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Opinión

De “mis espaldas” a las suyas y otras “inmediaciones”

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Carlos Organista, 76 KB,
Reporte Nivel Uno

“Nos encontramos en las inmediaciones del accidente. A mis espaldas se encuentran trabajando los equipos de emergencia, quienes intentan rescatar el cuerpo sin vida de quien condujera el vehículo siniestrado. El hoy occiso respondía al nombre de… Hasta aquí mi reporte, volvemos contigo al estudio”, decía un reportero hace unos días en televisión durante un noticiario matutino.

¿Cuántas veces hemos escuchado o leído el mismo discurso? La información sobre el accidente parecía más el parte de un policía que de un periodista. Y no lo digo porque esté mal la forma como hablan los uniformados, sino porque la claridad debería anteponerse siempre y, en numerosas ocasiones, los reporteros terminan repitiendo el lenguaje de ministerios públicos que a veces buscan confundir para darle vuelta a la legalidad.

Vayamos por partes. Imagine que, pese a tener GPS y demás aplicaciones, usted está perdido y busca una dirección. Entonces, llama a la persona con quien se reunirá para pedirle que lo ayude a ubicarse. ¿Acaso usted le dice: “me encuentro en las inmediaciones de tu casa…”? Si bien inmediación es una palabra adecuada para referirse a la proximidad en torno a un lugar, en realidad es bastante ambigua y no dice mucho. En el habla cotidiana usamos otras expresiones más precisas para situarnos en un espacio y su contexto, como “cerca de”, “al lado de” (nunca “a lado”, como suelen escribir algunos), “detrás de”, “a la orilla de”, etc.

Por otra parte, inmediación hace referencia a un sitio, no a un suceso. Entonces, retomando el ejemplo inicial, nuestro reportero estrella debió haber dicho: “… en las inmediaciones del lugar en que ocurrió el accidente…”. Aunque si no lo estamos viendo y solo escuchamos la televisión no podemos saber exactamente dónde se encuentra.

Así, mientras intentamos ubicar el sitio del que habla nuestro informador matutino, es necesario detenernos en eso de “a mis espaldas”. A todos nos queda claro que solo tenemos una espalda; sin embargo, usar el plural es válido, siempre y cuando sepamos cómo utilizarlo correctamente.

“A espaldas de” significa que alguien aprovecha la ausencia de una persona para hacer o decir algo. “A la espalda” o “a las espaldas” se refiere a algo que se encuentra sobre la espalda, como decir “mochila al hombro”. “De espalda(s) a”, implica señalar nuestra posición con respecto a una cosa. Guardaespaldas es alguien que cuida las espaldas, es decir, que vigila a alguien por detrás. Pero decir “a mis espaldas”, “a mi costado”, “detrás mío”, “encima suyo” es incorrecto; ya que esas expresiones indican una referencia, no una pertenencia, pues no poseemos un detrás, ni un costado.

“Detrás de María” no equivale a “su detrás”, dice la Real Academia Española, por lo que no es admisible decir detrás suya ni detrás suyo, sino detrás de ella, detrás de mí, a espaldas de mí. Por ejemplo, “vive cerca de ti” es una expresión correcta, pero no “vive en tu cerca” ni “vive cerca tuyo”. Entonces, el problema no es “las espaldas”, sino hacerlas nuestras. Como decía mi abuela: “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”.

Volviendo al reporte del accidente, vale la pena analizar otra frase: “rescatar el cuerpo sin vida”. En principio, rescatar implica “liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia, opresión”, por lo que lo normal, como dice la Fundación del Español Urgente, es “rescatar a personas con vida y recuperar cuerpos sin ella”. No significa que esté mal, pero quizá no es del todo preciso, pues cuando escuchamos que alguien fue rescatado es difícil entender que esté muerto.

Ahora bien, es posible utilizar cuerpo como sinónimo de cadáver, pero esta última palabra es más precisa porque significa “cuerpo muerto”; mientras que la definición de cuerpo tiene ¡23 acepciones! Y sí, cadáver es una de ellas, pero qué necesidad de aclarar “cuerpo sin vida”.

Así que ya sabe, hay que tener cuidado con sus cuerpos y “sus inmediaciones”, porque, como dice el refrán, “no es lo mismo ir atrás que en ancas”, ni tampoco “mis espaldas” que las suyas.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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