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Opinión

Derecho a la ciencia

Publicado

Fausto Kubli García, 54 KB, Ciencia
Reporte Nivel Uno

Los días 6 y 13 de marzo se llevó a cabo el “Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” en la Cámara de Diputados. Dentro de los trabajos se analizaron varios de los desafíos que enfrenta este sector en México.

En el discurso de la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, la senadora Beatriz Paredes Rangel hizo un llamado para integrar en la reforma del artículo tercero constitucional, el llamado “derecho a la ciencia”. Propuesta por la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la diputada Marivel Solís Barrera, el texto constitucional quedaría de esta manera:

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. El estado apoyará, fomentará, incentivará y difundirá la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación como áreas prioritarias para el desarrollo nacional, las cuales se orientarán con una visión de largo plazo y se enfocarán a la atención y solución de los problemas y necesidades nacionales.

Corresponde al estado junto con los sectores sociales, público y privado garantizar su financiamiento, conservación, desarrollo y difusión; asimismo alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. El derecho a la ciencia está reconocido e incorporado en varios instrumentos internacionales firmados y aprobados por el estado mexicano. Destaca el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  que establece que “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. En el mismo sentido lo hace el PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15).

Es importante destacar que la incorporación de este derecho en la Constitución tendría como consecuencia la reestructuración de la política científica de México, que a la fecha necesita de estrategias progresistas, transexenales y de vanguardia en varios rubros.

La ciencia y la tecnología deben ser la bandera del Estado mexicano, dado que de ahí surge una serie de círculos virtuosos en muchos sentidos. No solamente se trata de crear ciclos económicos, es decir, esta política bien desarrollada tiene un alto impacto en la economía, sin embargo, el hilo conductor de la ciencia es el conjunto de estrategias que comprende el derecho a la educación.

Esto es que el estímulo a la ciencia y la tecnología no solamente comprende desarrollo económico, también es una herramienta poderosa para lograr desarrollo humano. El derecho a la ciencia está inextricablemente unido a muchos otros derechos fundamentales, como el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a un buen gobierno. En virtud de lo anterior, se debe partir de que una ley secundaria debe armonizar todos estos derechos, por lo que la instrumentación del derecho a la ciencia es el detalle del ejercicio de estas prerrogativas.

A 100 días del inicio de este Gobierno, al cual hay que reconocerle en ambos sentidos –aciertos y desaciertos- hay que destacar que en materia de política científica han aflorado más desencuentros que en todas las demás políticas del estado mexicano. El distinguido evolucionista Antonio Lazcano se ha referido como el  divorcio de la comunidad científica con el organismo operativo de la política científica: el CONACYT.

Esto no es algo de poca monta, si se toma en cuenta que en muchos casos los científicos están siendo desplazados de varias maneras, desde presupuestalmente hasta la marginación de su trabajo. Por ejemplo, el falso estigma que tienen algunos decisores sobre la biotecnología moderna ha provocado que se detenga la generación del conocimiento en esta materia.

Esta marginación que viene desde el poder público, sin duda es violatorio del derecho fundamental a la ciencia que propone la diputada Marivel Solís Barrera. El modelo de política científica debe tener su propio desarrollo y naturaleza en México y podría tomar como referencia la experiencia en otros países. Sin embargo, también es discutible a qué países deba referenciarse.

La actual directora general del CONACYT, Elena Álvarez-Buylla, hablaba de seguir al modelo cubano, al respecto consideramos que la referencia podría dirigirse a Alemania, China, Corea del Sur o incluso a Brasil, dado que Cuba está muy lejos, igual que México, de convertirse en una economía basada en el conocimiento.

Sin duda, también dentro de este centenar de días, está como algo deplorable y deplorado el proyecto de iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, al cual de manera serenada y respetuosa se han dirigido críticas extendidas porque propone un régimen autoritario en el que se concentrarían facultades excesivas al CONAHCYT ( sic). El esquema propuesto sería contrario al derecho a la ciencia en tanto no es compatible con los niveles mínimos de gobernanza democrática, buen gobierno y participación.

El modelo actual requiere de fortalecimiento de la rendición de cuentas y no su eliminación. Nuestro país necesita mucho apoyo al sector científico, el cual debe estar lejos de prejuicios y  vendettas. A 100 días de gobierno, el CONACYT debe corregir lo que ha estropeado, comenzando por la confianza fracturada. De igual manera, hagamos votos para que en nuestra ley fundamental, la Constitución, se incorpore el derecho a la ciencia y más allá de ello se elabore una ley secundaria incluyente, progresista, ejemplar, y sirva de insumo para que se fomente la participación de todos los sectores en un marco de transparencia, rendición de cuentas y gobernanza democrática.

Finalmente cito al profesor emérito de la UNAM, Ruy Pérez Tamayo: “No es que nuestra ciencia esté subdesarrollada porque México es un país subdesarrollado, sino exactamente lo contrario: México es un país subdesarrollado porque su ciencia está subdesarrollada”.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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