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Gasto Público

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Fausto Kubli- García, 54 KB, Gasto Público
Reporte Nivel uno

Se entiende como gasto público a todo el conjunto de erogaciones que hace un Estado y que comprende todas las actividades sustantivas de carácter público, así como las que son resultado de las relaciones con el sectores privado y social, cuyo eje debiera estar centrado en el interés público. De esta manera, el gasto público se refleja en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los presupuestos locales.

El concepto de administración pública deriva de este término por lo que se refiere a la aplicación de estos recursos para seguir los fines del Estado. Por otro lado, los ingresos que requiere el Estado para solventar el gasto público provienen de varias fuentes: impuestos, actividades económicas públicas, contribuciones especiales, comercio exterior, asociaciones público-privadas, empresas públicas, préstamos.

El erario público debe comprender el funcionamiento de las instituciones del Estado, los poderes de la Unión, todos los organismos autónomos, las universidades públicas; cubre el ámbito local y municipal, así que desde las banquetas hasta las armas de los militares, pasando por las calles y los edificios públicos: el presupuesto es el poder económico del poder público. Para la aplicación de los recursos se sectorizan las actividades en políticas públicas, de igual manera, de todas variedades: política fiscal, política ambiental, política de seguridad social, política criminal y un grande etcétera.

De igual manera, deberá haber una serie de programas específicos para lograr determinados objetivos que en particular forman parte de políticas determinadas. Asimismo, uno de lo grandes retos del Estado moderno es lograr que todo su caudal económico sea destinado de manera transparente a satisfacer derechos inherentes a las personas, estos derechos -normalmente llamados sociales- son reconocidos mundialmente y están asociados a una serie de estrategias y actividades que deban conducir a su cumplimiento.

También controvertido es el debate sobre “el estado de bienestar” que hace referencia a la inclusión de servicios públicos prioritarios en el gasto público. Por otro lado, el gasto público debe estar ceñido a normas jurídicas con la intención de que los actos de autoridad y la aplicación de recurso estén ampliamente fundados y se cumplan con el irrestricto apotegma del “Estado de Derecho”. También hay que destacar que la ruta de los recursos públicos debe estar marcada por el interés público, es decir, todo lo que se gaste en las miles de instancias públicas debe obedecer al bien común.

Ninguna economía del mundo está exenta de tener problemas con el gasto público. Adyacente a la aplicación de los recursos existe la corrupción en todas sus formas y posibilidades, y combatirla también resulta costoso. La mala administración o el llamado “mal gobierno” es mas notorio en circunstancias como la mexicana. En esta transición se están evidenciando los dispendios permitidos y legales de los recursos públicos y que también están dentro de este concepto de gasto público.

En muchas ocasiones, el gasto público se enmarca en relaciones perversas entre los sectores público, privado y social en una especie de extorsiones y sobornos. La aplicación del gasto público en estas circunstancias se encuentra en una espiral de corrupción.

Los programas sociales se convierten en clientelares y constituyen trampas de pobreza en donde el “beneficiario” no logra crear un ciclo económico independiente de subsistencia. Si bien los recurso públicos son una herramienta para detonar económicamente algunos sectores, la realidad es que no se logra tal arranque y solamente se generan dependencias que exorcizarlas es socialmente más costoso.

Desde la funesta nacionalización de los bancos -que ilustra magistralmente la cineasta Luciana Kaplan en el documental 1982 La decisión del presidente,- se fue un primer motor de la economía nacional y a la fecha no ha regresado: la banca de desarrollo. Los servicios financieros son fundamentales para que se abran oportunidades de negocios, inversiones, ciclos económicos.

Los créditos que ofrece el enorme elenco de bancos son para consumir y no para producir. Sin embargo, la actividad financiera existe y se trasladó al gasto público, pero de una manera que tampoco es productiva.

El financiamiento que otorga el gobierno tiene –en muchos casos- consecuencias negativas. La persona o corporación que recibe dinero no lo invierte, lo gasta, lo consume y no lo desarrolla porque sabe que no habrá quien lo cobre. Si existiera un marco de banca de desarrollo en el que los financiamientos fueran accesibles y los pagos debieran cumplirse, seguramente los resultados serían distintos.

El obligado sabría que su negocio tendría que ser productivo para poder liquidar sus adeudos. Sin embargo, mientras el poder público sea quien financia proyectos, la productividad tendrá pocos resultados.

El gobierno en ocasiones parece un enorme cajero automático en donde los recursos normalmente no tienen retorno. Los apoyos están diseminados en muchos sectores y el goteo de recursos cubre campesinos, ejidatarios, sindicatos variopintos, pequeñas, medianas y grandes empresas, científicos, constructoras, estudiantes, personas de la tercera edad, menores, artistas. Esto es, el gobierno hace un repartidero de dinero y no necesariamente tiene que ver con la satisfacción de derechos sociales. “Destetar” a todos los sectores que a la fecha cuentan con apoyos podría desencadenar movimientos sociales críticos.

La mala ejecución del gasto público hace aflorar paradojas como las que vivimos en México, en donde existe pobreza extrema en medio de la abundancia. En términos reales, en los escenarios de pobreza, más que prebendas deben romperse ciclos a partir de la puesta en marcha de estrategias que satisfagan lo más elemental, por ejemplo, el derecho de acceso a servicios de salud, el acceso a la educación de calidad, la comunicación, los microfinanciamientos.

Finalmente, no cabe la menor duda de que no podemos generalizar, sin embargo, el gasto público debe cuidarse y aplicarse en los sectores que lo requieran, a partir de análisis y no caprichos. Insistimos que debe reposar en la transparencia, la rendición de cuentas y, sobretodo, en el interés público.

Opinión

El gobierno váucher

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el

Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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