el proceso de reforma al sistema constitucional y de justicia, desprecio que puede constatarse en sus presupuestos de promoción, capacitación y comunicación social, comparativamente al que sí le han dado a otros temas que incluso requieren que se haga realidad este al que en esta ocasión nos referimos, como la seguridad, la corrupción, la equidad de género, solo por mencionar unos cuantos.

Tampoco vemos en las universidades y centros de educación superior, menos aún en los demás niveles educativos, que por cierto también deberían estar involucrados, intenciones de modificar planes y programas de estudio, de capacitar a maestros, alumnos y personal administrativo para educar en la Cultura de la Juridicidad en el nuevo modelo; ni en las barras y colegios de profesionales –repito, no solo de abogados- que se den cursos para formar y actualizar en el tema a sus agremiados.

En fin, independientemente de sus implicaciones logísticas y técnicas, el nuevo sistema constitucional y de justicia no podrá pasar de su pretendida implantación por decreto a su aplicación real hasta que no se diseñe y opere en sentido vertical y transversal- una estrategia seria y convencida que busque y consiga que cualquier persona incluya dentro de su bagaje cultural, de su “chip” de cultura general, el cumplimiento de los principios, normas y prácticas que conforman nuestro Estado Constitucional como una práctica cotidiana de vida.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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