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Opinión

Cultura de la Legalidad: De la implantación por decreto al compromiso tangible

Publicado

José Ramón González Chávez, 61 KB,
Reporte Nivel Uno

Uno de los grandes problemas constitucionales de México y cuya solución a pesar de la llegada del nuevo gobierno no se vislumbra, es el de la llamada Cultura de la Legalidad, principio fundamental que en el contexto del proceso de modernización integral de nuestro sistema jurídico, pretende sustituir el paradigma “Paleo Positivista” hacia uno nuevo, denominado “Estado Constitucional”.

En tal sentido, el término Cultura de la Legalidad resulta inadecuado si lo que queremos es alejarnos como sociedad de ese modelo decimonónico que ha imperado durante tantas décadas y que durante una buena parte del siglo XX sustentó la permanencia del régimen de partido dominante, dado que, en nuestros días, la Ley es sólo una parte –y por cierto no la más importante- del sistema constitucional de una nación y ante el cambio de modelo deberíamos referirnos más bien a la “Cultura de la Juridicidad”.

En México no existe o más bien se ha ido perdiendo gradualmente esa cultura de apego a nuestros principios, normas y prácticas fundamentales y los que de ellos se derivan, que resulta indispensable en la construcción jurídico política de un Estado; su presencia como institución constitucional es imprescindible para la modernización el sistema jurídico político mexicano en general y en particular para el establecimiento y consolidación de mecanismos como la instauración de la oralidad y la justicia alternativa, la transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad.

Buena parte de los problemas serios que vivimos actualmente en nuestro país se debe a esta carencia de Cultura de la Juridicidad, de la cual todos, no solo “el gobierno” como algunos pretenden hacer creer, somos corresponsables. Parafraseando a Luigi Ferrajoli: en la construcción, aplicación y dación del Derecho TODOS tenemos algo qué decir, y yo añadiría: también algo qué hacer.

Hoy como nunca, lo jurídico y todavía más allá: lo Constitucional, es ante todo un producto colectivo, en el que deben participar no solo los jóvenes y las mujeres, también los adultos, los niños, los ancianos, los indígenas, los discapacitados, los trabajadores del campo y la ciudad y todos los demás grupos sociales para cumplir y hacer cumplir las normas, principios y prácticas de nuestro sistema jurídico político, ya no como sucedía antes, por obligación, sino ahora principalmente por persuasión y convencimiento del valor jurídico y político que los instrumentos jurídicos pretenden proteger y por la interpretación y mediante la ponderación a la hora de aplicarlos al caso concreto, con el objeto ya no de observar meramente la ley, sino ante todo de dar a cada quien lo que le corresponde, objetivo primero y último de la Justicia, así, con mayúscula.

Pero la Cultura de la Juridicidad no se crea ni se mantiene por decreto, ni haciendo más leyes; es importante inculcarla a todas las edades, en todos los sectores sociales y en todas las escalas de gobierno, en las localidades, los municipios, los estados y la federación. Debe convertirse en parte de nuestro programa educativo (hasta el momento no he oído ni leído ningún pronunciamiento al respecto) y como tal convertirse en términos de nuestro artículo 3° constitucional, en los hechos, no en la retórica, en una forma de ver y vivir la vida.

Esa educación para la Constitucionalidad debe ser acompañada también de un pensamiento crítico, y para eso es indispensable hacer uso de la poderosa herramienta de la Argumentación, disciplina que como sujeto de enseñanza, aprendizaje y estudio es aún más antigua que el propio Derecho y que de acuerdo al nuevo modelo de Estado Constitucional se erige en columna vertebral en el proceso creación, operación, interpretación y educación social de lo jurídico.

El primer requisito para edificar el nuevo sistema constitucional y de justicia es que todos y cada uno de los que formamos parte de esta sociedad aceptemos el compromiso para conocer y entender el nuevo modelo como pre requisito para que sus principios, normas y prácticas se conviertan en hechos concretos y, sobre todo, tangibles. Solo a partir de esta premisa básica será posible planear, instrumentar y operar acciones específicas que nos lleven a este necesario “cambio de chip” que nos permita eliminar vicios arraigados y nos haga entender y asumir el papel que tenemos –reitero, todos sin excepción- al mismo tiempo como sujetos y actores de nuestra sociedad.

En el caso de los estudiantes universitarios esta responsabilidad es aún mayor y no solo concierne a los que están en la carrera de Derecho, como también erróneamente se pretende inculcar, sino de todas las disciplinas, principalmente, por razones obvias, las sociales.

