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Opinión

El negocio de la salud

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José Narro Céspedes, 55 KB,
Reporte Nivel Uno

La prestación de servicios médicos se encuentra entre los rubros más sensibles, de contacto directo y generación de bienestar, por lo que los Gobiernos de todo el mundo enfocan gran parte de sus esfuerzos en garantizar condiciones óptimas de salud entre la población.

En México, existen rezagos en la materia que se explican por la limitación de recursos económicos, la dispersión de poblaciones o un número insuficiente de especialistas que atiendan los padecimientos.

No se explica que desde 2011, el Gobierno Federal modificó la Ley General de Salud para delegar el procedimiento de certificación de médicos especialistas al Comité Normativo de Consejos de Especialidades Médicas AC (CONACEM), una organización pública, que en el último año recibió 376 millones de pesos para dar el aval o certificación a los médicos.

Felipe Calderón a través de una modificación a la Ley General de Salud, le otorgó al CONACEM la facultad única de otorgar las certificaciones de especialidades médicas en México, un negocio redondo por dónde se le vea.

No puede ser que una asociación civil certifique a los médicos especialistas, si estos estudian en escuelas públicas del Estado, hacen residencia en hospitales públicos y el trasfondo real de aquella modificación a la ley general de salud es entregar un monopolio de exclusividad al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas para que sea la única institución que valide los estudios de especialización a través de sus certificaciones.

Los médicos especialistas no pueden ejercer si no cuentan con la certificación de este comité, el cual viola los principios de libertad profesional y de libre competencia debido a que los médicos se ven obligados a pagar altas sumas de dinero por un documento que no garantiza la especialidad de sus agremiados.

Los nuevos galenos deben pagar altos montos económicos para conseguir la certificación de su especialidad, toda vez que no existe ninguna legislación que supervise los procedimientos, por eso no hay mucha claridad del dinero que generan derivado de los 47 consejos de especialidades médicas que conforman dicho organismo.

La problemática ha ido escalando ante el reclamo de algunas agrupaciones de médicos que demandan que la certificación vuelva a ser responsabilidad única del Gobierno, y tenemos que devolver la facultad de certificación médica al Estado, ya sea a la Secretaría de Salud o de Educación Pública.

Al regresar el procedimiento al Estado previo a 2011, seremos congruentes con las políticas del nuevo Gobierno y de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues un ciudadano debería tener la certeza de que su médico tratante ha sido avalado no sólo por una agrupación privada, sino por distintos instrumentos operados desde el Estado, a fin de garantizar las mejores prácticas de salud pública.

Hay que destacar la necesidad de revisar los procedimientos y costos con los que el CONACEM entrega su aval para que cualquier médico especialista cuente con la cédula profesional que lo acredita, y por el que pueden acceder a un empleo formal en instituciones de salud con alguna credibilidad.

Es indudable que el país necesita de más médicos especialistas ante una insuficiente atención de diversos padecimientos, lo que obliga al Gobierno que se ha destacado por querer emprender una cuarta transformación a revisar y mejorar los procedimientos en los que descansa la salud de la población.

Opinión

El gobierno váucher

Publicado

el

Opinión, 54 KB, opinión
Reporte Nivel Uno

Es sumamente preocupante que un gobierno que se define de izquierda quiera resolver todos los problemas a través de la entrega de dinero en efectivo a las y los ciudadanos.

En lugar de crear instituciones que permitan garantizar los derechos constitucionales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando los recursos del erario público en pedacitos, con claros tintes clientelares.

Eso pasó con las estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y, lamentablemente, también ocurrirá con los recursos destinados a albergues para mujeres que sufren violencia de género.

El Plan de acciones emergentes para atender a las mujeres violentadas anunciado por el Gobierno Federal no tiene objetivos claros ni un plazo de cumplimiento. En tanto, los recursos etiquetados para los refugios en el Presupuesto 2019, no han sido aplicados.

El fondo del problema es la descalificación constante que hace López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil. Como si se trataran de adversarias, el Presidente las acusa de corruptas y deshonestas sin investigación de por medio y pruebas fehacientes de sus dichos.

¿Por qué tomar la decisión de recortar todos los recursos que van a las organizaciones sociales? ¿Por qué no mejor realizar auditorías para saber qué organizaciones cumplen su función y cuáles no? ¿Por qué permitir que paguen justos por pecadores?

El Estado no lo puede hacer todo y el flujo de recursos es incluso riesgoso para las propias mujeres. Existen múltiples testimonios que ilustran cómo las mujeres, sobre todo las más necesitadas, son despojadas de recursos económicos que provienen de programas sociales. Sucede así, por ejemplo, con muchos de las y los beneficiarios de los apoyos en efectivo destinado a adultos mayores.

Por lo tanto, la transferencia de recursos económicos directos puede dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Esos efectos deben ser considerados. Desde la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados planteamos tres acciones en este asunto:

1. Qué se reconsidere el apoyo a los albergues y refugios contra la violencia de género. No sólo eso, sino que se incrementen los recursos. Recordemos que ha sido un inicio muy complicado en materia de feminicidios y que el 60% del territorio nacional tiene alertas de género. No debemos escatimar recursos en estos temas.

2. Una auditoría a fondo que muestre los casos de corrupción que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pidió al gobierno de López Obrador que demuestre sus dichos sobre la corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Algo así es fundamental en el caso de los albergues.

3. Una estrategia integral de combate a la violencia contra las mujeres. No sólo aspirinitas o váucher que no resuelven nada de fondo. Un abordaje integral que sirva de protección a las mujeres.

En mi calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de marzo acompañé en conferencia de prensa a representantes de la Red Nacional de Refugios A.C., que entregaron un pliego petitorio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en la que solicitan un espacio de diálogo; respetar y ejercer los subsidios para los refugios etiquetados en el presupuesto de este año e integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender este asunto.

Si un grupo de la población ha sido vulnerado en los primeros cien días del actual gobierno, han sido las mujeres y las niñas; al grado que AMLO pretende poner a consultas los derechos de las mujeres.

Nos opondremos con firmeza a este abuso que pretende pasar por encima de la Constitución de la República y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el Gobierno de la República decide realizar esta consulta, encontrará a las mujeres y hombres perredistas en todas las trincheras que se opongan a tan aberrante decisión. Sobre advertencia no hay engaño.

Dijimos y nos sostenemos que no permitiremos ninguna acción que vulnere los derechos y el bienestar de las y los mexicanos.

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