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Cultura de la Legalidad: De la implantación por decreto al compromiso tangible

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José Ramón González Chávez, 61 KB,
Reporte Nivel Uno

Uno de los grandes problemas constitucionales de México y cuya solución a pesar de la llegada del nuevo gobierno no se vislumbra, es el de la llamada Cultura de la Legalidad, principio fundamental que en el contexto del proceso de modernización integral de nuestro sistema jurídico, pretende sustituir el paradigma “Paleo Positivista” hacia uno nuevo, denominado “Estado Constitucional”.

En tal sentido, el término Cultura de la Legalidad resulta inadecuado si lo que queremos es alejarnos como sociedad de ese modelo decimonónico que ha imperado durante tantas décadas y que durante una buena parte del siglo XX sustentó la permanencia del régimen de partido dominante, dado que, en nuestros días, la Ley es sólo una parte –y por cierto no la más importante- del sistema constitucional de una nación y ante el cambio de modelo deberíamos referirnos más bien a la “Cultura de la Juridicidad”.

En México no existe o más bien se ha ido perdiendo gradualmente esa cultura de apego a nuestros principios, normas y prácticas fundamentales y los que de ellos se derivan, que resulta indispensable en la construcción jurídico política de un Estado; su presencia como institución constitucional es imprescindible para la modernización el sistema jurídico político mexicano en general y en particular para el establecimiento y consolidación de mecanismos como la instauración de la oralidad y la justicia alternativa, la transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad.

Buena parte de los problemas serios que vivimos actualmente en nuestro país se debe a esta carencia de Cultura de la Juridicidad, de la cual todos, no solo “el gobierno” como algunos pretenden hacer creer, somos corresponsables. Parafraseando a Luigi Ferrajoli: en la construcción, aplicación y dación del Derecho TODOS tenemos algo qué decir, y yo añadiría: también algo qué hacer.

Hoy como nunca, lo jurídico y todavía más allá: lo Constitucional, es ante todo un producto colectivo, en el que deben participar no solo los jóvenes y las mujeres, también los adultos, los niños, los ancianos, los indígenas, los discapacitados, los trabajadores del campo y la ciudad y todos los demás grupos sociales para cumplir y hacer cumplir las normas, principios y prácticas de nuestro sistema jurídico político, ya no como sucedía antes, por obligación, sino ahora principalmente por persuasión y convencimiento del valor jurídico y político que los instrumentos jurídicos pretenden proteger y por la interpretación y mediante la ponderación a la hora de aplicarlos al caso concreto, con el objeto ya no de observar meramente la ley, sino ante todo de dar a cada quien lo que le corresponde, objetivo primero y último de la Justicia, así, con mayúscula.

Pero la Cultura de la Juridicidad no se crea ni se mantiene por decreto, ni haciendo más leyes; es importante inculcarla a todas las edades, en todos los sectores sociales y en todas las escalas de gobierno, en las localidades, los municipios, los estados y la federación. Debe convertirse en parte de nuestro programa educativo (hasta el momento no he oído ni leído ningún pronunciamiento al respecto) y como tal convertirse en términos de nuestro artículo 3° constitucional, en los hechos, no en la retórica, en una forma de ver y vivir la vida.

Esa educación para la Constitucionalidad debe ser acompañada también de un pensamiento crítico, y para eso es indispensable hacer uso de la poderosa herramienta de la Argumentación, disciplina que como sujeto de enseñanza, aprendizaje y estudio es aún más antigua que el propio Derecho y que de acuerdo al nuevo modelo de Estado Constitucional se erige en columna vertebral en el proceso creación, operación, interpretación y educación social de lo jurídico.

El primer requisito para edificar el nuevo sistema constitucional y de justicia es que todos y cada uno de los que formamos parte de esta sociedad aceptemos el compromiso para conocer y entender el nuevo modelo como pre requisito para que sus principios, normas y prácticas se conviertan en hechos concretos y, sobre todo, tangibles. Solo a partir de esta premisa básica será posible planear, instrumentar y operar acciones específicas que nos lleven a este necesario “cambio de chip” que nos permita eliminar vicios arraigados y nos haga entender y asumir el papel que tenemos –reitero, todos sin excepción- al mismo tiempo como sujetos y actores de nuestra sociedad.

En el caso de los estudiantes universitarios esta responsabilidad es aún mayor y no solo concierne a los que están en la carrera de Derecho, como también erróneamente se pretende inculcar, sino de todas las disciplinas, principalmente, por razones obvias, las sociales.

Así como lo jurídico permea todos los ámbitos de la vida social, así también todos los miembros de la sociedad tenemos la responsabilidad social y política de aportar nuestra opinión y contextualizar el impacto de los diversos instrumentos jurídicos en nuestro quehacer cotidiano, independientemente de qué sea a lo que nos dediquemos, cuenta tenida de que en todos lados hay reglas qué cumplir y hacer cumplir; derechos y sus correlativas obligaciones qué ejercer y respetar; irregularidades qué denunciar y atacar; fuerzas que unir para transformar positiva y efectivamente nuestra realidad.

El avance del Estado autoritario al Estado de Derecho y de este al Estado Constitucional no es tarea solo de abogados, ni de legisladores, ni de jueces, ni de gobernantes; implica la movilización y activación completa de la sociedad para que la Cultura de la Juridicidad deje de ser un buen propósito y se convierta –repetimos- en una forma de ver y vivir la vida y de por vida, en una actitud hacia sí mismo y hacia los demás.

Para atender los asuntos complejos ninguna acción es pequeña, todas cuentan y contribuyen a la construcción del edificio de la nueva Juridicidad. La transformación propia es en sí un resultado concreto en favor del cambo social que verdaderamente queremos y merecemos.

El reto no es menor. Por desgracia, vemos que todos los organismos sin excepción –y por supuesto, sus titulares- que deberían estar encargados de apoyar y promover esta Cultura de la Juridicidad, ya sean públicos, privados o sociales, son los menos interesados en ello.

Baste constatar la poca importancia que le han dado en los hechos, al menos desde hace más de 10 años que inició formalmente el proceso de reforma al sistema constitucional y de justicia, desprecio que puede constatarse en sus presupuestos de promoción, capacitación y comunicación social, comparativamente al que sí le han dado a otros temas que incluso requieren que se haga realidad este al que en esta ocasión nos referimos, como la seguridad, la corrupción, la equidad de género, solo por mencionar unos cuantos.

Tampoco vemos en las universidades y centros de educación superior, menos aún en los demás niveles educativos, que por cierto también deberían estar involucrados, intenciones de modificar planes y programas de estudio, de capacitar a maestros, alumnos y personal administrativo para educar en la Cultura de la Juridicidad en el nuevo modelo; ni en las barras y colegios de profesionales –repito, no solo de abogados- que se den cursos para formar y actualizar en el tema a sus agremiados.

En fin, independientemente de sus implicaciones logísticas y técnicas, el nuevo sistema constitucional y de justicia no podrá pasar de su pretendida implantación por decreto a su aplicación real hasta que no se diseñe y opere en sentido vertical y transversal- una estrategia seria y convencida que busque y consiga que cualquier persona incluya dentro de su bagaje cultural, de su “chip” de cultura general, el cumplimiento de los principios, normas y prácticas que conforman nuestro Estado Constitucional como una práctica cotidiana de vida.

Opinión

El gobierno váucher

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Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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