Así como lo jurídico permea todos los ámbitos de la vida social, así también todos los miembros de la sociedad tenemos la responsabilidad social y política de aportar nuestra opinión y contextualizar el impacto de los diversos instrumentos jurídicos en nuestro quehacer cotidiano, independientemente de qué sea a lo que nos dediquemos, cuenta tenida de que en todos lados hay reglas qué cumplir y hacer cumplir; derechos y sus correlativas obligaciones qué ejercer y respetar; irregularidades qué denunciar y atacar; fuerzas que unir para transformar positiva y efectivamente nuestra realidad.

El avance del Estado autoritario al Estado de Derecho y de este al Estado Constitucional no es tarea solo de abogados, ni de legisladores, ni de jueces, ni de gobernantes; implica la movilización y activación completa de la sociedad para que la Cultura de la Juridicidad deje de ser un buen propósito y se convierta –repetimos- en una forma de ver y vivir la vida y de por vida, en una actitud hacia sí mismo y hacia los demás.

Para atender los asuntos complejos ninguna acción es pequeña, todas cuentan y contribuyen a la construcción del edificio de la nueva Juridicidad. La transformación propia es en sí un resultado concreto en favor del cambo social que verdaderamente queremos y merecemos.

El reto no es menor. Por desgracia, vemos que todos los organismos sin excepción –y por supuesto, sus titulares- que deberían estar encargados de apoyar y promover esta Cultura de la Juridicidad, ya sean públicos, privados o sociales, son los menos interesados en ello.

Baste constatar la poca importancia que le han dado en los hechos, al menos desde hace más de 10 años que inició formalmente el proceso de reforma al sistema constitucional y de justicia, desprecio que puede constatarse en sus presupuestos de promoción, capacitación y comunicación social, comparativamente al que sí le han dado a otros temas que incluso requieren que se haga realidad este al que en esta ocasión nos referimos, como la seguridad, la corrupción, la equidad de género, solo por mencionar unos cuantos.

Tampoco vemos en las universidades y centros de educación superior, menos aún en los demás niveles educativos, que por cierto también deberían estar involucrados, intenciones de modificar planes y programas de estudio, de capacitar a maestros, alumnos y personal administrativo para educar en la Cultura de la Juridicidad en el nuevo modelo; ni en las barras y colegios de profesionales –repito, no solo de abogados- que se den cursos para formar y actualizar en el tema a sus agremiados.

En fin, independientemente de sus implicaciones logísticas y técnicas, el nuevo sistema constitucional y de justicia no podrá pasar de su pretendida implantación por decreto a su aplicación real hasta que no se diseñe y opere en sentido vertical y transversal- una estrategia seria y convencida que busque y consiga que cualquier persona incluya dentro de su bagaje cultural, de su “chip” de cultura general, el cumplimiento de los principios, normas y prácticas que conforman nuestro Estado Constitucional como una práctica cotidiana de vida.

Deportes

Comité Olímpico Mexicano ya no dará hospedaje ni comida a deportistas

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comite_olimpico, Comité Olímpico Mexicano, 56 kb, deportistas
Foto: Cuartoscuro.

MÉXICO.- Debido a la falta de presupuesto, el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció que dejará de proveer hospedaje, alimentación y atención médica a los deportistas que integran sus distintas federaciones.

A través de una circular difundida de manera interna y que filtró el semanario Proceso, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, informó que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) cerrará de manera parcial a partir del 31 de julio de este año, por ende, los citados servicios quedarán suspendidos de manera infefinida .

Ya es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrecen. Dado lo anterior se ha tomado la difícil decisión de suspender por completo y en forma indefinida dichos servicios a partir del 31 de julio, agradeciendo sean tan amables en cancelar, suspender y/o retirar todas sus reservaciones a partir de esta fecha”.
Comité Olímpico Mexicano

De 2012 a la fecha, el Comité Olímpico Mexicano ha subsistido gracias a los recursos que el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en turno le ha asignado. Por ejemplo, en el cuatrienio que comenzó en 2008 la asociación civil recibió 80 millones a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Sin embargo, los actuales ajustes presupuestales derivaron en que la dirigente de la Conade, Ana Gabriela Guevara, todavía no haya asignado una partida presupuesta al COM; cabe señalar que la citada Comisión sufrió un recorte de 70 millones de pesos en el presente año.

Es por ello que Guevara reveló este martes que pediría una ampliación presupuestal por 500 millones de pesos en aras de concluir satisfactoriamente el 2019, toda vez que, según la funcionaria, no existe el suficiente dinero para operar el organismo.

Inclusive y como se dice en el documento referido en un inicio, Padilla Becerra ha sostenido negociaciones con la SEP y la Secretaría de Hacienda en aras de obtener los recursos necesarios, pero hasta ahora no ha existido ningún arreglo.

“Mantenemos la firme intención de encontrar soluciones para que esta situación pueda revertirse rápidamente y evitar así que afecte el desempeño de los atletas que nos representarán en diversas lides deportivas durante 2020, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio”, dijo el Comité Olímpico Mexicano.

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