Conecte con nosotros

Opinión

Derecho a la ciencia

Publicado

el

Fausto Kubli García, 54 KB, Ciencia
Reporte Nivel Uno

Los días 6 y 13 de marzo se llevó a cabo el “Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” en la Cámara de Diputados. Dentro de los trabajos se analizaron varios de los desafíos que enfrenta este sector en México.

En el discurso de la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, la senadora Beatriz Paredes Rangel hizo un llamado para integrar en la reforma del artículo tercero constitucional, el llamado “derecho a la ciencia”. Propuesta por la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la diputada Marivel Solís Barrera, el texto constitucional quedaría de esta manera:

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. El estado apoyará, fomentará, incentivará y difundirá la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación como áreas prioritarias para el desarrollo nacional, las cuales se orientarán con una visión de largo plazo y se enfocarán a la atención y solución de los problemas y necesidades nacionales.

Corresponde al estado junto con los sectores sociales, público y privado garantizar su financiamiento, conservación, desarrollo y difusión; asimismo alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. El derecho a la ciencia está reconocido e incorporado en varios instrumentos internacionales firmados y aprobados por el estado mexicano. Destaca el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  que establece que “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. En el mismo sentido lo hace el PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15).

Es importante destacar que la incorporación de este derecho en la Constitución tendría como consecuencia la reestructuración de la política científica de México, que a la fecha necesita de estrategias progresistas, transexenales y de vanguardia en varios rubros.

La ciencia y la tecnología deben ser la bandera del Estado mexicano, dado que de ahí surge una serie de círculos virtuosos en muchos sentidos. No solamente se trata de crear ciclos económicos, es decir, esta política bien desarrollada tiene un alto impacto en la economía, sin embargo, el hilo conductor de la ciencia es el conjunto de estrategias que comprende el derecho a la educación.

Esto es que el estímulo a la ciencia y la tecnología no solamente comprende desarrollo económico, también es una herramienta poderosa para lograr desarrollo humano. El derecho a la ciencia está inextricablemente unido a muchos otros derechos fundamentales, como el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a un buen gobierno. En virtud de lo anterior, se debe partir de que una ley secundaria debe armonizar todos estos derechos, por lo que la instrumentación del derecho a la ciencia es el detalle del ejercicio de estas prerrogativas.

A 100 días del inicio de este Gobierno, al cual hay que reconocerle en ambos sentidos –aciertos y desaciertos- hay que destacar que en materia de política científica han aflorado más desencuentros que en todas las demás políticas del estado mexicano. El distinguido evolucionista Antonio Lazcano se ha referido como el  divorcio de la comunidad científica con el organismo operativo de la política científica: el CONACYT.

Esto no es algo de poca monta, si se toma en cuenta que en muchos casos los científicos están siendo desplazados de varias maneras, desde presupuestalmente hasta la marginación de su trabajo. Por ejemplo, el falso estigma que tienen algunos decisores sobre la biotecnología moderna ha provocado que se detenga la generación del conocimiento en esta materia.

Esta marginación que viene desde el poder público, sin duda es violatorio del derecho fundamental a la ciencia que propone la diputada Marivel Solís Barrera. El modelo de política científica debe tener su propio desarrollo y naturaleza en México y podría tomar como referencia la experiencia en otros países. Sin embargo, también es discutible a qué países deba referenciarse.

La actual directora general del CONACYT, Elena Álvarez-Buylla, hablaba de seguir al modelo cubano, al respecto consideramos que la referencia podría dirigirse a Alemania, China, Corea del Sur o incluso a Brasil, dado que Cuba está muy lejos, igual que México, de convertirse en una economía basada en el conocimiento.

Sin duda, también dentro de este centenar de días, está como algo deplorable y deplorado el proyecto de iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, al cual de manera serenada y respetuosa se han dirigido críticas extendidas porque propone un régimen autoritario en el que se concentrarían facultades excesivas al CONAHCYT ( sic). El esquema propuesto sería contrario al derecho a la ciencia en tanto no es compatible con los niveles mínimos de gobernanza democrática, buen gobierno y participación.

El modelo actual requiere de fortalecimiento de la rendición de cuentas y no su eliminación. Nuestro país necesita mucho apoyo al sector científico, el cual debe estar lejos de prejuicios y  vendettas. A 100 días de gobierno, el CONACYT debe corregir lo que ha estropeado, comenzando por la confianza fracturada. De igual manera, hagamos votos para que en nuestra ley fundamental, la Constitución, se incorpore el derecho a la ciencia y más allá de ello se elabore una ley secundaria incluyente, progresista, ejemplar, y sirva de insumo para que se fomente la participación de todos los sectores en un marco de transparencia, rendición de cuentas y gobernanza democrática.

Finalmente cito al profesor emérito de la UNAM, Ruy Pérez Tamayo: “No es que nuestra ciencia esté subdesarrollada porque México es un país subdesarrollado, sino exactamente lo contrario: México es un país subdesarrollado porque su ciencia está subdesarrollada”.

Deportes

Comité Olímpico Mexicano ya no dará hospedaje ni comida a deportistas

Publicado

el

comite_olimpico, Comité Olímpico Mexicano, 56 kb, deportistas
Foto: Cuartoscuro.

MÉXICO.- Debido a la falta de presupuesto, el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció que dejará de proveer hospedaje, alimentación y atención médica a los deportistas que integran sus distintas federaciones.

A través de una circular difundida de manera interna y que filtró el semanario Proceso, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, informó que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) cerrará de manera parcial a partir del 31 de julio de este año, por ende, los citados servicios quedarán suspendidos de manera infefinida .

Ya es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrecen. Dado lo anterior se ha tomado la difícil decisión de suspender por completo y en forma indefinida dichos servicios a partir del 31 de julio, agradeciendo sean tan amables en cancelar, suspender y/o retirar todas sus reservaciones a partir de esta fecha”.
Comité Olímpico Mexicano

De 2012 a la fecha, el Comité Olímpico Mexicano ha subsistido gracias a los recursos que el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en turno le ha asignado. Por ejemplo, en el cuatrienio que comenzó en 2008 la asociación civil recibió 80 millones a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

TE RECOMENDAMOS LEER: Conade no tiene ni para pagar la luz, asegura Ana Gabriela Guevara

Sin embargo, los actuales ajustes presupuestales derivaron en que la dirigente de la Conade, Ana Gabriela Guevara, todavía no haya asignado una partida presupuesta al COM; cabe señalar que la citada Comisión sufrió un recorte de 70 millones de pesos en el presente año.

Es por ello que Guevara reveló este martes que pediría una ampliación presupuestal por 500 millones de pesos en aras de concluir satisfactoriamente el 2019, toda vez que, según la funcionaria, no existe el suficiente dinero para operar el organismo.

Inclusive y como se dice en el documento referido en un inicio, Padilla Becerra ha sostenido negociaciones con la SEP y la Secretaría de Hacienda en aras de obtener los recursos necesarios, pero hasta ahora no ha existido ningún arreglo.

“Mantenemos la firme intención de encontrar soluciones para que esta situación pueda revertirse rápidamente y evitar así que afecte el desempeño de los atletas que nos representarán en diversas lides deportivas durante 2020, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio”, dijo el Comité Olímpico Mexicano.

Seguir leyendo
Anuncios
Anuncios

Política

Anuncios

CDMX

Anuncios

Tienes que leer