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Opinión

Gasto Público

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Fausto Kubli- García, 54 KB, Gasto Público
Reporte Nivel uno

Se entiende como gasto público a todo el conjunto de erogaciones que hace un Estado y que comprende todas las actividades sustantivas de carácter público, así como las que son resultado de las relaciones con el sectores privado y social, cuyo eje debiera estar centrado en el interés público. De esta manera, el gasto público se refleja en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los presupuestos locales.

El concepto de administración pública deriva de este término por lo que se refiere a la aplicación de estos recursos para seguir los fines del Estado. Por otro lado, los ingresos que requiere el Estado para solventar el gasto público provienen de varias fuentes: impuestos, actividades económicas públicas, contribuciones especiales, comercio exterior, asociaciones público-privadas, empresas públicas, préstamos.

El erario público debe comprender el funcionamiento de las instituciones del Estado, los poderes de la Unión, todos los organismos autónomos, las universidades públicas; cubre el ámbito local y municipal, así que desde las banquetas hasta las armas de los militares, pasando por las calles y los edificios públicos: el presupuesto es el poder económico del poder público. Para la aplicación de los recursos se sectorizan las actividades en políticas públicas, de igual manera, de todas variedades: política fiscal, política ambiental, política de seguridad social, política criminal y un grande etcétera.

De igual manera, deberá haber una serie de programas específicos para lograr determinados objetivos que en particular forman parte de políticas determinadas. Asimismo, uno de lo grandes retos del Estado moderno es lograr que todo su caudal económico sea destinado de manera transparente a satisfacer derechos inherentes a las personas, estos derechos -normalmente llamados sociales- son reconocidos mundialmente y están asociados a una serie de estrategias y actividades que deban conducir a su cumplimiento.

También controvertido es el debate sobre “el estado de bienestar” que hace referencia a la inclusión de servicios públicos prioritarios en el gasto público. Por otro lado, el gasto público debe estar ceñido a normas jurídicas con la intención de que los actos de autoridad y la aplicación de recurso estén ampliamente fundados y se cumplan con el irrestricto apotegma del “Estado de Derecho”. También hay que destacar que la ruta de los recursos públicos debe estar marcada por el interés público, es decir, todo lo que se gaste en las miles de instancias públicas debe obedecer al bien común.

Ninguna economía del mundo está exenta de tener problemas con el gasto público. Adyacente a la aplicación de los recursos existe la corrupción en todas sus formas y posibilidades, y combatirla también resulta costoso. La mala administración o el llamado “mal gobierno” es mas notorio en circunstancias como la mexicana. En esta transición se están evidenciando los dispendios permitidos y legales de los recursos públicos y que también están dentro de este concepto de gasto público.

En muchas ocasiones, el gasto público se enmarca en relaciones perversas entre los sectores público, privado y social en una especie de extorsiones y sobornos. La aplicación del gasto público en estas circunstancias se encuentra en una espiral de corrupción.

Los programas sociales se convierten en clientelares y constituyen trampas de pobreza en donde el “beneficiario” no logra crear un ciclo económico independiente de subsistencia. Si bien los recurso públicos son una herramienta para detonar económicamente algunos sectores, la realidad es que no se logra tal arranque y solamente se generan dependencias que exorcizarlas es socialmente más costoso.

Desde la funesta nacionalización de los bancos -que ilustra magistralmente la cineasta Luciana Kaplan en el documental 1982 La decisión del presidente,- se fue un primer motor de la economía nacional y a la fecha no ha regresado: la banca de desarrollo. Los servicios financieros son fundamentales para que se abran oportunidades de negocios, inversiones, ciclos económicos.

Los créditos que ofrece el enorme elenco de bancos son para consumir y no para producir. Sin embargo, la actividad financiera existe y se trasladó al gasto público, pero de una manera que tampoco es productiva.

El financiamiento que otorga el gobierno tiene –en muchos casos- consecuencias negativas. La persona o corporación que recibe dinero no lo invierte, lo gasta, lo consume y no lo desarrolla porque sabe que no habrá quien lo cobre. Si existiera un marco de banca de desarrollo en el que los financiamientos fueran accesibles y los pagos debieran cumplirse, seguramente los resultados serían distintos.

El obligado sabría que su negocio tendría que ser productivo para poder liquidar sus adeudos. Sin embargo, mientras el poder público sea quien financia proyectos, la productividad tendrá pocos resultados.

El gobierno en ocasiones parece un enorme cajero automático en donde los recursos normalmente no tienen retorno. Los apoyos están diseminados en muchos sectores y el goteo de recursos cubre campesinos, ejidatarios, sindicatos variopintos, pequeñas, medianas y grandes empresas, científicos, constructoras, estudiantes, personas de la tercera edad, menores, artistas. Esto es, el gobierno hace un repartidero de dinero y no necesariamente tiene que ver con la satisfacción de derechos sociales. “Destetar” a todos los sectores que a la fecha cuentan con apoyos podría desencadenar movimientos sociales críticos.

La mala ejecución del gasto público hace aflorar paradojas como las que vivimos en México, en donde existe pobreza extrema en medio de la abundancia. En términos reales, en los escenarios de pobreza, más que prebendas deben romperse ciclos a partir de la puesta en marcha de estrategias que satisfagan lo más elemental, por ejemplo, el derecho de acceso a servicios de salud, el acceso a la educación de calidad, la comunicación, los microfinanciamientos.

Finalmente, no cabe la menor duda de que no podemos generalizar, sin embargo, el gasto público debe cuidarse y aplicarse en los sectores que lo requieran, a partir de análisis y no caprichos. Insistimos que debe reposar en la transparencia, la rendición de cuentas y, sobretodo, en el interés público.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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